Por Ismael Moreno
Las próximas elecciones ya son tema de debate en Honduras. El nuevo Partido Libre (Libertad y Refundación), en el que se recicla el Partido Liberal de Manuel Zelaya, y su candidata presidencial, Xiomara Castro de Zelaya, ya encabeza las encuestas. Pero aún falta año y medio para despejar incógnitas. Mientras, Honduras sigue sumida en crisis económica, escándalos de corrupción violentos conflictos agrarios y reformas que son boicoteadas. Y se mantiene en la mira de la voracidad petrolera de los Estados Unidos.
Cuatro son las expresiones que están pintando el paisaje de la actual coyuntura hondureña: la muy inestable situación económica, la histórica conflictividad agraria, cada vez más agudizada, la problemática en el sector educativo y la campaña proselitista en camino a las elecciones primarias de los partidos.
De fondo, sigue la violencia, que tiene a la muerte como expresión trágica y permanente para dirimir conflictos y que mantiene a quienes se mueven en los corredores subterráneos de la impunidad como los ganadores principales de esa convulsa etapa de nuestra historia.
Presiones por la Reforma Tributaria
En el mes de junio el Ministro de Finanzas presionó infructuosamente porque el Congreso Nacional aprobara el sexto paquetazo de impuestos de la administración del Presidente Lobo. La propuesta quedó en la lista de espera de los dictámenes de ley por aprobar porque la élite empresarial elevó su grito al cielo denunciando que las medidas buscan desincentivar la inversión y afectar a la iniciativa privada.
Economistas del Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH) señalan que las medidas tributarias son condición del FMI para firmar con Honduras un nuevo acuerdo que le haga elegible para recibir nuevos préstamos de los organismos financieros internacionales. De acuerdo al FOSDEH, el objetivo de esta reforma tributaria es ampliar el presupuesto en 6,200 millones de lempiras (unos 320 millones de dólares), que pagarían la costosa campaña de las 16 corrientes de los cuatro partidos políticos que participarán en las elecciones primarias de noviembre, y para pagar subsidios a la energía eléctrica, al gas licuado, y al transporte urbano de buses y taxis.
De acuerdo a voceros del Ministerio de Finanzas, el gobierno central ya se gastó el presupuesto de todo el 2012, 144 mil millones de lempiras (unos 7 mil 500 millones de dólares, cerca de la mitad del PIB, estimado en unos 16 mil millones de dólares), de los que el 55.1% lo gastó el gobierno central y el 44.9% los entes descentralizados. Sólo tres secretarías habrían consumido a mitad del año 1,500 millones de lempiras más de lo presupuestado para todo el año, mientras el Congreso Nacional gastó ya el 99.12% de su presupuesto anual. Finanzas solicita la aprobación de esos 6,200 millones de lempiras adicionales para responder a necesidades del gasto corriente. Además, como no se ha firmado un nuevo acuerdo con el FMI -el último finalizó en marzo- los organismos internacionales no desembolsarán los 2,600 mil millones de lempiras pendientes, lo que significa que Finanzas debe recaudar 8,800 millones para cubrir las necesidades presupuestarias de este año.
Reforma Tributaria: Entre la espada y la pared
El Ministro de Finanzas -hombre leal al ex-Presidente Rafael Callejas-, Tito Guillén, dijo que las medidas propuestas son contra la evasión fiscal, contra quienes no pagan el impuesto sobre la renta y contra importadores no registrados en la Dirección Ejecutiva de Ingresos. A comienzos de junio, cuando la medida tributaria estaba sacando chispas al empresariado, el gobierno hizo circular una lista de centenares de empresarios que habían declarado pérdidas en sus empresas para no pagar impuestos y que negaban información sobre importaciones y exportaciones.
Para aprobar un nuevo acuerdo con Honduras el FMI está poniendo tres condiciones: esta reforma tributaria, un deslizamiento de la moneda nacional más acelerado que el vigente y la reducción del gasto público. Una de las razones de la condición sobre una devaluación de la moneda con un deslizamiento más acelerado es que al ser el FMI el garante de la deuda de Honduras ante los organismos internacionales, le interesa presentar como manejable la deuda hondureña. La devaluación reduce los dólares y permite presentar esa deuda en cifras menores, aunque internamente el costo de la devaluación afecte a toda la sociedad.
Los entendidos en economía dicen que la esencia de esta reforma tributaria es aplicar el 1% de impuesto a los ingresos brutos de las personas naturales y jurídicas que presentan falsas pérdidas de manera sistemática, puesto que el principal cuestionamiento que hace el FMI es la evasión de impuestos por parte de un importante sector del empresariado. La confrontación de la élite empresarial con el FMI la provoca la voracidad del gran empresariado hondureño: cuanto más concentran y tienen más quieren, sin medirse en acciones descaradamente delincuenciales: la evasión fiscal y la falsa información sobre inexistentes pérdidas en sus ingresos e inversiones.
Hay que recordar que en las ocho administraciones públicas que han existido en Honduras desde 1982 los empresarios han logrado del Congreso nacional la aprobación de 65 decretos que les conceden exoneración de impuestos.
El 35% del Presupuesto General de la República de Honduras se financia con aportes externos. Por eso el FMI supervisa el gasto público cada tres meses en base a acuerdos firmados con el gobierno. El FMI evita acuerdos de largo plazo por la falta de confianza en la administración del Estado. En vísperas de un nuevo acuerdo con el FMI con estas tres condiciones, el gobierno se encuentra entre la espada de la presión del FMI y la pared de la presión interna. Si el gobierno sigue respondiendo a demandas económicas de los sectores sociales, el FMI le niega recursos y si el gobierno acepta las condiciones del FMI, se somete a las devaluaciones e incrementa la inflación, en la situación de calamidad que vive el país, apagaría el fuego con gasolina.
Escándalo por corrupción
Las decisiones económicas quedaron atrapadas en la vorágine de corrupción que vive el pais. El último día de julio, la esposa del Ministro de Finanzas fue capturada mientras viajaba de la capital a su domicilio en San Pedro Sula, llevando 1 millón 150 mil lempiras.
La suma parece proceder de empresas camaroneras del sur del país. De acuerdo a la denuncia interpuesta por un periodista de Choluteca, el Estado habría cedido en alquiler por 500 mil lempiras seis fincas camaroneras que le generaban 40 millones de lempiras de ganancia. Para corresponder a esa generosidad, los beneficiados con el alquiler dieron 3.2 millones de lempiras en dádivas al Ministro de Finanzas. Estas dádivas nunca se entregan por medio de bancos sino en efectivo para no dejar huellas. Guillén justificó el dinero aduciendo que se trataba de un préstamo para comprar dólares para sus negocios. Después dijo que el dinero y el vehículo en el que iba su esposa eran propiedad de una fundación hondureña para el desarrollo, creada por el actual presidente del Congreso, candidato de una de las corrientes del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, apadrinado por el Presidente Lobo. Se trata de un nuevo caso que revela la corrupción de altos funcionarios del actual gobierno y que salpica al propio Presidente.
Presión por tierras
La concentración sin límite de tierras en manos de agroexportadores nacionales y extranjeros y su firme decisión de no dar ni un solo paso para buscar consensos mínimos que signifiquen renunciar a algunas, aunque reducidas, de las ventajas que les dejó el modelo neoliberal a lo largo de las dos últimas décadas, generan la actual conflictividad agraria.
Hace apenas tres meses, los cañales de la azucarera Chumbagua, de unas 10 mil hectáreas, en los Valles de Santa Bárbara, en el occidente del país, fueron adquiridos en un 90% por la acaudalada familia Pellas de Nicaragua, después de 40 años de ser propiedad de la familia Rosenthal de Honduras. Capital nacional en contubernio con capitales extranjeros: éste es el único pacto económico y político que aceptan las elites hondureñas.
En el Aguán, el Movimiento Unificado Campesino del Aguán Margen Derecha (MUCA-MD) firmó el 5 de junio un acuerdo de condiciones financieras para la compra de las fincas donde ya están asentadas más de 1,900 familias campesinas. El acuerdo prevé la compra al poderoso Miguel Facussé de cuatro fincas (La Aurora, La Concepción, La Lempira y La Confianza) con un total de 2,429.18 hectáreas, que ya están en posesión del MUCA MD desde abril de 2010.
El MUCA-MD se comprometió a pagar unos 16.8 millones de dólares al estatal Banco Hondureño para la Producción y Vivienda en un plazo de 15 años con una tasa de interés del 6% y con un periodo de gracia de 3 años. Igualmente, el gobierno otorgó un área de 32 hectáreas para construcción de viviendas y garantía soberana fiduciaria para que se pudiera llevar a cabo la operación. La firma del MUCA-MD complementa un acuerdo más amplio que involucra a la Margen Izquierda (MUCA-MI) y al Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA). En total, las 32 empresas campesinas que integran estas organizaciones y que representan a casi 3,500 familias asentadas en ocho fincas, adquirirán unas 4,600 hectáreas a un costo total que supera los 32 millones de dólares.
Según dirigentes campesinos, el gobierno tendrá ahora que cumplir con todos los puntos contemplados en los acuerdos de abril de 2010, recién iniciada la administración de Lobo Sosa. Los acuerdos prevén, entre otros, la entrega al MUCA de un total de 11 mil hectáreas de tierra y programas de educación, salud y viviendas.
Conflicto por acuerdos incumplidos
Durante el acto que se celebró en Casa Presidencial, el Presidente Porfirio Lobo, no sólo se comprometió públicamente a cumplir con estos puntos, sino que reconoció que en Honduras se cometió un error al impulsar veinte años atrás una contrarreforma agraria que había que corregir ahora si es que de verdad se quiere resolver el conflicto agrario nacional. “Esperamos que nuestra decisión traiga un poco de paz a la zona del Bajo Aguán. Sin embargo el conflicto no está resuelto, porque el problema agrario en Honduras tiene profundas causas estructurales y necesita de soluciones integrales que van más allá de nuestra región”, le dijo ese día a Lobo uno de los dirigentes campesinos.
A la par de estos acuerdos, las organizaciones campesinas están exigiendo la derogación de la Ley de Modernización Agrícola, aprobada en 1992, y la aprobación del proyecto de Ley de Transformación Agraria Integral presentado en 2011 al Congreso Nacional. Además, hicieron énfasis en que hay que investigar a fondo todos los asesinatos de campesinos y las innumerables violaciones de los derechos humanos que enlutaron y aterrorizaron a las familias campesinas en los últimos años.
Un mes después de la firma entre el MUCA-MD con el gobierno y con Facussé, un campesino y delegado de la palabra de Dios, Gregorio Sánchez, fue secuestrado por guardias privados de agroempresarios y el día 6 de julio su cuerpo fue descubierto semienterrado y con señales de tortura en una de las fincas de Facussé. Días después aparecieron otros cadáveres, un grupo de dirigentes de base fue ametrallado en el marco de una ofensiva nacional de la élite empresarial, que denuncia que el Aguán se ha convertido en una zona anarquizada en donde delincuentes y la izquierda, haciéndose pasar por campesinos, están creando el caos.
En el Aguán existen muchos grupos, muchas armas, muchos cruces de intereses, que van desde los agroindustriales a los de los propios grupos campesinos, pasando por los políticos convertidos en terratenientes y los del narcotráfico, que salpica prácticamente a todos los sectores, incluyendo en menor medida a algunos de los grupos campesinos, especialmente bajo chantajes o amenazas.
El Presidente Lobo emprendió la respuesta militar en la zona a los tres meses de iniciado su gobierno, pero no se han visto resultados positivos. La militarización de la zona ha dado mayor fuerza a los guardias privados de los poderosos agroindustriales y ha puesto en situación de mucha desventaja a los grupos campesinos. Hoy hay más muertes, un ambiente de zozobra y unos cuantos acuerdos que no han pacificado la zona.
Presionando a Estados Unidos
A finales de julio, una delegación del gobierno tocó las puertas del gobierno de Washington para solicitar apoyo al plan de “pacificar” la zona convirtiéndola en un estado de excepción territorial, en un estado de sitio en una zona específica. Esto significa obviar la legislación para que militares y policías tengan manos libres para reprimir a su antojo a las organizaciones campesinas, a las que se las acusa de tener armas y un plan para desestabilizar la zona. “En el Aguán no existe un problema de tierra, existe un problema de seguridad, y así lo vamos a enfrentar”, declaró Lobo mientras su delegación buscaba alcanzar el respaldo del gobierno de Estados Unidos, pero la decisión de no imponer un estado de excepción acabó imponiéndose, al menos por el momento.
En Washington existe preocupación por lo que ocurre en Honduras, particularmente en la zona del Aguán. Tanto el Departamento de Estado como congresistas y senadores progresistas expresan esa preocupación y comparten el parecer de que el Departamento de Estado y la embajada en Tegucigalpa han errado en su política hacia Honduras, al fortalecer relaciones y apoyos con los aliados de siempre, quienes han dado notables muestras de no respetar la democracia tal como la entiende la administración norteamericana.
En una de las audiencias de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos, se pidió el testimonio de Honduras en el marco del informe sobre las violaciones a los derechos humanos, particularmente
al derecho a la libertad de expresión en el mundo, lo que dejó en claro la preocupación que existe en Washington ante la caótica realidad hondureña, que parece habérsele escapado de las manos a la política exterior estadounidense.
Ambición de petróleo
Las voces que en Washington expresan preocupación por Honduras no hacen eco al tradicional discurso de defensa de la democracia y de la lucha contra el narcotráfico. Y aunque estos temas siguen apareciendo públicamente, la preocupación tiene otros intereses geoestratégicos vinculados al potencial petrolero que parece existir en toda la zona atlántica de la Mosquitia hondureña.
Llegan a afirmar que desde hace varias décadas el gobierno de Estados Unidos protege ese territorio por sus reservas de petróleo de alta calidad, equiparables a las del Medio Oriente. La inestabilidad y la presencia de grupos que ponen en peligro la “paz” en la zona amenazan esos intereses. No perder esas reservas explica la actual preocupación que se percibe en el Departamento de Estado y el Congreso sobre Honduras, particularmente sobre la zona del Valle del Aguán.
El 11 de mayo, en un operativo combinado entre el ejército hondureño y la DEA, fueron ametrallados y asesinados varios campesinos miskitos que se transportaban en sus artesanales barcos por las aguas del mar Caribe, en las costas miskitas hondureñas. En un inicio, la noticia se divulgó como un enfrentamiento entre narcotraficantes y el ejército. Investigaciones independientes comprobaron que el ametrallamiento lo realizaron oficiales de la DEA y que las víctimas eran campesinos que nada tenían que ver con bandas de delincuentes, menos aún con carteles del narcotráfico. El ejército hondureño decidió guardarle las espaldas a la DEA y asumir la responsabilidad por lo ocurrido.
El hecho dejó al desnudo que para la DEA el territorio y los mares de la Mosquitia hondureña son considerados su propiedad. En el imaginario de las personas del interior del país, la publicidad oficial ha logrado sembrar la idea de que los miskitos hondureños son narcotraficantes y que esa zona costera es un corredor de la droga. Este asesinato de miskitos confirmará esa percepción. Convertir la Mosquitia y el Aguán en áreas de seguridad, tal como lo están promoviendo hoy políticos hondureños se alimenta de este prejuicio. Un plan de “pacificación” de la zona atlántica de nuestro país con el argumento de impulsar con firmeza y decisión la lucha contra el narcotráfico, calza aquí perfectamente.
Más conflictos por tierras
En el Valle de Sula existen al menos dos conflictos agrarios que seguirán provocando presión social y política. Uno es el de la Compañía Azucarera de Honduras, S.A. (CAHSA). Según el INA y las organizaciones campesinas, esta empresa tiene un sobretecho de unas 4,500 hectáreas, cuando la ley solo le permite poseer 250. 13 grupos campesinos se organizaron para conformar el Movimiento Campesino de San Manuel (MOCSAM), inicialmente apoyados por el Ministro Director del INA, César Ham, con el objetivo, de recuperar esas tierras, que en 1990 pertenecían a cooperativas campesinas y con la Ley de Modernización Agrícola, fueron vendidas a precios muy bajos a CAHSA.
Sin el aval del director del INA, y con el respaldo de sectores vinculados al Partido Libre, de Manuel Zelaya, el 17 de abril los campesinos decidieron tomarse las tierras. La toma fue seguida por cuatro desalojos con expresiones de creciente violencia y actos de sadismo por parte de la policía. El 1 y 2 de agosto las mil quinientas personas que tenían tomadas esas tierras cerca de la ciudad de El Progreso, fueron golpeadas brutalmente y las 150 manzanas de maíz y de frijoles que habían sembrado fueron arrasadas con la maquinaria de CAHSA.
El otro conflicto es el de la Azucarera del Norte, S.A. (AZUNOSA), con un amplio sobretecho, que sobrepasa las 4 mil hectáreas. El INA ya ha presentado la demanda para que entregue esas tierras de más. Las organizaciones campesinas, unas vinculadas al Director del INA, otras al naciente partido LIBRE y otras independientes, pretenden tomarse las tierras.
El Director del INA ha expresado su interés porque el procedimiento de recuperación de la tierra a estas compañías azucareras beneficie a grupos campesinos que se cobijan bajo la bandera del Partido Unificación Democrática. A finales de julio, grupos campesinos, más de mil personas, desvinculados del Director del INA, se tomaron las tierras de AZUNOSA exacerbando los ánimos. La agitación de la conflictividad agraria se ha extendido hoy a casi todo el territorio nacional.
Conflicto en la educación
La decisión del Presidente Lobo de nombrar en febrero a Marlon Escoto como Ministro de Educación provocó inquietud entre los sectores que vieron amenazados sus intereses.
Procedente Escoto de sectores no oficialistas, su nombramiento no solo levantó chispas, sino que ha desestabilizado a los principales actores que han manejado tradicionalmente la educación: los políticos y los gremios magisteriales. Escoto comenzó a desatar algunos nudos generadores de corrupción.
Tocó el Instituto de Previsión Magisterial Hondureño (IMPREMAH), del que se han robado unos 6 mil millones de lempiras en los últimos cuatro años. Al menos 500 millones fueron robados por los dirigentes magisteriales. Tocó el manejo de las plazas, especialmente las plazas fantasmas y los miles de empleados supernumerarios, movidas en las que están involucrados los dirigentes magisteriales con los directores departamentales y municipales. Tocó también a los políticos responsables de nombrar y colocar por razones clientelistas a los 18 directores departamentales y despidió a 14 de los 18 por haber sido nombrados no por concurso, como lo establece la ley, sino por su filiación partidista.
Presión sobre un ministro
Es la primera vez que un funcionario público deja sin argumentos a los dirigentes magisteriales, aunque todavía no se puede saber qué futuro le espera si continúa atacando de frente hechos y dinámicas de incuestionable corrupción y manipulación política.
La primera señal de su futuro llegó pronto. No acababa Escoto de anunciar los despidos cuando la Corte Suprema de Justicia desconoció de un solo tajo la decisión ministerial, calificándola de violatoria de la ley y obligó a reintegrar a los despedidos, en una de las decisiones más veloces que ha tomado la máxima instancia jurídica del país, dejando en ridículo y sin respaldo a un Ministro que les resulta incómodo. Escoto anunció su siguiente paso: pondrá en marcha una propuesta de modelo educativo que se anteponga tanto a los intereses de los políticos como a los de los dirigentes gremiales. Y buscará que ese modelo educativo se convierta en política pública para que no sea inmediatamente derogado por una siguiente administración. En el inestable ambiente político actual habrá que ver si quienes controlan la política y la institucionalidad del Estado, incluyendo a los dirigentes magisteriales, dejan que el Ministro dé ese paso, o si logran destituirlo, como ya se comenta en los pasillos del poder y en los medios.
Libre: El Partido de Zelaya
El día 1 de julio, en la cabecera del occidental departamento de Santa Bárbara, y ante decenas de miles de seguidores provenientes de todos los rincones del territorio nacional, el derrocado presidente Manuel Zelaya Rosales presentó a quien haría la presentación oficial de la candidata a la Presidencia de la República por el nuevo partido Libre: su hija Xiomara Hortensia Zelaya, popularmente conocida como La Pichu.
La muchacha colmó de elogios a su madre como la mujer que necesita la historia hondureña. Y doña Xiomara, una vez que lanzó su proclama como candidata oficial de Libre, seguida de la pegajosa muletilla. “¡Vamos, pueblo!”, presentó a su esposo, Manuel Zelaya Rosales como candidato a diputado al Congreso Nacional.
Los presentes coincidían en que hacía muchos años que nadie había asistido a una concentración política más masiva y entusiasta. Mucha de la gente que participó en el lanzamiento de Xiomara Castro de Zelaya resaltaban haber logrado el evento con una dosis muy grande de voluntariado y de aportes propios. Esto no es tan cierto, porque existe una evidente influencia de los liberales que se alinearon con Zelaya Rosales durante su gobierno, que lo siguieron tras constituirse el Frente Nacional de Resistencia Popular y que ahora apoyan al partido Libre.
De las cinco corrientes que conforman Libre, la mayoría de liberales se agrupan dentro de cuatro de esas corrientes. Los sectores que proceden de la izquierda hondureña se agrupan mayoritariamente en la quinta corriente: Fuerza de Refundación Popular (FRP). De las cuatro corrientes más “liberales”, una parece tener mayor influencia: la corriente 28 de junio. Ésta habría movilizado la mayor cantidad de personas al lanzamiento de doña Xiomara. Es la que tiene mayor capacidad para colocar candidatos a cargos a elección popular.
Quiénes competirán en las elecciones
Ante la negativa del Tribunal Electoral de inscribir a Xiomara Castro de Zelaya como candidata por consenso de las diversas corrientes del partido Libre (Libertad y Refundación), la dirigencia del naciente partido ha organizado movilizaciones nacionales para presionar al organismo regulador de los procesos electorales para que inscriba las planillas de Libre con Xiomara Castro de Zelaya como única candidata de consenso a la Presidencia de la República.
Diversas encuestas de opinión, desde CID Gallup hasta las nacionales y las independientes, la colocan como favorita para ganar las elecciones si se celebraran este año. Faltando aún más de un año para las elecciones generales, todas las baterías políticas apuntan primero a las elecciones primarias de las corrientes de los cuatro partidos que han inscrito sus planillas para esa contienda electoral: el Partido Liberal, el Partido Nacional, el Partido Libre y el Partido Frente Amplio Popular Electoral en Resistencia (FAPER), liderado por el presidente del Comité de Defensa de Derechos Humanos (CODEH), separado de las filas de la Resistencia.
Además de estos cuatro partidos, que participarán en elecciones primarias, están inscritos cinco partidos más que participarán en las elecciones generales de noviembre de 2013: el Partido Demócrata Cristiano, el Partido de Innovación y Unidad (PINU), el Partido Unificación Democrática (UD) y el naciente Partido Anti Corrupción (PAC), del reconocido y polémico comentador deportivo Salvador Nasralla.
Por primera vez sucede esto en Honduras
En las encuestas de opinión, la lista de preferencias la encabeza la esposa de Zelaya Rosales, y en segundo lugar todas identifican a Nasralla. Por primera vez, las dos maquinarias electorales más poderosas del país -Nacional y Liberal- aparecen por debajo de grupos que surgieron después del golpe de Estado.
El escenario político electoral es todavía muy tierno como para precisar tendencias dominantes. Más de un año es un tiempo excesivamente largo en Honduras y muchas cosas pueden ocurrir. Las hipótesis a rastrear en los próximos meses están relacionadas con las alianzas que el partido Libre establecerá con otras corrientes y partidos políticos. El propio Zelaya Rosales advirtió que Libre tiene en su membresía un 70% de liberales, lo que significaría que Libre recicla la fuerza que antes del golpe tuvo el Partido Liberal y específicamente la corriente dominante de los liberales.
¿Habrá un cambio?
Si Libre se abre a alianzas con otras corrientes liberales, como pudiera ser la corriente del empresario Yani Rosenthal, se ratificaría entonces como un partido fundamentalmente liberal, con todo lo que esto significa de tradicionalismo político, aunque abriendo “generosamente” sus puertas a minoritarios sectores de la izquierda tradicional.
Si así fuese, Libre se iría estructurando como un partido reformista moderado con una influencia muy grande de liderazgos que proceden de las viejas guardias políticas, que se impondrán sobre los otros liderazgos de la izquierda moderada que logren colarse en esa tienda.
Queda mucho camino por andar. Los partidos políticos tradicionales se encuentran atrapados en el laberinto que sus dirigentes diseñaron en los últimos treinta años. Un laberinto que los ha llevado a perder el rumbo y a dar vueltas en caminos demasiado trillados. Si astutamente logran enroscar sus métodos en las nuevas y emergentes propuestas políticas y convierten a Libre y al PAC en sus nuevos instrumentos políticos para seguir conservando impunidad y para seguir chupando del Estado -lo único que aprendieron a hacer a la perfección a lo largo de toda su existencia- nada habrá cambiado en un país que con tanta urgencia necesita cambio.
Revista Envío 365, agosto 2012
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