La eliminación de la figura de expropiación forzosa; la prohibición total de la minería metálica a cielo abierto y el uso de sustancias tóxicas como el cianuro, no se estarían considerando en la aprobación de la Ley de Minería, denunció la Alianza Cívica por la Democracia -ACD-.
La denuncia la hizo la coalición de organizaciones dirigida por monseñor Luis Alfonso Santos, la que también demandó “la eliminación de los escudos fiscales y proponemos que paguen el 43% de sus respectivos impuestos, según acuerdos consensuados con las empresas mineras, más el 5% de la tasa de seguridad”. Exigen “la ampliación de las áreas excluidas de la actividad minera en Honduras”.
Pero más allá de lo anterior, la ACD, denunció que lo anterior se está fraguando al tenor del accionar de la Comisión de Minería del Congreso Nacional que preside el abogado Donaldo Reyes Avelar y que ha incumplido los compromisos contraídos con las organizaciones sociales en torno a trabajar en conjunto para ir consensuando el proyecto de Ley.
En una carta pública, la ACD dijo desconocer los acuerdos concertados hasta ahora entre los empresarios mineros, los diputados(as) y las seudo representaciones ambientalistas.
Dejaron en claro de forma literal que, “no se han retirado del espacio de diálogos que habíamos concertado y que es la comisión de minería del Congreso la que nos ha excluido del mismo”.
La Comisión de Minería del Congreso Nacional está integrada por los diputados Donaldo Reyes Avelar, Rolando Dubón Bueso y Valentín Suarez. La ACD responsabiliza a los diputados a quienes acusa de desempeñar un papel “entreguista” al liderar un Proyecto de Ley a espaldas del pueblo y en contubernio con los intereses transnacionales mineros, principalmente las empresas mineras de Canadá.
La contaminación del suelo, el agua, el aire y la propagación de enfermedades en la piel de las poblaciones cercanas a las minas existentes en Honduras, demuestran que la actividad minera en el país lo único que ha dejado en desastre, sostuvieron en el documento público.
Unas de las empresas mineras que más estragos ocasionó en el ambiente y en los pobladores que viven en la zona, fue la empresa transnacional Goldcorp, conocida como Entremares. La empresa operó durante diez años instalada en el Valle de Siria, departamento de Francisco Morazán.
En el último año el Estado de Honduras dejo de percibir más de 80 millones de lempiras (unos 420 mil dólares) por las exoneraciones de impuestos otorgadas a las empresas mineras como la Entremares, Agregados del Caribe, Minerales de Occidente, Euro-canteras, American Pacific y Cerros del Sur.
Por otro lado, durante los años 2006 y 2007, la Secretaría de Finanzas autorizó más de cien dispensas de impuestos a las empresas mineras. El dato fue dado a conocer por el actual titular de la entidad estatal, William Chong Wong.
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