Radio Progreso
Hace exactamente 10 años, la entonces Comisionada María Luisa Borjas había logrado documentar la participación de un grupo de oficiales de la Policía en una red de sicariato y de exterminio de pandilleros y secuestradores en San Pedro Sula, sin embargo, su valentía y compromiso con la legalidad le valió su separación de la institución policial.
En todo el proceso de investigación, la Comisionada Borjas y la sociedad hondureña fuimos testigos de la manipulación de la pruebas por parte de los altos responsables de la Secretaría de Seguridad y del Ministerio Público para desvincular a los oficiales investigados con medio centenar de ejecuciones arbitrarias en San Pedro Sula.
Entre los involucrados en la manipulación de pruebas se encontraban la actual viceministra de Seguridad Coralia Rivera Coca, la entonces inspectora de Policía Mirna Suazo, el entonces jefe de almacén de armas Pedro Alemán y Juan Manuel Aguilar Godoy, jefe de manejo de crisis del Ministerio de Seguridad, considerado uno de los más cercanos asesores del ex ministro Óscar Álvarez.
Y lo que resulta más preocupante es que uno de los investigados por su supuesta participación en los escuadrones de la muerte es el actual director general de la Policía, Juan Carlos Bonilla, quien posteriormente fue absuelto por el poder judicial hondureño.
Con estos antecedentes, no resulta sorprendente que según un reciente informe del Departamento de Estado, el gobierno de Estados Unidos retirará fondos a las unidades de la policía hondureña bajo supervisión directa del “Tigre” Bonilla, hasta que pueda investigar las acusaciones de su participación en tales ilícitos.
De acuerdo con este informe, el Departamento de Estado "es consciente de las acusaciones de violaciones de los derechos humanos relacionadas con el servicio pasado del director general de la policía" por lo que "ha creado un grupo para investigarlas".
En buena medida, la decisión tomada por el gobierno estadounidense es el resultado de la presión de académicos, activistas, miembros del Congreso de Estados Unidos y de los diversos informes que denuncian la participación de las fuerzas de seguridad hondureñas en graves violaciones a derechos humanos.
Frente a esta decisión, el gobierno de Honduras a través del Ministro de Seguridad Pompeyo Bonilla ha reiterado su apoyo al director de la Policía y en vez de asumir con seriedad esta acción, ha llamado tontos útiles de los criminales a quienes denunciamos la violencia desproporcionada con que actúan la policía y el ejército.
En un verdadero Estado democrático de derecho, el informe del Departamento de Estado provocaría un terremoto político que implicaría una investigación independiente e imparcial de todos los involucrados, pero en este remedo de democracia que tenemos en Honduras, lo único que vemos es la forma en que se protegen las espaldas quienes se sienten dueños de nuestra vida, de nuestro futuro y de nuestra seguridad.
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