El proceso de municipalización del agua potable a nivel nacional avanza a pasos agigantados. Desde los primeros días de febrero, las autoridades del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) han visitado varios municipios para dar pie a la transición que en los planes gubernamentales está estipulada para culminar en el mes de marzo.
Roberto Zablah, titular del SANAA a nivel nacional, visitó La Ceiba, en ese viaje conversó con autoridades municipales sobre este proceso, paulatinamente ciudades como El Progreso están a la espera de la notificación y en otras como Tegucigalpa ya inició.
La municipalización del agua inició en el 2003, cuando el Congreso Nacional aprobó la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico. Esta ley define como titulares de los servicios de agua y saneamiento a las municipalidades, identificando éstas el modelo de gestión pública directa por medio de algún departamento de la municipalidad o la gestión privada a través de la concesión del agua potable.
El Progreso fue uno de los puntos de oposición clave para evitar que la municipalización del agua se hiciera una realidad cuando fue propuesta. La iniciativa propuesta en el Congreso Nacional generó un movimiento de oposición al gobierno integrado por organizaciones territoriales, populares y gremiales. En la actualidad, esas estructuras desaparecieron y la propuesta avanza con rapidez.
Tegucigalpa en los últimos años ha sufrido de escases de agua, en ocasiones la población de algunos barrios y colonias de zonas altas recibe el servicio de agua una vez cada semana y en el mejor de los casos una vez cada tres días, esa realidad es producto del abandono estatal en políticas de solución a este problema.
Ante esos problemas administrativos ya se inició con la transición para que la alcaldía del Distrito Central sea la que maneje en su totalidad el servicio, situación que preocupa a diversos sectores.
“Ya hay una transición del manejo del agua para la municipalidad, en ese sentido debe ser una prioridad y para mí lo es: dotar de agua a toda la capital”, calificó el regidor liberal en Tegucigalpa Osman Aguilar.
Para Aguilar la municipalización no es sinónimo de privatización, sino una oportunidad para que la alcaldía haga lo que el gobierno no pudo hacer por años, entregar un servicio de calidad y con regularidad.
Según estudios de ambiente, el 55% de los habitantes de Tegucigalpa tiene problemas en abastecimiento de agua en sus viviendas. “Esto nos demuestra que podemos cambiar la situación, porque existe voluntad de la alcaldía para tomar cartas en el asunto”.
Aguilar no específica como harán esas mejoras, por ahora solo adelanta que hay un informe sobre análisis de la problemática para tomar decisiones.
Para la regidora de la municipalidad de El Progreso, Araminta Pereira y una de las participantes durante la lucha contra la municipalización del agua, cree que este es el punto donde se concreta la privatización, porque la mayoría de alcaldías, al no tener capacidad de sostener la plataforma de manejo del agua, la entregan a la empresa privada.
San Pedro Sula, Choloma y Puerto Cortés son el ejemplo de lo que dice Pereira. San Pedro Sula ha tenido irregularidades, aumento desmedido de tarifas de servicio y problemas en el tratamiento de aguas residuales por parte de la empresa que administra el servicio: Aguas de San Pedro.
Mientras tanto Choloma y Puerto Cortés han sido noticia, a través de las denuncias de la población en contra de las tarifas y el servicio que brindan las empresas.
“A nosotros no se nos ha planteado un plan para saber cómo se hará el manejo de ese servicio, y ahora con esa nueva ley habrá un ente auditor a las juntas de agua y esas organizaciones barriales, y eso va justificar para quitárselas y pasarlas a una empresa privada. A todas luces, estaríamos esperando que aparezca una empresa que será la que manejará este servicio y sabemos que sería con fondos de empresarios o fuera del país, entre otros”, dijo la funcionaria.
A criterio de Pereira la gente debe volver a organizarse para poner un alto a lo que ocurre en los municipios donde todavía está en transición, caso contrario correrán el mismo destino que las ciudades que ahora, gracias a la privatización, pagan más tarifa por un pésimo servicio.
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