jueves, 4 de noviembre de 2010
La inseguridad como política de Estado
En el marco de la segunda visita de los Comisionados de la Comisión de Verdad, como Frente Nacional de Resistencia Popular se aplaude el esfuerzo que busca anteponerse a la impunidad oficializada por la comisión de la verdad y la reconciliación.
Desde el 28 de junio del 2010, cuando se instauró la Comisión de Verdad, hasta la fecha el régimen encabezado por Porfirio Lobo Sosa ha acelerado las acciones de profundización del modelo neoliberal contempladas en el plan de país aprobado en la última semana de la administración de Roberto Micheletti.
Estas medidas han contemplado rápidas aprobaciones desde el Congreso Nacional de concesión de recursos naturales, renovación de los contratos con las empresas de producción de energía térmica, la derogación de la ley de participación ciudadana, la reforma del artículo 5 que contempla la ley de plebiscito y el referéndum y en la última semana la desindexación de la cláusula de aumento en el Contrato Colectivo del magisterio y el sector público y la instauración de la jornada laboral por hora que afecta directamente los derechos del trabajo permanente.
Estas políticas significan un retroceso de más de 60 años en las conquistas sociales, iniciadas a partir de la huelga bananera de 1954. Esto ha sido acompañado por la apropiación de parte del Estado, a menos en forma de discurso, de la defensa de los derechos humanos, creando una Secretaria de derechos humanos y proponiendo a nivel internacional la instauración de una Comisión de Impunidad.
Hernández Alcerro, embajador del régimen en Washington, ha manifestado que quienes acusan al gobierno de violentar los derechos humanos son “algunas Ong´s y gobiernos que pretenden desprestigiar los esfuerzos que Lobo Sosa está haciendo en busca de la reconciliación”. Y con ese discurso preparado viajan Ana Pineda Ministra de Derechos Humanos y Justicia, Sandra Ponce fiscal especial de la materia y Mario Canahuatti, canciller de Lobo a la ciudad de Ginebra, Suiza para exponer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, si bien es cierto en Honduras hay asesinatos del sicariato, masacres frecuentes, detenciones ilegales, secuestros, torturas y demás acciones de violencia en contra de la población, estas se deben a una “cultura” violenta de la sociedad hondureña y no a una política definida desde el ejecutivo.
A nivel mediático la estrategia ha sido reforzada por una creciente campaña de inseguridad que invisibiliza las violaciones de los derechos humanos por razones políticas, atribuyéndolas al contexto de violencia general del país. A la vez, se criminaliza la protesta y se promueve la creación de leyes antiterroristas que vendrán a validar acciones de represión y seguimiento desde el sector oficial.
Esta estrategia es acompañada a nivel internacional por los países del llamado triángulo norte Guatemala y El Salvador junto a la Secretaria de Estado de los Estados Unidos que proponen estrategias regionales de lucha contra el crimen organizado, las maras y el narcotráfico a través del Plan Mérida y las estrategias de ayuda humanitaria coordinadas por el Comando Sur y la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo que son formas de afianzar el control absoluto en los aparatos militares y en las políticas de seguridad.
En el marco actual en que el Estado se presenta a nivel internacional y nacional como conciliador, la población ha reforzado la necesidad de que los actos de violación a los derechos humanos no queden sepultados por la estrategia mediática. La Comisión de Verdad fue en su inauguración un respiro frente a la impunidad e indefensión y en este momento esas esperanzas se mantienen pero es necesaria una mayor visibilización y posición frente a la estrategia del régimen y de Washington que orienta a que recibidos los casos y señalados algunos nombres Lobo habrá cumplido su compromiso.
En esta visita de la Comisión de Verdad se espera que ratifique su mandato original de dar a conocer no solo la vulnerabilidad de los derechos de primera generación, sino que también se enfoque en los derechos políticos, económicos, sociales y culturales que son precisamente las causas que motivan la protesta.
Es necesario entender que el procesamiento jurídico es un paso importante pero que en las actuales condiciones no podrá ser inmediato, al menos en el país, debido a que contradice la profundización del modelo neoliberal, la criminalización de la resistencia, la represión de todas las formas contrarias al oficialismo que en consonancia con Washington desarrollan una estrategia sistemática que considera las violaciones a los derechos humanos de la población simplemente como consecuencias colaterales.
En este mes de noviembre se espera que el ambiente político se acrecenté con el recientemente nombrado Comité Político del FNRP que asume la responsabilidad de estructurar los esfuerzos para la creación del programa político de la resistencia. También este fin de semana del 5, 6 y 7 de noviembre por primera vez Honduras será anfitrión de un encuentro internacional de partidos de izquierda.
El Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) es reconocido como el único vocero por Honduras frente al Foro de Sao Paulo que reúne a las distintas expresiones políticas de izquierda del continente Americano y en esta ocasión coordinara la primera mesa de trabajo para la región mesoamericana. Este evento se inaugurará con un espacio abierto el viernes 5 de noviembre a partir de las 4:00 pm en la Plaza Colprosumah y se contará con una plenaria de más de veinte compañeros y compañeras de distintos países y diversas expresiones de izquierda.
El encuentro se llevará a cabo en medio de la agitación social de lucha contra el atropello a los derechos de los y las trabajadoras permanente que el día de mañana saldrán a las calles junto a todo el pueblo en resistencia y en el marco de un llamamiento para un Parco Cívico Nacional para este próximo jueves 11 de noviembre en todo el país.
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