Solicitar el retiro de los 17 procesos penales en contra de integrantes de las comunidades criminalizados por luchar en defensa del agua en sector Pajuiles, Tela, Atlántida, al norte de Honduras”, son parte de los acuerdos firmados en el inicio del dialogo sobre la conflictividad que ha generado la Hidroeléctrica Centrales El Progreso (Hidrocep).
El dialogo se llevó a cabo debido a la agudización del conflicto donde han sido reprimidos y encarcelados dirigentes comunitarios quienes llevan más de 155 días en lucha exigiendo se cancele el proyecto hidroeléctrico que se construye en la aldea Buena Vista, en la zona cordillera nombre de Dios, específicamente en el nacimiento del río Mezapa, principal abastecedor de agua para 20 comunidades ubicadas en el sector Mezapa y Pajuiles, Tela, Atlántida.
Este primer documento que se suscribió incorpora otros acuerdos, como; dar a conocer de manera objetiva las ventajas y desventajas del proyecto a las comunidades en conflicto, investigar los daños al medio ambiente y la muerte de peses en dicho afluente, revisión completa del expediente que llevo al otorgamiento de la licencia ambiental del proyecto, crear una mesa de diálogo para la solución de los conflictos y dar seguimiento a los acuerdos para su cumplimiento.
En el dialogo participaron las organizaciones comunitarias que están a favor y en contra del proyecto hidroeléctrico, ejecutivos de Hidrocep, la corporación municipal encabezada por el alcalde Mario Fuentes, el sacerdote Víctor Cámara en representación de la diócesis de La Ceiba, el viceministro de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente), la representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, (MADJ), entre otros invitados.
El dialogo se llevó a cabo el pasado miércoles 23 de agosto en horas de la mañana en la segunda planta del edificio de la contaduría en la ciudad de Tela, donde representantes de las comunidades expusieron sus criterios tanto a favor como en contra de proyecto. Los dirigentes comunitarios coincidieron que con la llegada de la hidroeléctrica las comunidades se dividieron (Las comunidades de la zona alta a favor y las del sector bajo en contra).
En el caso del sector del Pajuiles lleva más de 155 días en lucha permanente instalados en un campamento ubicado en la carretera que comunica de El Progreso, Yoro, a Tela, específicamente en el desvió de San Antonio, carretera que conduce a la zona alta de la cordillera Nombre de Dios, donde se pretende construir la hidroeléctrica.
El diálogo es la única salida al conflicto
“Nosotros salimos con mente positiva después del primer encuentro del dialogo y esperamos que todo marche de la mejor manera para el bien de las comunidades. Respecto a los acuerdos hay que estar vigilantes para que se cumplan y que la mesa del dialogo no se detenga”, indicó Martín Fernández, coordinador del MADJ.
“Si hubieran escuchado a las comunidades desde el inicio se hubieran evitado muchas cosas, nosotros como movimiento amplío creemos que solo a través de un dialogo franco, honesto y apagado a derecho se pueden solucionar las cosas”, indicó.
Por su parte María Soledad Pazo, Representante Residente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, indicó que el dialogo es el único medio que puede solventar cualquier conflicto y resaltó la importancia del derecho de los pueblos indígenas y no indígenas a la consulta previa, libre e informada con respecto a las decisiones que les puedan afectar como es el caso de la minería y las hidroeléctricas.
De acuerdo a María Soledad, los Estados deben garantizar que los pueblos sean consultados sobre los temas susceptibles de afectarlos, teniendo en cuenta que esta consulta debe estar dirigida a alcanzar un acuerdo en relación a las acciones administrativas o legislativas que tengan un impacto sobre sus derechos.
“Antes de aprobar cualquier proyecto lo primero que se debe hacer es consultarle a las comunidades que podrían ser afectadas de manera directa o indirecta. La información tiene que ser veraz y se tiene que explicar los beneficios y las consecuencias negativas del proyecto, con toda la información la población tomará su decisión a favor o en contra, y el Estado deberá de respetarla”, indicó Pazos.
Mario Fuentes, alcalde de Tela, manifestó que como corporación municipal están interesados en llegar acuerdos a través del dialogo. “Nosotros estamos comprometidos con el pueblo y es por eso que hemos solicitado desarrollar este espacio de dialogo que el final de todo el proceso pretendemos salir todos ganadores en beneficio del pueblo”, indicó.
Inicio del conflicto
“Nosotros no teníamos idea de este proyecto hidroeléctrico, hasta que un día comenzó a llegar a nuestra llaves agua con lodo, fue entonces que nos alarmamos y subimos hasta el lugar donde tenemos la pequeña presa que nos abastece de agua y nos dimos cuenta que era una maquinaria que estaba trabajando para la represa”, indicó un integrante de la Junta de Agua Potable de la aldea Mezapa.
Al mismo tiempo dijo que ese problema lo enfrentan muchas comunidades por lo que comenzaron a organizarse para defender el río Mezapa, quien toda la vida los ha dotado de agua limpia hasta que la empresa hidroeléctrica llego a instalarse.
Fue en abril de 2016, que el empresario Jason Hawit, propietario de Hidrocep, comenzó a construir en la cordillera un plantel para el cuarto de maquinaria de la hidroeléctrica. Esto implicó talar más de mil 200 árboles y contaminar con sedimento las cuencas de agua que abastecen las comunidades de Pajuiles, Planes y Mezapa. Sustituyendo los arboles la empresa sembró zacate y arbustos en el lugar donde antes había caoba y robles de más 40 años de edad, según los habitantes de la zona.
En mayo de 2016, las comunidades realizaron la primera denuncia contra el empresario Hawit por los daños ocasionado al ambiente. También se solicitó a la alcaldía de Tela la realización de un cabildo abierto para solucionar el problema ambiental. A raíz de esta denuncia la población se reunió en repetidas ocasiones con el edil Mario Fuentes, pero las promesas del funcionario quedaron en papel mojado.
Ante las presiones de la población afectada por el proyecto, en julio de 2016, el alcalde convocó a un cabildo abierto pero él no se presentó y únicamente lo hicieron algunos regidores. La acción del edil indignó más a la ciudadanía que inmediatamente se trasladó a protestar frente al palacio municipal, donde logaron que los regidores se comprometieran a convocar nuevamente a otro cabildo.
Sin embargo, fue hasta noviembre de 2016 que se realizó el cabildo, pero fue desarrollado en la comunidad Miramar, ubicada en la parte alta del municipio de Tela, donde según la población es difícil el acceso y nada tiene que ver con el proyecto. En ese lugar, a pesar de la oposición, Mario Fuentes aprobó la construcción de la represa. Un mes después las comunidades denunciaron por abuso de autoridad al alcalde e impugnaron el cabildo abierto.
En enero de 2017, el técnico ambientalista de fiscalía y el fiscal Randy Mejía junto a las comunidades levantaron un informe sobre la contaminación que la empresa ha provocado en el río. La fiscalía ordenó parar los trabajos de las máquinas en la zona. Ese mismo día por la noche el fiscal Randy sufrió un atentado a muerte a la altura del jardín botánico Lancetilla de Tela.
Tomas de carreteras e instalación de campamento
Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades municipales y centrales, la población organizada comenzó a desarrollaron 18 de enero del presente año la primera toma de la carretera CA13 a la altura de la comunidad de Planes de Arena Blanca. En lo que va del 2017 han desarrollado 4 tomas de la carretera que comunica El Progreso, al atlántico.
En las diversas acciones las comunidades han reiterado las irregularidades cometidas tanto por la alcaldía como por autoridades del ambiente en el proceso de licenciamiento de la hidroeléctrica, así como en el incumplimiento de las medidas de mitigación ambiental y la falta de información hacia las comunidades, sin embargo, su voz no fue escuchada.
Ante esta situación las comunidades organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, (MADJ), decidieron hace más de 5 meses instalar en el desvió de San Antonio, un campamento por el Agua y por la Vida, impidiendo se suba el material para la construcción de la represa.
“Ante nuestra lucha permanente, desde el 4 de agosto, policías y fiscales han reprimido, prendido fuego a los símbolos de la resistencia comunitaria, han capturado y enjuiciado a los habitantes que permanecen en defensa del agua, sin embargo, la gente de Pajuiles sigue aferrada a su dignidad, a pesar que ha sido sitiada por tanquetas policiales, hombres civiles armados, policías al servicio de Hawit e HIDROCEP”, indicó un habitante de Pajuiles.
A renglón seguido lamentó que esa misma autoridad que los criminaliza no actuó frente a las denuncias por daño ambiental, por la irregularidad en el otorgamiento de la concesión, frente a las amenazas a muerte que ya han tenido mujeres y hombres que sostienen el campamento por el agua y la vida, tampoco por las agresiones físicas que fueron víctimas Oscar Martínez y Martín Fernández, pero que ha a la mayor velocidad han puesto los requerimientos fiscales a los que luchan, acusándolos de los supuestos delitos de usurpación y detentación del espacio público en perjuicio del Estado de Honduras y de la empresa hidroeléctrica HIDROCEP.
Para el día lunes 28 de agosto se reprogramó la audiencia inicial en contra de los defensores del río Mezapa; Angélica Recinos, Óscar Martínez, Arnaldo Castro, Andrés Reyes, Santos Acevedo, Regino Menjivar, Pablo Peraza, Germán Moreno, Jesús Gavarrete y Rufino Lara, 10 de los 17 integrantes del Movimiento Amplio, criminalizados por defender el agua en Pajuiles, Atlántida.
Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Madj, han ratificado que “desde Pajuiles, defendemos el río Mezapa y los derechos de las comunidades, pero estamos claros que avanzamos hacia la defensa del territorio y la dignidad nacional, frente a la embestida del violento y corrupto sistema extractivista, capitalista y neoliberal”.
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