Para nadie es un secreto que, a la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad, MACCIH no la están dejando trabajar, y más allá de las opiniones públicas, el país entero sabe que las investigaciones de la red de diputados involucran directamente al gobierno de Juan Orlando Hernández y a sus diputados.
Todos lo saben, incluso Juan Jiménez Mayor, ahora ex vocero de la MACCIH, quien el pasado jueves renunció a su cargo, por motivos ligados a esa presión, pero que no se atreve a decirlo concretamente. Mayor a través de una carta enviada a la opinión pública dijo que luego de una jornada de reflexión tomó la decisión de dejar su cargo, por fuertes diferencias con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que dirige Luis Almagro.
Sobre todo, en los representantes políticos y de estas misiones impera la diplomacia, sus discursos lo reflejan y sus afirmaciones las respaldan. En el noticiero vespertino de Televicentro Juan Jiménez fue entrevistado para que reaccionara sobre su renuncia, le consultaron sobre la relación de él con el presidente Juan Orlando Hernández, él contestó que sí lo han dejado trabajar.
La población reaccionó de inmediato a esas declaraciones, y lamentó que la diplomacia le impidiera a Mayor decir claramente que el origen de la crisis de la MACCIH fue la falta de respaldos a la lucha contra la corrupción e impunidad de parte de Casa presidencial.
En entrevista a Radio Progreso, Mayor dijo hace unos días que la investigación en el caso de la red de diputados se orienta a varios diputados, entre ellos el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva. Mayor aseguró que una de las hipótesis en el caso es el soborno, que recibieron estos diputados. Jiménez Mayor no se atrevió a decir que ese dinero de los sobornos fue para elegir la actual composición de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Mayor no se atreve, pero la clase política de oposición y las organizaciones críticas de la administración gubernamental sí, ellos han denunciado e incluso interpusieron recursos ante la justicia nacional e internacional, por los procedimientos viciados de elección de la CSJ, Ministerio Público y otras instituciones que han sido cooptadas por el presidente Hernández.
“En Honduras hay un grave problema, y es de institucionalidad, todo acá es dominado por Juan Orlando Hernández, acá hay que pedirle permiso a él para investigar, para judicializar y para hacer justicia, este es un problema estructural”, dijo el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, Enrique Sequeira.
Sequeira, quien ahora es militante activo del Partido Liberal, aseguró que acá si no se hacen cambios profundos, sobre todo en el tema de independencia de poderes, la impunidad seguirá reinando en el país.
En ese enfoque, la MACCIH empezó a tener problemas. “Nos estábamos preparando para esto, y el momento ha llegado, toca luchar para salir adelante”, manifestó Mayor. Y es que la MACCIH ha sido muy criticada por diversos sectores, criticada por su diplomacia, por no decir las presiones que tiene y por no mencionar con nombre y apellido las principales amenazas a su trabajo.
El origen de la crisis actual en la MACCIH se da a partir de las amenazas y obstáculos generados por el partido Nacional, partido al que Mayor nunca se atrevió a enfrentar públicamente. Mayor lo dijo entre líneas: “no he recibido amenazas, pero contrataron una firma auditora para que me investigue, les aseguro que no encontrarán nada”, relató en su momento el ex vocero de la MACCIH.
Todo surgió a partir de su anunció de investigar a diputados, incluyendo altas figuras del partido Nacional, por tal razón sus denuncias contra los que lo están amenazando, evidentemente apuntan hacia el oficialismo.
Mayor renunció, y dejó claro que el punto toral de su determinación es por diferencias con Luis Almagro, a quien le reclamó vía administrativa por correos electrónicos, la contratación de personas que no abonarán nada a la institución y que incluso eso se podría convertir en malversación de fondos.
Juan Jiménez no renunció solo, lo acompañó su personal de confianza. Julio Arbizú integrante de esta estructura también anunció su retiro y dijo en redes sociales que lamenta que la OEA no los respalde en esta lucha contra la corrupción, y aseguró que Honduras no se merece esto, que hay una verdad escondida y que algún día saldrá a la luz.
Esa verdad de la que habló Arbizú es de múltiples interpretaciones, y eso se da por el carácter diplomático de esta Misión, la que les impide por cualesquiera que sean los motivos, encarar y denunciar a los responsables.
Ante el anuncio los políticos aprovecharon para llevar agua a su molino. El partido Liberal emitió un comunicado solidarizándose con Mayor y denunciando al partido de gobierno de ser el responsable de limitar el trabajo a la MACCIH, en ese mismo enfoque lo hizo la Alianza de Oposición que además denunció el papel de la OEA, y dijo que en Honduras es urgente la presencia de una Comisión independiente como la de Guatemala, la CICIG.
Pero no solo los opositores aprovecharon para hacer uso de sus discursos, también lo hizo el presidente, el principal responsable de la crisis de la MACCIH. Juan Orlando Hernández dijo: “Yo pedí a Mayor que no renuncie, le prometí mi apoyo para que pueda trabajar, pero él me dijo que no cambiaría de posición, así que afirmo mi apoyo a la OEA y cuando nombren su sustituto, también lo apoyaremos como lo hemos venido haciendo”.
Las declaraciones de Hernández y su partido son contrarias a sus acciones, ya que son ellos quienes pretenden mantener un pacto de impunidad, así lo han comprobado con la reforma a la Ley de Presupuesto, la Ley de Secretividad, entre otras.
Mayor se va del país y de la Misión con esa deuda, de no haber denunciado lo que sucede a lo interno de la MACCIH, de mencionar quienes le están obstaculizando las investigaciones, y de dar avances contundentes de las mismas.
Por ahora la gente ha salido a las calles, con menos intensidad que en meses anteriores, pero con algo totalmente claro: que es necesario y urgente retomar la lucha organizada para combatir la corrupción y judicializar a los responsables del saqueo de los fondos estatales.
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