Acaba de ser difundido en Español e Inglés el informe final de una visita realizada a Honduras el año pasado, entre julio y agosto, por el Consejero de Responsabilidad Social para el sector extractivo de Canadá.
Es interesante el documento por los sitios visitados en Copán y Francisco Morazán, por las personas y organizaciones entrevistadas, y por las referencias y omisiones que el mismo contiene.
El Consejero Jeffrey Davidson explica que su visita fue planeada como la primera de una serie a países de América Central donde compañías canadienses están activas, y donde el desarrollo de recursos minerales continúa siendo controversial y contencioso.
Hace quince años habían más de diez compañías canadienses operando en Honduras, dice el texto, pero en la actualidad solamente hay tres en operación, una en San Andrés y La Unión, Copán; otra en el Corpus, Choluteca, y en El Mochito, Santa Bárbara.
En esta columna de opinión de Voces Contra el Olvido nos importa el tema porque en abril de 2016, varias organizaciones sociales hondureñas y canadienses — particularmente Mining Watch y Derechos en Acción — expusieron al gobierno en Ottawa sus preocupaciones sobre el impacto de las actividades extractivas sobre los derechos humanos en América Latina.
En el caso concreto de Honduras las organizaciones denunciaron la conducta de compañías privadas canadienses operando en controversia, concretamente Aura Minerals, Glenn Eagle Resources y Ascendant Resources.
En Copán hay mujeres criminalizadas por la subsidiaria MINOSA, también liderazgos locales amenazados y tremendos impactos sobre el río Lara, además de destrucción de bosques y ataques a la moral colectiva de la población. No es un tema menor el soborno a las personas dolientes para demoler su histórico cementerio, sembrado sobre una veta de oro.
En San Ignacio, Francisco Morazán, no es transparente el cierre de la mina ni la forma como serían reparados los daños a centenares de personas enfermas por el consumo de metales pesados en el agua subterránea.
En ambos casos, más las experiencias del Corpus y Las Vegas, existen impactos sobre el medio ambiente y las personas, muchas muertes en impunidad, familias engañadas en nombre del desarrollo nacional, y ataques a las organizaciones defensoras de la vida y la libertad.
Como bien dice el informe de Ottawa, las empresas canadienses tienen inversiones en Chile, Argentina, Perú, Brasil e, inclusive, Ecuador y Colombia, pero lo cierto que es en Honduras donde la corrupción pública y privada hacen altamente peligrosa esta actividad.
La colusión entre impunidad, violencia, corrupción y daños al medio ambiente es la alianza perversa que comparten los mineros hondureños con autoridades nacionales y consultores del poderoso Loby de la Bolsa de Valores de Toronto y Nueva York.
Por ejemplo, se deduce del informe de Canadá, que el alcalde de La Unión, Copán, recibió 60 millones de lempiras en impuestos para invertir en las comunidades aledañas a la mina y no lo hizo. Y por esta razón, la empresa tuvo que colocar un gran rótulo a la entrada del plantel diciendo la cantidad de plata que le ha dado a la municipalidad.
Con ese dinero — como se ha visto en repetidas ocasiones — los políticos corruptos terminan pagando policías, militares y periodistas para atacar las resistencias comunitarias y minimizar los impactos de las malas prácticas empresariales. O inventando el consenso. O sustituyendo el diálogo por la mordaza.
En el informe divulgado en la capital canadiense el jueves anterior, el Consejero Davidson se hace una serie de importantes preguntas relacionadas con el potencial futuro de la minería en Honduras.
La primera pregunta que escribió en el texto es “si la minería en Honduras puede llevarse a cabo dadas las condiciones geopolíticas, sociales y económicas actuales en una forma responsable?.
Una posible respuesta a esa pregunta la encontramos en las palabras finales de Davidson, cuando dice en el mismo informe que “la situación en Honduras es compleja, inclusive complicada”.
Agrega el Consejero que para entender correctamente los retos de trabajar responsablemente en Honduras, uno necesita estar consciente de la historia del país, así como de las experiencias coloniales y post-coloniales con la minería (no solo canadiense). Estas experiencias continuarán afectando la forma en que los hondureños ven la “minería”, sea como una oportunidad de desarrollo positiva o una “maldición”.
La otra pregunta que deja suspendida en el ambiente el informe del Consejero de Responsabilidad Social para el sector minero y petrolero canadiense es si la minería tiene el potencial de contribuir positivamente al desarrollo político y económico de Honduras.
Nosotros responderíamos esta noche que no, porque los co-inversionistas locales de las empresas de Toronto o Columbia Británica, los alcaldes y otros actores locales no ven realmente las posibilidades de desarrollo colectivo, sino sus propios beneficios. Son unos desalmados corruptos, ladrones.
Es preciso cambiar los operadores políticos y encontrar otros inversionistas privados que no estén coludidos con el crimen organizado, para hacer negocios con responsabilidad. Y hablar de desarrollo después de haber escuchado realmente a la gente que nace y vive aquí, donde pescocea la realidad.
Entre muchas otras, la última pregunta que escribió el Consejero es si las actividades mineras pueden ser planeadas, asumidas y llevadas a cabo en maneras que permitan la participación inclusiva de los ciudadanos en la toma de decisiones e implementación de proyectos.
La respuesta es, depende; depende de qué formas de participación inclusiva y hasta de qué ciudadanos estamos hablando en las zonas mineras.
Lamentablemente, los plebiscitos y los cabildos abiertos son mecanismos bajo control del partido nacional y partido liberal, en el poder. No son formas de participación democrática ni mecanismos incluyentes, sino pantomimas de activistas energúmenos, asalariados del mal.
En el contexto actual, la mayoría de la población empobrecida está fuera de la consulta libre e informada. Excluida del poder. No está en posición de decidir ni su presente ni su futuro. La gente es envilecida con una bolsa solidaria o con el miedo al diablo, ese recurso mágico preferido por los políticos corruptos asesorados por sus pastores delincuentes, y hasta por los militares y policías violentos e impunes.
En una situación como la hondureña, la minería metálica no tiene aliados confiables en el gobierno central ni en las municipalidades, ni siquiera en las iglesias y en algunas organizaciones sociales tampoco.
Como le dijo el padre Melo al consejero canadiense en su encuentro en Tegucigalpa, los actores nacionales son cínicos, no pueden ni caminar pero ya están hablando de correr con su marca país.
Mientras vencemos ese cinismo de los falsos desarrollistas, promotores de un modelo de muerte, el discurso sobre la minería metálica seguirá siendo anti minero y pro humanidad.
Editorial Voces contra El Olvido sábado 15 de julio de 2017
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