En septiembre Honduras debe tener un nuevo fiscal general de la república, a menos de seis meses, la campaña para reelegir en el cargo por cinco años más al actual fiscal Oscar Fernando Chinchilla, arrancó con mucha fuerza y eco mediático.
Esta semana la Confraternidad Evangélica de Honduras, emitió un comunicado en el que plantea claramente la continuidad de Chinchilla al frente del Ministerio Público, fundamentando la propuesta en los resultados que él ha obtenido en la institución durante los últimos años.
La propuesta de la Confraternidad es acuerpada por algunas organizaciones de sociedad civil, que son afines al gobierno de Juan Orlando Hernández y también por los sectores conservadores del país, quienes argumentan que la creación de unidades como la Dirección de Investigación Policial, y la Agencia Técnica de Investigación Criminal son la carta de presentación de Chinchilla en su lucha contra la corrupción y criminalidad organizada.
De la misma forma, los proponentes subrayan las declaraciones del ex vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, que alaba cada vez que puede la labor del fiscal en materia de investigación contra varios actos de corrupción, como por ejemplo la red de diputados, que al final fue uno de los puntos que, por los obstáculos presentados por el oficialismo, facilitaron la renuncia de Mayor al frente de la Misión.
Pero en esa campaña para su continuidad, las organizaciones no apuntan los retos pendientes y deudas de la justicia hondureña en materia de investigación, por ejemplo, los altos niveles de impunidad en crímenes en el país, y mucho menos en las investigaciones de los 38 asesinatos cometidos por militares contra manifestantes en la crisis post electoral.
“En realidad, el fiscal Chinchilla, ha sido un peón de las estructuras de poder, del Partido Nacional en particular, para mantener y proteger los niveles de corrupción e impunidad que se han generado desde los gobiernos de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández”, comenzó valorando el defensor de derechos humanos, Carlos del Cid.
Carlos considera que el papel del fiscal y del Ministerio Público ha sido lamentable, pues las investigaciones en el país si afectan a grupos ligados al presidente o al partido de gobierno no se desarrollan, para muestra un botón los asesinatos políticos, que hasta la fecha no registra ningún requerimiento fiscal contra los responsables de los mismos.
“La confraternidad es un sector que ha estado visiblemente pegado a las políticas de estos dos últimos gobiernos y si está pidiendo la continuidad del fiscal es porque ha recibido el mandato del gobierno y lo proponen para hacer creer que otras organizaciones lo piden y no el mismo gobierno”, dijo Carlos.
Desde su perspectiva, organizaciones como la Confraternidad Evangélica son estructuras religiosas que sirven de voceros del propio gobierno, al que han sido incapaces de criticar sobre todo en materia de violaciones a derechos humanos y de actos de corrupción.
Por tal razón, cree que ellos se prestan al juego de toda la maquinaria organizacional y mediática para poner en la agenda la nominación de la candidatura del fiscal para continuar en el cargo por cinco años más.
Por su parte Tomás Andino, analista político, dice que esta propuesta se fortalecerá en la medida que la elección del fiscal se acerque, y que la reacción de los sectores involucrados en el nombramiento evidencia su tesis.
En las últimas horas los medios de comunicación corporativos impulsaron con fuerza la campaña, que además fue acuerpada por dirigentes del Partido Nacional en el Congreso, el secretario del Poder Legislativo, Tomás Zambrano dijo que por ahora no hay una postura oficial, pero que desde su punto de vista la propuesta no le parece descabellada.
“Hemos visto en el fiscal, un hombre que ha hecho una extraordinaria labor en su lucha contra la criminalidad, impunidad, corrupción, durante estos cinco años, y podemos ratificar es el que mejores resultados ha dado de los últimos fiscales.
Todo eso le da meritos para que este Congreso, la Junta Proponente, y organizaciones de sociedad civil lo respalden y el Congreso lo tome como una de las opciones serias para ratificarlo en su cargo”, dijo en conferencia de prensa Zambrano.
Para elegir al fiscal se necesita mayoría calificada en el Congreso Nacional, significa que el Partido Nacional deberá lograr acuerdos con las distintas bancadas para alcanzar el total de 86 votos y así elegir al candidato que responda a sus intereses.
Mientras las opiniones surgen, hay una realidad concreta en torno al funcionamiento de las instituciones y también en el marco de la separación de poderes. En Honduras no hay independencia entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, ese ha sido un punto de crítica hacia el Ministerio Público en los últimos años.
En ese sentido, el analista político y también candidato a la presidencia por el Colegio de Abogados de Honduras, Julio Ramírez cree que esas son acusaciones sin sustento, y que la mayoría de ellas son fundamentadas a base de chismes y conjeturas.
Para Ramírez más allá del tema de la independencia es importante reconocer que la creación de esas entidades de investigación es una buena carta de presentación de Chinchilla para continuar en el cargo.
Por ahora Oscar Fernando Chinchilla es el único nombre que ha sonado para dirigir el Ministerio Público, pero en el mes de julio el Congreso Nacional dará vida a la Junta Proponente, para iniciar el proceso de evaluación y postulación de candidatos y candidatas.
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