Radio Progreso
En medio de críticas, ambigüedades y resquemores el Gobierno ha decidido reducir el gasto corriente en mil doscientos millones de lempiras mediante un decreto ejecutivo que fue aprobado por el Consejo de Ministros. Entrará en vigencia el primero de septiembre y durará hasta el 31 de diciembre de este año 2012. Tanto para algunos miembros del Congreso Nacional como para otras organizaciones las medidas llegan un poco tarde porque la mayoría de las instituciones ya ejecutaron el presupuesto. Son “extemporáneas y populistas” debido a que la única finalidad que tiene el decreto es lograr un acuerdo con el FMI.
¿En qué consisten estas medidas? En primer lugar, reducir el gasto corriente en mil doscientos millones de lempiras. A cada funcionario y servidor del sector público ganando un sueldo superior a 50,000 Lps se le reducirá su salario en un 11%. Prohibición de contratación y nombramiento de personal permanente, temporal, por contrato y por jornal, así como de contratación de servicios técnicos y profesionales. Cancelación de personal sin asignación de tareas o de quien no se compruebe la presencia física. Recortando en un 20% las transferencias a las instituciones privadas del país, reducir las comisiones ordinarias, descontando el día a los diputados ausentes, cambiando el horario de sesiones, eliminando a los paracaidistas y racionalizando el gasto, se obtendrían otros 300 millones de lempiras.
Se ha pedido que estas medidas se hagan extensivas a magistrados, miembros del Tribunal Superior de Cuentas, Tribunal Supremo Electoral, comisionado de los DDHH, fiscales general y adjunto, diputados, procurador general y del ambiente y otros más cuyos sueldos van de 90,000 a 150,000 Lps mensuales. También están en camino medidas para los evasores fiscales.
Para muchos observadores y analistas estas medidas son insuficientes pues no tienen en cuenta cuáles son las causas de la “emergencia financiera”, entre las cuales podemos destacar el desmesurado aumento de la burocracia y la constante disminución de la tributación del Estado. Por medio está el “clientelismo político”, el estancamiento económico, la privatización y la corrupción. Para otros, donde se deberían tomar las “verdaderas medidas” está en la reducción de los presupuestos pues está previsto para el 2013 un aumento de 14 mil millones de lempiras.
El FOSDEH nos señalaba que “existe una gran concentración de recursos y atribuciones a nivel del Ejecutivo y el Legislativo, en cuanto al manejo de recursos y funciones, lo cual le resta transparencia al presupuesto con una clara tendencia político-proselitista. El presupuesto está orientado a la contención de la protesta social, comprende recursos para más de 14 subsidios que no crean desarrollo en la población. Es conveniente, por lo tanto, orientar mayores recursos presupuestarios para la creación de empleos productivos. Lo que se hace necesario es revertir los presupuestos que priorizan el gasto corriente disminuyendo la inversión pública”.
Termina siendo cierto que “no de cualquier presupuesto vive el hombre”, aunque sí puedan hacerlo perfectamente los gobiernos de turno, los organismos financieros, los que se benefician de las “exenciones fiscales” y los grupos de poder alimentados por un sistema tributario que les libera de toda responsabilidad social. Y, no digamos, de un sistema político-electoral que dispone de fondos millonarios para consolidar una maquinaria que administra el poder pero es incapaz de distribuir la riqueza y los beneficios sociales para toda la población.
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