En Danlí finalizó gira de articulación de la Convergencia contra el Continuismo

Defensores en Línea

Por Riccy Ponce

En el oriente del país finalizó giras por departamentos que la Convergencia contra el Continuismo tenía planificadas, con el objetivo de organizarse por sectores  de cara a la movilización del 30 de agosto en Tegucigalpa.

Las reuniones de planificación iniciaron el 9 de junio en San Pedro Sula con representantes del departamento de Cortes y El Progreso, Yoro, finalizando en Danlí, El Paraíso,  el domingo 22 de julio.

Carlos H Reyes, líder sindicalista  y miembro de la Convergencia, expresó que el calendario se cumplió tal como se había programado y que un elemento central en todas estas giras es que en ningunas de las regiones se encuentran articuladas, todo ha estado desunido y ha ido acompañada de una serie de expresiones de frustración en los compañeros que han asistido a las reuniones.

Definitivamente ni nosotros creíamos que se pudo haber dado, pero en cada región los compañeros que se encargaron de convocar lo hicieron muy  bien, por ejemplo la reunión de Danlí tuvo un enorme éxito, definitivamente por la capacidad de convocatoria de los compañeros, principalmente  de Mario Argeñal.

Agregó que todos los encuentros sostenidos a nivel nacional ha sido de una gran riqueza, de una gran experiencia y de una gran cantidad de mensajes que todo esto hay que saberlo organizar.

Asimismo dijo que en todos los lugares donde se realizaron las reuniones las visitas estuvieron  concurridas de varias organizaciones  y que hay un principio garantizando  de articularse, que hay interés en unirse, en luchar  por una convergencia que tiene como principio no solamente luchar contra  el continuismo, sino también contra la profundización del modelo neoliberal.

Además agregó que para sacar la estrategia y la táctica a seguir  en la primera movilización  que se hará por parte de la Convergencia el día 30 de agosto  en Tegucigalpa, en el marco del Día Nacional e Internacional del Detenido Desaparecido, hay mucho que trabajar a partir de la asamblea de Siguatepeque y el compromiso es de todos.

La Convergencia no sustituye ninguna  organización, no somos paralela de nadie, lo que nos interesa es que cada una de las organizaciones se  enriquezca, no solo  para sí misma, si no que para todos y que se junte que articule, que fortalezcamos  porque la única manera de hacer algo es estando juntos, porque  solo juntos podemos hacer algo nuevo en toda esta crisis que  estamos padeciendo en el país, finalizo Carlos H Reyes.

Para María Elena Méndez, socia fundador del Centro de Estudios de la Mujer y miembro de la Convergencia contra el Continuismo, expresó que en las reuniones “se ha logrado tener una visión de cómo ha impactado este neoliberalismo a nivel de los territorios y ver que la problemática del mismo ha llevado a explotar los bienes naturales y además de los bienes naturales, a militarizar los territorios, a criminalizar a las y los luchadores sociales,  a penetrar en el tejido social, creando miedo y terror hacia las ciudadanos y ciudadanas que luchan por transformar y desmilitarizar los territorios, y que luchan por derrocar esta dictadura”.

También añadió que hay tres elementos que se ha coincidido, el primero es fortalecer los procesos organizativos de los diferentes movimientos sociales; el segundo la formación política  para lógicamente tener un pensamiento estratégico que nos permita encarar una ruta desde lo local, lo regional, lo nacional y el tercero la articulación y la unidad.

La Convergencia Contra el Continuismo ha realizado un trabajo arduo de articulación en diferentes lugares del país, como ser Santa Bárbara, San Pedro Sula, San Nicolás, Santa Rosa de Copan, Ocotepeque, Gracias, Los Valles en Santa Barbará, Comayagua, La Paz, Marcala, Tegucigalpa, El Bajo Aguan, Atlántida, Choluteca, Valle, Nacaome, Intibucá, Lempira, Olancho  y Danlí de cara a la asamblea del 28 de julio en Siguatepeque.

Caso de Pandora y la lucha contra la corrupción

Defensores en Línea 

La Coalición contra la Impunidad ante el publicitado “Caso de Pandora” que involucra a miembros destacados de la elite política en actos de corrupción pública se expresa en los términos siguientes:

1) Reconocemos la acción eficaz de la Unidad de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción e Impunidad (UFECIH) y de la MACCIH en la presentación de requerimientos fiscales contra 38 personas integrantes o vinculadas a la elite política hondureña, aportando a los tribunales de justicia indicios suficientes sobre la participación de los imputados(as) en la utilización de fondos públicos para el financiamiento de las campañas políticas del Partido Nacional, Liberal y UD-FAPER en las elecciones de noviembre del 2013, por un monto de 282 millones de lempiras. Los 38 imputados(as) están acusados de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en prejuicio de la administración pública, fe pública y la economía del Estado de Honduras.

2) Lamentamos la lentitud con que la Corte Suprema de Justicia ha gestionado este caso, dándoles largas a la audiencia de declaración de imputados, permitiendo espacios para el cabildeo de posibles reformas al Código de Procesal Penal (CPP) que favorecería a los corruptos o para que oportunamente se resolvieran los recursos de inconstitucionalidad contra el artículo 184 del CPP, dejando espacios de tiempo para que los acusados(as) puedan evadir la justicia, especialmente para facilitar el ocultamiento o la fuga de parte de los imputados(as) en este caso.

3) Extemporáneamente y sin que existiera justificación, la audiencia de declaración de imputado se realizó hasta el día lunes 23 de julio, compareciendo a la misma 20 acusados(as), a los que la jueza dicto la medida de detención judicial, resolviendo que los integrantes de la elite política nacionalista-liberal, entre ellos, Elvin Ernesto Santos, Rodolfo Irías Navas, Celín Discua Elvir, fueron trasladados al primer Batallón de Infantería, y al resto de imputados a la Penitenciaria de Támara. Evidenciando la juzgadora una violación al principio de igualdad, y poniendo de manifiesto su trato parcial con los personajes de la clase política que la eligieron en el cargo de Magistrada de la Corte Suprema de Justicia.

4) Demandamos que la jueza natural, Lidia Álvarez Sagastume, actué apegada al principio de legalidad y transparencia, tomando distancia del comportamiento histórico del Poder Judicial de modificar los delitos, emitir sobreseimientos y dictar cartas de libertad en todos los procesos judiciales que involucra a miembros de la elite política y económica. Exigimos que se aplique la justicia y se castigue a los corruptos y que caiga sobre ellos(as) todo el peso de la ley.

5) Rechazamos cualquier medida encaminada a garantizar impunidad a los acusados(as) en este caso, sea por vía de resoluciones pactadas con las elites políticas o decretándoles medidas cautelares sustitutivas bajo el argumento de la inconstitucionalidad del artículo 184 del Código Procesal Penal, y siendo que la UFECICH ha aportado suficiente prueba en esta causa, exigimos que se dicte el auto de formal procesamiento y la prisión preventiva para todos los imputados(as).

La Coalición Contra la Impunidad, integrada por más de 50 organizaciones de la sociedad civil, estará vigilante del desarrollo de este proceso y denunciará las irregularidades y acciones que pretendan instrumentalizar la justicia a favor de los corruptos, advirtiendo que un proceder contrario a los hechos y la prueba aportada podría dar lugar a una conducta constitutiva de prevaricato.

Coalición contra la Impunidad 

La crisis de las iglesias

Defensores en Línea

La tormenta que cae actualmente sobre la cúpula católica hondureña no se puede amainar ni con paraguas mediáticos ni con silencios cómplices de los políticos tapaderas.

No se puede calmar, porque no es un temporal que cae solamente sobre Juan José Pineda Fasquele, es una masa fría estacionada en casi todo el clero nacional, con verdaderas honrosas excepciones.

No estamos frente a una discusión de homosexualidad ni moralidad clerical por la destitución del domador de culebras en Vía Iris, estamos delante de un problema ético y penal, que es igualmente un asunto de derechos humanos.

Hay muchas denuncias de acoso y explotación sexual contra niños y jóvenes cometidas por religiosos con poder, que han sido calladas por conveniencia política o negociación económica clandestina. Pero también denuncias de corrupción financiera. Y tráfico de influencias.

No estamos hablando de X problemas mentales o X aberraciones individuales o de gustos sexuales de un obispo, un cura o un pastor o de un cardenal, estamos hablando de muchos delitos cometidos contra seres humanos vulnerables. De crímenes organizados. Estamos hablando de la conducta de delincuentes.

Los dos cleros nacionales, el católico y el evangélico, hábilmente han hecho creer a los políticos liberales y cachurecos que sin ellos no pueden ganar una elección. Y que los otros son el vivo diablo. Y a cambio han recibido radios, televisoras, universidades, exoneraciones fiscales, servicios públicos y dinero en efectivo. Y esos costos los paga el pueblo hondureño en general, penosamente.

Casi todos los gobiernos anteriores con raras excepciones, la entrega de fondos públicos a curas, obispos y pastores ha sido multimillonaria. Y podemos decir que a estas alturas ese poder transferido es un definidor político-electoral clave. Las iglesias son un elector indiscutible en la actual coyuntura, lamentablemente.

El señor Oscar Andrés Rodríguez antes del golpe de estado de 2009 era una especie de presidente paralelo del país, una vedette con enorme poder delegado primero por Callejas y luego por Flores Facussé; dirigía casi todas las comisiones relevantes del Estado y manejaba presupuesto. Era tanto el poder de esta sotana roja que ambos políticos se disputaban la patente de haberlo convertido cardenal. Era un tipo súper conveniente para manipular la masa.

Después del golpe de estado el purpurado de la elite árabe-judía de Tegucigalpa calló estrepitosamente por haberse prestado como loro de aquellos golpistas, su influencia local fue reemplazada por un anillo de pastores del centro cristiano internacional, que se pegó como patacón al Partido Nacional hasta nuestros días.

Esta proximidad total de los manipuladores del cartel religioso pro-sistema neoliberal tiene actualmente su máximo apogeo, se dedican a bendecir el golpismo que es económicamente rentable para ellos, y ponen aceite sobre la testa de los ladrones, corruptos, extraditables por narcos.

Mientras Rodríguez Maradiaga desfallece allá lejos convertido en asesor desteñido de supuestas reformas vaticanas, lejos de su descabezada arquidiócesis, los competidores toman su lugar.

La penetración vulgar del Estado ha convertido a Solórzano, Canales, Argeñal, Barahona y otros en censores de los manuales de formación sexual en los colegios, directores de la opinión pública, policías de las píldoras antiembarazo, lectores de su biblia en las escuelas, rectores de universidades y electores de presidentes y diputados. Y para ello se atribuyen la exclusividad del acceso a dios y al diablo, como convenga a sus intereses.

Este negocio religioso de blanquear el golpe, de justificar la violencia delictiva y el crimen organizado en general, tiene un alto impacto en la espiritualidad colectiva de la sociedad hondureña. Produce un profundo vacío que daña la cultura, la cohesión social, la política, y favorece los fundamentalismos, la fuerza, el autoritarismo.

Las decepciones en la base de la sociedad se multiplican cada día por esta situación lamentable. Los fieles comprometidos emigran de los sepulcros blanqueados y dejan atrás sus colectivos religiosos, sus proyectos comunitarios, sus paradigmas. Y buscan sedientos una nueva alternativa.

Estos vacíos, lamentablemente, están siendo ocupados por grupos pseudoreligiosos que bajan de Estados Unidos con misiones asistencialistas, desarrollistas, que suplantan la fuerza ancestral de la espiritualidad colectiva por proyectos solidaristas de corto alcance. Pobladores sin alma colectiva. Ciudadanas desentendidas de su propia ciudad, barrio o comunidad. Almas autómatas.

De este modo, aquella institución cristiana que formó locutores populares de la palabra, clubes de amas de casa expertas en huertos de buen comer, liderazgos campesinos en la defensa de los derechos humanos y luchadores ambientales ejemplares, fue tomada por los entrenadores de pitones y cazadores de palomas, auténticos traficantes de la fe del pueblo.

Pero como hemos dicho en otras ocasiones, este pueblo ha visto caer las influencias de los militares mercenarios y violadores de derechos humanos, también la caída de los medios de comunicación esclavos y señores del terrorismo mediático, de los políticos liberuchos y cachurecos, y ha comenzado a ver el desplome de los religiosos corruptos, blanqueadores del golpismo. Caerán por explotadores sexuales o por ladrones. Y se tendrán que ir con su agua bendita al cementerio de la historia… Y, entonces, nuestra espiritualidad estará a salvo de su falsa religiosidad.

Buena noche!

América Latina ante el reto de la imaginación

Rebelión

Por Gustavo Espinoza M. *

Impedir la liberación de Lula en Brasil, dictar orden de captura contra Rafael Correa en Ecuador, amenazar con cárcel a Cristina en Argentina, acorralar a Daniel Ortega en Nicaragua, incriminar al paraguayo Lugo, desplegar una ofensiva en todos los planos con Nicolás Maduro en la República Bolivariana de Venezuela, y centrar fuegos contra Cuba.

En algo más de cuatro líneas, ésta formulación refleja la esencia de la táctica del Imperio en nuestro continente. Su objetivo estratégico, en consonancia, sigue siendo el mismo: mantener maniatados a los países de la región para arrebatarles petróleo, gas, cobre, productos cárnicos, agrícolas, recursos hídricos, y otros. Y avasallar la Independencia y la Soberanía de los Estados, para uncir a todos a su carro de dominación a fin de extender su control sobre el hemisferio, y otras latitudes del planeta.

Es curioso que justo en esta coyuntura es que se celebre en La Habana el XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo precisamente para analizar la ofensiva imperial y las tareas de los pueblos de América Latina en el escenario que nos rodea. Tendrá ante sí el reto de la imaginación: es decir, idear conceptos que ayuden, en esta hora difícil.

Se ha dicho –y es verdad- que desde enero de 1959, cambiaron las cosas en nuestro continente. La epopeya de la Sierra Maestra abrió cauce a un nuevo proceso emancipador que fue asumiendo variantes, y adquiriendo modalidades diversas. Las más notables, en los años 70 del siglo pasado fueron la gesta insurgente de los militares peruanos liderados por Juan Velasco Alvarado; el gobierno de la Unidad Popular en Chile, conducido por Salvador Allende; y la episódica, pero rica, vivencia boliviana de Juan José Torres.

El “Triángulo rojo” le llamaron los voceros del Pentágono a estos tres países unidos, en ese momento, por su experiencia liberadora. Y no sólo por odio al color, sino sobre todo por miedo al ascenso de los pueblos, aplastaron con las armas que tuvieron a la mano, cada uno de esos procesos sociales que marcaron época en el siglo XX, y que fueran complementados, en su momento, por la valiosa experiencia sandinista, que aún perdura.

En el nuevo siglo –y cuando el Imperio ya cantaba victoria definitiva- la gesta venezolana liderada por Hugo Chávez cambió el rostro de todos. A partir de allí cobraron fuerza movimientos emancipadores que enarbolaron la bandera de los pueblos. “El Socialismo del Siglo XXI” se le llamó -quizá con precipitación- a esa ola de verdaderas acciones antiimperialistas que pergeñaron un camino inédito de luchas al sur del rio Bravo.

Un trago amargo para los Estados Unidos, sin duda, del que busca hoy recuperarse en una nueva etapa de contraofensiva. Esa, es la que anotamos hoy; y a la que debemos responder con la fuerza de una causa que se levanta desde la base misma de la sociedad latinoamericana. Bien mirada la cosa, ya van casi veinte años de lucha en este escenario complejo en el que los pueblos avanzan y sufren derrotas; y el Imperio retrocede, pero no renuncia. Eso explica, en buena medida, lo que hoy ocurre.

Como línea general, la administración norteamericana y las oligarquías criollas buscan escarmentar a los pueblos castigando a sus conductores más calificados. Piensan que, de este modo, van a lograr que la gente renuncie a luchar por los cambios, y que quienes lideran las acciones emancipadores, habrán de terminar ”tirando la esponja”. Craso error, sin duda. Que los pueblos no se cansan nunca lo acreditan los hechos que hoy nos conmueven: el ascenso de Cuba, la consolidación del proceso bolivariano, la derrota de los grupos sediciosos en Nicaragua; pero también el 42% de los votos alcanzados por la oposición progresista colombiana, y la impresionante victoria de López Obrador en tierra azteca.

No hay mucho tiempo para ponerse a analizar si se mantendrá, o no, la fuerza popular colombiana que ungió como su vocero a Gustavo Petro. Más importante que eso es trabajar para que la unidad surgida –casi imprevistamente- en los comicios pasados en la tierra de Nariño, se consolide y avance Y asegurar, al mismo tiempo que el proceso mexicano cuente con la solidaridad de los pueblos de todo el continente, a fin que no retroceda, ni muestre debilidad alguna.

Lo mismo puede decirse de otras experiencias que hoy asoman en nuestro suelo. Lo fundamental no es discutir los supuestos –o reales- errores de Lula, sino arrancarlo de la prisión; ni examinar con lupa las deficiencias del Sandinismo, sino derrotar a los grupos sediciosos que trabajan para derribar a Ortega. Tampoco resulta hoy lo mejor especular en torno a la capacidad que tenga el nuevo mandatario mexicano de resistir las maniobras del Imperio, sino dotar a su gobierno del apoyo continental necesario para enfrentar la agresividad de la Casa Blanca en cada una de sus modalidades operativas.

Y para eso, lo que hace falta es consolidar la unidad de los pueblos, encontrar un lenguaje común, que nos permita enfrentar unidos la agresividad del Imperio, y diseñar una práctica concreta que nos ayude a avanzar por la ruta compleja de la liberación nacional y social. Pero, sobre todo, empinarse sobre la imaginación para multiplicar esfuerzos, voluntades solidarias, caminos entrecruzados y batallas simultáneas.

Cada uno de nuestros países -sobre la base de una historia común- tiene vivencias distintas. Nos une la herencia cultural y los elementos de una lucha que se entroncara desde los años de Túpac Amaru hasta nuestros días. Para salir adelante debemos dar rienda suelta no sólo a nuestra lucha, sino también a nuestra rica capacidad creadora. Ella, nos ayudará a encontrar la ruta del futuro. Para eso necesitamos –decía José Carlos Mariátegui- “una poderosa facultad de imaginación. Los libertadores fueron grandes porque fueron, ante todo, imaginativos. Insurgieron contra la realidad limitada, contra la realidad imperfecta de su tiempo”. Y es eso, lo que nos corresponde hoy.

• Gustavo Espinoza M. Colectivo de dirección de Nuestra Bandera

Sobre la inseguridad pública

Rebelión

Por J. Carlos R. Acosta *

Desde la Declaración de Caracas de 1980, producto del Sexto Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del delincuente, la ONU reconocía que la efectividad de los sistemas de justicia penal y de las políticas orientadas a la prevención del delito dependen de “los progresos que se realicen en el mundo para mejorar las condiciones sociales y para elevar el nivel de calidad de la vida” (https://bit.ly/2KW7Yd0). Han pasado ya casi 40 años desde aquella declaración hecha por la Asamblea General de Naciones Unidas, y las políticas y sistemas de justicia parecen haber hecho caso omiso de lo señalado (para variar).

Recientemente, algo similar se ha dicho en México: el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018 indica que muchos de “los factores” que pueden propiciar los actos delictivos están relacionados con las condiciones de marginación, precariedad y violencia social en las que vivimos. No es fortuito el mal gusto, lo clasista y lo tendencioso de la presentación de su diagnóstico, ya que presenta las condiciones deplorables de existencia (representados en una pirámide que va desde lo individual hasta la estructura social en general), como lo determinante en la posibilidad de incidencia delictiva. Parte, pues, de unas condiciones de existencia que se presentarán como algo “natural” o “normal”, sin explicación. No aparece ahí la responsabilidad del Estado. Desaparecen, por arte de magia, los llamados “delincuentes de cuello blanco” (en un intento eufemístico de borrar lo repulsivo de sus crímenes) y, por lo tanto, su responsabilidad en la generación de las condiciones miserables de existencia en la que sobreviven más del 80 por ciento de la población en el país.

Sin embargo (desde la perspectiva liberal), aun cuando el Estado apareciera como responsable en el diagnóstico mencionado, las políticas o medidas implementadas contra la delincuencia deberían orientarse a erradicar las condiciones de marginación, precariedad y violencia de existencia de la población. Es decir, en su lenguaje, las políticas contra la delincuencia deberían ser “integrales”. ¡Pero incluso en su diagnóstico está claro que los programas que han aplicado ni son integrales, ni atienden esas condiciones de existencia! El Estado mismo echa a la basura el supuesto diagnóstico y se ha limitado a implementar (sin fundamento alguno) medidas de corte represivo, no preventivo.

Con esto último, lo que se ha conseguido es precisamente todo lo contrario: a partir de la puesta en marcha de la llamada “guerra contra el narcotráfico” la violencia y la delincuencia han incrementado; se lanzan cifras espeluznantes de más de 230 mil muertes en los últimos dos sexenios, feminicidios, narco fosas, expansión y surgimiento de nuevos cárteles, complicidad de los cuerpos policiales y autoridades de todos los niveles, secuestros, y el lamentable etcétera. Ya en junio de 2011 la Comisión Global de Política de Drogas de la ONU, reconocía “el fracaso" de la “guerra global” contra las drogas y de sus políticas represivas orientadas a reducir la oferta y el consumo (https://bit.ly/2m6fBzr). Todo esto sin mencionar el alarmante incremento de la pobreza y los escándalos de desvíos millonarios a través de los programas sociales.

No es otra la historia a nivel local en todo el país. El “fracaso” constante ha sido la marca en los niveles estatal y municipal. Los actores tradicionales en el “combate” a la delincuencia siempre han sido el legislador o la policía, con resultados por todos conocidos: que van desde la criminalización de la población (con sus reglamentos que justifican de manera ambigua el uso de la fuerza física) hasta aumentar el número de elementos del cuerpo policial, sus unidades móviles o el armamento. Actualmente se han incorporado las “tecnologías” como el uso de cámaras de video vigilancia o el espionaje en redes sociales y dispositivos electrónicos. Sin embargo, medidas como esas solamente atienden de forma represiva el crimen, y no de manera preventiva. Se carecen de las “políticas integrales” necesarias que atiendan las condiciones sociales que influyen en la delincuencia y no solo sus manifestaciones.

Ante ya casi medio siglo de medidas represivas en el “combate a la delincuencia” cabe preguntar: ¿qué ocurre en las administraciones locales que continúan aplicando políticas que no ofrecen los resultados prometidos?, ¿es ceguera, falta de responsabilidad o existen otros intereses de por medio? Fomentar la delincuencia genera grandes ganancias para los implicados como en las guerras, pero por otro lado terror y muerte para sus víctimas. El estado de violencia que nos envuelve en el país no puede ser simplemente el producto de políticas improvisadas, sino que tiene forma de algo completamente premeditado.

Si un individuo produce a otro un daño físico tal, que el golpe le causa la muerte, llamamos a eso homicidio: si el autor supiera de antemano, que el daño va a ser mortal, llamaremos a su acción asesinato premeditado. Pero si la sociedad reduce a centenares de proletarios a un estado tal que, necesariamente, caen víctimas de una muerte prematura y antinatural, de una muerte tan violenta como la muerte por medio de la espada y de la maza; si impide a millares de individuos las condiciones necesarias para la vida si los coloca en un estado en que no pueden vivir, si los constriñe, con el brazo fuerte de la ley, a permanecer en tal estado hasta la muerte, muerte que debe ser la consecuencia de ese estado: si esa sociedad sabe, y lo sabe muy bien, que esos millares de individuos deben caer víctimas de tales condiciones y, sin embargo, deja que perdure tal estado de cosas, ello constituye, justamente, un asesinato premeditado, como la acción del individuo, solamente que un asesinato más oculto, más pérfido, un asesinato contra el cual nadie puede defenderse, que no lo parece, porque no se ve al autor, porque es la obra de todos y de ninguno, porque la muerte de la víctima parece natural y porque no es tanto un pecado de acción como un pecado de omisión. Pero ello no deja de ser un asesinato premeditado.

F. Engels, La situación de la clase obrera en Inglaterra, 1845.

 * J. Carlos Rico Acosta Sociólogo 

Autoridades judiciales deben investigar a todos los responsables del asesinato de Berta Cáceres

Defensores en Línea

Ante la audiencia de proposición de pruebas en el caso penal contra ocho personas acusadas por el asesinato de Berta Cáceres, programada para el 27 de julio, Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha declarado:

“El sistema de justicia hondureño debe considerar el asesinato de la valiente defensora de derechos humanos Berta Cáceres integralmente y analizar los móviles detrás del crimen, como así también los actores políticos y económicos que podrían haber tenido injerencia en la comisión de este delito inaceptable”.

“Es imprescindible investigar a los autores materiales del crimen, pero también a los probables responsables intelectuales. De no ser así, las autoridades hondureñas estarían enviando el mensaje de que solo quienes ejecutaron la orden de asesinar a Berta Cáceres y no quienes ordenaron o planearon dicho crimen pagarán las consecuencias de su acto, alentando de dicho modo otros ataques contra personas defensoras de la tierra, territorio y medio ambiente”.

Alarmante ataque contra camarógrafos y fotógrafos

Defensores en Línea

Por Sandra Rodríguez

Los camarógrafos y fotógrafos no se han librado de los ataques policiales militares durante las coberturas periodísticas en Honduras. Sólo en este mes que se conmemora su día, se reportan tres víctimas, generando un total de 15 alertas en el 2017 y 2018, según el Comité por la Libre Expresión (C-Libre).

El caso más reciente fue el ataque policial y detención contra Engel Padilla, de canal 11, cuando daba cobertura a una manifestación en el marco de un paro nacional del sector transporte el lunes 23 de julio.

Por lo que se hizo un llamado a la policía y militares a que se abstengan de estos hechos que atentan contra la libertad de prensa y libertad de expresión, declaró el director de C-Libre, Edy Tábora, en una conferencia de prensa realizada este día en conjunto con la Asociación de Prensa Hondureña (APH), en el marco del día nacional del camarógrafo y fotógrafo hoy 25 de julio del 2019.

Es lamentable que sucedan estos hechos, y aun que si bien la policía acepta su responsabilidad no repare los daños físicos, emocionales y materiales, sino que se limita a emitir un comunicado público, agregó el defensor.

Mientras que, si se contabiliza los ataques a periodistas, comunicadores sociales, fotógrafos y camarógrafos, a lo que va del año, C-Libre ha emitido unas 65 alertas que oscila en unas 100 personas, especialmente durante las coberturas de protestas sociales contra el fraude electoral y toma de posesión del ilegal presidente Juan Orlando Hernández “JOH”.

Los fotógrafos y camarógrafos han sido atacados por las fuerzas de seguridad pública y ciudadanos que muchas veces se sienten ofendidos por el medio al que los comunicadores representes. Sin embargo, muchas veces son esas imágenes grabadas o captadas por los lentes que salvan vidas al denunciar ataques o capturas contra los manifestantes.

“Una cámara no vale más que mi vida”, expresa el comunicado de C-Libre y la APH, organizaciones que están preocupadas ante la violencia practicada por actores sobre todo estatales hacia quienes trabajan como camarógrafos y fotógrafos en medios de comunicación alternativos y corporativos.

Además de Engel Padilla remitido a la posta policial de la colonia San Miguel, en Tegucigalpa, en las coberturas del paro de transporte el camarógrafo Joseph Hernández y su compañero periodista del canal Hable Como Habla (HCH), algunos ciudadanos los intimidaron con lanzarle piedras en uno de los puntos de la manifestación.

El otro hecho se produjo el 29 de junio cuando parientes de un imputado por el delito de corrupción relacionado al desfalco en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), agredieron a varios camarógrafos mientras hacían videos al finalizar el juicio oral y público, en Tegucigalpa.

(171130) -- TEGUCIGALPA, noviembre 30, 2017 (Xinhua) -- Personas participan durante los enfrentamietos entre simpatizantes del candidato a la presidencia de Honduras por la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla, con policías a raíz de una protesta, en Tegucigalpa, capital de Honduras, el 30 de noviembre de 2017. El actual presidente de Honduras y candidato por el Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, aventaja con el 42.68 por ciento las elecciones presidenciales, según el ultimo reporte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) divulgado el jueves. Con el 90.40 por ciento de las actas procesadas, el aspirante por la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla, contabiliza el 41.6 por ciento de los sufragios. (Xinhua/Johny Magallanes) (da) (fnc)

Y en enero, varios militares agredieron físicamente y dañaron el equipo de grabación al camarógrafo de Une Tv, Pedro Amador, quién cubría una manifestación frente a Casa Presidencial, durante una protesta contra la imposición de JOH. Asimismo, en cobertura post electoral, los efectivos castrenses atacaron y dañaron el equipo del camarógrafo Kevin Castillo del canal Televida, de Choluteca.

Otro hecho, que registra C-Libre y la APH, sucedió el 6 de diciembre de 2016, cuando fue detenido el camarógrafo del canal Maya Visión, Sergio Nahún Baca por elementos policiales por órdenes de una fiscal del Ministerio Público, realizaba una cobertura en una escena de crimen.

Y cabe señalar que en julio del 2017 fue asesinado Edwin Rivera, camarógrafo y productor del periodista Igor Padilla (HCH). Rivera salió del país tras el crimen de Padilla en enero del 2017, y fue acribillado en México.

El comunicado agrega que “Como C-Libre y APH, nos encontramos en situación de alarma, pues en Honduras, la libertad de expresión y la libertad de prensa, se encuentra en grave peligro, pues tanto periodistas como camarógrafos y fotógrafos, continúan bajo la mira de los violadores de los derechos humanos, incómodos por verse visibilizados en sus atrocidades”.

Toda agresión contra un camarógrafo o fotógrafo en el marco de su trabajo en medios de comunicación o documentación periodística independiente es una violación a la libertad de expresión y libertad de prensa.

Es por ello que las organizaciones de periodistas y libertad de expresión exigen que la Fiscalía del Ministerio Público realice las investigaciones respectivas y presente las acusaciones en los juzgados para que se sancione a los responsables de las agresiones contra los camarógrafos y fotógrafos.

Además, que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas sancionen administrativamente a los responsables de las agresiones denunciadas en este comunicado y cualquier otra que se produzca; y que el Estado de Honduras se haga cargo de indemnizar a las víctimas. Que no se limiten a un comunicado ofreciendo una disculpa.

Que se instruya a los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, a respetar el trabajo y garantizar la vida e integridad física de las personas que realizan cobertura periodística.

Y, si la población hondureña que no está de acuerdo con la línea editorial de un medio de comunicación, pedirles que no se generen actos de violencia contra estos trabajadores de medios de comunicación ya que ellas y ellos sólo están realizando una labor informativa.

De las 15 agresiones contra camarógrafos y fotógrafos entre 2018 y 2018, ocho de ellas fueron en la capital de Honduras, según detalló Tábora.

Honduras: Infancia sin futuro

Alainet

Por Giorgio Trucchi *

Foto: Nat Geo

En el primer semestre del año, al menos 4.700 menores hondureños que fueron detenidos mientras viajaban, solos o acompañados por adultos, hacia el norte han sido deportados a su país, señala el Observatorio Migratorio de Honduras. Esta es sólo una pequeña muestra de una gigantesca tragedia que se repite día tras día.

La campaña “Tolerancia Cero”, lanzada recientemente por el presidente estadounidense Donald Trump contra la inmigración, produjo la separación de más de 2.300 menores de sus padres cuando eran capturados al intentar cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.

Pese a la decisión del gobierno de revocar esta medida tras la lluvia de críticas recibidas, no han sido despejadas las tantas dudas sobre qué pasará con todos estos niños, niñas y adolescentes encerrados en centros de detenciones.

Tampoco se está explicando cómo podrán reunirse nuevamente con sus familias.

“A Trump se le salió el tiro por la culata. Lo que pretendía ser un mecanismo de chantaje y presión para los demócratas se convirtió en un elemento de desgaste para su propio gobierno y su partido”, dijo a La Rel, José Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza Honduras.

“El presidente estadounidense dio marcha atrás no porque entendió la gravedad de esta medida y de su política xenofóbica y racista, sino solamente para ahuyentar la presión sobre su gobierno.

Los menores -continuó Ruelas- no van a estar en mejores condiciones, simplemente van a ser encarcelados juntos a sus padres.

Lo más absurdo es que el gobierno hondureño no está haciendo absolutamente nada y se cree el relato de que la migración es un delito”, manifestó.

Infancia sin oportunidades. Huyen de la violencia y la pobreza

Para el director de Casa Alianza, el modelo económico neoliberal extractivista implementado por el actual gobierno hondureño es el principal responsable de la situación de pobreza, desesperación y violencia que obliga a miles de personas a abandonar el país.

“Garantizar al capital transnacional la posibilidad de explotar nuestros bienes comunes y una mano de obra desregularizada y muy barata no le ha funcionado al gobierno.

Tanto adultos como menores de edad no van en busca del ‘sueño americano’, sino huyendo de la pesadilla hondureña”, lamentó Ruelas.

La ‘pesadilla’ tiene números. Dos niños se van a cada hora

El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) calculó que, el año pasado, casi 380.000 nuevas personas se sumaron a los más de seis millones de pobres.

Actualmente, más del 68 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza.

En Honduras, de cada 100 adolescentes en edad de estudios secundarios sólo hay cupo para 31. Más de un millón no accede a ningún nivel de escolarización. 25 de cada 100 adolescentes mujeres están embarazadas (Casa Alianza).

La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) reportó que entre enero de 2016 y marzo de 2018 se registraron 2.125 casos de maltrato infantil, casi 80 cada mes, 63 menores de edad fueron asesinados en el primer trimestre de 2018, más de dos cada día. El año pasado fueron 262 los niños, niñas y adolescentes que perdieron la vida de forma violenta (OV-UNAH) [1].

Casa Alianza reportó una tasa de 32,8 homicidios de niños y niñas por cada cien mil habitantes en 2017, la más alta de la región.

“Honduras en una sociedad donde no existe un sistema de protección contra la violencia, ni una verdadera política social. Lo único que hace el gobierno es implementar programas asistenciales, militarizar territorios y reprimir.

Ha perdido cualquier tipo de relación con el pueblo. La gente ya no tiene alternativas y se va. El 40 por ciento de los menores de edad se van solos”, señaló Ruelas.

Basado en la cantidad de niños, niñas y adolescentes capturados durante su viaje hacia el norte y luego deportados, el gobierno de Honduras dice que cada hora un menor de edad abandona el país.

“Si a esta cantidad le agregamos un 40 por ciento de menores que logran entrar a Estados Unidos, podemos decir que cada hora se están yendo al menos 2 niños del país”, aseguró el director de Casa Alianza.

“Son niños y niñas que padecen sufrimientos terribles tanto durante el viaje, como al momento de su detención y deportación.

Cuando regresan a sus lugares de origen sufren una fuerte estigmatización que dificulta su reinserción en el tejido comunitario.

También en ese caso, la ausencia del Estado en dar soporte emocional a estos menores es total”, concluyó Ruelas.

Giorgio Trucchi | Rel-UITA

[1] Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras

El alto precio que pagas en Missouri si eres un conductor negro

El Diario

Por Jamiles Lartey

En 2017, los conductores negros tuvieron un 85% más de posibilidades de ser parados por la policía. Es la mayor disparidad que se ha registrado en los últimos 18 años.

Protestas raciales en EEUU tras la muerte de dos jovenes negros a manos de la policia

Protestas raciales en EEUU tras la muerte de dos jovenes negros a manos de la policia EFE

Dos semanas antes de que el ahora exgobernador de Missouri, Eric Greitens, se viera obligado a dimitir por un escándalo relacionado con un chantaje, fue parado por la policía mientras conducía por el pueblo de Truesdale.

El gobernador, que es blanco, estaba conduciendo a 41 millas por hora en una zona con un límite de velocidad de 30 millas por hora, pero el agente le dejó marchar tras una simple advertencia. "Fue un diálogo cordial y no fue necesario ponerle una multa", explicó a los periodistas el portavoz de Grietens el mes pasado.

La experiencia de Diedre Wortham, una residente de Missouri de toda la vida, que es negra, es muy diferente. "Hubo un tiempo en el que me saltaba los límites de velocidad y me pusieron once o doce multas", afirma Wortham, de 47 años, que ha perdido la cuenta de las multas que le han puesto desde que se sacó el carné hace 25 años. "No me dijeron que me podía ir y que no volviera a pasar. Tuve que ir a juicio y pagar las costas". Los conductores negros tienen un 85% más de posibilidades de que la policía los ordene parar.

La oficina del fiscal general del estado ha publicado este mes un estudio que confirma las dificultades de "conducir en Missouri si eres negro". Una de las conclusiones es que el año pasado los conductores negros tuvieron un 85% más de posibilidades de ser parados por la policía. Es la mayor disparidad que se ha registrado en los últimos 18 años.

Para los conductores de Missouri como Wortham, las paradas de tráfico forman parte de su vida cotidiana. El hecho de que te pare la policía conlleva recibir otras citaciones por infracciones menores, que pueden suponer una serie de citaciones judiciales y de multas cuyo importe puede ser elevado. De hecho, pueden terminar en la cárcel en caso de impago.

"Básicamente, uno de los principales miedos de los conductores negros que vivimos en St Louis es encontrarnos con la policía ya que nos va a pedir que nos paremos, por el motivo que sea, y de hecho ni siquiera necesita tener un motivo", indica Wortham. Ahmed Oliver, un hombre de 40 años, conduce por la zona de St Louis desde que tiene 16 años.

A principios de la década de 2000, y tras producir algunas canciones para el rapero local Nelly, Oliver tenía mucho dinero y se compró un Range Rover. Explica que ese coche captaba la atención de la policía. Oliver conducía de un lado a otro y lo detenían constantemente. Fue acumulando multas, a menudo, más de una cada vez que lo paraban.

Oliver explica que los policías le preguntaban si el automóvil era robado o si era un traficante de drogas. Por lo general, le ponían una o dos multas cada vez que lo paraban, por infracciones insignificantes, como pintura en las ventanas.

En al menos siete ocasiones diferentes, la policía le ordenó que se detuviera en paradas de tráfico, incluyendo una vez cuando era adolescente en el pueblo de Beverly Hills en Missouri. Oliver conducía el coche de su madre sin estar registrado en su póliza de seguro, y fue arrestado y encerrado en la celda del pueblo.

"Me llevó años volver a tener un expediente limpio. Me costó mucho dinero, tuve que contratar a un abogado", explica Oliver. "En realidad no están protegiendo a la población, sino que están siendo depredadores", afirma: "Cobran y mantienen a sus familias a costa de las multas que nos toca pagar".

Beverly Hills fue uno de los municipios mencionados en un estudio del Departamento de Justicia publicado en 2014 y conocido como el "Informe Ferguson", que detalla cómo los departamentos de policía del área de St Louis operan como agencias de recaudación de ingresos para los más de 85 municipios del condado, que limita con la ciudad de St Louis pero no la incluye. Los ingresos de los tribunales, muchos de los cuales provienen de infracciones de tránsito, representaron más de la mitad del presupuesto operativo anual de la ciudad.

En el informe se llegaba a la conclusión de que esta práctica fue uno de los factores que propiciaron los disturbios que se vivieron en Ferguson y otras localidades vecinas después de que la policía matara a Michael Brown en agosto de 2014. Desde entonces, tras diversas reformas del sistema y demandas se ha logrado que estos ingresos bajen un 50% pero los activistas, que afirman que lo recaudado por los tribunales es un impuesto regresivo sobre los residentes más vulnerables, señalan que esta disminución solo evidencia lo mal que estaban las cosas antes y no que el condado haya avanzado.

"Las cifras eran muy elevadas y ahora que han bajado se asemejan a la de otros condados, pero sigue siendo devastador para las personas con los ingresos más bajos", indica Rebecca Gorley, miembro de la organización Arch City Defenders, con sede en St Louis. Esta organización sin ánimo de lucro proporciona asesoramiento legal y ha demandado a decenas de localidades del condado por lo que consideran una pauta de "sobrevigilancia premeditada" sobre los residentes negros.

Iluminado por una luz amarilla sucia y el inquietante zumbido de las viejas lámparas fluorescentes, el tribunal municipal de Florissant, Missouri, es en realidad el gimnasio de una escuela de secundaria. En 2014 las autoridades decidieron instalar los juzgados en este equipamiento, un local mucho más grande que el anterior, y terminar con la larga lista de espera y los atascos.

Sentado detrás de una mesa plegable situada encima de una tarima potátil, el juez cita a los residentes para estudiar infracciones del código de circulación, la mayoría de ellas, faltas leves de tráfico. Sobre su cabeza, todavía cuelga la cancha de baloncesto. La fiscalía se sitúa a su lado, frente a las gradas.

"Todavía perdura la creencia de que los tribunales municipales son las gallinas de los huevos de oro de las ciudades, y los negros de Missouri son, de forma desproporcionada, los que más engrosan las arcas públicas", señala Nimrod Chapel, presidente de la sección de Missouri de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP).

Cerca del 70% de los 51.000 habitantes de Florissant son blancos, pero eso no se refleja en el banquillo de los acusados que esperan su turno para hablar con el juez ya que la gran mayoría son negros. Según el informe del Fiscal General, la probabilidad de que te detuvieran en Florissant en 2017 si eras un conductor negro era diez veces mayor que para un conductor blanco.

Según el departamento de policía de Florissant esta disparidad se debe al hecho de que en las localidades vecinas sí hay una mayoría negra, que visita la ciudad a menudo y se mueve por todo el condado. "La cifra de conductores afroamericanos que se mueven dentro de los límites de Florissant es significativamente superior a lo que indican las cifras demográficas de Florissant", señala el departamento.

El verano pasado, Chapel fue uno de los activistas que auspició la primera alerta de viaje emitida por la NAACP, que fue distribuida por todo el país. El comunicado advertía a los conductores negros que "si viajan y viven en Missouri lo hacen bajo su propio riesgo de sufrir registros, confiscaciones y posibles arrestos innecesarios".

Para algunas voces críticas, este comunicado fue una estrategia para llamar la atención. De hecho, la decisión generó una polémica interna en la organización. La sección local de la NAACP en el condado de St. Louis no suscribió el comunicado, argumentando que podía perjudicar económicamente a las mismas personas que se pretendía proteger ya que podía expulsar a las empresas del estado. La revista de viajes Fodor puso al estado en su lista de destinos a evitar en 2018.

Sin embargo, Chapel cree que hizo lo correcto. "Emitimos este comunicado porque estábamos desesperados", explica: "Es importante que la gente sea consciente del riesgo que está asumiendo, teniendo en cuenta que no la podemos proteger".

Ni siquiera nos tienen en cuenta

La mayoría de conductores negros de Missouri tienen anécdotas que contar. "Nos detienen tan a menudo que he perdido la cuenta", explica Jerome Morgan, un profesional de la salud mental del centro de Missouri. Morgan indica que lo detienen constantemente y por infracciones bastante dudosas, especialmente si va acompañado de otra persona negra. ¡Ah! Falsa alarma! Pero te paramos de todos modos", exclama.

Recientemente, lo pararon porque no tenía la matrícula delantera. Morgan afirma que cuando por motivos de trabajo conduce por algunas zonas rurales de Missouri, entre Jefferson City y Fulton, a menudo ve automóviles de conductores blancos con pegatinas de la bandera confederada en el lugar de la matrícula delantera, lo cual es ilegal, y nunca ha visto que un policía los pare. Así que un día decidió preguntar a un policía por qué no paraban a los blancos. Me dijo: "Esto no es de tu incumbencia. Te hablo a ti". Jordana Moore, una estudiante que vive en Jefferson City, explica que la suelen parar aproximadamente una vez cada seis semanas sin ningún motivo aparente.

Cuando los agentes deciden poner una multa, esto puede tener un efecto devastador, ya que los residentes negros representan menos del 12% de la población pero cerca del 20% de las personas en situación de pobreza del estado.

"Si eres miembro de la clase media trabajadora, probablemente puedas asumir una multa de un par de cientos de dólares, y si te ponen dos o tres tal vez todavía puedas pagarlas. Probablemente no te va a arruinar," indica Chapel. "Pero si tienes un salario que no llega a 15 dólares la hora, ahí es donde empiezas a ver que esta gente no ha conseguido pagar una multa cuando ya le están poniendo otra".

"Estuve en la cárcel por una multa y casi me muero"

Es el caso de Eric Smith, de 36 años, que calcula que lo han parado "cientos" de veces. Como Oliver, los problemas de Smith empezaron con un coche que llamaba la atención. Cuando era un adolescente se compró un T-top Monte Carlo, y desde entonces no dejaron de pararlo y de ponerle multas. Esto estuvo a punto de costarle la vida.

En enero de 2017, Smith se entregó en el condado de St Charles tras una orden de arresto por infracciones de tráfico no pagadas y fue condenado a 12 días de cárcel. Seis días más tarde, tras un breve altercado con otro recluso, un guarda de la cárcel lo cogió y lo arrojó contra el suelo. Smith se dio un fuerte golpe en la cabeza contra un asiento de acero.

Según una demanda presentada contra la cárcel por Smith y la ACD, los funcionarios penitenciarios le cosieron la herida y le proporcionaron una "bolsa de hielo acuosa", pero le negaron repetidamente atención médica. Semanas después de salir de la cárcel, Smith todavía sentía un dolor intenso y ataques intermitentes de mareos, náuseas, visión doble y falta de aliento.

Pasaron dos meses antes de que Smith le dieran hora para una resonancia magnética. Cuando los médicos finalmente le echaron un vistazo, descubrieron que Smith tenía una hemorragia subcraneal y que tenía que ser operado de emergencia para que le fuera drenada la acumulación. Era una operación de alto riesgo y los médicos le dijeron que si no hubiera sido diagnosticado y hubieran pasado dos semanas más, habría muerto. "Es absurdo", señala Smith: "Me pusieron en la cárcel por unas multas y estuve a punto de morir".

Wortham también terminó en la cárcel por multas de tráfico impagadas . De hecho, la policía le había puesto algunas de estas multas hacía más de diez años. En agosto de 2017 pasó 22 días en la infame institución del condado conocida como "centro de trabajo", que según ella no es más que un lugar lleno de moho, sabandijas, inodoros obstruidos y mal olor. "Las condiciones de vida son horribles. Simplemente no entiendo cómo este edificio puede seguir abierto", afirma. 

Cuando en septiembre recuperó la libertad, volvió al condado de St Louis y nada había cambiado. Explica que aun la paran de dos a tres veces al mes y "nunca es solo para una advertencia".

"Es por dinero. Paran a la gente con cualquier excusa para ponerles una multa y que tengan que pagar", lamenta Wortham: "Pero paran a la gente incorrecta porque no tenemos dinero, somos pobres".

Traducido por Emma Reverter

"Panamá Papers II" salpica a presidentes de Uruguay y Argentina

Rebelión

Por Luvis Pareja

Una segunda tanda de documentos sobre los Panama Papers y Mossack Fonseca, el estudio panameño epicentro de las maniobras mundiales de evasión fiscal revelados por un consorcio internacional de periodistas, dejó al descubierto al empresario uruguayo Miguel Brechner, representante del presidente Tabaré Vázquez en el directorio del Plan Ceibal, y a Gianfranco y Mariano Macri, hermanos del mandatario argentino

Cientos de argentinos con inversiones off shore, que fueron expuestos por la difusión de los Panamá Papers, tenían un intermediario uruguayo para sus contactos con Mossack Fonseca, y ésto quedó al descubierto luego que los involucrados buscaran acogerse al “blanqueo” de capitales impulsado por el gobierno de Mauricio Macri para declarar propiedades, cuentas bancarias y otros bienes.

Hubo casos de empresarios que blanquearon entre 10 y 15 millones de dólares, pero la gran mayoría se concentró en el rango de entre los 500 mil y el millón de dólares. No llamó la atención que entre los clientes hubiera empresarios del sector agropecuario, farmacéutico y ganadero, algunos apellidos ilustres, pero también algunos ciudadanos desconocidos para la opinión pública.

Pero todos ellos tienen algo en común: aprovecharon la oportunidad para salir de la ilegalidad después de haber quedado expuestos por la filtración offshore. Sus identidades no se revelan debido a que la ley de blanqueo impone el secreto fiscal, o como lo califica la prensa, la impunidad por la evasión y figa de capitales.

Sólo se difundió la identidad de uno de los clientes argentinos. El miércoles 20 de junio, esta segunda entrega de los Panamá Papers incluyó una historia sobre una offshore secreta de Gianfranco y Mariano Macri, hermanos del presidente argentino. Gianfranco blanqueó unos cuatro millones de dólares, revelaron sus propios voceros para aclarar que la offshore BF Corporation había regularizado su situación.

La evasión, cerca del presidente uruguayo

El director del Banco República (BROU), Eduardo Elinger, solicitó información sobre el vínculo del emprersario Miguel Brechner con la institución, luego de que el semanario Búsqueda revelara que ese ingeniero representa al banco ante el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (Latu ), pese a que está embargado por una deuda con una subsidiaria de la entidad financiera .

La Justicia civil trabó un embargo sobre Brechner y su empresa Coasin S.A. en 2006 a pedido del Fondo de Recuperación de Patrimonio Bancario del Banco Central. En 2012 el Fondo pasó a manos una filial del BROU. En esa época, Brechner ya ocupaba el cargo de presidente del Plan Ceibal, en representación del Poder Ejecutivo, y representaba desde hacía dos años al BROU en el Directorio del Latu.

El Plan Ceibal se creó en 2007 como un plan de inclusión e igualdad de oportunidades con el objetivo de apoyar con tecnología las políticas educativas uruguayas. Desde su implementación, cada niño que ingresa al sistema educativo público en todo el país accede a una computadora para su uso personal con conexión a Internet gratuita desde el centro educativo. Pero sus resultados concretos están aún en fase de análisis y son motivo de debate en Uruguay, 5  particularmente tras el estudio independiente realizado por la Universidad de la República que señaló que el plan ha tenido impacto nulo en matemáticas y lectura y que su interés final era la venta de computadoras al Estado.

La relación de Brechner con el BROU no es el único flanco que tiene abierto el presidente del Plan Ceibal. El Senado resolvió el miércoles 4 de julio pedir que se convoque a la comisión legislativa que analizó en 2016 los Panama Papers para que estudie ese caso y el de Javier Vázquez, hijo del presidente Tabaré Vázquez.

Brechner está vinculado a la offshore de Islas Vírgenes Británicas (BVI) HighTech Pacific Corp. desde antes de la llegada del Frente Amplio al poder. Según surge de los Panama Papers, su esposa e hijos eran directores y accionistas de la sociedad al menos hasta mediados del 2017, mientras que Brechner tenía un poder para representarla.

El hijo del presidente, en tanto, es cuestionado por la oposición debido a su papel en los negocios que consiguieron empresarios uruguayos en Caracas durante el primer gobierno de su padre (2005-2010). Javier Vázquez le compró dos offshore a Mossack & Fonseca a mediados del 2008 y les abrió cuentas bancarias.

Los blanqueadores

Los datos revelados en esta nueva investigación, ponen en el tapete a estudios contables con sede en Montevideo, que salieron a la luz porque comenzaron a realizar, en nombre de sus clientes, los trámites de regularización ante las autoridades fiscales argentinas.

Un relevamiento efectuado por Perfil, La Nación e Infobae, los medios argentinos que integran el consorcio de la investigación, demostró que un total de 125 argentinos intentó legalizar propiedades off shore por 125 millones de dólares. Entre lo “blanqueado” se incluyeron casas en Punta del Este, departamentos en Miami y/o cuentas bancarias en Suiza y paraísos fiscales.

Para ocultar esos bienes habían formado unas 100 sociedades en distintos países del mundo. Entre ellos el propio Uruguay, Panamá, Bahamas, Seychelles y Belice, señala la investigación. Esas sociedades eran, además, titulares de los inmuebles y de las cuentas bancarias. Otro tipo de activos invertían en acciones de otras compañías, también off shore, ubicadas en Montevideo.

Muchas de las sociedades que los argentinos quisieron blanquear tenían una o más propiedades en el exclusivo balneario uruguayo de Punta del Este: los números parciales arrojan más de 20 inmuebles.

La mitad de los clientes declaraba cuentas bancarias que, por lo general, había sido abierta a nombre de una empresa offshore en bancos de Suiza o Uruguay. También habían abierto una cuenta en Panamá, otra en los Estados Unidos y una más en Emiratos Árabes, entre otros destinos que no fueron identificados en la documentación elaborada por los abogados de la panameña Mossack Fonseca.

• Luvis Pareja. Periodista uruguayo, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

Organizaciones de DDHH tienen lista de exigencias ante visita de la CIDH

La Mesa Nacional de Derechos Humanos realizará una serie de actividades en el marco de la In Loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que realizará entre el 30 de julio y 3 de agosto próximo a Honduras.

Los y las defensoras de derechos humanos expresaron este día en conferencia de prensa, que estarán pendientes de que la Comisión constate las violaciones a los DDHH que se vive a nivel nacional.

En Honduras hay una indefensión total ante un gobierno ilegítimo e ilegal, que causa preocupación y alarma ante el retroceso en materia de Derechos Humanos, expresó el comunicado de prensa.

Así mismo, la Mesa de DDHH presentará informes temáticos en materia de DDHH Se denunciará casos de desalojos violentos, ataques a la protesta social, situación de los presos políticos, femicidios, libertad de expresión, entre otros.

“Expresamos enfáticamente nuestra preocupación y alarma ante los retrocesos en materia de derechos humanos que sufrimos en el país, cada vez más nos vemos enfrentadas/os a una indefensión total de nuestros derechos, ante un gobierno ilegítimo e ilegal que no responde a las necesidades de la población hondureña vulnerada en sus derechos y que hoy nos vemos enfrentadas a altos índices de violencia, corrupción e impunidad que perpetúan las enormes brechas de desigualdad económica, política y social”, manifiesto la Mesa Nacional.

Honduras es señalado como uno de los países más violentos de América Latina y peligroso para las mujeres, la trata y explotación sexual no es prioridad para el Estado de Honduras. Además, la política migratorio estadounidense violenta la dignidad y los derechos de la niñez migrante y desplazada por la violencia, así como a los adultos que los acompañan, sin que este gobierno -impuesto- reaccione ante los abusos cometidos y desarrolle estrategias y acciones que garanticen la vida de sus conciudadanos.

Para la coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, no se puede esperar resultados prontos de la visita de la Comisión, pero es un mensaje claro para el régimen que instancias como la CIDH está pendiente de la situación del país.

Para el caso, ocho años después, el COFADEH presentará formalmente ante la CIDH, denuncias de tres casos de violaciones de DDHH contra manifestantes y docentes, un periodista, y campesinos defensores de la tierra en el Bajo Aguán, a los que el sistema de justicia nacional dejó en la impunidad.

La estadía de la próxima semana, también indica que la situación del país no ha cambiado ni mejorado nada, y esta es una decisión que en medio de la crisis post electoral la Comisión pidió venir, cuando Honduras y sus hijos se estaban desangrando por la violación a la Constitución de la República y a los DDHH, entonces esta visita se da como para decir que el gobierno autorizó y es respetuoso”, afirmó Oliva, pero la llegada de la organización internacional dice lo contrario.

Hay recomendaciones dadas por la CIDH desde el golpe de Estado del 2009 y no sea hecho nada en cuanto a denuncias y exigencias de justicia por violaciones a derechos humanos, la mayoría sigue en la impunidad.

Ante tan importante visita la Mesa de Derechos Humanos, que aglutina más de 30 organizaciones de derechos sociales, emite las siguientes consideraciones:

Genera gran expectativa para las organizaciones de derechos humanos de Honduras la visita de la CIDH, considerando el actual contexto económico, político y social del país y la oportunidad de acompañamiento para el disfrute y defensa de los derechos humanos.

Solicitamos a la CIDH pedir al Estado de Honduras se obligue a precisar tiempos para el cumplimiento de sus compromisos asumidos ante las diferentes instancias internacionales, así como las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH). Voluntad política que debe materializarse en acciones concretas y no en falsas promesas o discursos evasivos.

Emplazamos al gobierno de Honduras; inscrito en contra de nuestra constitución, elegido de forma ilegal internacionalmente cuestionado y mantenido en el poder, a fuerza de represión y violación de derechos humanos; para que asuma su responsabilidad ante la CIDH por las múltiples violaciones de derechos humanos, en particular las ejecutadas contra la vida y la integridad física. Que no se escude en excusas para justificar tales vejámenes. Que ponga ante la justicia a los violadores. Que el sistema de justicia deje de perseguir a las víctimas y de favorecer a los victimarios.

Demandamos del gobierno; su compromiso ante la CIDH para la implementación efectiva de la Política Nacional de Derechos Humanos y su Plan Nacional de Acción en derechos Humanos. Priorizando los grupos colocados históricamente en situación de vulnerabilidad. Es meritorio por parte del Estado una atención con enfoque basado en derechos humanos y no en el asistencialismo.

Exigimos a los poderes del Estado, cada uno en sus ámbitos, atender con responsabilidad absoluta los problemas estructurales en el orden económico, social, político, cultural y ambiental. De forma tal que haya futuro digno para las generaciones venideras, empezando con las actuales.

Anunciamos que la Mesa de Derechos Humanos presentará los informes temáticos correspondientes, la situación general del Estado de Honduras en materia de derechos humanos y su posicionamiento sobre la labor del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para detener las violaciones en los Estados miembros de la OEA.

Solicitamos a la prensa nacional e internacional dar seguimiento a la visita de la CIDH, en sus jornadas de trabajo, temáticas e informes.

Finalmente alentamos a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, para que elaboren los informes en sus áreas de especialidad y presentarlos con sustento suficiente a la CIDH en procura de la defensa y disfrute de los derechos humanos.

Mesa de Derechos Humanos.

Olla de Pandora tiene Tapa

Alainet.org

Por Javier Suazo 

“El combate de la corrupción en Honduras necesita del estudio permanente 

del derecho y fortalecimiento de la institucionalidad judicial, 

pero también de la denuncia pública”.

Daniel Rivera Mena, Jurista Internacional

Uno de los legados más visibles del golpe de Estado de 2009 y sus secuelas, es el aumento de la violencia y corrupción. El gobierno de la República ha venido anunciado una disminución en los índices de violencia en el país, pero la población no le cree ya que, a diario, se presentan muertes de personas, en especial jóvenes y niños, producto de la violencia. Las organizaciones de derechos humanos reconocen una disminución de dicha tasa, pero no en el porcentaje que dice el gobierno y su vocero, el Observatorio Nacional de la Violencia de la UNAH; igual, la tasa oficial actual (2017) de 42.8 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, sigue siendo una de las más altas de Latinoamérica y planeta.

En el caso de la corrupción con todo y Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) recargada (nombramiento de un nuevo vocero después que Almagro de la OEA quitó unilateralmente el apoyo a Jiménez Mayor para orillar su renuncia), es donde menos se ha avanzado. Un caso emblemático que dio vida al movimiento de los indignados, es el saqueo de los fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), por un monto que supera los 7 mil millones de lempiras, donde no todos están presos y han sido condenados, recuperándose una mínima parte de estos recursos.

Lo que más indigna, es que todavía no se conozca la forma de cómo estos recursos se robaron, ya que, los informes de la Comisión Interventora nombrada por el Ejecutivo, no presenta públicamente un análisis detallado del saqueo que cuantifique los montos reales y documente información (contratos, pagos, cheques, prebendas, mojes,) que sirva para procesar y mandar a la cárcel a todos los involucrados, incluso aquellos políticos que no dan la cara.

En esa línea, se ubica la llamada operación Caja (¿Olla?) de Pandora que involucra a 38 funcionarios de gobierno, activistas y diputados de los partidos políticos, por haber sustraído recursos del presupuesto nacional y desviado a cuentas privadas 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y la Secretaria de Finanzas (SEFIN), según la investigación de los órganos fiscalizadores del Estado, especialmente el Consejo Nacional Anticorrupción, Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) y la propia MACCIH. Los implicados utilizaron dos (2) fundaciones privadas: Dibbattista y Todos Somos Honduras, para desviar dichos fondos a proyectos de desarrollo agropecuario, social y económico que no aparecen.

El personal de la Agencia de Investigación Criminal (ATIC) ejecutó 3 órdenes de captura de las 36 libradas, básicamente los llamados peces “flacos”, o sea un motorista, diputado suplente y abogada; resta capturar los peces “gordos”. Estos últimos, a través de sus abogados, pidieron defenderse en libertad ya que no andan huyendo, manifestando su anuencia a presentar la fianza exigida por la Juez. Un exministro de Finanzas, involucrado en este escándalo, falleció recientemente. La Juez que lleva el caso, después de la declaración de imputados, decidió enviar a dormir en la cárcel a 19 implicados más, incluyendo a connotados dirigentes y diputados del Partido Nacional y Liberal, y funcionarios de instituciones de gobierno.

Desde la óptica ciudadana, se demanda como en el caso del IHSS, que los culpables sean apresados, juzgados y condenados, y además recuperen los fondos sustraídos (efectivo o en bienes).  Las expectativas no son muy optimistas ya que, las instituciones encargadas de impartir justicia, han perdido credibilidad pública y capturadas por las élites económicas y políticas.  Se habla también de una corrupción institucional que abarca a la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones, Tribunal Superior de Cuentas y Juzgados, que no permite tener la plena certeza que se actuara en forma transparente e imparcial al momento de impartir justicia.

Desde la óptica de la cooperación internacional, Honduras avanza en la lucha contra la corrupción, independientemente si los implicados son llevados a la cárcel, condenados y los dineros del pueblo devueltos; el sólo hecho de la denuncia, libramiento de la orden de captura y resolución de la Juez para que pasen unos días en la cárcel, es un gran avance. Esta percepción de combate de la corrupción es equivocada, ya que hoy más que nunca los corruptos se sienten más seguros que antes, ya que la débil institucionalidad y práctica de la corrupción, les da la certeza que, al final del proceso, saldrán libres, aunque sean culpables.

En un sistema como este, los abogados a contratar son mejores que los existentes en la Corte de Justicia y juzgados, los que responden o son fieles al partido político que los apoyó para ser electos, por lo que la mayor parte de los implicados, en especial los peces “gordos”, es poco probable que sean vencidos en juicio y condenados. Para parafrasear a Karl Popper, este debería verse como una parte en el avance del asentamiento de la justicia, la libertad y la verdad, ya que no se puede pensar que el ser humano tenga una única solución para toda la problemática que enfrenta la nación; de poco a poco se avanza.

La Academia guarda silencio ya que es parte del problema al apoyar y, en algunos casos, acompañar a las instituciones de gobierno en su lucha contra la corrupción, destacando lo logros alcanzados (Operación Pandora, por ejemplo) y proponiendo soluciones que no modifican la estructura clientelar existente. Muy poco analiza los procedimientos seguidos para elegir a los magistrados y jueces, los antecedentes (formación académica y ejercicio profesional de estos) y la militancia política; peor aún, los llamados padrinos que están detrás de sus ejecutorias, ya que no existe almuerzo gratis. Hay ausencia de una propuesta sobre estrategias y políticas institucionales para reformar y modernizar el poder judicial, ampliar la participación y representación legítima de una ciudadanía independiente, documentar el ejercicio de prácticas transparentes y justas en la impartición de justicia. 

De allí que, la Olla de Pandora tenga una Tapa que no permite que lo que se cocinó y cocina dentro salga como espera la población, sino como mandan los dueños de casa.

  

Necesario y oportuno

Sirenovablesnuclearno.org

Por Miguel Muñiz Gutiérrez *

Al margen de limitaciones y deficiencias de enfoque que se puedan dar, algo reconocido por el propio autor, se trata de un libro necesario y oportuno, justifiquemos los calificativos.

Necesario. Todos los libros interpelan a sus lectores, pero no todos de la misma manera y con la misma contundencia. Yo me he sentido interpelado desde mi condición de activista voluntario, otras personas desde otros ámbitos, lo prueban las reacciones; lo prueba la respuesta apresurada y desabrida de Alberto Garzón en su primer artículo de opinión en el diario.es y, aún más, que se haya sentido obligado a matizar el juicio (no el enfoque) en un segundo artículo (respuesta del autor por medio), en que pasa de la descalificación sumaria a agradecer a Daniel Bernabé que su libro haya puesto en debate la cuestión de las clases sociales; claro, que ese no es el tema que plantea el libro, ni tampoco lo son los que Alberto Garzón aborda en sus dos artículos, pero como son los que a él le interesa señalar aunque no tengan nada que ver con la obra, no se puede sino tomar nota de su urgencia de pasar página, y seguir analizando el libro.

Interpelación en la presentación de “La trampa de la diversidad” el pasado día 5, en el espacio - librería Contrabandos, de Barcelona. Lleno absoluto, éxito de convocatoria, participación de Daniel Bernabé y del prologuista (e incitador reconocido de la obra), Pascual Serrano; sus intervenciones no se apartaron casi nada del contenido del libro, en el caso del autor; del contenido del prólogo, en el caso del prologuista, y del contenido de los artículos publicados (nuevamente en el caso del autor); momento de las intervenciones desde el público: silencio expectante, sólo cinco intervenciones, todas elogiando la oportunidad del libro, con alguna referencia puntual a las críticas vertidas y, en concreto, a la acusación de osadía desde el ámbito académico. Nulo debate. Fin del acto. Justo lo contrario de lo que el libro persigue.

Oportuno. La prueba serían las tres ediciones en pocas semanas, pero también la voluntad de sus críticos de rebatir todo lo que el libro no dice. Daniel Bernabé ha puesto en agenda una cuestión que preocupa a toda persona consciente de la inmensa catástrofe a que nos enfrentamos: ¿estamos avanzando? ¿hacia dónde estamos avanzando? y, sobre todo, ¿tenemos el beneplácito (aquí y ahora) de las clases dominantes para avanzar en esa dirección? ¿los éxitos son verdaderos éxitos?

Necesario y oportuno. De lectura casi obligatoria y de lenta digestión. Pero hay más.

Volvamos a Alberto Garzón. Más allá de la irritación, y de la falta de comprensión hacia el autor y la obra, Garzón planteaba una pregunta acertada en su errónea respuesta: ¿qué hay que hacer? Más allá del absurdo de reprochar que la denuncia de un conflicto no se presente con la solución adjunta, absurdo máximo cuando el conflicto es colectivo y sólo puede ser abordado colectivamente (en una reflexión desde las izquierdas), la pregunta es pertinente.

Porque una de las respuestas del neoliberalismo a las críticas que recibe es banalizar la narrativa de los conflictos y resistir en el tiempo; así, el carácter necesario del libro puede ser neutralizado desde el momento en que aquellos colectivos o personas que son interpeladas decidan responder ignorando la interpelación. No cuestionar la lógica más confortable que proporciona la diversidad; seguir en la seguridad que otorga el espacio conocido puede ser una opción equivocada, pero es legítima.

En cuanto al carácter oportuno de la obra se impone reflexionar sobre el paso del tiempo. Pascual Serrano, el prologuista, publicó en 2013 una pequeña obra, también oportuna, sobre las implicaciones de la hegemonía de las TIC en la calidad del discurso y el debate. “La comunicación jibarizada” denunciaba todos los aspectos negativos de las redes, era una llamada a un uso controlado, crítico y reflexivo de los recursos que internet ponía a nuestro alcance.

El contenido de “La comunicación jibarizada” no ha perdido su caŕacter necesario, pero su oportunidad ya ha pasado; el silencio del público asistente a la presentación en Barcelona, en contraste con el “ruido” que “La trampa de la diversidad” provoca en las “redes sociales” es la mejor prueba de ello.

Miguel Muñiz Gutiérrez, Activista voluntario en temas de ecología y energía, participa en el Movimiento Ibérico Antinuclear, Tanquem les Nuclears -100% renovables y en el Colectivo 2020 Libre de Nucleares. Mantiene la página de divulgación energética www.sirenovablesnuclearno.org