Por Natasha Pitts *
Este jueves 4 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se ocupó, por primera vez, sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, dentro del contexto del Examen Periódico Universal (EPU), para evaluar si el país avanzó en la materia. En la reunión, realizada en Ginebra, Suiza, el Estado hondureño fue criticado por su falta de iniciativa para colocar en orden cuestiones relacionadas con demisiones, asesinatos e impunidad durante los años de 2001 a 2010.
¿Por qué Honduras no reconoció en su informe la existencia de un golpe de Estado el día 28 de junio de 2009 y no promovió políticas para el fortalecimiento institucional del país? ¿Qué hizo el Estado de Honduras para investigar y juzgar a los responsables por violaciones de los derechos humanos durante el golpe? ¿Por qué aún militares y personas implicadas en el golpe están ocupando cargos en el Poder Ejecutivo?
Estos fueron algunos de los cuestionamientos que la comisión hondureña tuvo que responder con precisión y honestidad ante la organización de las Naciones Unidas (ONU). Todas las respuestas y justificativas deberán ser analizadas con cautela, una vez que Honduras ya había sido advertida sobre innúmeras cuestiones relacionadas a los derechos humanos, sobretodo, después del golpe de Estado.
La situación de la Comisión Nacional de Derechos humanos también fue puesta en evidencia. Los representantes hondureños fueron cuestionados ya que la opinión pública insiste en afirmar que la institución garantiza a los ciudadanos hondureños acceso a la justicia mientras este año, en el mes de marzo, la Oficina del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) afirmó, en informe, que la Comisión no cumplió con sus tareas y se recusó a investigar las denuncias.
El otro caso que alcanzó dimensiones internacionales fue la dimisión de tres jueces y una magistrada por su abierta oposición al golpe de Estado. Los representantes del Estado fueron convocados para responder "¿Por qué el estado miente al decir que en Honduras los jueces y magistrados sólo pueden ser dimitidos por causas justificadas?"
Las normas que rigen el Examen Periódico Universal permiten que el Consejo de Derechos Humanos busque informaciones en otras fuentes, además del Estado. En virtud de esto, organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, contribuyeron con informaciones que ayudaron a la ONU a comprender la verdadera situación del país, camuflada por el gobierno de Porfirio Lobo, considerado un continuador del régimen golpista.
Entre otras organizaciones, el Comité de Derechos Humanos, el Comité de los Derechos del Niño y la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordaron hechos lamentables como las 5,547 ejecuciones arbitrarias de niños, adolescentes y jóvenes menores de 22 años, realizadas entre 1998 y julio de 2010. El gobierno no asumió, hasta el momento, la veracidad de las muertes y no buscó una solución para esos casos.
Honduras también debe prestar cuentas sobre la acciones para reducir el número de feminicidios que aumentaron en 119% entre 2006 y 2009. El gobierno se escabulló de dar explicaciones anticipadas sobre las muertes, persecuciones y amenazas contra los defensores/as de los derechos humanos en el país y sobre la ausencia de políticas de protección a las personas en riesgo de vida.
Conforme alertó el Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL), el "Estado no ofreció información sobre temas substanciales, lo que demuestra el incumplimiento de sus obligaciones internacionales de respetar y garantizar los derechos humanos de los y de las hondureñas". De este modo, el Centro hizo un llamado a la comunidad internacional para que solicite explicaciones a las autoridades de la comisión hondureña y haga "la mayor cantidad de recomendaciones para que se respeten de manera real los derechos humanos en este país".
* Periodista de Adital
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