Por Giorgio Trucchi
Elecciones fraudulentas y usurpación presidencial anuncian futuro sombrío para el país
Juan Orlando Hernández tomó posesión de su segundo mandato en medio de una profunda crisis social que está muy lejos de acabar. En Tegucigalpa y en varias partes del país, miles de hombres y mujeres sufrían la brutal arremetida de las fuerzas de seguridad.
En su discurso pronunciado en un estadio medio vacío y ante el sólo cuerpo diplomático acreditado en el país -ningún mandatario participó del evento- Hernández abrió la puerta al diálogo y la reconciliación, vaticinando escenarios de paz, progreso y desarrollo que nada tienen que ver con la realidad dramática del país.
Más del 60 por ciento de la población sigue hundida en la pobreza, el 44 por ciento de la cual en pobreza extrema. Los índices de violencia e impunidad siguen situándose entre los más altos a nivel mundial.
Además, la corresponsabilidad de las principales instituciones en la legitimación del fraude electoral, así como el uso desproporcionado de la fuerza para intentar acallar las multitudes que se han levantado contra este abuso, han contribuido a derrumbar lo poco que quedaba de la institucionalidad en Honduras.
De acuerdo con el Monitoreo de violaciones de derechos humanos en la coyuntura del fraude electoral realizado por la Coalición contra la Impunidad, entre el 26 de noviembre 2017 y el 23 de enero 2018 se registraron 33 muertes de personas que participaban en la protesta contra el fraude electoral.
Asimismo, se registraron más de 200 personas heridas, más de 1350 detenidas, 34 personas desplazadas por violencia y más de 60 casos de grave violación a la libertad de expresión. También hay una persona desaparecida.
En particular, los derechos a la libertad de expresión, opinión e información fueron estratégicamente atacados por las fuerzas militares y policiales para mantener el manto de silencio y el cerco mediático.
Esta estrategia se llevó a cabo tanto con ataques sistemáticos contra destacados defensores y defensoras de derechos humanos y líderes del movimiento social, como contra medios de comunicación alternativos.
Un Estado Violador de derechos humanos
“Estamos ante un Estado completamente violador de los derechos humanos, que no sólo quiere reprimir la protesta contra el fraude, sino que lo hace con crueldad, de forma deshumanizada, violentando los protocolos internacionales”, dijo a La Rel, Gilda Rivera, directora del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), una de las 40 organizaciones que integran la Coalición.
Principales responsables de las violaciones en el marco de la crisis post electoral son las fuerzas de seguridad del Estado, en especial la Policía Militar de Orden Publico (PMOP), las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Seguridad a través de la Policía Nacional y la Dirección Policial de Investigación (DPI).
En el informe se identificaron 11 patrones de violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, entre otros, uso desproporcionado de bombas lacrimógenas, allanamientos ilegales, aplicación de castigos y humillaciones públicas y empleo de instrumentos militares y policiales no autorizados.
También se registró la infiltración de agentes de seguridad en las protestas para identificar a líderes y dirigentes, acciones de seguimiento, hostigamiento y persecución, y el uso desproporcionado de la fuerza en contra de personas detenidas.
La Coalición contra la Impunidad señala también el “papel deficiente e irrelevante” del Mecanismo Nacional de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos
“Honduras vuelve a colocarse como un país donde no existe el marco legal formal de respeto a los derechos humanos para quienes se oponen a la dictadura.
Sufrimos una violencia de Estado, con instituciones cooptadas por los grupos de poder económico y político, que tienen muy clara su estrategia represiva y que son expertas en reprimir, violentar derechos y acosar a la población”, aseguró Rivera.
Un pueblo que resiste
El informe evidenció también la reacción de la población al fraude electoral, subrayando las diferentes formas de resistencia y lucha.
“Los actores sociales y políticos de esta coyuntura opuestos al fraude electoral son los movimientos sociales, las organizaciones territoriales, las organizaciones campesinas, comunitarias y pueblos originarios.
En las movilizaciones ha sido protagónico el papel de las mujeres, de la juventud y los sectores de clase media.
Defienden con profunda dignidad el respeto a la soberanía popular contra quienes violentan la Constitución. Ha sido lo más trascendental en estos dos meses de lucha”, concluyó Rivera.
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