Comunicación Comunitaria
La policía de investigación presentó ante el Juzgado de Menores a siete jovencitos y una jovencita hijos de campesinos desalojados por la mañana en la comunidad Agua Blanca Sur de las tierras que ocupaban y que disputan con la empresa Azucarera del Norte, propiedad de la trasnacional Sab Miller.
Durante el desalojo, en el cual participaron unos cuatrocientos policías, militares y guardias de seguridad privada, fueron detenidas cuarenta personas, entre las cuales catorce son menores de 18 años. Una señora fue llevada con sus niños de tres años, un año y seis meses de edad y fue remitida ante la Fiscalía. En ambos casos el argumento de la policía es que los menores están en riesgo social.
El resto de detenidos se encuentran en la Jefatura Departamental de la Policía Nacional a la espera de ser llevados ante la Fiscalía acusados de usurpación, según declaraciones del Comisario Fonseca de la Dirección General de Investigación Criminal, DGIC.
En el asentamiento había 31 grupos campesinos quienes fueron desalojados por segunda vez. Ellos reclaman 3 mil 600 héctareas que fueron expropiadas por el Instituto Nacional Agrario, INA, el 26 de marzo de este año dado que Azunosa sobrepasa el techo de 250 hectáreas que las leyes agrarias establecen que puede poseer en el Valle de Sula una persona natural o jurídica. Azunosa tampoco tiene autorización de la Secretaría de Recursos Naturales, documento que ha permitido a muchos terratenientes sobrepasar el sobretecho.
Felix Torres, dirigente de uno de los grupos señaló que el Ministro del INA, César Ham Peña, se reunió la noche anterior al desalojo con los representantes de la azucarera y les dió el visto bueno para ejecutar la orden de desalojo emitida desde el 10 de agosto por el Juzgado de Letras de El Progreso.
El Jefe Regional Norte del INA, Esequías Doblado, y la relacionadora pública Honorina Rodriguez explicaron en declaraciones públicas que el desalojo está justificado puesto que la expropiación aun no está en firme porque la empresa apeló ante el Consejo Nacional Agrario.
Rafael Alegría, representante de la Vía Campesina en Honduras, aclara que los procedimientos en el derecho penal son diferentes que en el derecho agrario. Establece Alegría que la expropiación es de ejecución inmediata y los campesinos deben proceder a ocupar las tierras porque ya fueron expropiadas. "Ello no quita el derecho a apelar ante el Consejo Agrario y luego ante la Corte Suprema de Justicia y si después de los cuatro años que puede durar ese proceso la empresa recibe la razón, entonces procedería el desalojo de los campesinos, pero mientras tanto ellos deben pasar a ocupar las tierras, de acuerdo con el principio de bienestar social que busca la Reforma Agraria establecido en la Constitución de la República", explicó Alegría.
Los campesinos informaron que la esposa del Ministro del INA, Angélica Benitez, en su calidad de abogada, quiso convencerlos de que se fueran para otras tierras donde se les podía comprar con cincuenta millones de lempiras que ofrecía la compañía azucarera. Fueron a ver las posibles tierras en el municipio de Santa Cruz de Yojoa a unos treinta kilómetros de AZUNOSA, pero comprobaron que son terrenos áridos exageradamente sobrevaloradas. Los campesinos no quieren reubicación, exige que se les otorguen las tierras expropiadas.
Esequías Doblado reiteró que ellos están para hacer cumplir la Ley y que si el proceso dura cuatro años ese no es su problema, tienen que esperar hasta que la Corte Suprema de Justicia deje totalmente en firme la resolución y entonces sera el INA quien determine a quien se asignarán las tierras, es decir que bien podrían ser adjudicadas a otras personas y no necesariamente a los grupos que ahora las reclaman y que están siendo reprimidos, según lo explicó el Jefe Regional.
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