A menos de una semana -12 abril- de nombrar y juramentar los integrantes de la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional surgió el “primer escándalo”. Diario El Heraldo publicó un informe donde se conoce que miembros de la Policía Nacional planearon y ejecutaron un plan para asesinar al general Julián Arístides Gonzáles, director de la Lucha contra el Narcotráfico, y al analista en temas antidrogas, Alfredo Landaverde. La publicación no especificaba nombres, los ocultó.
Sin embargo, a pocos días de ser publicado el artículo, el diario estadounidense The New York Times divulgó un reportaje periodístico señalando a 25 oficiales de policía vinculados a los crímenes de Gonzáles y Landaverde. Según el New York Times los hechos y datos se obtuvieron de dos informes de la Inspectoría General de la Policía de Honduras que fueron redactados en el 2009 y 2011.
Para analistas y expertos en temas de seguridad, las publicaciones de los diarios fue el inicio de “un espectáculo mediático”, desde otra perspectiva fue como “un regalo” para los integrantes de la Comisión de Depuración, pues ellos han confirmado que en los archivos de la Secretaría de Seguridad no hay información que sirva para iniciar con la transformación de la Policía Nacional.
Policías desfilan en el Ministerio Público
El Ministerio Público (MP) en Tegucigalpa se convirtió en una pasarela. Varios de los policías señalados por el New York Times se presentaron a la fiscalía para que se les tomase una declaración voluntaria. Todos aseguraban a los medios de comunicación, porque la instancia de investigación se negó a tomar sus declaraciones, que durante el asesinato de Landaverde y Gonzáles estaban fuera de Tegucigalpa o asignados a otras tareas.
El subcomisario Yovanny Fonseca dijo que no participó en el asesinato de Julián Arístides González, asimismo aseguró que el día que se cometió el crimen él custodiaba al expresidente Manuel Zelaya Rosales que se encontraba en la embajada de Brasil, después de entrar a tres meses de su derrocamiento de la presidencia.
“Me están involucrando en esta situación y yo no tengo nada que ver”, decía con nerviosismo a los periodistas que cubren la fuente judicial.
Queriendo demostrar que las acusaciones son falsas, Josué Constantino Zavala, el exjefe de la motorizada, también recorrió los pasillos de la fiscalía y dijo: “vengo a dejar un escrito y presentarme, donde si se me está investigando por el asesinato del ingeniero Landaverde, yo me someto a cualquier investigación o instancia; traigo un teléfono celular que lo tenía y era uno que utilizaba, porque en ese informe en un componente biográfico dice que yo tuve llamadas, pero los investigadores no presentan lo que es el vaciado”.
Denuncias y crisis policial se convierten en show
Desde el Ministerio Público no han existido acciones penales contundentes hacia todos los ministros de seguridad que por acción u omisión son parte del “escándalo”, por lo tanto el desfile de los miembros policiales es parte del show mediático en el que se ha transformado la crisis en la Policía Nacional, comenta a Radio Progreso Carlos Sierra, analista en temas de seguridad del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos –CIPRODEH-.
“Estamos viendo una especie de show mediático que no nos parece que suma al proceso de depuración y fortalecimiento del sistema de justica, más bien parece que quieren ver como un espectáculo de una riña entre bandas dentro de la Policía o que se quieran tapar temas tan importantes como la violación a los derechos humanos que han venido cometiendo estos policías”, detalló Sierra.
Según el análisis y sociólogo Pablo Carías, las instituciones encargadas de velar por la justicia junto a la Secretaría de Seguridad se ha limitado a obedecer los mandatos de la Comisión Especial de Depuración: “han tenido que esperar a la propia Comisión para que hiciese un llamamiento público a fin de separar aquellos policías que estén involucrados, entonces, la población quiere ver un proceso mucho más dinámico y más esclarecedor en función de la justicia”.
Para el analista Eugenio Sosa, la labor del Ministerio Público deberá de basarse en cuestionar a los miembros de la Policía Nacional, desde la escala básica hasta los más altos jerarcas, en su falta de accionar ante los crimines y no en si conocían el informe publicado en los medios de comunicación.
“Porque aunque diga el Ministerio Público o saque gran carta de actuación, y todos los funcionarios dicen no haber conocido los informes y han hecho el aparataje en Casamata después de siete años de un asesinato, la pregunta no es si les enviaron los informes, es una pregunta equivocada, la pregunta es: ¿qué hizo usted y por qué no actuó de oficio ante tremendos crimines?, debatió Sosa, en el espacio de análisis de Zona Informativa de Radio Progreso.
Informe del New York Times es falso
El ex director general de la Policía Nacional, Ramón Sabillón, tras presentar una solicitud de protección ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos –CONADEH-, por supuestas amenazas de muerte, declaró a los medios de comunicación que la información publicada en el diario estadounidense The New York Times, en la que se le acusa de ocultar el informe sobre el asesinato de Julián Gonzáles, es falsa.
"Lo descalifico. El encabezado es incorrecto, no corresponde a documentos institucionales. Hay varias características que me indican que es falso y es un burdo documento. Hay características por lo que digo que el documento no es auténtico", dijo Sabillón después de asegurar que supo que “había un expediente en la Fiscalía y que se le debía dar el trámite adecuado”, refiriéndose al informe que vincula a tres generales de la Policía Nacional al asesinato de Julián Gonzáles y Alfredo Landaverde.
Sabillón declaró que los señalamientos hacia él podrían venir desde los políticos “que son el cerebro del crimen organizado” y que pueden “fraguar un plan e influir en las estructuras del Estado para implantarle pruebas”. Ramón Sabillón, en su paso por la dirección general de la Policía Nacional desarticuló grupos del narcotráfico liderados por los hermanos Valle Valle y Héctor Emilio Fernández, alias “Don H”.
“Hay un plan para asesinarme. El jefe de sicarios me dijo que lo buscaron para matarme, yo supongo que desde el gobierno porque lo expresó el jefe de sicarios”, dijo Sabillón al salir de un programa televisivo.
JOH: pretenden desacreditar el proceso de depuración policial
Luego de una reunión con los integrantes de la Comisión Especial de Depuración de la Policía Nacional, el titular del ejecutivo, Juan Orlando Hernández, dijo, sin especificar nombres, que personas intentarán desacreditar el proceso: “ahora personas que dirán yo no tuve que ver en esto ni en lo otro, mí consejo, vayan a la Comisión en este caso, al Ministerio Público o a los tribunales”.
“habrá reacciones de todo tipo, pero no nos harán retroceder en las intenciones de mejorar la seguridad nacional. No queremos generar impunidad”, remarcó Hernández, quien ha evitado referirse directamente a las publicaciones del diario New York Times.
Omar Rivera, integrante de la Comisión, declaró que en las oficinas de la Secretaría de Seguridad hay poca información del accionar de los miembros de la carrera policial en los últimos diez años.
“Los 25 serán investigados por el Ministerio Público. Le hemos solicitado al ministro que los suspenda porque creemos que es muy importante que la fiscalía llame a rendir declaración a todos aquellos involucrados en estos procesos de supervisión de la carrera policial”, dijo Rivera.
La comisión depuradora, de acuerdo a ley, contará con un año para trabajar en la restructuración de la Policía Nacional. Sin embargo, Alberto Solórzano, representante de la iglesia evangélica en la Comisión, asegura que en tres meses darán a conocer los primero resultados.
Confirman la separación de los 25
Solórzano anunció la tarde del jueves 21 de abril que el director general de la Policía Nacional, Félix Villanueva, les confirmó la suspensión de 25 oficiales activos que supuestamente están vinculados en los asesinatos de Gonzáles y Landaverde.
“Se ha procedido, nos respondió el general Villanueva, a suspender de momento a los 25 mientras se siguen las investigaciones”, dijo Solórzano.
Al igual que su compañero de Comisión, el representante de la iglesia evangélica siguió lamentado, o pretendiendo desde ya excusarse a futuro, la falta de información en la Secretaría de Seguridad: “no había mucha información allí, no pudimos hacer mucho con eso, con los expedientes, por eso hemos tenido que recurrir a otras instancias para obtener un poco más de información”.
Investigan a nueve generales y oficiales
El Poder Judicial, el Tribunal Superior de Cuentas y la Procuraduría General de la República, a través de sus máximos representantes, entregaron informes solicitados por la Comisión Especial Para el Proceso de Depuración. La Comisión investiga a nueve oficiales y generales activos dentro de la Policía Nacional.
Entre los nueve integrantes activos en la Policía Nacional resaltan Félix Villanueva, Héctor Iván Mejía Velásquez, Ramón Antonio Sabillón y José Ricardo Ramírez del Cid.
De acuerdo al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, únicamente dos de los nueve generales investigados tienen cargos en su contra, según las indagaciones que ese poder del Estado realizó.
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“En el caso del Poder Judicial uno de los nueve salió con una denuncia por un tema que tiene que ver con violencia doméstica, y otro de los ciudadanos por los cuales se preguntó los informes arrojaron que fue objeto de tres acusaciones por delitos de orden público, entiendo que uno de esos delitos es por hurto y por robo de vehículos”, especificó Argueta, que también asegura que en su etapa de director de fiscales no conoció del informe publicado en el New York Times.
Depuradora insta a la separación de generales investigados
Luego de los “análisis” hechos a los informes enviados por la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Cuentas y la Procuraduría de la República, la Comisión depuradora de la Policía instó al secretario de Seguridad, Julián Pacheco, a suspender de sus cargos a los generales José Ricardo Ramírez del Cid y Ramón Antonio Sabillón Pineda, “en virtud de estar públicamente señalados en actos sujetos a la investigación de las autoridades correspondientes, hasta que concluyan las mismas”.
Al conocer de su destitución Sabillón dijo que “estas cosas que hacen son contradictorias a una sociedad democrática. No tengo cargo, de qué cargo me suspenden. Esto es un violación a todo derecho humano, dignidad y desplazamiento laboral”.
La Comisión depuradora además ordenó la cancelación, aclarando que es por restructuración, de los generales Elder Madrid Guerra, Javier Leopoldo Flores Milla y Leandro Osorio Santos. “Los cargos de los anteriores quedan cancelados en la nueva estructura policial”, decía el cuarto comunicado de los depuradores.
“Esto no es de ahorita, a mí me vienen siguiendo el paso desde que yo estaba en la DNIC, después me pasaron a San Pedro Sula, sin embargo, donde yo fui siempre di resultado y se me cancela porque yo he trabajado muy bien”, dijo Leandro Osorio después de manifestar que tiene la “frente en alto” y no le “sacan por la puerta de atrás”.
La pasarela, ahora convocada por las autoridades de justicia, en el Ministerio Público apenas comienza. El jueves 21 de abril, el actual director de la Policía Nacional, Félix Villanueva, fue llamado a declarar, al igual que el ahora general destituido Ramón Sabillón.
Mientras ese desfile de policías que ahora “se declaran libres de todo señalamiento” continúa, la embajada de los Estados Unidos en Honduras comienza a tomar protagonismo en el proceso de depuración policial. La Comisión Especial de Depuración solicitó a dicha embajada información relacionada a hechos de corrupción en la Policía Nacional.
Sin embargo, James Nealon, embajador estadounidense en Tegucigalpa, tratando de aparentar que no hay injerencia de su país en el proceso de depuración, dijo que: “La Embajada no está investigando a la Policía Nacional de Honduras, esa es labor de Honduras”.
“La gran mayoría de esa información ya había sido compartida con el Gobierno de Honduras, durante varios años mediante los mecanismos normales que existen para informar al Gobierno”, aseguró Nealon, quien mantuvo una reunión con los integrantes de la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional y el fiscal general de la república, Oscar Fernando Chinchilla.
