Funcionarios del gobierno del presidente Porfirio Lobo se encuentran recorriendo las minas del país para evaluar sus condiciones de trabajo, a fin de que la Ley General de Minería, promulgada hace 12 años pero que ha estado en el limbo legal por una batalla jurídica, pueda recibir el visto bueno final.
La ley fue promulgada en 1999, pero en el 2007 la Corte Suprema declaró inconstitucionales 13 de sus artículos, incluyendo una cláusula que exoneraba a las empresas mineras del pago de impuestos.
Una de las mayores críticas a la ley fue que no exigía a las empresas presentar un estudio de impacto ambiental para recibir una concesión.
El pasado 11 de mayo, representantes de la Comisión de Minería del Congreso y de la industria minera reanudaron conversaciones sobre la norma, en las que acordaron trabajar en una ley minera enteramente nueva, en lugar de trabajar sobre reformas a la vigente.
Honduras experimentó enormes daños económicos tras el golpe de Estado de junio del 2009 que derrocó al presidente Manuel Zelaya (2006-2009), y Lobo está ahora buscando atraer más inversión extranjera al país.
La primera ley se redactó luego del paso del huracán Mitch a fines de 1998, que también causó grandes estragos económicos. El país se encontraba en circunstancias similares, en una situación financiera desesperada y buscando inversiones extranjeras. En ambos casos, las poblaciones locales que podrían sentir el mayor impacto de la minería no han sido consultadas.
Organizaciones ambientalistas y de derechos sociales locales e internacionales han condenado a los sucesivos gobiernos por no proteger a los habitantes del Valle de Siria, donde la minera canadiense Gold Corp, que también posee la controvertida mina Marlin en Guatemala, había operado allí su mina San Martín. Los lugareños se han quejado de la severa contaminación a sus fuentes de agua que ha envenado a personas y ganado.
En los últimos años las actividades mineras vienen generando protestas desde Guatemala hasta Perú y Costa Rica, en las que los residentes locales expresan su indignación por la contaminación real o potencial, pérdida de tierras y de medios de subsistencia, y también porque no ven beneficios económicos de la actividad.
Grupos antimineros de todo el continente americano, entre ellos de Bolivia, Colombia, Costa Rica, México, Honduras y Panamá, están planeando una marcha continental el 21 de junio para exigir sus derechos y protestar por los impactos negativos de la minería sobre sus comunidades.
No hay comentarios:
Publicar un comentario