El asesinato de Wilfredo de Jesús Moncada de apenas 17 años de edad durante una protesta contra el gobierno, conmocionó a Honduras, y golpeó duramente a su familia, sobre todo a su madre Doris Moncada, quien lo describe como el regalo de Dios que la Policía Nacional le arrebató al dispararle en la cabeza.
Sentada dentro de su pequeña vivienda pasa las horas Doña Doris contemplando las fotos de su hijo. Imaginando que en cualquier momento lo escuchará decir “Madre qué hay de comer”, como cada tarde decía al llegar a casa después de una jornada de trabajo en la purificadora de agua. En ese momento las lágrimas son incontrolables, pero una sonrisa se escapa cuando la gente le comenta que se parecían mucho.
Este año Wilfredo decidió dejar sus estudios para ayudar a su madre. Ella se dedicaba a vender refrescos naturales en las terminales de buses y en el mercado. Él le pidió que dejara de trabajar, para que se sometiera a la intervención quirúrgica que hace mucho tiempo necesitaba en una rodilla para caminar sin dolor.
Vivía junto a su madre y tres hermanos en casa de su abuela Cecilia. Hogar que fue cateado por las autoridades el 15 de febrero, luego que la jueza con Jurisdicción Nacional Lisseth Rosario Vallecillo, emitiera la orden, porque según denuncias allí se almacenaban armas de forma ilegal y supuesta droga. Ese día también fueron cateadas las casas de Aleyda Xiomara Huete y Juan Manuel López, integrantes del denominado “Bastión del Sur”.
Luego del cateo, Wilfredo se preparaba para asistir a su última protesta. Después de tantos regaños de su mamá, había entendido que ella sufría cada vez que él y sus hermanos salían a protestar. Doña Doris cuenta que en una ocasión salió corriendo al escuchar que la policía andaba persiguiendo a unos jóvenes. Intentó acercase al lugar, pero las balas se lo impidieron. En esa oportunidad pudo ver como la policía disparaba “de verdad”, contra los manifestantes y se aterraba al imaginar que uno de sus hijos fuera asesinado.
Mira sus fotos, y con un brillo en los ojos lo describe como un niño alegre y dinámico, quien siempre le decía que estaba en las protestas defendiendo su voto y el de su abuela; dos madres solteras que en medio de la pobreza lo educaron, alimentaron y amaron.
El día de su muerte
El 10 de abril el lugar y la hora estaban pactadas. La ciudadanía que se manifiesta todos los miércoles y los sábados en Choluteca, sabe que la policía ni los dejará llegar al punto de reunión. En el camino se van preparando con agua, vinagre y como recurso de desesperación admiten que hasta piedras, porque aseguran estar casados de aguantar gas lacrimógeno.
Esa tarde apenas iban juntándose. ¡Eran pocos! Y sólo tenían planeado caminar desde el estadio municipal hasta el mercado, con la intención de animar a sus vecinos a sumarse, pues las múltiples represiones han surtido efecto; el miedo impide que algunas personas salgan a protestar. Ese dato lo ratifica el reciente Sondeo de Opinión del Eric-sj, donde 7 de cada 10 personas encuestadas aseguran vivir con miedo y desesperanza, producto de la violencia que generan las fuerzas de seguridad del Estado.
En Choluteca organizaciones de derechos humanos como la Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA) y la Red de Abogados de la Zona Sur afirman que, la policía y los militares durante las represiones hacen uso excesivo del gas lacrimógeno, y en varias ocasiones han disparado sus armas de reglamento directamente a los manifestantes. Hasta la fecha se han interpuesto más de 11 denuncias contra los uniformados asignados al departamento de Choluteca.
Apenas el reloj marcaba las cinco de la tarde, y el cielo comenzaba a oscurecerse – no por la caída del sol- sino por el gas lacrimógeno que lanzaban los policías desde sus motocicletas. El ruido de las balas dispersó rápidamente al pequeño grupo de manifestantes que llegó puntal ese día. Entre ellos estaba Wilfredo, quien después de trabajar comió, se vistió y salió a protestar.
La noticia se hizo viral en redes sociales “disparan contra joven manifestante en la cabeza”. En un intento por salvarle la vida sus compañeros de lucha lo trasladaron al Hospital del Sur. Un apagón eléctrico hizo de las suyas y acrecentó la indignación de la gente que miraba al joven en una camilla luchando por vivir.
Los médicos decidieron trasladarlo al Hospital Escuela de la capital. En Honduras el sistema de salud es precario y los hospitales regionales carecen de personal y equipo logístico. De camino en la ambulancia el personal médico que lo acompañaba lo declaró con muerte cerebral. La indignación se acrecentó.
Bastión del Sur
Al inicio las manifestaciones eran convocadas por la Alianza de Oposición, una coalición política para competir en las elecciones generales de 2017. La integraban seguidores de los partidos Libertad y Refundación (Libre), Partido Innovación y Unidad (PINU) y representantes del líder político Salvador Nasrralla. Aquí se denunció la candidatura inconstitucional del abogado Juan Orlando Hernández y posteriormente un fraude en el conteo de los votos.
Con el aumento de las represiones y la impunidad que rodea las violaciones a derechos humanos de la crisis post electoral; la gente comenzó abandonar las calles. Sin embargo, las decisiones que en materia económica ha tomado el actual gobierno y los casos de corrupción y narcotráfico que lo vinculan junto a su familia, son razón de peso para estar permanentemente en las calles, dice Aleyda Huete, manifestante de Choluteca.
Aleyda es propietaria de un pequeño negocio. La policía de investigación revolvió sus cosas buscando armas y drogas, pero ella asegura que únicamente le decomisaron un aguardiente que tenía desde navidad y el perfume que le acababa de regalar a su esposo para el día de los enamorados. Los días siguientes al cateo carros sin placas se estacionaban frente a su casa en horas de la madrugada, según lo ha denunciado ante el Mecanismo de Protección.
Ella cuenta que, al menos 140 movilizaciones permanentes se han realizado desde el fraude electoral en Choluteca. La ciudadanía organizada en El Bastión de Sur, se auto convoca por redes sociales todos los miércoles y sábados en horas de la tarde, a pesar de la respuesta gubernamental de criminalizarlos, reprimirlos e incluso asesinarlos.
Proceso de criminalización
Unas 26 personas enfrentan procesos de criminalización por daños a la propiedad privada y a elementos de la seguridad pública. Entre los acusados está el periodista Jairo López, judicializado por supuestos daños en perjuicio de la Empresa Energía Honduras. Jairo ha denunciado que en la última semana fue víctima de nuevas amenazas de muerte a través de la red social Facebook. El periodista ha denunciado que en las amenazas se le acusa de encabezar la “Banda Los López”.
Además, se ha librado orden de captura en contra de Johana Contreras, comunicadora social e integrante de la Red de Defensoras del Sur. Ella cuenta con medidas de protección del Mecanismo Nacional de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. A la también corresponsal de Radio Progreso se le acusa de traficar con drogas.
A pesar de ese panorama, Aleyda dice que sólo la movilización en las calles puede derrocar al que llama “Presidente Usurpador”. Cuando se le pregunta por qué sigue en las calles si siempre la policía la reprime y lanza gas lacrimógeno, una lágrima asoma en su mirada antes de escuchar su voz.
En 2015, durante las protestas por el saqueo del Institutito Hondureño de Seguro Social, encendió su antorcha de lucha contra la corrupción que le arrebató la vida de su pequeña hija de apenas 27 meses de edad. La menor nació con un problema cardiaco, y fue tratada en el IHSS con negligencia por falta de medicamentos y personal, afirma Aleyda. El dolor de perder su hija la mantiene en las calles protestando contra la corrupción que gobierna Honduras.
¡Pero ese no es el único dolor que la moviliza! En las manifestaciones conoció a Wilfredo y su hermano Justo Rufino. Horas antes del asesinato de Wilfredo, cuenta que fue alertada sobre una posible represión policial violenta, que superaría las anteriores. Aleyda les comunicó a sus compañeros y les pidió precaución.
Su único delito fue ser joven y pobre
La represión del 10 de abril donde fue asesinado Wilfredo, parece que no fue suficiente para la Policía Nacional. Cuando Doña Doris se encaminaba a sepultar a su hijo, centenares de personas la acompañaron con pancartas exigiendo justicia y cese a la represión. Las consignas se escuchaban a viva voz, pero fueron calladas cuando llegó la policía.
La policía acordonó la calle que da acceso al canal 42 TVS, propiedad de Samuel Aguilera, quien según denuncias ha creado una campaña de odio contra los manifestantes. Además, en esa calle recibió el disparo que le quito la vida Wilfredo.
No hubo disturbios, no hubo enfrentamientos, pero los policías desenfundaron sus armas de fuego amenazando a los pobladores que iban en el sepelio y luego procedieron a lanzar gases lacrimógenos, dos bombas golpearon el féretro de Wilfredo.
Para doña Doris ese momento fue igual al que vivió cuando supo que su niño había muerto. Gritaba preguntando por qué la policía seguía reprimiendo a su hijo si su único delito había sido ser joven y pobre. Pero sus clamores no fueron escuchados y en medio del gas y la represión lo tuvo que sepultar.
Doña Doris además de soportar el dolor ante el asesinato Wilfredo, debe lidiar con la amenaza de que la policía capture a su hijo menor Justo Rufino, quien forma parte de la juventud organizada en Choluteca y es activo en las protestas.
El 25 de abril, medios de comunicación a nivel nacional hicieron pública una orden de captura contra más de 20 personas vinculadas a las protestas. En esa orden se les acusaba de daños ocasionados a dos agencias bancarias del municipio. Allí aparece el nombre de Justo Rufino. Sin embargo, la Red de Abogados del Sur de Honduras, asegura que es falsa, y que se trata de una campaña de odio que el Estado está realizando a través de la policía para crear ambiente de terror y muerte.
La vida de doña Doris está marcada por el dolor. Desde que supo que su hijo puede ser capturado no duerme. Junto a su madre Cecilia se pasa las noches calentando agua en el fogón a la espera de que un carro se estacione frente a su casa y cualquier amenaza se concrete. Con lágrimas en sus ojos asegura que la falta de justicia e indefensión duelen como la muerte. Esta madre sigue llorando a su hijo, con la esperanza que la justicia llegue, que se castegue al responsable de su muerte.
En reiterados comunicados la Coalición contra la Impunidad (CCI), integrada por más de 45 organizaciones de Sociedad Civil, aseguran que frente al contexto de represión, persecución y violencia desatada por el régimen de Juan Orlando Hernández, se requiere continuar la defensa y promoción de los derechos humanos, y eso se logra con la denuncia nacional e internacional y la movilización ciudadana.
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