La situación de los trabajadores y trabajadoras en Honduras vale de mal en peor. Desde el golpe de Estado a la fecha más de tres mil empleados públicos han sido separados de sus puestos, varias empresas estatales se privatizaron y ahora para poner la cereza en el pastel, los fondos de los institutos de previsión serán manejados por la banca privada nacional.
El pasado 31 de mayo el Congreso Nacional aprobó, por mayoría simple, la Ley del Programa Nacional de Inclusión Financiera y Consolidación de Deudas, normativa compuesta por 17 artículos y que según sus promotores tiene el objetivo de usar los fondos de los institutos de previsión para ser manejados por bancos que otorgarían préstamos a pequeños empresarios y programas habitacionales.
A un mes de su aprobación la iniciativa solo está a la espera de la próxima sesión legislativa para ser sancionada y luego publicada en el Diario Oficial La Gaceta. Una vez cumplido ese procedimiento la banca privada podrá echar mano del dinero de cotizaciones de miles de trabajadores que han aportado a sus respectivos institutos de previsión para asegurar sus jubilaciones.
A la realidad de los trabajadores está llena de alarmas. Alarmas por los despidos, por las privatizaciones y ahora por el dinero que corresponde a sus jubilaciones. La preocupación se genera a partir de la decisión legislativa que fue acuerpada por el Partido Nacional, Liberal y parte de la bancada de Partido Anticorrupción. “Es preocupante, van a utilizar nuestro dinero y hay varios temores que nos tienen en alerta: uno es que nadie nos garantiza que usarán bien nuestro dinero y por otra que la banca privada se lucrara con lo que le pertenece a los trabajadores”, expresó el diputado y dirigente magisterial Edgardo Casaña.
Para Casaña la iniciativa fue diseñada para desaparecer de una vez por todas a los institutos de previsión y quebrarlos así como han hecho con otras instituciones. “Quieren darle el tiro de gracia a los trabajadores, ahora quitándole su dinero que de forma organizada han ahorrado y que garantizan una pequeña parte de su vejez”.
Por su parte el diputado Rassel Tomé dice que el Partido Nacional a través del poder que tiene en cada una de las estructuras del Estado e incluso del sector empresarial, se atreve a crear una iniciativa de este tipo para cumplir dos objetivos: uno atentar contra los intereses de los trabajadores, poner en riesgo su dinero y el otro es favorecer a la banca privada para que este sector ratifique su respaldo en el proceso electoral de noviembre y así consolidar su plan de reelección.
El economista Efraín Moncada Valladares cree que el plan implementado por el gobierno en materia económica corresponde a lineamientos usados en América del Sur, específicamente en Chile donde se han privatizado los institutos de previsión y donde la banca privada ha sacado la mejor parte.
“Los bancos, el sector empresarial son los más favorecidos. Imagínese los bancos usarán millones de Lempiras, dinero que no les ha costado un tan solo centavo y ahora lo podrán trabajar para sacar ganancias y todo se da bajo el argumento de favorecer a los emprendedores y desposeídos de una vivienda o negocio”, amplió Moncada.
El experto en economía dice que el gobierno para proponer estas iniciativas se fundamenta en el mal de las administraciones públicas: la corrupción. Las malas administraciones de entidades públicas han creado descredito en las administraciones estatales por lo tanto la tendencia de los últimos años y que es aplicada desde el neoliberalismo es la administración de lo público por la empresa privada, a través de alianzas y fideicomisos.
“La salida al problema no es la privatización, sino el manejo transparente de las entidades estatales, la vigilancia permanente de los órganos contralores del Estado y el castigo a los corruptos, así se dan los primeros pasos para cambiar la realidad administrativa de lo gubernamental”, valoró Moncada.
“Nos quieren hacer creer que los fondos de los trabajadores estarán seguros, y para eso crean la figura de los fideicomisos en la que estipulan acuerdos sobre el manejo del dinero, pero en realidad eso es privatizar la vigilancia e impedir la fiscalización del propio Estado sobre el dinero de los empleados”, relató Rassel Tomé.
Tomé explica que por derecho constitucional el dinero público debe ser fiscalizado, vigilado por el Estado no por sectores privados y por eso es que los fideicomisos se crean no para transparentar sino para consolidar la privatización de los mismos e impedirle al Estado que vigile el procedimiento.
“Yo me hago una pregunta ¿qué pasa si ese dinero se pierde? Las pensiones y todo lo demás que es para jubilaciones, desaparecerá por completo y los afectados directos son los trabajadores”, se cuestionó Rassel.
Para el legislativo las bancadas no solo se deben limitar a criticar sino a proponer, por tal razón afirmó que hay dos salidas: una hacer retroceder por alguna vía esa iniciativa, pero la ve poco probable porque los sectores afectados no tienen la fuerza para iniciar un proyecto opositor. La otra alternativa que ve el diputado es que se plantee en la próxima sesión de Congreso la creación de instituciones bancarias pero de carácter público y que sean administradas por los trabajadores; es decir si la iniciativa se propuso y se aprobó para generar beneficios a los trabajadores, entonces dejar que ellos sean los que manejen sus fondos con constante vigilancia estatal y no la empresa privada.
“Vea si el gobierno quiere favorecer a los trabajadores, entonces no importaría que sean ellos de forma independiente los que muevan su capital y generen ganancias, pero al proponer esto saldremos de la duda y si se oponen es que en realidad buscan dar un nuevo beneficio a los empresarios, porque les entregarán en bandeja de oro el dinero de la gente para que hagan ganancias sin límite alguno”, señaló Tomé.
Moncada Valladares dice que es difícil luchar contra esas iniciativas, peor sin la fuerza que años atrás sí demostraron los sectores públicos, ahora la realidad es distinta y lo que les queda a los trabajadores es ver como usan su dinero y pedir a los órganos contralores que de verdad vigilen sus fondos, caso contrario corren el peligro de perderlo todo y entrar a otro proceso de lucha que consistiría en la recuperación de sus pensiones que en pocas palabras sería luchar contra la impunidad, esa que ha caracterizado los descalabros recientes de las entidades públicas.
En un país donde impera la desconfianza, la corrupción y la impunidad, la preocupación es un síntoma normal en el diario vivir de los trabajadores y trabajadoras, que ahora tienen esta nueva escena ante sus ojos: ver como el dinero ahorrado por años será utilizado por los grandes bancos nacionales sin control del uso de los mismo y los intereses que pueda generar.
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