La Sala de lo Constitucional admitió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el decreto legislativo que le da facultades policiales a las Fuerzas Armadas, lo cual significa que los magistrados se pronunciarán en los próximos días.
Momentos en que Wilfredo Yánez, padre del extinto Ebed Haziel Yánez Cáceres, daba a conocer detalles sobre lo que sabe de la muerte de su hijo.
La acción de inconstitucionalidad fue interpuesta por el abogado Darlan Matute, actuando como apoderado legal de Wilfredo Yánez, padre del joven Ebed Haziel Yánez Cáceres, ultimado a balazos en un retén militar ubicado en la salida de la carretera a oriente, a la altura del desvío de colonia Los Pinos.
El suceso ocurrió la madrugada del 27 de mayo cuando militares dispararon contra el joven que se conducía en una motocicleta hacia su casa de la aldea Villa Vieja. El recurso fue presentado con el acompañamiento del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH).
En el escrito se pide derogar el decreto legislativo que faculta a los militares realizar allanamientos, registros en retenes, capturas, decomisos y otros.
Facultades
“El Congreso Nacional no tiene facultades para interpretar la Constitución, según una sentencia emitida por unanimidad de votos de la Corte Suprema de Justicia de 2003”, señala el escrito.
Se indica que los militares están preparados para la guerra y no para prevenir los delitos, cuidar las personas y los bienes. La muerte del joven confirma que los militares no están preparados para realizar labores policiales, según el escrito.
En ese sentido, el abogado Matute informó a TIEMPO que la Sala de lo Constitucional admitió el recurso de inconstitucionalidad al estimar que los militares no están formados para ejercer labores policiales.
“Los magistrados no pueden darse con la piedra en los dientes, pues ya resolvieron que el Congreso Nacional no tiene facultades para interpretar la Constitución”, destacó. Matute dijo que ellos esperan que la Sala de lo Constitucional derogue el decreto que otorga esas facultades a los militares.
Tres de los militares acusados por el crimen del menor de edad fueron presentados a los tribunales y están bajo detención preventiva y con medidas cautelares.
Oficio
Matute expuso que este recurso debieron interponerlo de oficio el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos o la Fiscalía de la Constitución, por lo que los funcionarios de estas dependencias incurren en el delito de incumplimiento de sus deberes.
Acusados
Los acusados en este caso son el sargento Eleazar Abimael Rodríguez Martínez; el subteniente Josué Antonio Sierra; y el cabo Felipe de Jesús Rodríguez Hernández.
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