Por Andrés Mora Ramírez *
Dos despachos noticiosos de la agencia AFP, divulgados en vísperas de la cumbre de presidentes centroamericanos en Antigua, Guatemala (24 de marzo), retratan algunas de las dimensiones más conflictivas y dolorosas de la Centroamérica del siglo XXI: las de la violencia, el crimen organizado y la creciente militarización de las estrategias de seguridad regional.
Uno de estos informes destaca que en Centroamérica, con “una tasa de homicidios de casi 40 por cada 100.000 habitantes”, se registran “unos 20.000 muertos al año, más de los que le dejaban las cruentas guerras civiles de las últimas décadas del siglo pasado” (El Heraldo, Honduras. 22-03-2012). El otro despacho, llama la atención sobre la decisión de los gobiernos del llamado Triángulo Norte –Guatemala, El Salvador y Honduras- de emplear las Fuerzas Armadas para combatir a delincuentes y cárteles de la droga, sin reparar en el rechazo “de grupos civiles que no olvidan las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y caseríos arrasados por el Ejército”, en las décadas de 1970 y 1980 (Estrategia y Negocios, 21-03-2012).
Los datos que respaldan estas publicaciones no admiten dudas: en Honduras, “más de 2.000 de los 11.000 soldados patrullan las calles en la "Operación Relámpago", y pueden hacer allanamientos y capturas”; en Guatemala, “más de 3.500 soldados guatemaltecos están en la calle y en regiones penetradas por el cartel mexicano de Los Zetas. Desde hace tres semanas, jóvenes convocados por el gobierno se entrenan con miras a aumentar la fuerza militar”; mientras que El Salvador “sacó en 2010 a 7.100 soldados de sus tareas específicas para reforzar a la policía en zonas bajo control de las temidas maras M-S y M-18 y en pasos fronterizos, con la facultad de hacer registros y detenciones”. Todas estas operaciones, que replican las estrategias de seguridad aplicadas en México, son apoyadas por el Comando Sur y las agencias antidrogas de los Estados Unidos, quienes “coordinan desde enero la "Operación Martillo" contra el narcotráfico en las costas de Centroamérica, y asesores de ese país entrenan a la Policía” (Estrategia y Negocios, 21-03-2012).
Esta inocultable realidad también requiere una contextualización para comprender su complejidad. En este sentido, es necesario recordar que la vorágine de la violencia, el crimen organizado y el narcotráfico en Centroamérica, sin ser un fenómeno nuevo, sí registró un notable crecimiento en la última década, precisamente, un período histórico caracterizado por: a) el fracaso de las expectativas de bienestar social y desarrollo humano que despertaron los Acuerdos de Paz de los años 1990, más allá de los avances en algunas áreas puntuales; b) el ascenso de nuevas élites políticas y grupos económicos regionales que, respaldados por los poderes fácticos, alinearon a Centroamérica con los más duros postulados del neoliberalismo, el falso libre comercio y la geopolítica estadounidense; c) una mayor presencia militar de los Estados Unidos (bases y centros de adiestramiento policial y militar, convenios de patrullaje aéreo y marítimo, operaciones conjuntas con los ejércitos centroamericanos, donación de equipo y venta de armas) enmarcadas en el Plan Mérida y otras iniciativas similares; d) y finalmente, en el plano ideológico, una derechización de la vida política en la región (ya de por sí marcada por la cultura del autoritarismo), lo que es visible en casos dramáticos como los del golpe de Estado en Honduras en 2009, el reciente triunfo del general Otto Pérez Molina en Guatemala (acusado de participar en el genocidio de la década de 1980), en las difíciles condiciones en que transcurre el gobierno del FMLN en El Salvador, y en la agitación de viejos fantasmas del anticomunismo contra el FSLN en Nicaragua.
Como se puede apreciar, aunque la violencia y la criminalidad ponen en jaque a los Estados, no son los únicos ni más graves desafíos que enfrenta Centroamérica en su ya largo e incierto proceso de democratización. Por el contrario, esos problemas se entremezclan peligrosamente, por un lado, con la apuesta –casi irracional- por un modelo de desarrollo que concentra la riqueza y multiplica a los pobres (que luego son reclutados por el crimen organizado), basado en la explotación intensiva de la mano de obra y el extractivismo minero, con impactos irreversibles sobre el medio ambiente; y por el otro, con el debilitamiento de los poderes e instituciones republicanas (incluso en un país como Costa Rica, de larga tradición democrática): cooptados por facciones políticas y empresariales, partidos, tribunales de justicia, ministerios, secretarías y oficinas de gobierno son puestas al servicio de los grandes negocios que se articulan al modelo de desarrollo (por ejemplo, concesiones mineras, de obra pública, privatización de empresas públicas o “apertura comercial” de sectores estratégicos de la economía, o la aprobación de regímenes preferenciales de impuestos para las inversiones de capital extranjero, entre otros).
Estos elementos, con sus matices e interrelaciones, explican los condicionamientos y límites para la construcción de democracias sólidas y auténticas en la región. Se trata de procesos y tendencias muy fuertes que, sin embargo, no encuentran el mismo eco que la violencia o el narcotráfico en la agenda oficial de los gobiernos, las cumbres presidenciales y los medios de comunicación: para los grupos dominantes centroamericanos, las soluciones de fuerza –mano dura- y la militarización de la seguridad resultan funcionales, y casi indispensables, para preservar el orden neoliberal en que señorean.
Mientras tanto, la democracia y el bienestar real de los pueblos siguen esperando, como decía el poeta Roque Dalton, a que por fin llegue el día, el definitivo turno de los ofendidos por tantos años, por tantos siglos. Quizás entonces Centroamérica pueda revertir este raro destino de injusticias, tragedias y muertes que hoy la lleva hacia un callejón sin salida.
* Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica
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