Por Sandra Rodríguez
Por cinco años serán expulsados 19 estudiantes que suponen responsables de una toma del Edificio Administrativo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la noche del 24 de mayo pasado.
Esa fue la resolución de las autoridades universitarias, después de someterlos a audiencia de descargo el 16 de junio, mismo día que un contingente policial del comando COBRAS irrumpió en la UNAH encerrando a seis jóvenes en el edificio de la facultad de Química y Farmacia (QQFF), y atacando con gases lacrimógenos a cientos de personas que exigían su liberación.
Los estudiantes y el periodista Ronnie Huete, que daba cobetura a la protesta, fueron capturados y acusados por los delitos de daños a las instalaciones físicas de la UNAH y de privación de la libertad de los agentes de la Empresa de Seguridad Privada del Aguán (ESPA), que coordina el militar retirado Roger Aguilar.
Los y las jóvenes fueron expulsados por quince periodos académicos consecutivos, según consta en un oficio por parte de la Secretaría de la Comisión Investigadora de la toma del edificio llamado “Alma Mater” -dónde funciona la oficina de la rectora-, a Fabricio Sandoval, parte del equipo de defensa.
Sandoval ha denunciado que esta es una arbitrariedad de parte de las autoridades universitarias.
El anuncio se hace en la misma fecha, pero del 2016, cuando se daba a conocer un acuerdo de homologación entre autoridades universitarias y estudiantiles, para entablar un diálogo y la suspensión de todos los procesos judiciales contra 75 compañeros ese año y tres del 2015, Sergio Ulloa, Cesario Padilla y Moisés Cáceres, ahora condenados por usurpación.
Entre los 19 estudiantes expulsados está André Johan Gómez Jerónimo, hijo de Roberto Gómez, quien fue asesinado hace cuatro viernes, un día después de acompañar a los criminalizados en la audiencia inicial el 22 de junio, en los juzgados de Letras de Tegucigalpa.
20 de julio
El 20 de julio no sólo recuerda el natalicio del líder estudiantil Eduardo Becerra Lanza, detenido desparecido el 01 de agosto de 1981, y que hoy cumpliría 59 años; sino que marca la lucha que ha emprendido el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), contra las medidas arbitrarias y excluyentes que hoy afecta directamente a 19 compañeros y compañeras, algunos con excelencia académica, que hasta su beca perdieron.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), denuncia estas acciones contrarias a la defensa de la educación pública, que violentan el derecho a la educación, la libertad de expresión e impulsa la criminalización de la protesta social.
En el año 2014 hubo seis estudiantes en Ciudad Universitaria y 10 en el Valle de Sula, siendo 16 en total, pero en febrero del 2015 la Corte Suprema de Justicia (CSJ), determinó que fueran matriculados.
Cinco meses después, en julio del 2015, se criminalizó a Ulloa, Padilla y Cáceres. Y exigiendo justicia por ellos, los 19 ahora expulsados, se manifestaron en los bajos del edificio administrativo.
El próximo 04 fe agosto continuarán con las respectivas audiencias judiciales, por exigir sus derechos, mientras cinco estudiantes han llegado al día 23 de la huelga de hambre en la entrada de la UNAH.
La expulsión se anunció, un día después de que miles de estudiantes solicitaron al Congreso Nacional una Asamblea Constituyentes, cómo relevo temporal a la rectoría, mientras se elige al o la sucesora de Julieta Castellanos, que en septiembre debería entregar su segundo periodo en dicho puesto.
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