Personas participan durante los enfrentamientos entre simpatizantes del candidato a la presidencia de Honduras por la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla, con policías a raíz de una protesta, en Tegucigalpa, capital de Honduras, el 30 de noviembre de 2017. El actual presidente de Honduras y candidato por el Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, aventaja con el 42.68 por ciento las elecciones presidenciales, según el último reporte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) divulgado el jueves. Con el 90.40 por ciento de las actas procesadas, el aspirante por la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla, contabiliza el 41.6 por ciento de los sufragios. (Xinhua/Johny Magallanes)
Redes europeas y organizaciones internacionales de derechos humanos manifestamos nuestra profunda preocupación ante el uso indebido y en ocasiones mortal de la fuerza ejercida por los cuerpos de seguridad del Estado contra manifestantes, así como otros ataques a defensores de derechos humanos en el marco de la crisis postelectoral en Honduras. Hacemos un llamado a la Unión Europea a condenar estos hechos, a apoyar públicamente a los defensores, y a solicitar al Estado de Honduras el respeto de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos
El 26 de noviembre de 2017 se celebraron elecciones generales en Honduras. Cuatro semanas después, el 18 de diciembre, Juan Orlando Hernández (Partido Nacional) fue declarado presidente por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Durante el proceso electoral, la Misión de Observación de la UE (MOE- UE) y la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE-OEA) observaron irregularidades durante el proceso, que llevaron a la Secretaría General de la OEA a plantear la repetición de las elecciones.
Desde el 27 de noviembre, numerosas acciones de protesta han tomado lugar en todo el país para exigir un proceso electoral transparente y resultados fiables. Como respuesta, el 1 de diciembre 2017, el gobierno de Honduras declaró el estado de excepción y decretó la suspensión de garantías constitucionales temporalmente. Desde entonces, las organizaciones de derechos humanos han registrado 30 ejecuciones —21 a manos de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), alrededor de 232 personas heridas y 1085 detenidas. La Directora de Medicina Forense del Ministerio Público ha documentado 24 muertes violentas hasta el 4 de enero de 2018. Hasta la fecha, las organizaciones de derechos humanos desconocen si el Ministerio Público ha iniciado las investigaciones oportunas en estos casos.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Honduras ha documentado más de 50 casos de intimidación y hostigamiento contra defensores de derechos humanos, líderes sociales y periodistas, lo que han llevado a un llamamiento conjunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado solicitando al Estado de Honduras garantizar el derecho de manifestación pacífica, así como todos los derechos fundamentales. Esta petición también ha sido solicitada por numerosas organizaciones internacionales de sociedad civil.
Frente a las continuas tensiones ocurridas en el período contexto post-electoral y su afectación a los derechos humanos, el gobierno ha anunciado la creación de una Secretaría de Derechos Humanos, como entidad separada de la actual Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización del Gobierno de la República de Honduras, la cual ha iniciado sus funciones el 27 de enero de 2018.
No obstante, el uso indebido de la fuerza ejercida por elementos de seguridad del Estado, los ataques contra defensores de derechos humanos, la falta de respuesta adecuada de la institucionalidad responsable, así como el cuestionamiento de amplios sectores por la ausencia de aplicación de estándares internacionales en últimos procesos electorales (2009, 2013 y 2017), están generando falta de confianza de la población en el respeto de los principios de la democracia y el Estado de Derecho, así como en la institucionalidad hondureña.
En el marco de las relaciones con Honduras y la política exterior en derechos humanos exhortamos a la Unión Europea a:
Emitir un comunicado público al más alto nivel que:
Reconozca la labor de los defensores de derechos humanos y donde muestre su preocupación
por los hechos ocurridos en la etapa post-electoral;
Haga un llamado al Estado de Honduras a abstenerse en el uso excesivo de la fuerza contra la
población y a garantizar los derechos a la manifestación y a la libre expresión;
Solicite al Estado de Honduras investigar de forma inmediata y de manera diligente todos los
hechos de violencia denunciados, permitiendo la identificación de los presuntos responsables.
Instar al gobierno de Honduras a incluir el testimonio de las víctimas y de las personas defensoras de derechos humanos en que cualquier iniciativa de diálogo para resolver la crisis y conocer la verdad de los hechos ocurridos en el contexto electoral.
Solicitar al Estado de Honduras su colaboración con la misiones de observación en derechos humanos por parte de los organismos internacionales y regionales de derechos humanos.
Adicionalmente, en el marco de cooperación para fortalecimiento del sistema de justicia (Eurojusticia) y la Directrices sobre defensores, demandamos a la Delegación de la Unión Europea en Honduras y a las Embajadas de los países europeos en dicho país:
Solicitar formalmente a los Ministros de Seguridad y Defensa información sobre los protocolos vigentes aplicados en el marco de las manifestaciones, así como las diligencias adoptadas para asegurar las investigaciones sobre los estos hechos denunciados, asegurando que sean prontas y efectivas para identificar a los responsables y proceder a su enjuiciamiento.
Adoptar las medidas necesarias que visibilicen el apoyo de la UE a los defensores, que contribuyan a un nuevo discurso público que reconozca su labor y garantice un entorno seguro para el ejercicio de su función.
Promover un espacios propicio para la labor de los defensores, entre otros, facilitando un encuentro entre el Sistema Nacional de Protección y las personas beneficiarias con el objetivo de garantizar una respuesta efectiva, adecuada y urgente en este contexto.
Continuar promoviendo espacios participativos de diálogo político y consulta periódica con las organizaciones de la sociedad civil, entre otros el mecanismo de intercambio con sociedad civil sobre temas de derechos humanos, el Grupo Enlace.
Al Parlamento Europeo y a los parlamentos nacionales de la Unión Europea, solicitamos monitorear la situación de derechos humanos, y en caso consideren relevante emitir una resolución parlamentaria sobre la situación de los derechos humanos, promover espacios de debate con organizaciones de la sociedad civil.
Suscriben:
Red EU- LAT, Red europea de incidencia hacia América Latina ( ex CIFCA y ex Grupo Sur)
PROTECTION INTERNATIONAL
FRONTLINE DEFENDERS
OMCT, Organización Mundial contra la Tortura
CIDSE, Cooperación Internacional para el desarrollo la Solidaridad.
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