Radio Progreso
En la vida política nacional vivimos momentos de alternancia legislativa: a veces se tiene la impresión de ser más tortugas y, otras, más de ser liebres. El actual es de un tiempo marcado por un activismo donde no contamos con tiempo suficiente para digerir tanta novedad que nos viene del Congreso Nacional. Todavía tenemos las imágenes recientes del HOB y el comienzo del proyecto del Patuca cuando el Congreso se traslada a La Ceiba y nos presentan una serie de leyes para “socializar”. Entre ellas se destaca la “Ley Especial sobre Intervención de las Comunicaciones Privadas”, más conocida como la “Ley de Escuchas Públicas”.
Obviamente se ha desatado una serie de reacciones en cadena por los diversos sectores políticos y sociales. Por un lado, las bancadas políticas que las presentaron y las apoyan justificándolas como algo necesario y fundamental para contrarrestar la delincuencia, el terrorismo y el narcotráfico. Por el otro, los opositores, comenzando por la ministra de los Derechos Humanos, diversos organismos de la sociedad civil, organizaciones de ddhh, Ramón Custodio etc, etc, La rechazan porque es lesiva a la inviolabilidad y al secreto de las comunicaciones. Incluye tres reformas constitucionales, una reforma al código penal y una al código procesal penal.
En virtud de esta ley un juez puede aprobar la intervención telefónica a solicitud del Ministerio Público. Para los casos del narcotráfico inclusive no haría falta la autorización de un juez. Según los defensores la ley busca ofrecer herramientas más efectivas para la policía nacional y poder enfrentar la ola de actos criminales, para la lucha contra la delincuencia, los secuestros y la extorsión. Este es el lado positivo de presentar las cosas donde no aparece para nada lo que esto supone de atentado para la vida democrática y el recorte de la vida ciudadana.
Nuestro pasado reciente nos dice lo mucho que nos costó deshacernos de las dictaduras militares, recuperar el control de la sociedad civil sobre la militarización de la sociedad e iniciar el “proceso de transición a la democracia”. Y, todo esto, para desembocar en la ruptura del orden constitucional el 28 JUN 2009. Todo parece indicar que a partir de esa fecha se han ido cerrando las puertas a la vida democrática del país. Los espacios políticos se reducen y, sobre todo, la vida económica impone su ley férrea sobre el empleo, la distribución de la riqueza y una vida digna.
Estamos haciendo nuestra la “agenda” estadounidense al pensar que nuestros enemigos son el narcotráfico y el terrorismo. Y con estas leyes no hacemos más que remedar a la “ley del patriota” al aprobar un estado policíaco, una sociedad controlada donde, no solamente, el espacio público desaparece sino que la intimidad, el honor y la propia imagen se invisibilizan. También nos viene del norte la fuerte presión de la derecha republicana, del temor a la expansión de los aires libertadores del mundo árabe y un gran despliegue tecnológico para combatir a todos los “osama ben laden”, sean terroristas o narcotraficantes, de nuestro entorno regional.
Al contrario del presidente Obama, el aumento de la popularidad y del prestigio vendrá cuando la clase política y gobernante empiece a aprobar, no “leyes de escuchas telefónicas”, sino “leyes de escuchas sociales” donde los problemas y necesidades de los ciudadanos encuentren eco y respuesta de una manera real y efectiva.
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