Por Edmundo Orellana
Quien asuma el Poder recurriendo a medios o procedimientos que desconozcan o quebranten los establecidos en la Constitución, es un usurpador, según nuestra Ley Fundamental.
Nuestra Constitución consagra el Principio de la Alternabilidad en el Ejercicio de la Presidencia y, además, prohíbe la reelección. Es decir, prohíbe el continuismo y la reelección en cualquier tiempo. No puede, pues, reelegirse quien ha ocupado la Presidencia de la República.
El celo del constituyente fue mas allá, prohibiendo, además, que ocupe la Presidencia de la República quien la haya desempeñado bajo cualquier título, para luego dejar claro que la prohibición comprende a todo aquel que haya ocupado la titularidad del Poder Ejecutivo. Es decir, la prohibición comprende no solo al Designado Presidencial que haya sustituido al Presidente en sus ausencias temporales, sino también aquellos que lo hicieren en sus ausencias definitivas y a quien, en regímenes de facto, haya ocupado la titularidad del Poder Ejecutivo.
No contento con la prohibición, el constituyente previó la sanción respectiva. No solo a quien contravenga la prohibición sino también a quien proponga la reforma y a los que apoyen, directa o indirectamente, la contravención o la propuesta de reforma. La sanción es el cese inmediato del cargo e inhabilitación por 10 años del ejercicio de toda función pública. Sin embargo, si llega a consumar el hecho, suplantando la soberanía popular y usurpando el Poder, entonces, se incurre en el delito de Traición a la Patria.
Desde la década de los ochenta, cuando entró en vigor la Constitución, ha habido gobernantes que se creen imprescindibles y han intentado ignorar esos recaudos constitucionales, con el apoyo de incondicionales que ven en la extensión del mandato la prolongación de sus privilegios. Algunos no dudaron en atentar contra la Constitución, pero se evitó a tiempo; otros, prometiendo una constituyente, buscaron lo mismo.
Los que ayer fueron enemigos acérrimos de la reelección son hoy sus más enconados defensores, alcanzando, el 27 de enero recién pasado, lo que otros no lograron. Estamos, ciertamente, ante un hecho consumado. No fue un hecho abrupto ni intempestivo, sino el resultado de un proceso, en el que la oposición participó, directa o indirectamente. Se inició en el Congreso Nacional, mediante la aprobación de leyes- en las que participó la oposición- que fueron dando forma a la estructura que le permitiría, a quien, a la sazón, fungía como Presidente del Congreso, acumular suficiente poder para imponerse cuando fuere necesario, lo que fue evidente cuando se emitió la sentencia declarando inconstitucional la prohibición de la reelección, la inscripción de la candidatura y la declaratoria de elecciones. El camino hacia el continuismo fue franqueado no solo por las instituciones bajo su control, sino también por aquellos líderes que, en lugar de oponerse a la reelección o de exigir que, vía plebiscito, se consultara al pueblo, vieron una oportunidad para aprovecharse de la misma, con resultados infructuosos, porque, en su delirio, subestimaron el poder que JOH había acumulado durante ese tiempo.
Por sobre las decisiones judiciales, políticas y administrativas sobre las que descansa el continuismo y más allá de los traspiés de los líderes de la oposición, hay un pueblo indignado en las calles, que no acepta los resultados electorales y desconoce la legitimidad de quien pretende pasar como Presidente de la República, decidido a revertir ese hecho consumado. Desde la perspectiva popular, entonces, lo ocurrido no es más que la usurpación del Poder, mediante la suplantación de la voluntad popular por las decisiones institucionales que le permitieron a JOH asumir el 27 de enero. En otras palabras, se trata del rompimiento del orden constitucional.
En este contexto, se presenta la posibilidad de un diálogo cuyo mediador sea designado por la ONU. Para evitar que se convierta en una trampa, la salida a la crisis política debe ser responsabilidad de los partidos políticos, pero únicamente de los que tienen capacidad para hacerlo, y la agenda debe ser dominada por el tema prioritario: revertir el Golpe de Estado.
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