Por German Reyes
Jari Dixon Herrera
País: Honduras
Profesión: Abogado, especialista en derecho penal y derecho procesal
penal.
Cargos desempeñados: Abogado de los Tribunales de la República, fiscal contra la Corrupción, fiscal de Juicios Orales, coordinador de la Fiscalía de Delitos Comunes, tesorero y presidente de la Asociación de Fiscales de Honduras y miembro de la coordinación de la Asociación de Juristas por el Estado de Derecho.
Cargos actual: Diputado del Congreso Nacional de Honduras (LibRe, Francisco Morazan). En octubre del 2016, presentó un proyecto de ley para rebautizar escuelas que llevan los nombres de personas implicadas en la corrupción y el narcotráfico.
¿Qué avances hay en la aprobación de la Ley para cambiar la nominación de los centros educativos que llevan nombres de corruptos?
R.
Nosotros siempre que presentamos un proyecto de esa naturaleza hacemos bastante lobby dentro del Congreso Nacional, pero todavía la Comisión de Educación que es la responsable de emitir el dictamen no se ha pronunciado. Estamos esperando que se pronuncien y después viene la lucha para que la Junta Directiva lo pueda someter a debate. No es tan fácil, cuando una Ley Orgánica del Congreso Nacional le da un monopolio del debate a la Junta Directiva y especialmente a la figura del presidente del Congreso, si ese presidente no quiere someter a debate un proyecto, ese proyecto de Ley jamás verá la luz en el Congreso Nacional.
¿Entonces qué se puede esperar de este proyecto, importante para la dignidad del sistema educativo nacional?
R.
Yo soy muy perseverante, seguiré insistiendo para que se emita el dictamen y seguiré peleando para que se someta a debate, pero sí creo que es una importante ley que serviría para recobrar la dignidad en todo el sistema educativo hondureño. No podemos seguir alabando el nombre de personas que le han hecho mucho daño al país en el transcurso de toda su historia. Yo creo que por allí debemos de comenzar para que un niño, una niña, un adolescente o un joven no se sienta orgulloso de pertenecer a un centro escolar con el nombre de un corrupto.
Hay quiénes han dicho que cambiar los nombres de los centros escolares sería atentar contra la memoria histórica. ¿Qué opina usted?
R.
¿Que memoria histórica puede tener un país que alaba nombres de corruptos? Nosotros necesitamos como pueblo rescatar la dignidad. Los hondureños y las hondureñas no nos merecemos que en cada barrio, en cada colonia o en cada ciudad estemos viendo el nombre de personas que lo único que hicieron fue robarse el dinero de los impuestos del pueblo y dejarlo en lo que estamos hoy, sumidos en las más de las extremas pobrezas y en una crisis de violencia.
Entonces, la herencia que nos dejaron esos hombres y esas mujeres no es para tenerlas en un centro escolar. Lo primero que el padre de familia debe ver cuándo va a matricular a su niño es que el centro escolar no tenga nombre de corruptos. Y ese sería un enorme paso en Honduras para empezar a eliminar esa cultura de corrupción, porque lastimosamente, aunque duela, en Honduras seguimos alabando corruptos y eso no nos va a llevar a ningún lado.
A propósito de ese tema, usted introdujo un proyecto de Ley Anticorrupción ¿en qué momento lo mantiene el Congreso Nacional?
R.
Logré que se emitiera el dictamen, pero el presidente del Congreso Nacional, don Mauricio Oliva, a quien se lo he pedido en repetidas ocasiones, no lo ha querido someter a discusión bajo la excusa de que en el nuevo Código Penal se van a incluir algunas figuras penales del tema anticorrupción. Ya hemos revisado el nuevo Código Penal y los delitos de corrupción siguen aprobándose con las penas más bajas y es irrisorio ver delitos de corrupción con penas de 4 años, con 5 años, 6 años cuando el daño ha sido enorme.
El nuevo Código Penal viene igual y los delitos que menos penas tiene son los de corrupción porque en la mayoría son corruptos los que impulsan estos proyectos quieren que si alguna vez llegan a ser procesados que sus sean conmutables y por eso tratan de que estos delitos tengan penas muy bajas. En la Ley Anticorrupción establecíamos endurecimiento de penas porque vemos como los gobiernos de turno impulsan aumentos de penas en todos los delitos del crimen organizado, delito común, pero nunca hablan de los delitos de corrupción, siempre que hay campaña llaman a los medios de comunicación y hablan de endurecer penas contra las personas de bajos recursos económicos o personas de otras clases sociales pero el corrupto no se toca, nadie habla de aumentar penas a los delitos de corrupción.
Entonces, hay que tratar que no sean conmutables, que no reciban medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Hay que sentar un precedente para que sirva como un disuasivo a fin de obtener un sistema de justicia eficaz y un sistema administrativo sin corrupción. Hace más de tres años de haber presentado ese proyecto y el señor presidente del Congreso no lo ha querido presentar para debate y allí estamos en la lucha siempre.
Si la Ley de Secretividad afecta mucho la transparencia institucional ¿por qué no se deroga?
R.
Esa es una aberración, la Ley de Secretividad le da un libre albedrío al funcionario para que declare en secretividad datos importantes que deberían servirle al Ministerio Público y ahora a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) para investigar los casos de corrupción.
Eso es impulsar, fortalecer, apoyar la corrupción en Honduras y por eso la clase política no quiere derogar esa Ley que debería ser un buen mensaje para los hondureños como para el mundo de que en Honduras queremos transparencia.
Cuando un gobierno se niega a derogar una Ley de Secretos es un gobierno que tiene algo que esconder, cuando es transparente dice aquí está todo, entonces habrá que investigar que tanto oculta el gobierno central, que tanto oculta esta clase gobernante para no querer derogar la Ley de Secretos, yo digo que si no he cometido ningún delito ¿por qué quiero una Ley de Secretos? Si hay funcionarios metidos pues que paguen y si un presidente está metido en un acto de corrupción que pague, pero no podemos seguir los hondureños viendo como en otros países se están acusando, enjuiciando y enviando a la cárcel a muchos presidentes mientras que aquí son intocables.
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