En socialización se encuentra el nuevo Código Penal aprobado por el Congreso Nacional, y que entra en vigencia en el mes de noviembre. La normativa ha sido cuestionada por diversos sectores por apuntar en su contenido fuertes sanciones contra la libertad de expresión.
Según analistas, este nuevo Código plantea reducción en penas para los delitos de corrupción, narcotráfico y aumenta las mismas para nuevos delitos como el de protestar y evitar el desarrollo de una actividad pública o simplemente reproducir una noticia que pueda dañar el honor de una persona natural o jurídica.
“Este nuevo Código muestra que estamos en una dictadura, una dictadura que busca protegerse por los actos de corrupción que comete y también criminalizar a quienes se oponen a ella”, manifestó el diputado de Libre y exfiscal Jari Dixon.
Dixon valoró esto como una peligrosa arma que criminalizará a quienes protesten, a quienes eviten incluso el desarrollo de una acción pública y quienes se tomen una calle.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos han pegado el grito al cielo debido a esta situación, Suyapa Martínez del Centro de Estudios de Mujeres de Honduras, afirmó que este nuevo Código violenta los derechos a las mujeres, porque reduce las penas para violadores y agresores.
Martínez lamentó que lejos de que el Estado muestre avance en la lucha por proteger a las mujeres, las haga más vulnerable y que entregue impunidad a los agresores y violadores.
Por su parte el abogado Jaime Banegas, quien formó parte del equipo legal que elaboró el Código Penal, sale a defender a capa y espada esta nueva normativa, afirmando que es un avance importante para la aplicación de justicia en el país.
Banegas manifestó que todos los sectores deben estudiar bien este nuevo Código, y a partir de eso emitir opiniones al respecto, pues cree que las críticas son infundadas y fuera de contexto. Banegas asegura que este nuevo Código es futurista y reforma por completo la normativa penal en el país.
Ese mismo criterio tiene el diputado nacionalista Oswaldo Ramos Soto, quien dijo que le sorprende que otros sectores estén criticando este Código, pues en el Congreso Nacional, el pleno procedió a su discusión y aprobación.
Ramos dejó claro que el mismo no busca proteger a políticos o funcionarios corruptos, sino todo lo contrario busca mejorar la aplicación de justicia con un Código actual y novedoso con la realidad social de la actualidad.
Jari Dixon recordó el momento en el que este Código se discutía en el Congreso, dijo que en su momento ellos como bancada de oposición protestaron, y denunciaron ante los medios de comunicación, pero los mismos no hicieron caso e incluso ridiculizaron como siempre la protesta que en muchas ocasiones se presenta en ese poder del Estado.
“Ahora que también los medios se verán afectados es que pegan el grito al cielo, antes no solo omitieron nuestra protesta, sino que la criminalizaron y ridiculizaron”, cuestionó el diputado a los medios de comunicación.
En este momento la industria mediática oficial también ha iniciado una campaña contra el nuevo Código, a tal punto de presionar a las autoridades para que revisen la normativa y que hagan modificaciones en lo relacionado con libertad de expresión.
El Colegio de Periodistas de Honduras, una instancia históricamente conservadora dijo públicamente que repudia el nuevo Código y que anuncian acciones de denuncia a nivel del sistema de derecho internacional.
También anunciaron recursos de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), una vez que el mismo esté en vigencia en el mes de noviembre.
Socialización y reformas
Las autoridades del Congreso Nacional en una postura de doble moral anunciaron su voluntad para iniciar diálogo, atender a todos los sectores involucrados y reformar de ser necesario algunos artículos del nuevo Código.
Para el caso, esta semana el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva se reunió con representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Cohep. En la reunión los empresarios expresaron su preocupación por el contenido de la nueva normativa.
Carlos Segovia, directivo del Cohep, dijo que hay artículos que ahuyentan la inversión en el país, asimismo explicó que como institución pidieron más tiempo para socializar el proyecto, pero esa solicitud fue negada por el partido de gobierno.
Segovia agregó que como empresarios ven con buenos ojos la voluntad de los políticos de sentarse a dialogar y a valorar las posibles reformas que se le harán al mismo, antes de que entre en vigencia.
Por su parte el diputado Mario Pérez, presidente de la Comisión de Dictamen de este Código Penal, se refirió a la reunión con el Cohep. “Hemos escuchado las preocupaciones de los empresarios, quedamos en que vamos a seguir conversando, no se descartan reformas y tampoco se descarta más platicas con otros sectores”, dijo Pérez.
También declaró que, en los próximos días conocerán a fondo los criterios de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, tanto como las valoraciones de la Secretaría de Seguridad, quien públicamente ha expresado preocupación por la reducción de penas en algunos delitos.
“No se descartan reformas, y creo que se darán, pero la gente, los políticos, las organizaciones deben prepararse porque este Código Penal entra en vigencia en noviembre y esa es una realidad”, dijo Pérez a medios de comunicación.
Acciones legislativas
Expertos en materia jurídica coinciden en que nada se puede hacer en este período de socialización, más que pactar reformas que serían ejecutadas una vez entren en vigencia.
El abogado Raúl Suazo explicó que, no se puede interponer un recurso contra una normativa que no esté en vigencia, por lo que para proceder por la vía de las leyes nacionales se debe esperar hasta el mes de noviembre.
En el Congreso Nacional, los diputados de oposición dicen que harán el intento para que por esa vía se deje sin valor y efecto el nuevo Código una vez que entre en vigencia, pero los parlamentarios opositores coinciden que no tienen la mayoría legislativa para convertir ese deseo en realidad.
El coordinador del Comité por la Libertad de Expresión, Eddy Tábora reaccionó a este nuevo Código manifestando que todo esto se pudo evitar si en el momento que el mismo se estaba construyendo en el Congreso, todos los sectores que ahora ponen oposición hubiesen presionado para que no pasara.
Desde la perspectiva de Tábora ahora todos los sectores le apostarán a las reuniones y solicitudes de reformas, por lo que hay que esperar cuales reformas en realidad está dispuesta a aceptar el oficialismo.
Artículo 551: ofensas a los sentimientos religiosos, debe ser castigado con la pena de arresto domiciliario de seis a nueve meses o prestación de servicios de utilidad pública o a las víctimas de cinco meses a un año a quien para ofender los sentimientos religiosos ejecuta actos de ultraje de objetos destinados a un culto.
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