jueves, 8 de octubre de 2009

Persecución, represión y criminalización de la resistencia



Según una investigación realizada por el COFADEH serían 96 las personas acusadas ante los tribunales por el presunto delito de sedición contra la seguridad del Estado, como nueva medida para aterrorizar a los miembros de la resistencia contra el golpe de Estado.

Los detenidos que se han declarado prisioneros políticos son actualmente 45.

Entre ellos destacan los casos de Agustina Flores López, hermana de la directiva del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y del Frente Nacional Contra el Golpe de Estado, Bertha Cáceres, y de los 38 campesinos que protagonizaron la toma del Instituto Nacional Agrario (INA) y que desde el pasado 1 de octubre se declararon en huelga de hambre.

“Los 38 miembros de las tres confederaciones campesinas están actualmente detenidos en el Centro de Diagnóstico de la Penitenciaría Nacional, esperando que el próximo martes 6 inicie la audiencia preliminar en la que el juez decidirá si se les dan medidas cautelares o si van a permanecer en la cárcel –dijo Bertha Oliva, presidenta del COFADEH–.

Estamos preocupados por su intención de seguir con la huelga de hambre porque ya se les habían detectado varias enfermedades, y por eso cada día una equipo de médicos voluntarios está monitoreando su estado de salud”.

Ante esta brutal represión el COFADEH dio a conocer un documento de posicionamiento en el que exige a la Corte Suprema y el Ministerio Público dejar “de darle la espalda a la justicia y que respondan por más de 15 recursos presentados ante la Sala de lo Constitucional por la serie de violaciones a los derechos humanos cometidos por el actual régimen”.

Condena también “la aplicación del decreto ejecutivo PCM-M-016-2009 con el que se suspenden por 45 días las garantías constitucionales en detrimento de la integridad del pueblo hondureño”, el cierre de Radio Globo y Canal 36 en violación al derecho a estar informados y los asesinatos perpetrados por los cuerpos represores del gobierno de facto.

Finalmente, el COFADEH manifiesta que “ninguna de estas muertes pasará al olvido, ni sus autores se cobijarán por mucho tiempo bajo el manto de la impunidad”.

En Tegucigalpa, Giorgio Trucchi

Rel-UITA

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