Por Marvin Palacios
En la segunda parte de la entrevista que brindó la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva a defensoresenlinea.com, en relación a las recomendaciones planteadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Honduras, la reconocida defensora de derechos humanos denuncia las leyes recién aprobadas a las que califica de regresivas en materia de derechos humanos.
Oliva también analiza otras recomendaciones de la CIDH que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres, niños y niñas, juventud, pueblos originarios y otros temas que a su juicio han colocado al país en un estado de emergencia permanente en materia de derechos humanos.
La séptima recomendación de la CIDH a Honduras, está encaminada a que se garanticen las condiciones en que operan los defensores y defensoras de derechos humanos y abstenerse en realizar acciones que busquen limitar u obstaculizar el trabajo de los ciudadanos y ciudadanas que realizan defensoría de derechos humanos.
En esta solicitud Bertha Oliva recalcó que “nosotras referimos en varias ocasiones que era urgente implementar un mecanismo para defensores y defensoras de derechos humanos y que ese mecanismo pasara por revisar las leyes que hasta hoy en día se han emitido en el Congreso Nacional que reflejan una evidente involución y restricción para los defensores y defensoras.
“Porque lo que antes era una violación de derechos humanos, hoy nos cuesta y es difícil tarea, probar que hay una violación porque lo primero que sacan son las leyes que se han aprobado (Ley Antiterrorista, ley de Escuchas Telefónicas, entre otras) y eso hace que tengamos en sí, la certeza que hay una política de Estado en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos, porque nos vemos obstaculizadas en nuestras acciones, denunció Oliva.
La defensora de derechos humanos indicó que después de un análisis consciente, un equipo del COFADEH compareció a finales de marzo en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la necesidad de levantar nuestra voz de preocupación ante las instancias internacionales que pueden hacer una revisión objetiva e independiente.
“No lo hicimos con el propósito de desacreditar, lo hicimos con el propósito de mejorar y que se vea que se están utilizando leyes, en las cuales se viola la Constitución de la República una vez más, porque los congresistas se atribuyen atribuciones que no les compete como es el de la interpretación de la Constitución de la República para formalizar una ley atentatoria a derechos cuando dio potestad a las Fuerzas Armadas para que actúen deliberadamente atemorizando bajo el pretexto de apoyar al ministerio de Seguridad en el combate a la inseguridad”, explicó.
Bertha dijo que hay una política de Estado en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos
Añadió que lo que vemos con estas leyes es que son regresivas, atentan contra la ciudadanía y se convierten en violadoras de la Constitución de la República, en tal razón, debemos analizar más a profundidad el grado de violación que se da, para poder hacer manifestaciones encaminadas a derecho en los órganos competentes a nivel interno y a nivel internacional.
La octava recomendación de la CIDH consiste en mejorar la seguridad a la ciudadanía y ordenar que las Fuerzas Armadas y el aparato de inteligencia militar, no participen en actividades de seguridad ciudadana.
Sobre este particular, la Coordinadora del COFADEH apuntó que esa recomendación es de fácil cumplimiento, si hay voluntad y si tenemos un conductor del Estado que no está sometido, sino que él sea el que rija las políticas de Estado, pero lo que estamos viendo es que hay una debilidad institucional en la que estamos muy lejos de lograr el fortalecimiento del estado que quedó quebrantado desde el 28 de junio a la fecha, porque lo que hay son declaraciones y propuestas muy redundantes en el manejo y la preocupación del tema de los derechos humanos.
La recomendación número nueve expresa: “Disponer de las medidas necesarias para que las mujeres víctimas de violencia tengan acceso a la protección judicial y se adopten mecanismos legales para investigar y sancionar a los responsables de los crímenes y abusos contra las féminas y reparar a las víctimas de la violencia.
En este punto Oliva expresó a defensoresenlinea.com, que en los últimos 3 años se ha visto un sometimiento y una persecución hacia la mujer hondureña como nunca antes lo habíamos tenido. Primero se descalificaba a través de los medios corporativos de comunicación, hoy no solo se levantan campañas de desprestigio en contra de las mujeres, sino que actúa en contra de la vida de nosotras las mujeres.
“Y yo considero que la defensa de los derechos humanos, la defensa que tenemos las mujeres es un derecho universal, por tanto el Estado tiene que demostrar que ha frenado la comisión del delito y que aquellos delitos cometidos van a ser investigados y van a ser sancionados y puestos, no al escarnio público a los que causaron los crímenes, pero sí, que sea conocido por la mayoría de la población que esa o esas personas han cometido este tipo de atropellos contra las mujeres”, recalcó Oliva.
Consultada si el actual estado de corte patriarcal se resiste a implementar reformas para devolver la dignidad a las mujeres, Oliva respondió que esa cultura que hay, pesa mucho, pero por eso existe la propuesta de la mayoría de los sectores y de las mujeres organizadas que es necesario iniciar el proceso de refundación, y la refundación no es por simple capricho, es porque hemos estado sometidas por ese yugo que se convierte en verdugo permanentemente y para poder avanzar necesitamos demostrar voluntad política no con palabras, sino con hechos.
“Un gobernante o unas autoridades que no escuchan los reclamos de la ciudadanía, son gobernantes entre sí y para sí, pero no deben de convertirse entonces en gobernantes nacionales, sino de grupos”, precisó Bertha Oliva.
Por último, la CIDH le solicita al Estado de Honduras que disponga de medidas para proteger a sectores de población históricamente marginados como los niños, las niñas, juventud, la comunidad lésbico, gay, transexual, mujeres, pueblos indígenas y garífunas.
Al respecto, la defensora de derechos humanos manifestó que todos los sectores necesitamos un compromiso real y efectivo y además necesitamos que se inicie el proceso de rendición de cuentas, el otro aspecto es el de la reparación en todos los aspectos, que es una obligación del Estado y no una limosna y aquí se ha invertido y se ha mal interpretado la reparación de las víctimas.
“Un estado que no repara el daño causado, es un estado condenado a lo que está viviendo Honduras, ha convertirse en un estado profundamente señalado, sin posibilidad de avanzar, al contrario, de hundirse más porque las pocas veces que hacen la defensa a esa práctica que se convierte en política, luego se agotan y quedan en el desprestigio y no se debería dejar que esto continúe, sino frenar aquí con voluntad política y el apoyo necesario tratar de destruir la impunidad”, precisó Oliva.
Y añadió, “por eso COFADEH este año en su 30 aniversario, ha declarado año contra la impunidad, y ha declarado el año contra la impunidad, porque ¡tenemos memoria, por eso es que nosotras exigimos justicia!, y no con el hecho de manipular los casos a nuestro antojo o al antojo de los criminales, sino que lo casos se deben manejar como debe ser”.
Bertha Oliva adelantó que una misión de la CIDH que visitará el país en mayo próximo, conocerá casos que no han sido juzgados adecuadamente por el poder judicial y que obedecen a una estrategia de las instituciones operadoras de justicia en donde mueven un caso, que lejos de aclararlo se manipulan los hechos para aplicar justicia a su manera, y el pueblo está demandando justicia real para poder avanzar.
Finalmente la defensora de derechos humanos criticó que representantes del Estado han estado mintiéndole a la comunidad internacional y añadió que el tema de los derechos humanos no es un discurso, el tema es de concretizar el respeto, de no permitir que se continúen dando graves violaciones y la cacería humana, de no manipular y jugar con el dolor, de no permitir negociar con el dolor y un estado que tiene visión sobre eso, no puede continuar como hasta ahora está, en la cacería humana hasta de ideas y discursos, se necesita más ética política que voluntad política.
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