Las redes sociales Facebook y Twitter, en Honduras, pasaron de ser un simple espacio para compartir imágenes a ser una plataforma de discusión ciudadana, demanda y crítica a los gobiernos de los últimos ocho años. El Facebook es la mayor ventana para ver las expresiones de indignación frente a casos como el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social –IHSS-, y en el último año, el repudio al Partido Nacional y su máximo líder Juan Orlando Hernández, por violentar la institucionalidad e instaurar la ilegal reelección presidencial.
¡Fuera JOH!, ¡Corruptos!, ¡Asesinos y Dictador!, son parte de las expresiones populares que surgen entre las demandas de justicia y rechazo al régimen nacionalista.
Sin embargo, la crítica ciudadana y la libertad de expresión están a un paso de ser censuradas con una normativa que ya comenzó su aprobación en el Congreso Nacional, con el apoyo de los sectores afines al gobierno, entre ellos la Confraternidad Evangélica, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y Organizaciones No Gubernamentales como la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ).
En primer debate está la “Ley Nacional de Ciberseguridad y Medidas de Protección Ante los Actos de Odio y Discriminación en Internet y Redes Sociales”, dicha legislación pretende sancionar a personas naturales y jurídicas que difundan mensajes o contenido “ilegal”.
La ley nacionalista establece sanciones o multas que van desde 50 mil a un millón de Lempiras hasta la suspensión y bloqueo del sitio de internet que difunda “contenido ilegal”; pero además la creación una Comisión Nacional de Ciberseguridad para la interposición de denuncias de las personas que se consideren afectadas por “campañas odio”.
Esa Comisión Nacional de Ciberseguridad estará adscrita a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), la que operará en conjunto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para darle seguimiento a las “quejas”.
Gerardo Martínez, diputado nacionalista y presidente de la comisión dictaminadora, asegura que la Ley no será para perseguir perfiles que expresen su descontento con la actual clase política.
“Incluso, le puedo decir que los que dicen ¡Fuera JOH! en las Redes Sociales no tiene ningún problema porque yo no veo odio”, dijo, entre risas y un tono sarcástico, Martínez, quien ante la prensa intenta no equivocarse en su discurso o libreto partidario.
Armando Sarmiento, director de comunicaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, dice que en la normativa no encuentran ningún interés de querer coartar la libertad de expresión: “vemos que esta propuesta va orientada a llenar un vacío, es decir la ausencia de una estrategia nacional de ciberseguridad, entendemos que ya están definidos algunos delitos y no estamos hablando de la creación de nuevas tipologías”.
Cerco mediático
Ante el control de los medios corporativos, la población ha sentido el vacío de canales para expresar su descontento por el fraude electoral y la reelección ilegal, en ese sentido la Redes Sociales se han constituido en un escenario de deshago, comenta la periodista e investigadora Claudia Mendoza.
“Las sanciones y todas las restricciones que se establecen alrededor de la Redes Sociales son un blindaje para que no se siga criticando al gobierno en el marco del contexto político. No es algo nuevo en las Redes Sociales las expresiones, pero que coincidente es que cuando la gente está muy molesta y critica la ascensión ilegal de Juan Orlando en el poder si genera malestar lo que se transmite”, dijo Mendoza, asegurando que la “Ley Nacional de Ciberseguridad” constituyente el cierre del cerco mediático.
La censura sobre temas de discusión política y el señalamiento a funcionarios involucrados en casos de corrupción, es la gran finalidad de la “Ley Contra Actos de Odio y Discriminación en Redes Sociales e Internet, señala el director ejecutivo del Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), Edy Tábora.
Tábora explica que la propuesta de Ley tiene como señuelo la discriminación, calumnias e injurias, delitos que ya están tipificados en el Código Penal, por tanto, reitera que el Partido Nacional busca controlar las Redes Sociales, principales plataformas de debate en la actual crisis política y post electoral.
“En el nuevo Código Penal existe el delito de clonación de páginas y suplantación de identidades digitales, entonces la finalidad es callar a la población que utiliza las Redes Sociales como mecanismo de participación política, y censurar un espacio que no ha sido controlado por el poder público y privado”, indica Tábora.
El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, dice que el internet ha sido un espacio para potenciar la libertad de expresión y el derecho a recibir y difundir información sin distinción de fronteras.
Lanza manifiesta que de aprobarse la “Ley Nacional de Ciberseguridad y Medidas de Protección Ante los Actos de Odio y Discriminación en Internet y Redes Sociales” para Honduras representará un retroceso en materia de libertad de expresión: “porque el proyecto tiene una serie de carencias y de afectaciones graves, no se puede establecer la obligación de que las Redes Sociales bajen contenidos presuntamente injuriosos, presuntamente discriminatorios que puedan afectar el honor sin establecer por un juez un proceso de figura delictiva”.
En opinión de analistas nacionales, la normativa en discusión contiene todas las características de una dictadura que pone los ojos de instituciones estatales como la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Seguridad y el Ministerio Público sobre una población que resiste y repudia las violaciones a los preceptos constitucionales cometidos por el régimen de Juan Orlando Herná
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