Las autoridades hondureñas deben de realizar investigaciones eficaces, exhaustivas e imparciales de las denuncias que demuestran que la policía habría apelado al uso excesivo de la fuerza para dispersar las manifestaciones organizadas por el sector magisterial, dice Human Rights Watch.
Human Rights Watch, organización que se dedica a la defensa y protección de los derechos humanos, afirma que ha recibido denuncias "creíbles que miembros de la policía nacional han recurrido a un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, y han lanzado gases lacrimógenos indiscriminadamente y golpeado a participantes".
En su portal electrónico, HRW agrega que algunos manifestantes habrían atacado a la policía con botellas, piedras y bombas Molotov, y al menos cuatro agentes habrían sufrido lesiones.
“Human Rights Watch reconoce que la policía hondureña tiene el deber de responder ante manifestantes que recurren a la violencia y de investigar casos en que transgredan la ley", afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, quien agregó que también tiene la obligación de respetar los derechos fundamentales de los manifestantes.
Señala que las organizaciones locales de derechos humanos informaron que agentes de la policía golpearon a manifestantes y lanzaron gases lacrimógenos "indiscriminadamente" contra estos, incluidos los siguientes casos:
. El 18 de marzo, Ilse Velázquez Rodríguez, maestra e integrante de una organización de derechos humanos, habría perdido el conocimiento luego de ser golpeada en la frente por una bomba de gas lacrimógeno. Pocos minutos después, falleció al ser arrollada por un automóvil.
. El 18 de marzo, el dirigente magisterial Adalid Romero habría sido aporreado en la cabeza por policías. Sufrió graves heridas a causa del ataque.
. El 28 de marzo, un grupo de policías y militares habrían golpeado a Mirian Miranda, defensora de derechos humanos y presidenta de la Organización Fraternal Negra de Honduras. Los agentes la habrían encerrado en la paila de una patrulla policial durante varias horas, para luego trasladarla hasta una comisaría. Fue liberada 12 horas después.
. Del mismo modo indican las agresiones a los periodistas y camarógrafos que han dado cobertura a las manifestaciones, entre ellos: Uriel Rodríguez, camarógrafo de Globo TV, e intentaron confiscar la cámara de Sandra Maribel Sánchez, directora de Radio Gualcho; David Romero, director de Radio Globo, y Lidieth Díaz, reportera de Canal 36, policías les lanzaronbombas de gas lacrimógeno; Richard Cásula de Canal 36 sufrió lesiones cuando fue alcanzado por una bomba lacrimógena.
Exigen el cese al uso de la fuerza
Human Rights Watch exhorta a Porfirio Lobo a que informe claramente a las fuerzas de seguridad del Estado que en ningún caso se tolerarán tratos abusivos.
Piden que advierta claramente a los oficiales de cualquier rango que intervengan en este tipo de prácticas que serán objeto de sanciones disciplinarias, incluida la pérdida del cargo y acciones penales. Asimismo, debe asegurarse de que los policías que sean juzgados por su presunta participación en delitos sean suspendidos inmediatamente.
"Si el Presidente Lobo tiene interés en mantener la legalidad y el orden público, debe adoptar medidas para asegurar que se investiguen exhaustivamente los hechos de brutalidad policial y que los responsables sean juzgados y respondan por sus actos", señaló Vivanco.
Informaron que Sandra Ponce, Fiscal de Derechos Humanos, dijo a Human Rights Watch que habían "constatado un patrón de uso excesivo de la fuerza" por parte de los policías.
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