Diferentes representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos protestaron frente a los Juzgados Unificados de lo Penal porque por segunda vez con una excusa de la defensa se volvió a suspender la audiencia inicial programada en la causa que se le sigue al vocero de la Policía Nacional, subcomisionado Héctor Iván Mejía Velásquez y al de igual rango Daniel Omar Matamoros por los delitos de detención ilegal y lesiones.
El juzgado notificó a las partes para el 11 de octubre la nueva fecha para la audiencia inicial porque el abogado defensor de los acusados presentó una constancia de que tenía otra audiencia el pasado 16 de agosto.
Víctor Fernández, abogado de las víctimas indicó que interpuso un recurso de reposición por el cambio de la fecha ya que la audiencia debía celebrarse ayer 17 de agosto, pero el juez declaró sin lugar la reposición y reprogramó nuevamente la audiencia inicial.
La decisión de los tribunales provoco que integrantes de la Convergencia de los Derechos Humanos de la zona noroccidental se manifestaran frente al edificio de los Juzgado de lo Penal, ya que por segunda ocasión fue suspendida la comparecencia de los dos imputados. Ernesto Bardales, quien es uno de los afectados indicó que “los hechos se suscitaron el 15 de septiembre de 2010 que resultaron en actos de barbarie y represión en contra de hombres, mujeres y niños que participaban en un acto cívico y patriótico”.
Manifestó que es una de las víctimas de ese día por la descarga y abuso de autoridad de la fuerza policial que realizaron en contra de su integridad por lo que interpusieron a la acusación para que se juzgara ese hecho y por segunda vez han sido convocados para la audiencia. “Cuál es el temor de venir aquí a las instituciones donde corresponde escuchar los alegatos de los acusados”, dijo. En un comunicado la convergencia de Derechos Humanos señaló que ésta última reprogramación se hizo “con el animo de favorecer a los imputados Héctor Iván Mejía Velásquez y Daniel Omar Matamoros, por lo que condenan el aplazamiento de la audiencia inicial que pone en evidencia que no existe voluntad del poder judicial para juzgar a los altos mandos policiales y militares responsables de las violaciones a los derechos humanos”.
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