Por Marvin Palacios
Asamblea de campesinos con defensores de DDHH
Aún no hay acuerdos definitivos con todos los movimientos campesinos que demandan el acceso a la tierra en el Bajo Aguán, el principal obstáculo es que no existe consenso en cuanto al pago de las tierras.
El Movimiento Campesino Unificado del Aguán (MUCA), se ha opuesto al planteamiento financiero del régimen de Porfirio Lobo Sosa porque existe una contrapropuesta que está basada en un estudio de factibilidad, que no ha querido ser considerada por los personeros del Estado.
Se conoció que la propuesta inicial provino del Banco FICOHSA consistente en ofrecer un préstamo para la compra de las fincas a los terratenientes de la zona, a un interés del 14 por ciento más el 1 por ciento de comisión y otros colaterales, elevaría el interés hasta un 16 por ciento.
Las negociaciones de un millonario préstamo entre el régimen, el MUCA y el sistema financiero nacional que permitiría la compra definitiva de las tierras al agroindustrial Miguel Facussé, aún no llegan a un feliz término.
La tasa de interés que se pretende cobrar por el financiamiento de más de 600 millones de lempiras se ha convertido en un nudo que no ha podido destrabarse y el tiempo avanza sin resultados favorables para la clase campesina cuya lucha por la tierra ha cobrado 45 muertes violentas en poco más de 2 años.
Esa propuesta fue rechazada por el movimiento campesino, ya que se consideró como impagable e implicaba que los campesinos y campesinas se convertirían en esclavos por más de 20 años para cumplir con los compromisos adquiridos con la banca privada.
Para Vitalino Álvarez, uno de los portavoces del MUCA, los campesinos pretenden que se cumpla con los acuerdos donde se estableció que se gestionaría un financiamiento a una tasa de interés baja y a un largo plazo dado que "nosotros somos una empresa campesina de interés social, no mercantil".
Sin embargo, resaltó, un banco privado salió con una propuesta según la cual el préstamo de 600 millones lo cobrará a una tasa del 14 por ciento. Lo justo es que el MUCA solo pague el dos por ciento de interés, dijo Álvarez.
Asentamientos campesinos
El dirigente añadió que "estamos molestos porque en plenas negociaciones nos están matando compañeros, estas tierras nos están costando mucha sangre, el costo es muy alto".
Para el caso, el 20 de enero de 2012 en horas de la mañana, según testigos dos hombres encapuchados que se transportaban en una moto, sin mediar palabra, se dirigieron hacia el dirigente campesino Matías Valle y le dispararon tres veces en el tórax, causándole la muerte.
Matías Valle desempeñó el cargo de vicepresidente del MUCA hasta mediados de 2011 e integró las comisiones negociadoras que firmaron los Acuerdos con el gobierno (2010) y con el terrateniente y productor palmero Miguel Facussé Barjum (2011).
Además era Fiscal de la Empresa Campesina La Chile, perteneciente al asentamiento campesino La Confianza. Su asesinato elevó la cifra de muertes violentas de campesinos a 45, en un poco más de 2 años.
Volviendo a lo entrampado de las negociaciones, en una propuesta original que el Instituto Nacional Agrario (INA) entregó a la Secretaría de Finanzas, se hablaba de una tasa del diez por ciento, con dos años de gracia y a 15 años de plazo.
Porfirio Lobo Sosa expresó que la empresa venezolana Alba Petróleos está a la espera de que el MUCA resuelva su forma de pago de las tierras, que cuente con un instrumento jurídico, para luego hacerle una propuesta de coinversión.
Mediante este sistema la firma venezolana instalaría en las tierras del MUCA una máquina procesadora de palma africana y garantizaría el mercado de su país para la compra del aceite.
La visión del movimiento campesino consiste en adquirir tierras para producir, contar con escuelas, colegios, centros de salud y autonomía en la comercialización de la fruta de palma africana de la cual se deriva el aceite vegetal, utilizado en diversos productos comestibles y para uso industrial al convertirse en combustible.
Trascendió que existe otra propuesta que se está haciendo a través del Banco Hondureño para la Producción y Vivienda de Honduras (Banprovih) en donde se habla de un interés de 6 por ciento, que tampoco favorece los intereses y las capacidades de pago de los grupos campesinos.
Río Aguán
“En primer lugar porque para las familias que ahí están, están sobreviviendo, quizás con 120 0 150 lempiras al día, luego, de pagar estas tierras, implica que las familias tendrían que vivir con 80 o con 100 lempiras al día, una familia compuesta de 6 miembros, lo cual nos desestabiliza, aseguró Heriberto Alemán, representante del Asentamiento La Nueva Confianza y de la empresa Asociativa La Chile de la margen derecha del Aguán y coordinador del Observatorio Permanente de Derechos Humanos en la zona.
Por otra parte el MUCA considera que si no se entrega la otra parte de la tierra que estipula el convenio firmado el 17 de abril de 2010 y con el decreto legislativo del 4 de octubre de 2011, que comprende 11 mil hectáreas de tierras cultivadas y no cultivadas, no habría ninguna factibilidad para pagar las tierras.
De las 11 mil hectáreas estipuladas en el convenio de 2010, hasta el momento se han entregado un poco más de 3 mil hectáreas a los grupos campesinos.
El MUCA asegura que de entregarse la totalidad de tierras contenidas en el convenio firmado con el régimen de Lobo Sosa en el 2010, cada familia recibiría de 1.4 a 1.5 hectáreas por familia, insuficiente para generar ingresos adecuados para atender las necesidades básicas y para la compra de la tierra.
Ejemplos que revelan que las negociaciones están estancadas son el de la margen derecha del Aguán en donde se encuentran los asentamientos de La aurora, La Confianza, la Lempira y la Concepción del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), donde aún no hay un acuerdo definitivo con el régimen de Porfirio Lobo Sosa y la banca privada para el pago de éstas tierras.
Mientras tanto en la margen izquierda donde se ubican los asentamientos de Marañones, que concentra a un número significativo de empresas campesinas, todavía se analiza la propuesta, ya que en esta zona las tierras no están cultivadas y en otras los cultivos culminaron con su vida útil.
Una vez que estas plantaciones produzcan los frutos, sería el momento para ofrecer un período de gracia y habrá anuencia para el pago de las tierras. Lo que está claro es que no hay condiciones tanto en la margen derecha como en la izquierda, si no se cumple con la adjudicación de las 11 mil hectáreas de tierras contenidas en el acuerdo firmado en 2010.
Heriberto Alemán explicó que “ese convenio pasa por completar las 11 mil hectáreas de tierras y pasa por desarrollar los proyectos sociales de educación, salud y vivienda que son compromisos que ahí están plasmados y firmados por el representante de éste régimen allá en la comunidad de Trujillo”.
Cabe señalar que el MUCA se compone de más de 3 mil familias, pero también están muchas más en el Movimiento Auténtico Reivindicador de Campesinos (MARCA) y en el Movimiento Campesino de Rigores, cuyo precio inicial de las tierras fue elevado en los últimos meses, de acuerdo a las pretensiones económicas expuestas por los herederos de dichas tierras.
Para muchos dirigentes campesinos lo que se necesita para traer paz, tranquilidad y justicia en el Bajo Aguán es atacar de raíz el problema que es la tierra, que implica la devolución de las fincas a los campesinos y campesinas y dotar de asistencia técnica a las asociaciones agrícolas para impulsar su desarrollo.
El MUCA estipula que las propuestas planteadas para lograr un acuerdo final, le generaría una deuda impagable con la banca privada y pública de casi 2 mil millones de lempiras (105 millones de dólares).
Los campesinos y campesinas afirmaron que lo que se pretende es “asfixiarnos económicamente, que nos endeudemos para después volver a quitarnos la tierra que tanta lucha y sacrificio nos ha costado”.
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