Agentes de la Dirección Estadounidense Antidrogas (DEA) tuvieron un "papel central" en una operación antidrogas en Honduras en mayo pasado que dejó cuatro muertos, según un informe divulgado hoy que contradice la versión oficial del Gobierno de Estados Unidos.
El informe de 60 páginas, realizado conjuntamente por el Centro para la Investigación Económica y Política (Center for Economic and Policy Research, CEPR) y Rights Action, incorpora nuevos detalles a las investigaciones sobre el incidente, ocurrido el 11 de mayo pasado en la región de La Mosquitia, donde hubo disparos contra una embarcación desde un helicóptero en el que viajaban agentes hondureños y de la DEA.
El análisis señala que el tiroteo dejó un saldo de cuatro civiles muertos, entre ellos dos mujeres embarazadas, y otros cuatro heridos, en el marco de una operación antinarcóticos realizada en horas de la madrugada en un río de La Mosquitia.
"La embarcación transportaba pasajeros con razones legítimas para viajar" en la zona, destaca el informe titulado "Daño colateral de una guerra antidrogas".
El documento, que incluye entrevistas con testigos y sobrevivientes del tiroteo, subraya que los agentes de la DEA tuvieron un "papel significativo" y no sólo de apoyo como argumentó el Departamento de Estado; que EE.UU. no ha ayudado lo suficiente en la investigación y en la rendición de cuentas, y que las autoridades hondureñas deben agilizar las investigaciones y ayudar a las familias de las víctimas.
Además, recomienda que el Gobierno de EE.UU. recurra a la llamada "Ley Leahy" para suspender la ayuda estadounidense al Equipo de Respuesta Táctica de la Policía Nacional de Honduras, hasta ahora exenta de esas restricciones.
"El Departamento de Estado ha dicho que los agentes tuvieron sólo un papel de apoyo y asesoramiento, pero de lo que hemos podido recabar queda claro que ellos tuvieron un papel mucho más significativo, un papel de liderazgo", dijo a Efe Alexander Main, de CEPR y coautor del informe junto con Annie Bird, de la organización defensora de los derechos humanos, "Rights Action".
"Debido a que los agentes estadounidenses tuvieron un papel central en esta operación conjunta, está claro que (EE.UU.) debería estar más involucrado en la búsqueda de rendición de cuentas por cualquier abuso o error que se haya cometido en este incidente", enfatizó Main.
"La investigación no se está moviendo con la debida rapidez y EE.UU. no parece estar cooperando lo suficiente", argumentó Main, quien considera insuficiente que la DEA solo haga una investigación interna.
En ese sentido, citó como ejemplo que EE.UU. aparentemente no ha entregado a las autoridades hondureñas una grabación en vídeo del incidente y que, a su juicio, contribuiría a esclarecer lo ocurrido.
Algunas de las víctimas, continuó, tenían heridas producidas por armas de alto calibre como las que iban montadas en el helicóptero del Departamento de Estado y "esas armas deberían ser sometidas a pruebas de balística".
Por otra parte, agregó que, en lo que se refiere a las víctimas del tiroteo, tanto sus familiares como los sobrevivientes "han quedado completamente abandonados por las autoridades hondureñas".
Según Main, algunos de los testigos entrevistados en julio pasado "dijeron que vieron un número significativo de agentes de EE.UU., que lucían una insignia de la bandera estadounidense, parecían gringos y hablaban en inglés".
El pasado 17 de mayo, la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, aseguró que en esa operación la DEA tuvo sólo "un papel de apoyo. No usamos la fuerza. Ningún agente de Estados Unidos disparó ningún arma".
"Nuestros agentes no disparan en estas operaciones y no lo hicieron en esta ocasión", insistió Nuland.
Un día después, el canciller de Honduras, Arturo Corrales, dijo en Washington que fueron los agentes hondureños, y no los de la DEA quienes dispararon contra la embarcación en respuesta a un ataque, haciéndose eco de la versión oficial del Departamento de Estado.
La secretaria de Estado adjunta de EE.UU. para Latinoamérica, Roberta Jacobson, descartó entonces que su país se plantee emprender una investigación propia de los hechos, como le han pedido organizaciones como Human Rights Watch (HRW).
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