Por James Kilgore
La semana pasada el representante Luis Gutiérrez (demócrata de Illinois), se sumó a una manifestación en Washington D.C. para protestar contra la negativa del presidente Obama a utilizar sus poderes ejecutivos para detener las deportaciones de indocumentados. El arresto de Gutiérrez tuvo lugar solo dos días después de que Obama había hablado ante una conferencia del Consejo Nacional de La Raza. Olvidando convenientemente la historia de luchas por los derechos civiles que posibilitó su llegada a la presidencia, Obama recordó a los asistentes que está obligado a “defender las leyes existentes”.
Con más de 392.000 deportaciones en 2010, más que en cualquiera de los años de Bush, muchos activistas temen que nos encontremos en medio de una repetición de episodios tristemente célebres del pasado como la campaña de “repatriación” de los años treinta y la infame Operación Espaldas Mojadas de 1954, que resultaron ambas en la deportación de cientos de miles de latinos.
Pero ahora varias cosas son diferentes. Una distinción crucial es que estamos en la era del encarcelamiento masivo. A los indocumentados no sólo se les deporta, sino que además muchos de ellos pasan años en prisión antes de que los envíen al otro lado de la frontera. Mientras los escritos de Michelle Alexander y otros han destacado la persecución generalizada de jóvenes afroestadounidenses por el sistema de justicia penal, pocos han señalado que en la última década el color de las nuevas caras tras los barrotes ha ido cambiando drásticamente. Desde comienzos del siglo, la cantidad de negros en las prisiones disminuyó ligeramente, mientras las filas de latinos encarcelados ha aumentado en casi un 50%, llegando a un poco más de 300.000 en 2009.
Una segunda característica distintiva del actual estado de cosas es la presencia de corporaciones carcelarias privadas. Para gente como las principales potencias de la industria, Corrections Corporation of America (CCA) y el GEO Group, la detención de inmigrantes ha sido la sangre vital para reanimar sus destinos financieros.
Hace solo una década sus balances se debilitaban. Prisiones recién construidas tenían camas vacías mientras los valores de sus acciones se derrumbaban. En el año financiero de 1999 CCA informó de pérdidas de 53,4 millones de dólares y despidió a un 40% de su personal. Luego vino el golpe de fortuna, el 11-S.
En 2001 Steven Logan, entonces director ejecutivo de Cornell Industries, una firma carcelaria privada que después se fusionó con GEO, describió exactamente lo que esto significó para su sector:
Pienso que es obvio que después de los eventos del 11 de septiembre, hay un enfoque realzado sobre la detención, tanto en las fronteras como dentro de EE.UU. [y] que se va a detener a más gente… Por lo tanto, eso es positivo para nuestro negocio. El negocio federal es el mejor negocio para nosotros. Es el negocio más consistente para nosotros, y los eventos del 11 de septiembre aumentan ese nivel de negocios.”
Logan tenía razón. La Ley Patriot y otra legislación llevaron a una nueva ola de detenciones por inmigración. Al vincular a los inmigrantes con el terrorismo, agresivas redadas suministraron latinos y otros indocumentados para llenar esas celdas de las prisiones privadas. Las leyes más estrictas de inmigración preveían condenas por fechorías y encarcelamiento para casos que previamente solo merecían deportación. Repentinamente, el negocio de la detención de inmigrantes subió como la espuma. La comentarista de PBS María Hinojosa, llegó a calificarlo de la nueva “fiebre del oro” de las prisiones privadas.
Las cifras confirman la afirmación de Hinojosa. Aunque las prisiones privadas poseen y operan solo un 8% de las camas de prisiones en general, controlan un 49% del mercado de detención de inmigración. CCA opera sola 14 instalaciones a través de contratos con ICE, suministrando 14.556 camas. Han creado el fundamento para más negocio mediante la creación de una vasta red de cabildeo y promoción. Entre 1999 y 2009, la corporación gastó más de 18 millones de dólares en cabildeo, concentrándose sobre todo en sentencias más duras, privatización de prisiones e inmigración.
Un resultado significativo de sus esfuerzos de cabildeo fue la aprobación de la SB 1070 en Arizona, una ley que prácticamente otorga a la policía el derecho a identificar por su perfil a los latinos para detenerlos y catearlos. Las raíces de SB 1070 se encuentran en las salas del Consejo de Intercambio Legislativo Estadounidense (ALEC, por sus siglas en inglés), un grupo de extrema derecha especializado en el suministro de patrones de legislación a funcionarios estatales elegidos. CCA y otras firmas privadas de prisiones son participantes clave en ALEC y tuvieron un papel importante en el desarrollo del patrón que terminó por ser la SB 1070.
Por su parte, el GEO Group ha estado conquistando su nicho en el mercado de la inmigración. Antes, en este año, comenzó un nuevo centro de detención de 600 camas en Karnes County, Texas. Aproximadamente al mismo tiempo la compañía compró una participación mayoritaria en BI Corporation, el mayor proveedor de sistemas de monitoreo electrónico en EE.UU. La motivación primordial para la adquisición fue el contrato quinquenal, de 374 millones de dólares, que BI firmó con ICE en 2009 para acelerar el Programa de Supervisión Intensa de la Apariencia (ISAP 11) iniciado por Bush. Según este sistema los federales contrataron a BI para suministrar brazaletes electrónicos y una serie de productos de vigilancia para unas 27.000 personas que esperan la deportación o audiencias de asilo.
Por desgracia, la presidencia de Obama ha alentado consistentemente que gente como CCA y GEO haga crecer el mercado de los detenidos. Mientras no aprueba la reforma inmigratoria o la Dream Act, el actual gobierno ha mantenido intacto el núcleo de las medidas de inmigración de la administración anterior, que Incluyen la Operation Endgame, una medida de 2003 que prometió purgar a la nación de todos los “ilegales” hasta 2012 y la más vibrante Secure Communities (S-Comm). Bajo S-Comm el gobierno autoriza a las autoridades locales a compartir las huellas digitales de todos los que arresta con el ICE. Aunque supuestamente debe capturar solo a gente con serios antecedentes criminales, en realidad S-Comm ha llevado a la detención y deportación de miles de personas sin antecedentes de condenas.
En el Consejo Nacional de la Conferencia de La Raza, Obama trató de consolar a la audiencia diciendo que conoce “muy bien el dolor y las angustias causados por la deportación”. Sus palabras no encontraron resonancia. En su lugar, el representante Gutiérrez y otros salieron a las calles manifestando que las declaraciones de “siento vuestro dolor” y los llamados a la audacia de la esperanza encuentran poca credibilidad en estos días. Es hora de un cambio serio de dirección respecto a los temas de inmigración o bastante pronto, exactamente como Michelle Alexander se ha referido al encarcelamiento masivo de africanos-estadounidenses como el Nuevo Jim Crow, podremos un día oír que la gente comienza a calificar la actual represión contra los latinos de “Nueva Operación Espaldas Mojadas”.
James Kilgore investigador experto en el Centro de Estudios Africanos de la Universidad de Illinois. Es autor de tres novelas: We Are All Zimbabweans Now, Freedom Never Rests y Prudence Couldn’t Swim, todas escritas durante sus seis años y medio en la cárcel. Para contactos: waazn1@gmail.com
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