Por Germán Reyes
El Ministerio Público anunció la presentación de requerimientos fiscales en contra de contra de policías, militares y civiles, involucrados en violaciones a los derechos humanos y el asesinato de más de cincuenta personas en la zona del Bajo Aguán. Sin embargo, aunque la dirigencia campesina considera necesario el castigo de los responsables, le resta credibilidad a las acciones que podría realizar la Fiscalía.
Aunque no reveló nombres de los involucrados, el Fiscal Especial de los Derechos Humanos, German Enamorado, dijo a los medios de comunicación que la Fiscalía logró reunir las pruebas necesarias para iniciar las acusaciones, que en el caso de los servidores públicos estarían dirigidas al castigo por abuso de la autoridad, la violación de deberes, lesiones y tentativas de homicidios.
Indicó que las posibles acusaciones se derivarían del resultado de las pericias técnicas, testimonios, inspecciones en la policía, el ejército y personas particulares, cuyos nombres serán revelados cuando se presenten los requerimientos fiscales.
Las declaraciones del Fiscal Especial de los Derechos Humanos, no generan ninguna esperanza en el movimiento campesino, que hace más de dos años ha venido soportando la represión del Estado y de los empresarios, que alentados en campañas mediáticas han emprendido acciones de intimidación y asesinato en contra de las familias que a través de la recuperación de tierras buscan mejorar sus condiciones de vida.
Policía y la Fiscalía unidos con terratenientes
El Coordinador de la Vía Campesina, Rafael Alegría, dijo que la Fiscalía tiene conocimiento de quienes son los responsables directos de la violación a los derechos humanos en la región, no obstante, no existe voluntad política para enjuiciarlos.
“Yo creo que es necesario investigar esa situación, pero la fiscalía a mi juicio sabe quienes son los responsables de los asesinatos en el Bajo Aguan y no hay ni tan siquiera un requerimiento fiscal. A mi me parece que la Policía y la Fiscalía siempre están unidos con los terratenientes en contra de los campesinos. Y eso es lo lamentable”, expresó Alegría.
Según el dirigente campesino, después de dos años y medio en que ocurrieron los primeros asesinatos de campesinos, la Fiscalía no debería estar pensando en presentar requerimientos sino, que “ya deberían haber presos y condenados, pero no hay ni un requerimiento fiscal, porque se trata de un sector poderoso que tiene ahí prácticamente ejércitos y que disparan y asesinan a campesinos”, expresó.
Militarización
En noviembre de 2010, cuando el Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA) inició un proceso de recuperación de tierras que incluye varias fincas de palma africana en poder de los empresarios Miguel Facusse, Rene Morales y Reinado Canales, argumentando tener en su poder un informe de inteligencia militar que le asegura que en esa región existen grupos armados para desestabilizar el gobierno, el presidente Porfirio Lobo Sosa, ordenó la militarización de la zona a través del operativo Tumbador.
El operativo se mantuvo durante varios meses. Sin embargo, no existe informe oficial que de a conocer el decomiso de armas de fuego en la región, pues lo único que se reporta hasta hoy, es la violación a los derechos humanos en los momentos en que se desarrollaron los desalojos de las fincas.
Tumbador representó un fracaso del gobierno en su primer intento supuestamente para ponerle fin a la violencia en el Bajo Aguán, situación que provocó que en agosto de 2011, esa región fuera ocupada nuevamente por militares y policías, en el operativo Xatruch II. De acuerdo a testimonios de vecinos, esta operación solo ha servido para agudizar las violaciones a los derechos humanos.
Gobierno incumple compromiso
Las tierras de esta región fueron destinadas para la Reforma Agraria, pero la Ley de Modernización Agrícola, aprobada en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, dio luz verde para que los empresarios agroindustriales pudieran quedarse con ellas a precios bajos. Las cooperativas asentadas en ese lugar incapaces de poder cancelar sus deudas agrícolas, de una en una fueron vendiendo sus propiedades.
A partir del 2001 miles de familias campesinas iniciaron un proceso de recuperación de tierras y en el 2009 el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), presentó una propuesta para resolver el conflicto que se había generado. El gobierno de Manuel Zelaya Rosales, a través del Instituto Nacional Agrario y la Secretaría de Agricultura y Ganadería firmó con el MUCA un convenio para la creación de una comisión tripartita que garantizara el procedimiento de legalización de la tierra, acción que se vio interrumpida, con el golpe de Estado.
Al interrumpirse las acciones de legalización, el 9 de diciembre de 2009, dos mil 500 familias afiliadas a 26 cooperativas campesinas agrupadas en el MUCA, iniciaron el proceso de recuperación de las 20 mil hectáreas que reivindicaban como propias, acción que desencadenó una ola de violencia y de represión en su contra.
Iniciaron los desalojos y ataques armados por parte del ejército, la policía y los guardias de seguridad de los empresarios. Detenciones ilegales, órdenes de captura y asesinatos, acompañaron la campaña mediática orquestada en los principales medios de comunicación que difamaron la lucha del MUCA. No obstante, en medio de una militarización sin precedentes, el gobierno y el MUCA iniciaron una negociación que concluyó con el acuerdo firmado el 13 de abril 2010.
De acuerdo al documento el gobierno debía entregar a los campesinos once mil hectáreas de tierras, de las cuales tres mil estarían cultivadas con palma africana, convenio que al cumplirse dos años de haberse firmado, continúa sin ejecutarse a cabalidad.
El Gobierno también debió llevar a cabo la realización de un estudio técnico jurídico que revelara la factibilidad productiva, rentabilidad, la forma como fueron adquiridos los terrenos y la verificación del sobre techo de las tierras en poder de los terratenientes, Miguel Facusé, René Morales y Reinaldo Canales. Las tierras que sobrepasaran el techo establecido en la Ley de Reforma Agraria, serían también entregadas al MUCA.
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