El Informe: “Honduras: El lugar más peligroso para defender el planeta” divulgado el martes 31 de enero por la organización británica Global Witness ha provocado una agresividad manifiesta de parte del gobierno de Juan Orlando Hernández y del sector privado del país.
Las amenazas contra Billy Kyte, director de Incidencia de Global Witness que coordinó la investigación (que duró 2 años en los territorios indígenas), fueron manifiestas por parte del ministro de Recursos Naturales y Ambiente, José Antonio Galdámez.
En un foro televisivo, transmitido este jueves 2 de febrero, Galdámez habría instado al Ministerio Público para que interpele a Kyle por el contenido de la investigación, la cual expone que la élite política y empresarial está detrás de los hostigamientos y represiones en contra de los pueblos indígenas lencas que se oponen al extractivismo, las represas y los cortes de madera.
Entre tanto, Marcos Zelaya, apoderado legal de la vice presidenta del Congreso Nacional y presidenta del partido Nacional (en el gobierno) Gladys Aurora López, amenazó con querellar Kyte.
Curiosamente en el espacio televisivo solo se recibieron llamadas para condenar el informe, entre ellas la del alcalde del municipio de Santa Elena, departamento de La Paz, Santos Ventura , zona donde se han establecido las hidroeléctricas Aurora y Los Encinos, de las cuales la presidenta del partido Nacional, Gladys Aurora López, sería su principal accionista.
Ventura descalificó el informe y dijo que mandó 126 páginas a Global Witness sobre el tema. El edil también estigmatizó a los dirigentes del MILPAH.
En el mismo espacio televisivo, Elsia Paz , ex presidenta de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Renovable, también descalificó el informe de Global Witness, que revela que algunas industrias respaldadas por élites políticas y empresariales han incumplido leyes y sobornado a funcionarios y han pasado por alto las exigencias de los pueblos de ser consultados sobre los proyectos que afectan sus tierras.
Asimismo Global Witness destacó que cuenta con denuncias de actividades ilegales y supuesta corrupción relacionadas a los proyectos empresariales que provocan violencia contra los defensores del medio ambiente.
En reacción al informe, el vice- presidente del Movimiento Indígena Independiente Lenca de La Paz-Honduras (MILPAH), Martín Gómez, dijo a www.defensoresenlinea.com que el informe es verídico y que respaldan en un 100 por ciento el contenido del mismo, porque es la realidad que viven los indígenas lencas en el país.
El informe de Global Witness cita el crimen contra Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo de 2016, en donde destaca que “un ejecutivo de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) supuestamente intentó sobornarla para que no continuara oponiéndose al proyecto de construcción de la represa” en el Río Gualcarque, que cruza los departamentos de Intibucá y Santa Bárbara.
Global Witness citó que existen poderosos vínculos que tiene DESA con el ejército y el gobierno de Honduras.
Las amenazas vertidas por el gobierno y el sector empresarial contra los ejecutivos de Global Witness han puesto en alarma a las organizaciones de derechos humanos, que como el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), demanda la protección de los dirigentes indígenas lencas.
De hecho las organizaciones han demandado que se active el Mecanismo de Protección para Defensores, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, con el propósito que el Estado de Honduras, se obligue a proteger a los defensores y defensoras del ambiente.
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