Texto y foto: Sandra Rodríguez
Esta mañana se encontró el cuerpo sin vida de Samuel Edgardo Martínez López, presidente del grupo campesino “09 de Julio”, ubicada en la comunidad Las Huertas Tutule, La Paz. Una de las zonas en recuperación de tierras más atacadas por autoridades policiales, militares, judiciales y políticas.
Samuel Martínez, nació el 16 de febrero de 1985, y sobre sus espaldas no sólo llevaba un proceso judicial que lo mantuvo como perseguido desde el 20 de julio del 2010, sino cuatro meses encerrado en el centro penal de la ciudad de La Paz, acusado por el delito de Usurpación, el cual pese a ser conmutable, el juez Hugo Danilo Torres Pérez, lo envió a prisión, junto a otro defensor de la tierra, Carlos Eduardo López.
Tras siete años de que el Ministerio Público (MP) emitió el expediente número 213-3-2010 con el requerimiento de orden de captura contra los nueve integrantes de la “09 de Julio”, Samuel Martínez fue capturado por agentes policiales la mañana del domingo 25 de junio en el centro de Tutule, cuando este se encontraba en el velorio de una pariente. Los uniformados llegaron directamente a él y lo exhibieron en una patrulla como si fuera delincuente.
Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), exige a las autoridades correspondientes que investiguen de manera urgente e independiente la muerte del líder campesino, quién se supone falleció a causa de un accidente de tránsito, en la carretera que conduce de La Paz a Tutule.
En el momento que estamos todo se puede justificar, no tenemos mayores detalles del hecho. Pero no vamos a olvidar que estaba con libertad condicional, por lo que exigimos la investigación, pero también hay que hacer lo propio, porque en la coyuntura actual nadie cree en la investigación oficial, aseveró Oliva.
Es condenable y lamentable la muerte del presidente de una cooperativa campesina e indígena lenca, de las más criminalizadas.
Con la representación legal del COFADEH y La Vía Campesina, el 11 de noviembre del 2017, Carlos y Samuel volvieron a casa, esa noche fue de alegría en Tutule, porque los defensores sobrevivieron cuatro meses tras las rejas de la prisión, que le impide a más de 20 campesinos a nivel nacional gozar de las tierras y sus cosechas por las cuales ofrendan su vida.
Los niveles de persecución y hostigamiento han llegado al grado que el COFADEH, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Medidas Cautelares para la protección de los nueve dirigentes de la empresa 09 de Julio, que dirigía Martínez.
Parte de la ampliación de información enviada el 16 de noviembre del 2017, es la siguientes en cuanto acciones legales “El 31 de Marzo del 2017, el COFADEH interpuso una Ampliación de Denuncia ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Publico, para incluir los hechos del desalojo de 13 enero 2017, donde resultaron heridos dos campesinos Víctor Vázquez, herido de bala en la Rodilla izquierda, y Levi López Martínez quien resulto herido en su mano derecha por una bomba lacrimógena. El 27 de mayo del año 2016 denuncia por abuso de autoridad, allanamiento de morada, amenazas a muerte, tentativa de homicidio, y falta a los deberes de los funcionarios por el desalojo violento del 11 de mayo 2016, en contra de Efectivos militares y policías preventivos asignados a la delegación de San Pedro de Tutule y la Paz”.
En cuanto a las solicitudes de protección ante las autoridades competentes, el COFADEH ha realizado las siguientes, el 24 de mayo del 2016 se presentó denuncia inicial a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos en la cual se le solicito entre otras peticiones que se adoptaran las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de los campesinos y sus familias.
El 7 de junio del 2016 se presentó denuncia al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y gestiones que garanticen la vida y la integridad de los campesinos.
Las denuncias y notas presentadas a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y el CONADEH siguen sin respuestas, ambas Instituciones tienen presencia territorial en el Departamento de la Paz. Ambas instituciones están faltando a su deber de asegurar la protección de los ciudadanos.
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