En medio de la montaña Nombre de Dios, al norte de Honduras, cada día crece la resistencia pacífica y organizada de una población que está jugándose la vida al oponerse a la construcción de dos proyectos hidroeléctricos: Centrales El Progreso Hidrocep del empresario Jason Hawit en Paujiles, Tela y de la represa sobre el río Jilamito, en Arizona, a cargo de Inversiones de Generación Eléctrica S.A DE C.V, Ingelsa, propiedad del empresario Emín Abufele, quien también es vinculado con las hidroeléctricas de Mezapita y Matarras, siempre en Atlántida.
En este departamento existen 24 concesiones para la instalación de represas hidroeléctricas y 100 para explotación minera, según una investigación a cargo del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación Eric-sj junto a la universidad Saint Louis Misuri de Estados Unidos. Siendo Arizona y Tela los municipios más afectados con la implementación del modelo extractivista.
En Honduras, después del golpe de Estado de 2009, se incrementó el otorgamiento de concesiones mineras y la entrega de licencias ambientales para proyectos de generación de energía. Esto, como parte de la política de concesionamiento territorial y de bienes naturales, que otorga el gobierno de Honduras a empresas nacionales y extranjeras.
El total de proyectos generadores de energía es de 334, de las cuales 177 son hidroeléctricas, 6 solares, 39 eólicas, 27 térmicas, 26 de biomasa, 4 geotermias y 1 co-generación, según el “Informe del Observatorio de Bienes Naturales y Derechos Humanos del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario CEHPRODEC, 2016”.
En Atlántida la población en resistencia denuncia directamente a los empresarios Fredy Nasser, Jason Hawit, Emín Abufele y Salomón López como los destructores de la montaña Nombre de Dios, y exigen a las autoridades la cancelación inmediata de los proyectos hidroeléctricos por los daños irreversibles al ambiente que han provocado.
“Esos proyectos son de muerte y despojo”, nos dice Yuri Serrano de la comunidad Matarras en Arizona, donde el empresario Salomón López ha instalado una represa hidroeléctrica. “Nos dicen que es desarrollo para las comunidades pero es mentira. Nos roban hasta la dignidad”, agrega Yuri asegurando que producto de las hidroeléctricas muchas comunidades del sector se están quedando sin agua.
Que las personas se estén quedando sin agua es un acto criminal por parte de las empresas que con el visto bueno de las autoridades violentan las leyes y se apropian de los bienes naturales comunes para enriquecerse, ha denunciado públicamente el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, organización que junto a la iglesia católica acompañan y animan la lucha de las comunidades.
Producto de la organización y el trabajo legal que realiza el Movimiento Amplio en Atlántida, los municipio de San Francisco, La Másica, El Porvenir, Arizona y el Sector Florida en Tela, se han auto declarado como territorios libres de mineras e hidroeléctricas. Sin embargo, los empresarios con el visto bueno de las autoridades han irrespetado la voluntad del pueblo, y las intenciones de represar los ríos continúan.
Bajo un techo de nylon y sacos de mezcal, que cubren las literas de bambú improvisadas y el fogón donde se prepara la comida que alimenta el espíritu de lucha, se pueden observar familias enteras que permanecen día y noche acampando cerca del río Jilamito. Evitando que la maquinaria de la empresa Ingelsa continúe destruyendo la montaña que da vida a las comunidades de Arizona.
En mayo 2017, tomando de ejemplo la lucha que libran los habitantes de Pajuiles y Mezapa en contra de Hidrocep de Jason Hawit, la gente de Arizona armó su campamento para detener los trabajos de Ingelsa, sin embargo, la policía y algunos trabajadores de la empresa también se apostaron en el camino que da acceso al lugar donde se construirá la planta principal de la hidroeléctrica provocando miedo y hostigamiento en la población, que se resiste a ver su río en manos de la empresa privada.
Pero ¿Cómo es la vida en este campamento? Preguntaron a doña Elena Gaytán, una mujer que desde el 2015 ha denunciado la venta del río Jilamito y el papel de las autoridades municipales a favor del empresario. “Es difícil pero alegre”, contestó con una sonrisa contagiosa. “Difícil porque nos estamos enfrentando al poder económico y político. El mismo poder que mató a Berta Cáceres. Pero también es alegre porque cada día somos más las personas que defendemos el río”, puntualizó doña Elena, alegre y comprometida con la defensa del agua.
El campamento de Jilamito es sostenido por todas las comunidades de Arizona. Fácilmente se puede observar a la gente bajando de la montaña con cargas de maíz, frijoles, arroz o plátanos para alimentar el campamento que lucha contra la hidroeléctrica. “Hay personas que caminan horas para llegar hasta aquí”, nos explica Claudia Sánchez, asegurando que todo el municipio rechaza la privatización de los ríos.
Una iglesia que cuida nuestra Casa Común
Las parroquias de Jutiapa, Arizona y Esparta en Atlántida, se juntaron en una sola voz para animar a la población del campamento, y denunciar a los empresarios y políticos hondureños, que en su afán de enriquecerse, son contrarios a los valores del Reino de Dios.
En una celebración popular realizada el 25 de junio en el campamento de Jilamito, la iglesia reafirmó su compromiso de estar al lado de los oprimidos y violentados en sus derechos más fundamentales, entre ellos el agua, la vida y la dignidad.
“Creemos que tenemos que seguir adelante hasta que los ocho municipios del departamento de Atlántida se declaren libre de estos proyectos generadores de miseria y muerte”, dijo el padre Víctor Cámara, de la parroquia de Jutiapa, en el campamento. El sacerdote asegura que en el Plan Pastoral de la Diócesis de La Ceiba, hay un compromiso genuino de acompañar a las comunidades para que ejerzan su soberanía territorial.
Por otra parte, la iglesia de Atlántida denunció que los sacerdotes que participan en la defensa del agua están siendo retirados de su parroquia y asignados a otras ciudades o países. Es el caso del padre Pedro Lima, quien estuvo asignado a la parroquia de Mezapa, Tela, acompañó la lucha que libra el campamento de Pajuiles en contra de Hidrocep de Jason Hawit.
“Yo estoy aquí como afectado y no como cura”, expresó el padre Mario Adín de Esparta, al cierre de la eucaristía, donde hizo un llamado a toda la iglesia a organizarse y movilizarse en defensa de la madre tierra que es un regalo del Dios de la vida.
La presencia del actual modelo de extracción mantiene a cientos de mujeres y hombres jugándose la vida por defender sus bienes comunes. En Atlántida los campamentos dignos por el agua y por la vida, significan una esperanza para un país empobrecido, donde sus gobernantes han concesionado la tercera parte de su territorio nacional a la empresa privada.
No hay comentarios:
Publicar un comentario