Prensa Latina
Al menos cinco heridos dejó ayer un nuevo ataque armado contra campesinos en el hondureño Valle del Bajo Aguán, norteño departamento caribeño de Colón.
Según relataron las víctimas a la emisora HRN, tres desconocidos armados con pistolas de nueve milímetros que viajaban en un auto sin placas atacaron a tiros a varios dirigentes campesinos que recorrían el lugar en una camioneta de su cooperativa.
La víspera, sujetos no identificados dispararon con fusiles de grueso calibre contra un asentamiento en la finca Los Laureles y mataron al campesino Israel García, de 32 años de edad, a quien además le cortaron una oreja.
El dirigente del Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán (MUCA), Juan Chinchilla, dijo que con García suman 65 los campesinos asesinados y recordó que además se reportan otros seis labriegos desaparecidos.
El Bajo Aguán es escenario de un conflicto de propiedad de tierras entre campesinos y terratenientes, y el Gobierno ha negociado la compra por parte del Estado de terrenos a empresarios privados para entregarlos a los labriegos.
Pero la lentitud del proceso, por la renuencia de los latifundistas a entregar las tierras, las ocupaciones de fincas por campesinos y las acciones de elementos armados han complicado progresivamente la situación.
Esta semana, el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, dijo que el conflicto en esta región se ha convertido en un asunto de seguridad nacional y adelantó que analiza declarar el estado de sitio en la ya militarizada región.
Un informe de la inteligencia del Estado, reproducido por el sitio digital latribuna.hn, indica que un grupo de 40 hombres fuertemente armados es el que siembra el terror en la zona y lo responsabiliza de las muertes.
Johnny Rivas, secretario del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (Muca), insiste en que los labriegos carecen de armas y las ocupaciones de fincas realizadas por esa organización son pacíficas.
Rivas explica que hay grupos empeñados en crear caos para evitar que los campesinos se organicen y sigan el proceso de recuperación de tierras de las que fueron despojados en la década de 1990.
El Instituto Nacional Agrario ha propuesto infructuosamente a los Ministerios de Defensa y Seguridad un desarme general que incluya por igual a campesinos y guardias al servicio de los terratenientes.
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