Por Marvin Palacios
Delmy Ordóñez, diputada por el partido Innovación y Unidad Nacional Social Demócrata
La iniciativa para crear una ley que proteja a las personas que desarrollen labores de defensoría dentro de la sociedad hondureña que promueve el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) a través del Espacio de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (e-defenderh) junto a otras organizaciones, tiene carácter urgente en un país como Honduras, en donde a partir del golpe de Estado se acrecentaron las violaciones a los derechos humanos.
En las últimas semanas, el e-defenderh anunció que cuenta con un borrador de dicha ley que está analizando y discutiendo con líderes comunitarios, defensores del ambiente, feministas, activistas de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual, intelectuales, periodistas, abogados, dirigentes patronales, magisteriales y lideresas juveniles, entre otros representantes de colectivos de la sociedad hondureña.
Al respecto defensoresenlinea.com dialogó con la diputada por el partido Innovación y Unidad Nacional Social Demócrata (PINU-SD), Delmy Ordóñez quien dijo que ha estado trabajando en algunas leyes en función de las recomendaciones que hiciera Naciones Unidas, a través de la Relatora Sobre la Situación de Defensores y Defensoras de derechos humanos, Margaret Sekaggya.
“He estado en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos porque estábamos viendo la posibilidad de esta ley de defensores, porque a título personal tenemos muchos amigos defensores de derechos humanos y viendo que es una contrariedad el pensar que estamos defendiendo los derechos humanos, pero estamos siendo víctimas también de amenazas no solo el defensor, sino la familia y hay ataques sicológicos”, expresó Ordóñez.
La diputada que también es miembra de la comisión de derechos humanos del Congreso Nacional, apuntó que está en la disponibilidad de trabajar en la ley de protección para Defensores y Defensoras de derechos humanos, porque es una de las solicitudes y recomendaciones hechas al Estado de Honduras.
“Qué bueno que hay instituciones que lo están trabajando, pero lo importante es que se involucre a todos, a la sociedad porque después que están aprobadas las leyes se dice pero qué pasó, que no nos tomaron en cuenta, y yo les digo el momento es antes cuando estamos en el dictamen, cuando estamos preparando la ley para que vayan incluidos todos los sectores y todas las inquietudes que se tienen”, recomendó la congresista pinuista.
Consultada si este es el momento oportuno para incidir sobre el tema, Ordóñez señaló que cree que es el momento porque está entre las recomendaciones formuladas por al Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
“Hay que tener un sumo cuidado sobre lo que queremos, porque es posible que sí aprueben la ley en función de salir del paso y decir cumplimos con esta recomendación, pero tenemos que tener mucho cuidado en cuáles son los aspectos, cuáles los objetivos y en realidad qué queremos para que sea una ley funcional y no una ley más”, apuntó Ordóñez.
Por su parte la abogada y ex diputada Silvia Ayala simpatizante del partido Libertad y Refundación (LIBRE) destacó que contar con una ley como ésta es muy importante porque se ha visto que el tema de violaciones de derechos humanos no es que sea recurrente, sino que es una urgencia en nuestro país y ha sido un tema que se profundizó después del golpe de Estado.
“Y vemos que la impunidad que impera en nuestro país, hace que se acreciente y se agraven las violaciones a los derechos humanos y coloca a los compañeros y compañeras que realmente están en la defensa de los derechos humanos del pueblo en una situación más vulnerable y creemos que es un acompañamiento, tal vez no una protección pero sí un acompañamiento y un fortalecimiento moral importante”, resaltó Ayala.
La ex diputada recomendó a los promotores y promotoras de la ley que sería importante hacer incidencia entre algunos diputados y diputadas vinculados con la propuesta de LIBRE, a través de ellos se podría introducir, aunque sabemos que un decreto de éstos puede tener dos destinos en la cámara legislativa, uno que sea engavetado y el otro que hipócritamente se aprobara, pero el problema sería que no tendría ningún cumplimiento.
“Nosotras hemos visto compañeros que tenían medidas cautelares de protección en donde se ordenaba al estado de Honduras que se garantizara su protección, pues estos compañeros han sido víctimas de tortura y varios de ellos perdieron la vida, entonces no es ninguna garantía, aquí ningún hondureño ni hondureña tiene garantizada su integridad física, pero sí es un acompañamiento, es un compromiso del pueblo hondureño y de estas organizaciones para poder conjuntamente cuidarse las espaldas, así que creo que sería importante”, sostuvo la ex diputada.
Ayala dijo que la ley debería incluir en la exposición de motivos, un análisis del contexto de violaciones a los derechos humanos que se están viviendo en el país, porque muchas veces se trata de decir que se trata de delincuencia común, que se trata de ajustes de cuenta entre bandas de criminalidad organizada para tratar de distraer o restarle la responsabilidad al Estado de Honduras en el tema de asesinatos de periodistas, abogados, persecución, intimidación y asesinatos de compañeros y compañeras defensoras de derechos humanos.
“Entonces yo creo que en primer lugar hay que ser muy claros y contundentes en la exposición de motivos que explique del por qué la necesidad de un decreto de esta naturaleza y luego incluir en el decreto medidas coercitivas porque en nuestro país si no se incluyen medidas de este tipo, pues nadie cumple la ley, si lo dejamos solo a nivel de sugerencia, no se le va a dar cumplimiento, pero sobre todo que sea el pueblo hondureño el que se movilice y demande al Estado la aprobación de este decreto y el cumplimiento de las medidas que se incluyan ahí”.
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