Por Hugo Noé Pino
Las últimas medidas del gobierno hondureño muestran la gravedad de la situación fiscal del país manifestada en una caída de los ingresos y en el consecuente aumento del déficit. Tanto la reducción del gasto en cerca de L.1200 millones, la reducción de 11% de salarios a los funcionarios que ganen más de L50000 mensuales, la intervención de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, como la propuesta de ley para reducir las exoneraciones fiscales muestran los serios problemas que el gobierno enfrenta. A esto se añade la falta de acceso a L.2400 millones de los organismos financieros internacionales por la falta de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Las causas de la crisis. En un ambiente de elecciones internas de los partidos políticos para el próximo noviembre y como preludio de las elecciones generales del próximo año, los voceros principales del gobierno actual y los candidatos oficiales están señalado que esto se debió al desorden de las finanzas públicas heredado del gobierno del ex presidente Zelaya (curiosa y sospechosamente nunca se refieren al gobierno de facto producto del golpe de Estado del 2009, en donde el partido Nacional tuviera una participación activa).
Sin embargo, los datos no parecen respaldar tal aseveración; durante el período 2006, 2007 y 2008 el déficit combinado del sector público fue de -1.9%, -1.6% y -1.7% como porcentaje del PIB. Es hasta el 2009 que el déficit tanto del gobierno central, como del sector público combinado se elevan sustancialmente a -6.2% del PIB el primero, y a -4.6% el segundo. Hay que reconocer que estos años también fueron de un crecimiento económico alto para los estándares tradicionales de Honduras, creciendo el país cerca de 6% en promedio para estos tres años.
¿De dónde proviene entonces la crisis fiscal del Estado? Desde el punto de vista de vista coyuntural dos factores importantes que se dieron en el 2009: el primero, la gran recesión internacional que hizo que la economía cayera en 2.1% del PIB; y el segundo, el golpe de Estado del 28 de junio. Ambos factores se conjugaron para que, por una parte, se diera una fuerte caída de los ingresos tributarios de cerca del 3% del PIB, mientras que por otra, creciera vertiginosamente la deuda interna. Este último crecimiento producto del congelamiento de los desembolsos multilaterales y bilaterales aplicados por la comunidad internacional.
Pero también existen problemas de fondo derivados de las características de la política fiscal en el país y que se manifiestan en una estructura tributaria altamente inequitativa, en donde la mayor parte de los ingresos provienen de los impuestos indirectos, aquellos que paga el consumidor final. Pese a pequeñas mejoras que se han efectuado, cerca de dos terceras partes de los ingresos tributarios provienen de los impuestos indirectos, mientras que los impuestos directos, que gravan el ingreso y la riqueza, constituyen menos de un tercio.
Esta estructura, en un país como Honduras en donde el índice Gini que mide la concentración del ingreso, es el más alto de la región, significa clara y llanamente que los impuestos no los pagan los que más capacidad tienen, violando uno de los principios fundamentales de todo sistema tributario, el de la equidad. Si a esto agregamos la serie de exoneraciones fiscales que el Estado otorga, no como mecanismo para promover el empleo y la inversión, sino como favores políticos a los que financian las campañas, la situación se vuelve más complicada. El caso de las comidas rápidas en Honduras es a todas luces un ejemplo de lo que no se debe hacer.
La evasión y elusión fiscal son también aspectos que impiden que el país cuente con los recursos necesarios para financiar sus programas sociales. En este sentido la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), en vez de ser la oficina con mejor formación técnica y operativa se ha convertido en un refugio de activistas del partido que está en el poder. Hay una máxima que dice que “política tributaria es administración tributaria”, aunque exagerada, porque también se requieren leyes claras y sanciones fuertes, tiene en sí algo de razón. La intervención anunciada, de arrojar importantes aportes, puede constituirse en el inicio de un proceso de mucho beneficio para el país.
Pero también existen serios problemas a nivel del gasto público donde sobresale el elevado peso de las remuneraciones dentro del presupuesto. En los últimos años este rubro de gasto ha sido entre el 9% y el 11% del PIB, el más alto de la región, que además demuestra un nivel de ineficiencia alto, dado la calidad de los servicios públicos. A diferencia de lo que pueden pensar y expresar otros sectores, en una sociedad como la hondureña en donde el 64% de su población vive en la pobreza y más del 40% en la extrema pobreza el gasto público no es excesivo. El exceso proviene de la incapacidad del Estado de generar mayores ingresos, por la negativa e influencia de grupos de poder que impiden una estructura tributaria más equitativa y eficiente.
El tercer elemento fundamental es la transparencia y la rendición de cuentas. Los sectores que se niegan a cumplir con sus obligaciones como ciudadanos, como lo es el pagar impuestos, se amparan en el reconocido argumento de “porqué voy a pagar si todo lo derrochan o se lo roban”. Obviamente parte de esto es cierto, por lo que cualquier medida del gobierno a exigir sacrificios, como es el caso del recorte al gasto público tiene que ir acompañada con medidas heroicas del control de la corrupción y de proporcionar a la ciudadanía la información de cómo se usan los recursos. Se podría comenzar con la lista y montos de las exoneraciones que se piensan quitar y las que se quieren mantener, para como ciudadanos seamos capaces de juzgar las acciones de quienes nos gobiernan.
Dos años y medio no son suficientes. Como expresamos líneas arriba, uno de los argumentos más utilizados por los funcionarios públicos para justificar lo delicado de las finanzas públicas es la terrible situación que heredaron, manifestada en una deuda flotante de cerca de L.18000 millones, que de acuerdo a informes del Ministerio de Finanzas afectaría el flujo de caja de 2010 y 2011. Pero también es cierto que esa situación fue la justificación para la aprobación de varios ajustes fiscales como la Ley de Equidad Tributaria de 2010, la Ley de Reforma del Impuesto sobre la Renta, La Ley de la Eficiencia del Gasto Público, la Ley de Seguridad poblacional, la Ley de Precios de Transferencia, y otros.
Adicionalmente en el 2011 se contrataron préstamos por $480 millones (equivalentes aproximadamente a L.9360 millones).
La pregunta obvia es: ¿qué pasó con las medidas adoptadas, funcionaron o no funcionaron? En este sentido el gobierno tiene mucho que explicar a la nación, porque no se puede estar actuando como que el gobierno viene comenzando. Además, el partido en el poder es tan responsable del golpe de Estado y sus efectos económicos, como los demás sectores que lo apoyaron.
En resumen, la dinámica de la economía internacional nos impone serias restricciones al crecimiento y eso impacta sobre las finanzas públicas del país; por lo tanto, es el momento en que como sociedad impulsemos reformas profundas a nuestra política fiscal que vaya más allá de lo que generalmente se ha sido hecho por varios gobiernos, aplicar “paquetazos” para resolver el problema temporal del déficit. Vayamos al fondo del problema y hagamos reformas importantes a la tributación a fin de tener un sistema tributario equitativo, pero a cambio el Estado debe garantizar un uso eficiente y honrado de estos recursos.
* Columna publicada en diario Tiempo de Honduras, 21/08/12
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