Eran las 7.30 de la mañana del lunes veintiséis de marzo, Orfilia Figueroa, presidenta del patronato de la colonia Cerrito Lindo de San Pedro Sula, salió de su casa para dirigirse a su trabajo en la Base Aérea Armando Escalón, donde se desempeñaba como aseadora. Minutos después, cuando caminaba por la calle principal, varios individuos la interceptaron y que sin mediar palabras le quitaron la vida.
La victima recibió un certero balazo en la cabeza y su cuerpo quedó tendido en la polvorienta calle. La ahora occisa se desempeñó por cuatro años como presidenta del patronato de la colonia, puesto que aprovechó para continuar la lucha por la legalización de los predios donde residen aproximadamente 12 mil familias. Esa comunidad lleva 15 años luchando por la expropiación de la tierra.Se conoció que en represalia por el trabajo que realizaba en favor de la comunidad, la víctima había recibido amenazas de muerte.Horas después de su fallecimiento, autoridades de Medicina Forense, Ministerio Público y la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), realizaron el levantamiento de ley.AntecedentesUn reportaje publicado por la revista Vida Laboral, señala que en 1998 los vecinos de la comunidad iniciaron la compra de los terrenos a la lotificadora Cerrito Lindo. Los solares tendrían un valor de 15 mil Lempiras y los pagarían en cuotas mensuales de 300 Lempiras. Las primeras aportaciones fueron pagadas en Banco Capital. Los terrenos, localizados al sureste de San Pedro Sula, eran disputados por varias personas entre naturales y jurídicas, razón por la cual a finales de 1997, el Congreso Nacional emitió el Decretó Legislativo 124-97, que señala la forma en que debe repartirse la tierra.
Dolor y sangre
La lucha en defensa de la tierra donde construyeron sus viviendas, ha costado la vida de varios vecinos de Cerrito Lindo. EI 17 de marzo del 2004 en horas de la noche, trescientas personas se encontraban reunidas bajo un árbol de Ceiba, conocido como EI Palón, tratando asuntos relacionados con la comunidad, la reunión fue irrumpida por disparos de armas de fuego protagonizados por varios individuos. En el incidente, falleció Paulino Henríquez. Diez días después fue asesinado Héctor José Ulloa cuando venia de trabajar y el 18 de junio de ese mismo año, también acribillaron a Johnny Orlando Aceituno Varela, uno de los más activos en la lucha por la tierra. La gravedad de los hechos y la falta de voluntad del Ministerio Publico y del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de San Pedro Sula, para investigar las denuncias, obligo a los vecinos de Cerrito Lindo a buscar apoyo en otras organizaciones. Es así, como con el Equipo de Reflexión, investigación y Comunicación (ERIC), de la Compañía de Jesús y el Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL), en agosto del 2004, presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humados, a fin de que se instara al Estado de Honduras, la adopción de medidas cautelares, a favor de los pobladores, para garantizar el derecho a la integridad personal. Este organismo defensor de los Derechos Humanos dio respuesta favorable a la petición y solicitó al gobierno de Honduras adoptar medidas urgentes para proteger a los vecinos de Cerrito Lindo. Sin embargo, las amenazas continuaron y hoy se ha registrado una nueva muerte, mientras el resto de hechos continúa en la impunidad.
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