Por Giorgio Trucchi
En menos de 48 horas en el Bajo Aguán se registraron varios ataques criminales que dejaron un saldo de dos muertos y cinco heridos. Todos eran miembros de organizaciones campesinas que luchan por el derecho a tener acceso a la tierra. Ante esta situación, el régimen amenaza con declarar estado de sitio y suspender las garantías individuales.
Eldin Noel Ortiz, Jimmy Burgos Tobías, Santos Eliseo Pavón, Gilberto López y Jorge Nájera, todos miembros del Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA), fueron atacados con una lluvia de balas mientras se movilizaban en vehículo por las calles de la ciudad de Tocoa.
El ataque, perpetrado el pasado 28 de julio por tres desconocidos desde una camioneta sin placa, dejó malheridos a los cinco campesinos, quienes actualmente se están recuperando satisfactoriamente.
Un día antes, en horas de la noche, un grupo de personas armadas atacó con armas de grueso calibre a las familias que integran el Movimiento Campesino Recuperación del Aguán, que el 20 de julio pasado habían recuperado las tierras de la finca Los Laureles, en las afueras de Tocoa, propiedad del terrateniente y productor palmero Miguel Facussé Barjum.
En la madrugada del siguiente día fue encontrado el cuerpo sin vida de Irrael García Pérez, perteneciente a esta misma organización. Su cuerpo presentaba impactos de balas y le habían cortado una oreja.
Como altamente sospechosa, fue clasificada por las organizaciones campesinas la muerte de Evaristo López, también miembro del MARCA, ocurrida este domingo 29 de julio. Mientras conducía su motocicleta, López fue atropellado por un vehículo que se dio a la fuga.
Hasta la fecha, el grave conflicto agrario que aqueja el Bajo Aguán ha dejado un saldo de 52 campesinos, un periodista y su pareja asesinados, otro campesino desaparecido y un sinnúmero de heridos. Nadie ha sido detenido, ni muchos menos castigado por estos crímenes, y la impunidad se ha vuelto la norma cotidiana.
“El ataque tenía el objetivo de matar a los cinco compañeros y lo hubieran logrado si no hubiese sido por la pronta reacción de uno de ellos, que respondió al fuego con su arma.
Estamos muy preocupados porque la situación se ha vuelto insostenible y no vemos de parte del gobierno la intención de atacar el problema de raíz, es decir romper la dinámica de concentración de tierra en pocas manos”, dijo a Sirel, Haydeé Saravia de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA).
Varios directivos del MARCA relacionaron esta nueva ola de ataques indiscriminados con la histórica sentencia con la que, el pasado 29 de junio, los tribunales posesionaron a las familias campesinas de tres fincas -San Isidro, El Despertar y La Trinidad- desalojando a los terratenientes y productores palmeros René Morales Carazo y Miguel Facussé Barjum.
Días después, el MARCA denunció la decisión ilegal y amañada de las Cortes de Apelaciones de Francisco Morazán y de La Ceiba de revertir dichas sentencias, ordenando el desalojo de las familias campesinas. La acción aún no ha sido ejecutada por la firme y masiva protesta de las organizaciones campesinas y populares de la zona.
A los campesinos no les cabe la menor duda de que detrás de esta nueva campaña de terror estarían los mismos terratenientes y sus guardias de seguridad privada.
Seguridad nacional
Ante esta situación y aunque en horas de la tarde del 30 de julio lo haya descartado, el régimen de Porfirio Lobo estaría por declarar el Aguán como "zona de seguridad nacional", lo cual implicaría una mayor militarización, la suspensión de las garantías individuales y un estado de sitio regional.
Estas medidas fueron rechazadas por las organizaciones campesinas, en cuanto parte de un supuesto plan para desprestigiar al movimiento campesino y legitimar la criminalización de la protesta por la tierra.
“La militarización ha traído más violencia y represión. Rechazamos la implementación de medidas especiales y la suspensión de las garantías constitucionales, porque eso va a traer más ataques contra el campesinado.
A Porfirio Lobo le decimos que para solucionar este problema hay que cesar la represión, acabar con la impunidad y hacer efectiva una reforma agraria que dé la tierra a los campesinos.
¿Cómo es posible que en el Bajo Aguán los dueños de la tierra sean solamente tres hombres, mientras miles de campesinos siguen aguantando hambre?”, se preguntó Emilio Bautista, vocero de la cooperativa San Isidro del MARCA.
Bautista alertó a la solidaridad internacional para que siga atenta a lo que pueda ocurrir en los próximos días.
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