Balance Libertad de Expresión 2011
Continúa la violación a la Libertad de Expresión en Honduras: Impunidad y represión el rostro del año 2011
La situación del derecho a la Libertad de Expresión en Honduras, garantizado por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 72 de la Constitución de la Republica, empeoró en los primeros cuatro meses del año 2011 a pesar de los compromisos que el gobierno de Porfirio Lobo Sosa formalizó en Ginebra, Suiza, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) el 4 de noviembre de 2010 y que ratificó el 17 de marzo de 2011 ante el mismo organismo, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU).
Entre los compromisos sobresalen el de investigar los asesinatos y agresiones a periodistas así como el de garantizar mediante la reforma a la Ley Marco del Sector Telecomunicaciones, el reconocimiento de los medios comunitarios existentes en el país. Al respecto “el gobierno hondureño se comprometió a generar un debate en el Congreso Nacional con la participación de la sociedad civil para modificar su legislación en telecomunicaciones ´en concordancia con los acuerdos y estándares internacionales de derechos humanos´. A su vez se señaló el tema de acceso a la información como parte fundamental para ejercer y cumplir la libertad de expresión”, (AMARC/ARTICLE 19/C-Libre/FLIP/IFEX, noviembre, 2010).
Impunidad y autocensura
Según nuestro Sistema de Alertas, en el año 2010, fueron asesinados 11 periodistas; diez muertes se suscitaron entre los meses de febrero y noviembre y la última, el homicidio de Henry Suazo, corresponsal de la emisora HRN, ocurrida en el municipio de la Másica, departamento de Atlántida, se registro el 28 de diciembre del mismo año, paradójicamente un mes después de que el gobierno aceptara las recomendaciones hechas por los países integrantes del CDHNU. El asesinato de Suazo fue causado por varios balazos que le infirieron individuos desconocidos.
Hasta el día de hoy estos casos permanecen en la impunidad, la razón del por qué de los asesinatos y el nombre de los homicidas continúan en el anonimato, no se ha emitido ninguna orden de captura de parte del Ministerio Público, organismo competente en estos asuntos y los entes policiales responsables de las investigaciones se mantienen esquivos y no exteriorizan una versión oficial que demuestre lo contario, a la vez que muestran una actitud de prepotencia e insensibilidad ante los reclamos de los familiares y los organismos de derechos humanos. No obstante la Abogada Ana Pineda, Ministra de Justicia y Derechos Humanos declaró a AFP el 17 de marzo de 2011 que “existe la voluntad política para revertir esa situación y ejemplifica que de 10 periodistas asesinados en el país, en cuatro de ellos ya se han identificado a los homicidas y que las investigaciones de otros 6 casos están en proceso”.
Por otra parte las medidas cautelares solicitadas al gobierno por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no han surtido los efectos esperados, C-Libre en su Informe de Libertad de Expresión 2010, evidencia que la Secretaria de Seguridad no ha cumplido en su totalidad con el resguardo o custodia física de los periodistas amenazados de muerte. En casos específicos los periodistas que cuentan con las medidas de seguridad han sido víctimas de acoso, atentados e intimidaciones personales y en otros casos, esta situación ha alcanzado a sus familiares. Es de subrayar que estas evidentes realidades contribuyen a mantener y profundizar la impunidad, así como la situación de riesgo en la que las y los comunicadores ejercen su labor, escenario que se agudiza por la incertidumbre, la inseguridad existente y la indefensión de los ciudadanos/as ante las instituciones que no actúan conforme a sus mandatos y atribuciones.
En Ginebra las autoridades hondureñas se comprometieron a luchar contra la impunidad, fenómeno que en la actualidad constituye una violación de la obligación general que tiene el Estado para prevenir, investigar, sancionar, juzgar y condenar a los culpables y reparar los crímenes y violaciones. En relación a este compromiso la Abogada Ana Pineda reconoció que en Honduras existen altos índices de impunidad.
La indiferencia y la negligencia en la agilización de las investigaciones, por parte de las autoridades hondureñas, además de acrecentar el índice de impunidad en el país, incide negativamente en el estado moral de quienes ejercen esta profesión y oficio, provocando que algunos/as de ellos/as se autocensuren por temor a ser asesinados/as o simplemente cesanteados/as de sus puestos de trabajo, tal es el caso de algunos/as periodistas y comunicadores/as sociales de las ciudades de Santa Rosa de Copán, Danlí y Choluteca que en un seminario impartido por C-Libre aseguraron, que no están dispuestos arriesgar sus vidas por una investigación periodística. Lo anterior repercute a su vez de manera adversa en la ciudadanía al vedarle el derecho a recibir información de forma abierta, libre y democrática. Si al pueblo hondureño se le niega el derecho a la información se le priva el derecho a emitir y conocer opiniones, por lo consiguiente la manifestación de sus ideas tampoco será libre. En el informe de Libertad de Expresión C-Libre, ILE 2010, se deja constancia que la promoción y respeto de la libertad de expresión y de los derechos humanos constituyen hoy el fundamento esencial para la existencia del estado de derecho y la democracia como forma racional y pacifica de convivencia que permite el pleno desarrollo de la persona humana.
La represión 2011 como continuidad del golpe de Estado
La represión del periodismo independiente y de los medios de comunicación alternativos o comunitarios en Honduras continúa con la misma irracionalidad instaurada durante la ejecución y consolidación del golpe de Estado. Durante el período cubierto por el presente reporte, estos comunicadores y medios han soportado todo tipo de hostigamientos en el ejercicio de su labor, que incluyen amenazas a muerte, arrestos arbitrarios, golpizas en plena vía pública, heridas de bala, intoxicación por gases, censura de parte de dueños de medios de comunicación, despidos y confiscación de equipos.
Para el caso en el mes de marzo de 2011, la brutalidad de la policía y los militares se incrementó durante las manifestaciones pacíficas realizadas por el magisterio con la clara intención de impedir la cobertura de los acontecimientos por parte de aquellos medios de comunicación que se opusieron al golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
Para el periodista Germán Reyes coordinador de la Agencia de Noticias ACAN EFE, en Tegucigalpa, “la represión alcanzó niveles intolerables, porque además de violentar los derechos humanos de los manifestantes, los órganos represivos también reprimieron a la prensa. Hasta hoy, son varios los periodistas de distintos medios alternativos y comerciales no alineados con la oligarquía, que han tenido que soportar humillaciones, impedimentos para realizar su trabajo y hasta ataques con gases lacrimógenos, dirigidos a impedir el registro de imágenes”.
Sobre el particular la abogada Ana Pineda, declaró al Diario La Tribuna, el 30 de marzo de 2011, que esa dependencia del Estado constató que la “policía hizo uso irracional de los gases que emanan de las bombas lacrimógenas”. Señaló además que se “comprobó que los elementos uniformados lanzaron las bombas lacrimógenas directamente contra las personas y no al aire para que los gases se esparcieran en el ambiente”, certificó que con estas acciones se violentaron los protocolos de las Naciones Unidas porque antes de hacer uso de la disuasión se debió haber agotado el diálogo y la persuasión.
Las víctimas
De acuerdo con la información recabada, registrada y procesada por C-Libre, en su Sistema de Alertas y otras fuentes de información como Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX), La Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe (AMARC ALC ) y Reporteros Sin Fronteras (RSF), durante los primeros cuatro meses del año se emitieron 21 alertas, en las cuales se registran 38 casos de violación a la libertad de expresión y acceso a la información pública, que en relación a los 44 casos ocurridos el año pasado, y presentados en el Informe sobre Libertad de Expresión ILE 2010, representan el 75 por ciento.
A continuación se presenta un resumen de cada caso y un grafico que los muestra organizados según su tipología.
28 de abril de 2011. Individuos armados y encapuchados intimidaron, el martes 27 de abril, a las 11:30 de la noche, al periodista Arnulfo Aguilar, fundador y director de Radio Uno. El hecho aconteció en la casa de habitación del comunicador en el barrio Chamelecón de San Pedro Sula, departamento de Puerto Cortés, (Fuente C-Libre).
16 de abril de 2011. Pedro Canales periodista Comunitario de la radio La Voz de Zacate Grande, fue víctima, en la Península de Zacate Grande, al sur del país, de dos atentados criminales; uno por sabotaje y otro por amenazas a muerte. La mañana del 16 de abril Canales se percató que le habían colocado dos clavos en las llantas de su vehículo con la intención de que perdiera el control y tuviera un accidente. Ese mismo día por la tarde, dos hombres armados lo interceptaron y le apuntaron con sus armas, (Fuente C-Libre).
7 de abril de 2011. La casa de Teresa Reyes y Alfredo López, director de Radio Faluma Bimetu (Radio Coco Dulce), originaria de la comunidad afro-caribeña garífuna ubicada en Triunfo de la Cruz, fue incendiada por desconocidos a media noche, (Fuente RSF/AMARC/IFEX).
7 de abril de 2011. La Fiscalía del Choluteca al Sur del país, emitió nuevas órdenes de aprehensión por el delito de desobediencia a la autoridad en contra de integrantes de la emisora comunitaria La Voz de Zacate Grande y de dirigentes del Movimiento de Titulación de Tierras. Los acusados son Franklin Meléndez, Ernesto Lazo, Rafael Osorio, Danilo Osorio, Pedro Canales, Wilmer Rivera, Ethel Corea y Benito Pérez, quienes desde junio de 2010 fueron obligados a firmar cada semana en el libro judicial en Amapala, Valle, prohibiéndoles actividades vinculadas a la radio, (Fuente AMARC ALC y RSF).
30 de marzo de 2011. David Corea Arteaga periodista del Centro de Noticias de Colón (CNC), resultó herido en su rostro por una bala disparada por elementos del ejército nacional, mientras cubría un violento desalojo de manifestantes, que ejecutaron el ejército y la policía nacional, en el sector de Planes, Departamento de Colón, (Fuente C-Libre).
30 de marzo de 2011. La Policía Nacional de Honduras capturó a Pedro López, corresponsal de Radio Progreso, mientras cubría una toma de carretera por parte de la Frente Nacional de Resistencia en la comunidad del Triunfo, Municipio de Potrerillos, Departamento de Cortés, (Fuente C-Libre).
25 de marzo de 2011. Los periodistas Richard Cásula y Salvador Sandoval de Canal 36-Cholusat Sur fueron víctimas de la represión policial, mientras cubrían información al interior de las instalaciones del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras COPEMH. El reportero gráfico Salvador Sandoval fue herido en su rostro producto del impacto de una bomba lacrimógena, mientras que Richard Cásula, resultó intoxicado por los efectos nocivos de los gases pimienta, (Fuente C-Libre).
22 de marzo de 2011. La Policía Nacional de Honduras atentó contra la vida de los periodistas David Romero director de Radio Globo y Lidieth Díaz, reportera de Canal 36, mientras conversaban con un grupo de profesores que se alojaban en el Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras COPEMH, (Fuente C-Libre).
22 de marzo de 2011. La Policía Nacional de Honduras agredió a la periodista Sandra Maribel Sánchez directora de Radio Gualcho, y al camarógrafo de Globo TV, Uriel Rodríguez. Los comunicadores se encontraban cubriendo el desalojo de los maestros a inmediaciones del Colegio de Profesionales de Educación Media de Honduras (COPEMH) cuando la Policía Nacional los atacó sin justificación, con bombas lacrimógenas y proyectiles de corcho, (Fuente C-Libre).
17 de marzo de 2011. Ethel Corea, comunicadora de La Voz de Zacate Grade, ubicada en el Golfo de Fonseca en la zona sur del país, fue objeto de amenazas a muerte, por un grupo de civiles armados. Serás la “segunda en morir” le aseguró Porfirio Medina, el agresor, a la comunicadora social, (Fuente C-Libre).
17 de marzo de 2011. El presidente del Consejo de Administración de la radio La Voz de Zacate Grande, ubicada en la zona sur del país, Franklin Meléndez, fue víctima de un atentado criminal perpetrado por individuos armados, que después de denigrarlo, le dispararon hiriéndole en la pierna izquierda, (Fuente C-Libre).
15 de marzo 2011. La periodista de Revistazo.com, Eleana Borjas, fue intimidada con ser procesada judicialmente por el comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Abogado Arturo Echenique Santos. El suceso aconteció, en las instalaciones del IAIP, mientras la reportera pretendía obtener una declaración del funcionario, para conocer la razón por la cual votó en contra de un Recurso de Revisión presentado a esa institución, en virtud de habérsele negado información pública y de oficio en el Congreso Nacional de la República, relacionada con los montos de los subsidios que se les entregaron a los diputados en el periodo legislativo 2006-2010, (Fuente C-Libre).
15 de febrero de 2011. Un grupo de seis hombres y dos mujeres pertenecientes al grupo de policía del Departamento Nacional de Investigación Criminal (DNIC) se presentaron en las instalaciones de la emisora comunitaria La Voz de Zacate Grande con un supuesto mandato de inspección por parte del Ministerio Público de Nacaome, para averiguar sobre la construcción de un hotel según ellos situado al lado de la radio, así como para avisar sobre una posible orden de captura por no haber respetado el mandato de cierre de la radio.
Este último hecho sucedió en junio de 2010, cuando la policía había cercado la radio con una cinta que llevaba la leyenda "escena de crimen". En dicho operativo fueron denunciadas ochos personas de la comunidad, (Fuente AMARC/IFEX).
12 de febrero de 2011. Dagoberto Posadas, periodista independiente, activista del Sindicato de Trabajadores del Patronato Nacional de la Infancia SITRAPANI y miembro de la Comisión de Comunicación del Frente Nacional de Resistencia Popular FNRP fue intimidado por hombres armados que se conducían a bordo de un vehículo marca TOYOTA color verde oscuro, sin placas, (Fuente C-Libre).
04 de febrero de 2001. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) pretendió frenar la apertura de nuevas radios comunitarias al poner a consulta, en su sitio web, un anteproyecto de resolución cuyo propósito era suspender el otorgamiento de permisos y licencias para la operación de estaciones de radio de baja potencia, de acuerdo a lo expresado por Alfredo López Coordinador de Proyectos de Comunicación de la Organización Fraternal Negra de Honduras OFRANEH, (Fuente C-Libre).
1 de febrero de 2011. El Oficial de Transparencia del Congreso Nacional Rolando Arturo Raudales, negó mediante comunicación escrita, información pública y de oficio a Revistazo.com, relacionada con los montos de los subsidios que se les entregaron a los diputados en el periodo legislativo 2006-2010, (Fuente C-Libre).
29 de enero de 2011. Periodistas fueron agredidos por miembros de la seguridad del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés mientras cubrían la ceremonia del traspaso de mando al interior de las Fuerzas Armadas de Honduras. El hecho se produjo en las instalaciones de la Academia Militar Francisco Morazán. Entre los afectados se encontraban Marvín Ortiz de Radio Globo y Lidieth Díaz de Canal 36, (Fuente C-Libre).
20 de enero de 2011. Los miembros de la radio comunitaria Garífuna Faluma Bimetu (Coco Dulce), ubicada en la comunidad Triunfo de la Cruz, municipio de Tela, se ven obligados al cierre temporal por amenazas de incendiar, por segunda vez, la instalación y el equipo del medio de comunicación, (Fuente C-Libre).
14 de enero de 2011. El Juez de Letras Libres de Amapala, mediante dictamen de audiencia, emitió un auto de prisión en contra de Elia Hernández y Elba Yolibeth Rubio, integrantes de la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande, así como en contra de otras doce personas más. (Fuente AMARC/IFEX).
El 5 de enero de 2011. Dos personas con uniforme del Servicio de Medición Eléctrico de Honduras (SEMEH), aproximadamente a las 10:40 a.m., sin identificarse ni presentar documento oficial, ingresaron en las oficinas del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), ubicadas en el barrio Las Delicias en La Esperanza. De acuerdo con las informaciones difundidas por COPINH, los sujetos, a bordo de un vehículo de marca Toyota 22 R, color rojo, con placa PAE0468, amenazaron de muerte a integrantes de la organización y cortaron la luz eléctrica, lo cual dejó sin posibilidad de transmisión a las radios comunitarias Guarajambala y la Voz Lenca. Dichas emisoras son parte de la organización COPINH, (Fuente AMARC/IFEX).
5 de enero de 2011. El director del Noticiero “Así se informa” de Canal 36, Esdras Amado López, denunció que el Teniente Coronel, de las Fuerzas Armadas de Honduras, Rodolfo de Jesús Méndez Martinez, lo amenazó de muerte este miércoles 5 de enero en las cercanías del Instituto Hondureño de Seguridad Social, en el boulevard de la Comunidad Europea, al sur de la ciudad de Tegucigalpa, (Fuente C-Libre).
Peticiones
El Comité por la Libre Expresión C-libre, como organización que tiene la misión de contribuir al fortalecimiento de la libertad de expresión en Honduras, promover el ejercicio y defensa del derecho a la información y el desarrollo de un régimen de opinión pública, deja claro que la lucha contra la impunidad que rodea los casos de los crímenes contra periodistas no puede quedar en el olvido, no podemos permitir que por presiones de los grupos de poder, las investigaciones se paralicen y los procesos judiciales caduquen y prescriban. En tal sentido reclamamos del gobierno del humanismo cristiano, particularmente del Presidente de la Republica Licenciado Porfirio Lobo y del Presidente del Congreso Nacional Abogado Juan Orlando Hernández, lo siguiente:
1.- Cesar las agresiones y la persecución contra periodistas, comunicadores sociales y medios de comunicación alternativos o comunitarios.
2.- Ordenar al Ministerio de Seguridad la agilización de las investigaciones por la muerte de periodistas y poner a la orden de los órganos competentes a los criminales.
3.- Hacer efectivo el compromiso de reformar la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones para que se incluya la participación de los medios de comunicación comunitarios y sociales, como lo exigen los estándares jurídicos interamericanos.
4.- Crear la Comisión para la Protección de la Libertad de Expresión entre cuyas funciones estén la de adoptar medidas para proteger el derecho a la libertad de expresión como un bien social, defender la integridad del periodista y el comunicador socio comunitario en la realización de sus labores y robustecer la función pública de la prensa, asegurando la calidad, la eficacia, la continuidad y la perdurabilidad de la función informativa.
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