Honduras: la represión para impedir una democracia participativa

Por Francesca Gargallo* - Sin permiso

El lunes 21 de septiembre, el regreso sorpresivo a Tegucigalpa de Manuel Zelaya, el presidente de Honduras derrocado por un golpe de estado el 28 de junio recién pasado, desencadenó en menos de 24 horas que la ola de entusiasmo popular por su llegada fuera reprimida por el régimen golpista con detenciones arbitrarias, uso masivo de gases lacrimógenos en las calles y gasificación de las casas con las familias dentro, disparos de bala a altura del cuerpo, golpizas con toletes de metal para la dispersión de más de 20 personas reunidas, toques de queda prolongados por más de 48 horas sucesivas, secuestro de personas heridas de los hospitales sin que la Cruz Roja intervenga, tortura, encarcelamientos masivos en los estadios, allanamientos de vivienda y cortes del suministro de agua y energía eléctrica. Por lo menos cuatro personas fueron asesinadas y tres niños murieron sofocados por el uso de gases durante la más violenta represión política realizada por un régimen latinoamericano en más de 20 años.

Cuando el domingo 20 con las compañeras de la Red de Escritoras Feministas dejamos Honduras, donde habíamos ido a manifestar nuestra solidaridad al colectivo de Feministas en Resistencia, nuestro análisis de la situación era que la resistencia duraría largo tiempo, fortaleciéndose en sus demandas y profundizando el análisis político de la situación mediante el diálogo propiciado por la reunión de ciudadanos inconformes y organizaciones sociales diversas en el espacio público. Un día después el panorama había cambiado radicalmente.
Refugiado en la embajada de Brasil, donde pidió asilo una hora antes de apersonarse llegando a pie, a caballo y en auto desde la frontera terrestre con Guatemala, Zelaya ha pedido a la comunidad internacional que intervenga para detener la violencia contra la población. No obstante, el propio presidente corre el riesgo de ser asesinado por los francotiradores apostados en los alrededores o de que los militares hondureños lo secuestren violando la extraterritorialidad de la misma embajada. La brutalidad de la represión, la falta de atención a los llamados de la OEA y de la misma ONU para que el régimen golpista pacte un retorno al orden democrático, y la estupidez de las respuestas del mandatario de facto Micheletti a las medidas económicas con que la comunidad internacional acompañó su repudio al golpe, permiten pensar que semejantes acciones pueden realizarse.
El retorno de los embajadores europeos y la llegada del secretario general de la OEA, Miguel Insulsa, el sábado 26 por la mañana, parecen predecir una salida diplomática tendiente a un regreso de Zelaya a la presidencia sin el poder real para cumplir con la demanda popular de una reforma constitucional (la principal demanda de la resistencia pacífica al golpe, que se manifestó durante 88 días consecutivos con marchas, plantones, ayunos y concentraciones, se sintetiza en la consigna más coreada: “No a las elecciones, sí a la Asamblea Constituyente”).
El miedo de la oligarquía hondureña a que “la izquierda”(o “los chavistas”, título con el que pretenden satanizar a los miembros de una Resistencia que sacó a la calle el 10 por ciento de la población hondureña el 15 de septiembre, fecha en que se celebra la Independencia centroamericana) se haga de los poderes locales para llevar a cabo la Asamblea Constituyente es el motivo por el que Micheletti logró una orden del Congreso para arrestar y deportar a Costa Rica a Zelaya con la acusación de atentar contra la constitución hondureña (un artículo de esa misma constitución, redactada en 1983 por los militares a la hora de ceder el poder a un gobierno civil, define todo intento de reforma como un atentado contra la misma).
A pesar de la total falta de legalidad del acto, la prensa internacional se hizo eco de la paranoia anti-chavista de los golpistas al reportar que Zelaya intentaba imponer la reforma constitucional para poderse reelegir. Paralelamente, una parte de la izquierda latinoamericana insistió en el populismo de Zelaya, al subrayar que fue elegido por el Partido Liberal, el mismo de Micheletti, suavizando de tal manera su condena al golpe. Los gobiernos presuntamente populares de Nicaragua y El Salvador no expresaron su repudio con fuerza. Probablemente estas actitudes responden al temor de contrariar unos Estados Unidos que no se definen claramente en la condena del golpe. No obstante, quien está pagando las consecuencias de la violencia militar desatada por el Congreso es un pueblo que en la Resistencia ha recuperado la dignidad que había perdido en la década de 1980 cuando, tras una durísima represión interna, no pudo impedir que su país se convirtiera en el portaviones de Estados Unidos contra la guerrilla salvadoreña y el gobierno revolucionario sandinista.

* Francesca Gargallo, italiana de origen y residente en México, DF, es una reconocida especialista en feminismo latinoamericano, con una larga y comprometida trayectoria en la militancia por los derechos de las mujeres en Centroámérica y México.