Por Indira Carpio Olivo y Ernesto J. Navarro
Según el comisionado hondureño de Derechos Humanos, Ramón Custodio, al menos 25 abogados murieron asesinados en Honduras durante los últimos 15 meses.
Sólo en 2011, dijo, ocurrieron en Honduras 86,5 homicidios por cada 100 mil habitantes, casi 10 veces superior al índice normal (hasta 8,8 muertes) establecido por la Organización Mundial de la Salud.
Este duro panorama es ya, parte de la vida política de esa nación desde el Golpe de Estado contra el presidente José Manuel Zelaya Rosales en el año 2009. Así lo cree Bertha Oliva, coordinadora general de la Comisión de Familiares Detenidos-Desaparecidos en Honduras, organización que se constituye en el soporte legal del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).
“Lamentablemente los muertos, los asesinatos, forman parte del paisaje hondureño desde el Golpe de Estado (…) se han incrementado las amenazas de muerte a los defensores de derechos Humanos y a los dirigentes del Frente Nacional de Resistencia”.
En entrevista para La Brújula del Sur, Oliva consideró que las afirmaciones del comisionado Custodio está destinadas a segmentar esa violencia criminal que no es exclusiva de un solo sector profesional, los dirigentes del Fnrp siguen siendo víctimas de amenazas y agresiones físicas, y eso no figura para el funcionario.
Violencia que no ha disminuido ni un ápice con el regreso de Zelaya a la nación centroamericana.
“Nuestra organización monitorea el acuerdo de Cartagena de Indias, firmado para regreso del ex presidente Zelaya y sus ministros. Uno de los grandes compromisos de ese documento era el respeto por los derechos humanos y la violación a los Derechos humanos ha incrementado. Desde ese punto de vista a sido totalmente incumplido”, explica la activista.
En su opinión a los grupos hegemónicos de Honduras aumentaron sus campañas violentas preocupados por la creación del el Partido Libertad y Refundación (Libre). “Al bipartidismo le preocupa que la muestras de participación alrededor del ex presidente Zelaya, sean espontáneas (…) eso es una muestra de que el pueblo hondureño está demandando transformaciones y cree que la opción es el partido Libre”.
Para Bertha Oliva la violencia terrorista en Honduras sobrepasa la capacidad del actual régimen del presidente Lobo, por eso estima que “La violación a derechos en Honduras es una política de Estado”.
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