Por Mateo Crossa Niell *
Cuando Centroamérica cruzaba por un periodo de consolidación de la lucha popular inaugurado por el triunfo sandinista, Honduras se convirtió en el territorio geopolítico de mayor relevancia para el control militar de Estados Unidos en la región. Y desde 2009 es la avanzada de los nuevos golpes de Estado en Nuestra América.
A principios de la década de los 80, se firmaba la Iniciativa de la Cuenca del Caribe y en 1983, Reagan se dirigía al congreso de EUA con las siguientes palabras: “Podemos mostrar al mundo que vencemos el miedo con la fe, superamos la pobreza con el crecimiento y contrarrestamos la violencia con la oportunidad y la libertad. La paz y la libertad de la Cuenca del Caribe se cuentan entre nuestros intereses vitales. Cuando nuestros vecinos se hallan en problemas, sus problemas son nuestros”.
En las sombras de estas palabras y por medio de la gestión del embajador y conocido estratega de EUA en Honduras, John Dimitri Negroponte, se creó en el estado de Comayagua la base aérea militar Soto Cano. Ella funcionó como el centro de operaciones de la contrarrevolución nicaragüense y se estima que durante la década de los 80s, se estacionaron ahí entre dos mil y cinco mil tropas estadounidenses como parte de misiones de entrenamiento para toda Centroamérica.
Desde 1984, esta base alberga a la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo que, subordinada al Comando Sur, está compuesta actualmente por 500 militares estadounidenses. Hoy, esta base es sin duda uno de los centros neurálgicos del control territorial de EUA en latinoamericana y el más importante para Centroamérica. Por tanto, no es casualidad que en el día de la independencia de Honduras celebrado el 15 de septiembre de 2017, el Secretario de Estado, Rex Tillerson, haya publicado una declaración que termina diciendo “La rica historia de asociación y cooperación de nuestras dos naciones a lo largo de muchos años ha contribuido a la prosperidad económica y seguridad regional. Los Estados Unidos esperan continuar avanzando en nuestra relación bilateral –en la actualidad y por muchos años por venir. Les deseamos un feliz Día de Independencia”.
Dos meses después de esta felicitación, se ejecutó un fraude electoral que tras cortes sorpresivos del sistema computacional y del conteo electoral, anunciaba la consumación de la reelección de Juan Orlando Hernández.
A partir de ese momento, en un clima de movilización nacional en rechazo al fraude, salió a la calle el aparato de seguridad del Estado hondureño entrenado y subordinado enteramente al mando militar de EUA para reprimir violentamente a la rabia popular. Hasta mediados de enero de 2018, se reportaban 35 asesinatos, cientos de heridos y más de mil detenidos por la violencia de las fuerzas de seguridad en el contexto post-electoral. Cinco de las muertes han sido menores de edad. Mientras tanto, el Departamento de Defensa, a través de su portavoz, declaró públicamente: “Felicitamos al presidente Juan Orlando Hernández por su victoria en las elecciones presidenciales del 26 de noviembre y reiteramos el llamado para que todos los hondureños se abstengan de la violencia”
Las felicitaciones a Juan Orlando también llegaron de Alejandro Werner, director para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI) quien afirmó que el organismo internacional reconoce al presidente reelecto y “desea acompañar el programa económico en el nuevo período presidencial”. Este “acompañamiento” no es novedoso.
La incidencia del FMI sobre las políticas económicas en Honduras comenzaron desde la década de los ochenta mediante un programa de principios de ajuste neoliberal formulado en lo que se conoce como “Reagonomics para Honduras” expuesto por el mismo Negroponte que se encargó de inaugurar la base militar Soto Cano.
Este programa inauguraba la primera ola de reformas estructurales que recorrió la década de los 80 y 90, caracterizada por el impulso a la extranjerización de la tierra en beneficio del capital trasnacional y la maquilización de la estructura productiva.
La segunda ola de reformas neoliberales se desplegó a pocos meses de haberse consumado el golpe de estado contra el presidente Manuel Zelaya en junio de 2009.
A partir de enero de 2010, en medio de un contexto generalizado de violencia estatal y con Juan Orlando como presidente del Congreso Nacional, comenzó una nueva ofensiva del capital con la aprobación de un paquete de ajuste de reformas constitucionales draconianas.
Entre las diversas medidas, destaca la nueva ley de Educación que violenta a la organización magisterial y promueve la privatización de la educación pública; la Ley de Empleo por Hora que golpea al sindicalismo, flexibiliza y precariza las condiciones de trabajo; la Ley de Alianzas Público-Privadas que legaliza la entrega de bienes públicos al sector privado; la Ley de Protección de Inversiones que blinda a las inversiones extranjeras; la Ley Minera que inunda el territorio nacional de concesiones privadas para la explotación minera y, finalmente, con broche de oro, la aprobación de las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDEs) que entrega el territorio nacional al control de empresas extranjeras con excepcionalidad arancelaria y jurídica.
Día tras día, el triunfalismo gobiernista y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) alardean de que Honduras es la economía exportadora más importante de Centroamérica, tanto en actividades agroindustriales como manufactureras.
Sin embargo, silencian el hecho de que estas exportaciones maquiladoras reeditan una economía de enclave que se cimienta sobre una precarización extendida de la clase trabajadora y el grueso de la población hondureña. Omiten decir que Honduras también se gradúa con la tasa de subempleo más alta y el salario real más bajo de Centroamérica. No dicen públicamente que 45% de la Población Económicamente Activa se encuentra en la informalidad laboral, que el desempleo entre los jóvenes ha llegado a niveles sin precedentes, que 61% de los hogares viven en pobreza y 40% en pobreza extrema.
No dicen que esta gran “potencia” exportadora centroamericana se sostiene sobre el escalofriante dolor y rabia de miles de familiares de asesinados y desaparecidos, pues Honduras también encabeza las cifras de feminicidios a nivel mundial y representa uno de los países con mayor número de homicidios en el mundo. De hecho, justamente el Valle de Sula, dónde se ubican las grandes marcas que maquila ropa interior para la exportación a EUA, es la zona que registra el mayor índice de feminicidios y homicidios en el mundo. ¡Vaya progreso!
Pero Honduras también es y ha sido un centro de resistencia popular. Hoy, como ayer, el pueblo hondureño esta en las calles denunciado el fraude electoral y, sobre todo, revelando la contracara del supuesto desarrollo que, lejos de generar bienestar, ha llevado la vida en este país a su límite.
Lo más temido para la clase política y el capital es la organización popular e independiente que subyace en este pueblo desde décadas atrás. Ejemplar es el caso del pueblo Garífuna en la costa norte del país, que se está enfrentando al proyecto de despojo y concentración de tierras por parte del gran capital; la lucha de las mujeres en las maquilas y en los barrios que resisten ante la explotación y la violencia desenfrenada que se ensaña contra sus cuerpos de mujer; los campesinos del Bajo Aguán que luchan contra la violencia paramilitar de los grandes empresarios hondureños; y la lucha de los pueblos indígenas aglutinados alrededor de la defensa del territorio.
La vida de Bertha Cáceres, asesinada por militares entrenados por el ejército estadounidense, formó parte de estas resistencias, y su muerte refleja la represión y el desprecio contra el pueblo hondureño que no ha cesado de luchar. A fin de cuentas esta incesante búsqueda popular de la vida nos muestra, como dijo el gran novelista hondureño Ramón Amaya Amador en referencia a la república bananera, que “la prisión verde no es tan oscura”.
Esta nota salió publicada en el boletín #16 de CLACSO, Nuestra América XXI, Desafíos y Alternativas
Mateo Crossa Niell
- Autor del libro Honduras: maquilando subdesarrollo en la mundialización, Guaymuras, 2016
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