miércoles, 31 de agosto de 2011

De Libia a América Latina: La entrada es por el Bajo Aguán


Vos el Soberano 

Ricardo Salgado

En estos días en que el “nuevo orden”, ha dado un ejemplo de barbarie en Libia que dejan a Atila el Huno, como un inocente infante; mientras el mundo sigue paso a paso las mentiras de las grandes transnacionales de la desinformación al servicio del neoliberalismo sin Estados y con sociedades anónimas, la agenda informativa de los pueblos se ve obligada a dejar de lado potenciales crisis que pueden arrastrar al mundo a nuevos “ejemplos” de civilidad de los inquisidores del siglo XXI.

Lo que luce evidente es una escalada contra Siria, aun antes de que comience el, que seguramente será largo sangriento, proceso de “pacificación” y “occidentalización” en Libia. El asunto ha sido bastante publicitado. Sin embargo, los medios de comunicación, expertos en fabricar guerras, ya han lanzado algunos globos sonda preparando el escenario para nuevos conflictos, lejos de la “zona caliente”. Ayer mismo circulaba una nota donde se indicaba que Gadafi había patrocinado los grupos guerrilleros de América Latina, con los que mantiene una estrecha relación, curiosa argumentación si tenemos en cuenta que en la zona del Bajo Aguan en Honduras, se desarrolla una operación de militarización, cuyo pretexto es la existencia de un grupo guerrillero financiado del exterior.

Las notas de prensa en Honduras indican que se buscan “armamento pesado” y “extranjeros”. Seguramente para quienes hemos escrito sobre las motivaciones del golpe de Estado Militar del año 2009 nos toca evaluar nuevamente la motivación del mismo. Después de dos años de creciente violencia estatal contra la resistencia del pueblo, parece aclararse la idea de que el objeto de militarizar la zona con fines hegemónicos. Sin embargo, los intereses en esa escalada muestran ingredientes que resultan potencialmente explosivos en el cortísimo plazo. El actor eterno de la violencia, los Estados Unidos, ha incrementado su presencia militar en la zona, incluyendo la Mosquitia hondureña, fronteriza con Nicaragua. Por otro lado, la zona muestra un nivel elevado de actividad del narcotráfico, la que difícilmente es ignorada por el despliegue tecnológico y humano de los ejércitos involucrados.

Los campesinos que habitan la zona son las victimas naturales de esta perversa conspiración. La situación agraria, conflictiva históricamente, luce como un argumento para la elaboración de la estrategia guerrerista norteamericana, destinada a desestabilizar y derrocar a los países del ALBA y UNASUR, además de construir la justificación que el gobierno títere de Lobo Sosa, y la oligarquía que lo controla, necesitan para llevar a cabo la guerra de exterminio de la resistencia interna: No hay duda de que el plan de agresión contra América Latina entra por el Bajo Aguán en Honduras.

La cuestión de grupos guerrilleros es observada hace varios meses por los militares hondureños como parte de su estrategia propagandística, algo que no abandonan en ningún momento. Es incluso conocido el hecho de que la estratagema incluye mapas mostrando puntos ciegos en la zona de El Paraíso, por donde entrarían las armas para estos grupos, procedentes, por supuesto, de Nicaragua. La movilización actual de refuerzos militares y policiales, ordenada por el propio Lobo Sosa, ha multiplicado la cantidad de campesinos muertos, incluyendo notables dirigentes de sus movimientos, lo que nos lleva a pensar que la idea es desarticular parcialmente a las organizaciones, mientras “encuentran”, las pruebas que necesitan de la presencia guerrillera.

No debemos olvidar que los terratenientes de esta zona hondureña, poco después del golpe de Estado reclutaron sicarios y expertos en violencia política en la Colombia de Álvaro Uribe, quien ha sido muy contante en su apoyo al régimen militar hondureño.

La matriz de esta construcción incluye la represión constante, a lo largo y ancho del país, contra la militancia del Frente Nacional de Resistencia Popular, así como la neutralización de su iniciativa política de crear un Frente Amplio. El esquema es muy parecido al llevado a cabo en Colombia. Las semanas que siguen mostraran ataques de todo tipo contra dirigentes resistentes, incluyendo al mismo Coordinador General, su esposa, dirigentes sindicales, magisteriales, estudiantiles, todos aquellos que puedan elaborar una respuesta estratégica a la agresión que se desarrolla hace más de dos años en este país centroamericano, históricamente utilizado por el imperio como plataforma de ataque contra países del continente.

Esta matriz incluye una escalada de violencia destinada a eliminar físicamente a líderes o dirigentes potenciales, especialmente a los jóvenes, que hasta ahora son las victimas más frecuentes del asesinato político disfrazado de delitos comunes. Claro está, la administración de la justicia está podrida en todos sus niveles, por lo que es absurdo esperar que los crímenes constantes, diarios sean esclarecidos. Ese aparato está dirigido ahora mismo a destruir la imagen de personas vinculadas con la dirección del frente. Llama aquí la atención, la campaña contra la ex primera dama, Xiomara Castro, quien mantiene un alto nivel de popularidad; así como el ataque sostenido contra el director del Instituto Nacional Agrario, directamente vinculado con el “asunto” del Bajo Aguán.

Este último, ha reaccionado, lamentable y equivocadamente, arremetiendo contra el subcoordinador del FNRP, dándole argumentos a la derecha para argumentar que hay conflictos “irreconciliables” en la izquierda hondureña, patrón que ha sido siempre bien aprovechado para la ejecución de cuadros políticos, crímenes que luego se achacan a las “disputas” entre facciones enemigas. La idea de que la solución del problema se centra en la tierra es bastante limitada, e ignora por completo la motivación real que ya produce una masacre permanente en esta zona olvidada del continente.

Los pueblos y los gobiernos de América Latina, blancos directos de la construcción en el Bajo Aguan hondureño, deben poner atención a este pequeño punto del enorme territorio de nuestro continente, pues en él se gesta la siguiente etapa de la estrategia de dominación transnacional, una vez que las aventuras del norte de África y el medio oriente, parecen estar cumpliendo con su primera etapa. No se debe ignorar la conexión estratégica entre estas regiones del mundo, ni el claro interés que muestran las guerras imperiales por el petróleo y los narcóticos. En todo esto no hay nada casual.

¿Quién es el culpable en el Bajo Aguán?

Tiempo

Por Eduardo David Ardón

Según algunos empresarios, como es el caso de Jimmy Dacaret, con la destitución de César Ham, volvería la paz al agro, porque está promoviendo la intranquilidad de la población en esa zona.

Concretamente, las muertes de campesinos y la inestabilidad que se vive en el Bajo Aguan, es responsabilidad única del Ministro del INA, César Ham.

Esto significa, ni más ni menos, que el dirigente de la UD es el culpable de que Honduras no exista una política agraria definida que genera empobrecimiento, alejamiento de la inversión, muertes de campesinos que luchan por su tierra, conflictos diarios y una anarquía generalizada. En lugar de garantizar la inversión, más bien la aleja. Expresa Dacaret que ahora los empresarios terratenientes no solo tienen que luchar contra el cambio climático, la calidad del producto, la eficiencia en la producción, la calidad del producto, los vaivenes del mercado, sino contra la inestabilidad generada por los campesinos.

También es culpable César Ham de que en Bajo Aguán se ha mezclado lo ideológico con lo político y como si esto fuera poco, la infiltración del Crimen Organizado revelado por la policía.

Esta posición ultra conservadora a todas luces equivocadas, la secunda el Presidente de la ANDI, Don Adolfo Facusse quien también acusa a Ham de ser el causante de los enfrentamientos en el Bajo Aguan al incitar a las invasiones (recuperaciones) que han provocado los asesinatos de campesinos inocentes.

Por estas “razones”, que a nuestro juicio no corresponden a la realidad, piden a gritos la destitución del Ministro del INA, porque según ellos, con tal medida vendrá la tranquilidad, haciendo a un lado las verdaderas causas del problema.

Es muy cómoda y estrafalaria la posición de estos dos empresarios que a los verdaderos culpables de los asesinatos a mansalva, no los mencionan y dirigen sus acusaciones de todo lo ocurrido sobre la persona del Ministro del INA.

¡Vaya que descaro y desfachatez! Al escamotear impunemente la verdad de los hechos. Si creen que engañaran al pueblo hondureño con estas mentiras garrafales están muy equivocados. La verdad es la verdad dígala Agamenón o su porquero.

La posición del pueblo hondureño y desde luego la nuestra, es que lo que ocurre en el Bajo Aguan no es nuevo y, mucho menos lleva dos años, como dice Don Eduardo Facusse.
Es un tema que surgió en tiempos de la Empresa Asociativa de Isletas, cuando se pretendió crear una economía de tipo socialista en el marco de las relaciones económicas del capitalismo y que, por ello, fracasó estrepitosamente.

Para entender correctamente el problema, hay que saber que en esta zona existen múltiples intereses de clase, desde los terratenientes, campesinos, estado, cooperativas, hasta el Crimen Organizado que ha convertido el lugar en una zona de guerra entre clanes pandilleros. Entonces, la situación es muy complicada, debido a que los intereses económicos de cada sector son muy fuertes.

Entendemos que los terratenientes empresarios defiendan hasta la muerte las tierras obtenidas a precios muy bajos compradas al estado dirigido por gobiernos plegados a los intereses que hoy enfrentan a los campesinos y sus organizaciones.

Al gobierno, la situación en Bajo Aguán, se le fue de las manos porque militarizó el lugar, solo para defender los intereses de los empresarios que detentan esas tierras fértiles, en contra de los campesinos y sus organizaciones a quienes han ultrajado y violado inmisericordemente sus derechos humanos y democráticos.

A una situación económica agraria, le dieron connotación política, ideológica y militar que propicio el caos en el que hoy se encuentra el Bajo Aguán.

La presencia policíaco militar en nada ha contribuido a la solución del candente problema, por el contrario, los asesinatos continúan porque estos cuerpos represivos se hacen de la “vista gorda” ante la actitud criminal de los cuerpos de seguridad pagados por los terratenientes.

Las acusaciones de los terratenientes de la existencia de guerrilleros en la zona, es una añagaza que no convence al pueblo, y, que la utilizaron para militarizar y crear el pánico entra la población, propósito que no han podido lograr porque los campesinos continúan su lucha.

Parecía que la situación se solucionaba cuando existió un acuerdo entre las dos organizaciones y los dueños de las propiedades. Pero se incumplieron las reglas del juego y se llegó al asesinato del Vicepresidente del MUCA y su esposa.

Los mataron por su firme lucha en defensa de su tierra, aunque quieren especular que fue el Crimen Organizado. Cualquiera que haya sido no existe diferencia, porque el Crimen Organizado actúa conjuntamente con los enemigos del movimiento campesino.

No debe continuar esa política indiferente del gobierno, de dejar hacer y dejar pasar, porque las muertes ya son muchas y la intranquilidad de los habitantes es permanente y desesperante.

Los culpables hay que señalarlos en la dimensión de sus fechorías, pero a los verdaderos, no a los que consideran chivos expiatorios, como es el caso del Ministro del INA, que su única responsabilidad es defender los derechos que a los campesinos les asisten.

La solución solo puede obtenerse aprobando una correcta Ley Agraria que tome en consideración a los grandes terratenientes campesinos ricos, medios y pobres y que la tierra cumpla su verdadera función social.

Los gobernantes no deben plegarse solo a los intereses de los latifundistas sino establecer un equilibrio entre los productores y dueños de la tierra para lograr la tranquilidad, la paz y una suficiente producción agrícola para el mercado.

Manifestaciones en Washington D.C. hacen temblar a las grandes petroleras


Democracy Now!

Por Amy Goodman

La Casa Blanca sufrió una sacudida el martes, no solo a causa del terremoto de magnitud 5,8, sino también por las crecientes protestas frente a la casa presidencial. Más de 2.100 personas dicen que se arriesgarán a que las arrestasen en las próximas dos semanas. Se oponen al proyecto del oleoducto Keystone XL, diseñado para transportar crudo pesado de las arenas de alquitrán de Alberta, Canadá, a refinerías de la Costa del Golfo de México en Estados Unidos.

En arquitectura, 'Keystone', que significa “piedra angular”, es la piedra en la cima de un arco que lo mantiene en pie. Sin ella, la estructura se caería. Al exponerse al riesgo de ser arrestados, como ya sucedió al momento de escribir esta columna con más de 200 activistas, estos practicantes de la orgullosa tradición de la desobediencia civil estadounidense esperan hacer colapsar no solo el proyecto del oleoducto, sino también hacer tambalear la dependencia de los combustibles fósiles que está acelerando el cambio climático.

Bill McKibben fue uno de los arrestados. McKibben es el ambientalista y autor que fundó el grupo 350.org, nombrado así por el límite máximo seguro de dióxido de carbono en la atmósfera, que es de 350 ppm (partes por millón). El planeta actualmente está en las 390 ppm. En el llamado a la acción para sumarse a la protesta, McKibben, junto a otros como la periodista Naomi Klein, el actor Danny Glover y el científico de la NASA James Hansen, afirman que, en palabras del propio McKibben, el oleoducto de Keystone “equivale a encender la mecha de la mayor bomba de carbono del planeta. De modo que necesitamos que el Presidente y el resto del gobierno centren mucho más su atención en el cambio climático”.

El movimiento de oposición a Keystone XL abarca desde activistas y científicos hasta pueblos indígenas de los llanos y bosques boreales que corren peligro en Canadá, donde se encuentran las arenas de alquitrán, pasando por productores rurales y agropecuarios de la región ecológicamente vulnerable de Sand Hills en Nebraska, estudiantes y médicos.
Cuando le preguntaron por qué las protestas frente a la Casa Blanca se desarrollaban mientras el Presidente Obama está de vacaciones con su familia en Martha’s Vineyard, McKibben respondió: “También estaremos aquí cuando regrese. Nos quedaremos durante dos semanas, todos los días. Se trata del primer acto de desobediencia civil de esta magnitud del movimiento ambientalista en años”.

Apenas a unos kilómetros al este de Martha’s Vineyard y hace exactamente 170 años, en Nantucket, Frederick Douglass, el esclavo escapado, abolicionista, periodista y editor, dio uno de sus discursos más importantes ante la Sociedad de Massachusetts Contra la Esclavitud. Douglass es famoso por haber pronunciado una de las verdades fundamentales acerca de la organización de las bases: “El poder no otorga nada si no se le presiona. Jamás lo hizo y jamás lo hará”.

Exigir cambios es una cosa y lograr un cambio en Washington D.C. es otra, en particular considerando la hostilidad de la Cámara de Representantes —controlada por los republicanos— a cualquier legislación contra el cambio climático. Es por eso que las protestas contra el oleoducto Keystone XL se están desarrollando frente a la Casa Blanca.

Obama tiene el poder de detener la construcción del oleducto. La empresa canadiense que está detrás del proyecto, TransCanada, solicitó un permiso al Departamento de Estado de Estados Unidos para construir el oleoducto. Si el Departamento de Estado niega el permiso, el oleoducto Keystone XL estará muerto. La gran devastación ambiental provocada por la extracción de petróleo de las arenas de alquitrán continuaría, pero sin fácil acceso a las refinerías y al mercado estadounidenses, el proceso sin duda se demoraría.

Los ejecutivos de TransCanada confían en que Estados Unidos les otorgará el permiso a fin de año. Los políticos republicanos y la industria petrolera publicitan el proyecto diciendo que generará puestos de trabajo en la construcción bien remunerados, e incluso han tenido apoyo de algunos sindicatos.

En respuesta a esto, dos grandes sindicatos, el Sindicato Unido de Tránsito y el Sindicato de Trabajadores del Transporte, que representan a más de 300.000 trabajadores, pidieron al Departamento de Estado que negara el permiso a la empresa canadiense. Expresaron en un comunicado de prensa conjunto: “Necesitamos puestos de trabajo, pero no basados en aumentar nuestra dependencia del petróleo de las arenas de alquitrán. ...Se podrían generar muchos empleos basados en el desarrollo de la conservación energética, en la modernización de la red de electricidad, en el mantenimiento y la expansión del transporte público; empleos que nos pueden ayudar a disminuir la contaminación del aire, las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la eficiencia energética”.

Dos mujeres canadienses, la actriz indígena Tantoo Cardinal, que protagonizó la película Bailando con lobos y Margot Kidder, que hizo el papel de Luisa Lane en Supermán, fueron arrestadas junto a más de 50 personas justo antes de que el terremoto sacudiera la costa este el martes. El ambientalista Bill McKibben dijo en Washington: “Se necesitará más que un terremoto o un huracán para lograr preocuparnos. Estaremos aquí hasta el 3 de septiembre”. Y continuó: “Tenemos la esperanza de generar un temblor de magnitud 8 en la escala de Richter en el sistema político el día que Barack Obama diga 'no' a los grandes proyectos petroleros y nos recuerde a todos por qué nos alegró tanto su elección. El oleoducto de arenas de alquitrán es la prueba a la que deberá someterse”, concluyó.

Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
© 2011 Amy Goodman
Texto en inglés traducido por Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español. Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org 
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 250 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Reseña de dos libros de Terry Eagleton



Rebelión

Por Alberto Rojas Andrade

En Terror Sagrado (la transcripción de una conferencia), el destacado crítico literario Terry Eagleton no desea tratar el terror el por mayor a pesar de su pertinente cita del 11 de septiembre latinoamericano de Chile en 1973 (P.15) como ejemplo del mismo, prefiere adentrarse en el terror al menudeo el del santo o el mártir.
No obstante, como de pasada describe un árbol de familia tan trascendental como olvidado. Nos recuerda de entrada como la genealogía del adjetivo más empleado en los informativos de cualquier género en la actualidad (terrorista, terrorist, terroriste, etc.), es definitivamente burguesa (P.16), siendo utilizado el término primigeniamente por un contrarrevolucionario de la estirpe de Edmund Burke dos siglos atrás. Además de advertir que modernidad y terror van de la mano puesto que son hermanos, teniendo este parentesco un significado revelador de acuerdo al contexto en el cual lo menciona, aunque sin profundizar en ello (P.15).

Esto último no es poca cosa, si tenemos en cuenta que los planes de ajuste estructural tan en boga en el Tercer Mundo y ahora tomando al Primero, fueron justificados como una llegada a la modernidad, a una nueva, o a la posmodernidad dijeron otros.

Cuando inquiere sobre el ascendiente inmediato del terrorismo Eagleton arroja la verdad de un parentesco encriptado meticulosamente: “El terrorismo inicia su vida como terror de estado que por otro lado, es como ha continuado en su mayor parte” (P. 15).

Y como si fuese poseído por un furor anarquista sentencia que el terror no aparece “como una fanática conspiración secreta que golpea al estado, sino como una fanática conspiración secreta llamada estado” (P. 15). Un hijo no reconocido al vivo retrato del padre deja entrever.

También nos trae a la mente escenas cada vez más difundidas mediáticamente sobre las consecuencias de la obra de aquella parentela; al estado tan cercano al terror le es funcional la tecnología al ser óptima para matar a distancia, así “Como el poder está divorciado de la carne porque está separado del cuerpo, puede hacerle saltar por los aires sin demasiado reparo.” (P.19)

El distanciamiento de los humanos y la ciencia aplicada a fines prácticos (tecnología), respecto de lo social y sensible es cada vez más grande, pero no es un fenómeno nuevo:

“La tecnología y desde luego la sociedad, no es sino una extensión de nuestros cuerpos, pero siempre podemos extendernos más allá. Hasta llegar a ese punto en el que nuestra tecnología y nuestra sociedad ya no están con nuestros sentidos o con nuestro control instintivo, y de este modo ir más allá de nosotros mismos, sobrepasándonos en un movimiento que los antiguos griegos conocían como Hubris .” (P. 19)

Este concepto equivale a lo contemporáneamente tenido como incontrol de los deseos personales a la vez de desprecio a la individualidad de los demás; una particular arrogancia temeraria basada en la megalomanía, muy común y profunda en los actuales gobernantes occidentales.

Y regresando al nacimiento de la civilización occidental, el crítico manchesteriano nos advierte que ya ha habido terroristas reconocidos en la antigüedad: El dios griego Dionisio (Baco para los romanos) es un líder terrorista (P.20). Claro, deja tal calidad cuando es aceptado como deidad oficial pasando a ser meramente libertino o desviado, es decir terrorista legalizado, al por mayor; de lo profano a lo divino.

El juicio sobre la cultura estadounidense tiende a lo metafísico, siendo admonitorio y presentando una crítica del culto a la ambición, a la eternidad del ahora y el ensimismamiento:

“En general, no se da cuenta de que, como cualquier orden simbólico que no preserve su unidad con la realidad del fracaso, la finitud y la negatividad, no podrá jamás existir de forma duradera, no podrá sostenerse.” (P.21)

Eagleton no se detiene allí y va en pos de uno de los pilares de aquella cultura con una analogía:

“… para los protestantes nada es inherente en sí mismo, sino que lo es únicamente por decreto arbitrario, por voluntad de dios, mientras que para la tradición católica dominante las cosas si tienen sentido y valor en sí mismas. El mundo no está despoblado absolutamente de valor inherente”. (P. 22)

Si bien no intenta hablar de terrorismo en el sentido político, Eagleton incursiona en este terreno refiriéndose al poder. Declara que somos gobernados con base en una serie de tradiciones y usos, los cuales curiosamente implican un olvido otorgante de eso llamado legitimidad:

“La legitimidad es, en realidad, longevidad: si uno lleva mucho tiempo en el poder, se puede olvidar de sus orígenes.” (P.31) El poder siempre está determinado por la memoria humana que se desvanece (Ibídem), y la cual al mismo tiempo recobra corporeidad más a menudo de lo que los gobernantes quisieran.

El autor retorna al inicio de su disertación y ve el terror como forma de dominación última una vez los recuerdos de los orígenes de los gobernantes regresan en situaciones de extrema inconformidad a ser de dominio colectivo (P.37), como puede ser lo que acontece por estos días en el Reino Unido, Oriente Medio y otros lugares agitados.

Sin embargo, Eagleton insiste en aludir expresamente al terror al menudeo pero magnificado de aquellos sufrientes del terror al por mayor, es decir, el de quienes padecen el pánico global ejercido en otros lugares del mundo por potencias imperiales como la británica, unidas en esa noción más geográfica que cultural denominada Occidente, del cual dice:

“… parece no poder discernir una imagen de su propio rostro monstruoso, en la furia encolerizada que está a sus puertas, y ve como esa furia es, entre otras cosas, sus propias acciones en forma ajena. Por el momento occidente sólo es capaz de sentir terror pero no piedad.” (P.37)

El antídoto a esta insania vívidamente descrita, es uno mencionado repetidamente de manera cada vez más altisonante por gentes de todas las latitudes:

“… la única cura para el terror es la justicia, y el terror surge cuando la legitimidad se desmorona .” (P.37)

La legitimidad para Eagleton, podríamos resumir, se derrumba cuando las injusticias cíclicamente profundizadas nos conducen al origen espurio de los gobernantes ocultado por el tiempo.

Al final el autor de El Sentido de la Vida, tomando al terrorista prototipo del medio de comunicación omnipresente, expone su intención inicial de dar tintes metafísicos al terrorista por la vía del nihilismo, o del ‘artista demente’ (lo cual puede ser una redundancia); el terrorista más conocido en la vulgata planetaria sería un artista Avant Garde. (P.39). Es decir, un artista que intenta incomprendidamente hacer un borrón y cuenta nueva de la realidad socialmente establecida. No obstante, esta es construida como una compleja telaraña de conjeturas al decir de Jenofantes de Colofón, y por tanto es sabido, que dicha realidad social sólo puede ser transformada comunitariamente por muchos artefactos que se hagan explotar.

En consecuencia el terrorismo expuesto comúnmente es de hecho político por sus implicaciones, resultado de una desesperación respecto a la política como habitualmente la conocemos (P.49). Esa desesperación es la de aquel que nada tiene que perder (Ibídem), y sin embargo, favorece a quienes si pueden perder su inicuo bienestar en desmedro de los más, al crear pretextos a la mengua de los derechos arduamente conquistados durante siglos.

Desde el principio Eagleton menciona que Occidente ha expresado abiertamente su necesidad de tener constantes enemigos: “Si los soviets han desaparecido nos quedan los musulmanes” (P. 18). ¿Cómo aterrorizar a los enemigos internos? Lo metafísico puede ser aquí el disciplinamiento mediante el temor al diferente sustituyendo la curiosidad por saber de él.

La contraportada del volumen complutense hace un certero compendio de lo que puede inferirse de la conferencia: El terrorismo se presenta cuando las condiciones sociales permiten exponer la ilegitimidad del estado y este apela a la libertad absoluta que se atribuye para defenderse de quienes le cuestionan creando un imperio del terror que sirva de guardián de los estados. A pesar de su expresa intención contraria, Eagleton nos ha llevado a esta percepción directamente en conexión con lo político.

Con mayor detalle de conformidad con la amplia erudición del autor, Terror Santo tampoco busca ser un estudio sobre el Terrorismo, sino situar específicamente la idea en un punto metafísico. Desde allí afirma que “el terror nace como una idea religiosa” y hoy día continúa siendo así (Pag.14), a diferencia de su afirmación en el Terror Sagrado de que fue Edmund Burke quien introdujo el terror como concepto político.

Lo metafísico del terror viene sustentado de boca del grupo más renombrado en occidente acerca de este tema. Eagleton toma por confesión proclamas del protagonista absoluto del tema: “Una declaración de Al Qaeda advertía diciendo: <>; a lo que se añadía <>”. El autor de origen irlandés agudamente expone que la declaración asocia a tanatos con un programa político (P.133), empero se queda allí como consternado con aquel raciocinio, cuando hay mucha tela de donde cortar de este hallazgo. ¿Què programa político puede eficazmente prometer algo que inexorablemente es el destino de todo ser vivo y del cual estamos especialmente conscientes los humanos? ¿Lo político acaso no tiene que ver necesariamente con la vida? ¿Existe algún pueblo que ame la muerte como un fin? Y viceversa ¿Cuál es el pueblo que no ama la vida? Es notable como el dicho del citado grupo terrorista se conecta con algunos argumentos justificatorios de la crueldad extrema, de que los pueblos ‘inferiores’ no sienten dolor y no son como ‘nosotros’, tan en auge durante guerras colonialistas de Vietnam a Iraq. Eagleton concretamente aquí es nuevamente fiel al abordar esencialmente lo metafísico.

Al finalizar el ensayo Eagleton lanza una sentencia que parece dirigida a los sumos sacerdotes de la escuela económica de Chicago, causando desgracias en el sur desde hace décadas y ya llegando al norte: “La nociòn absoluta de libertad llevada hasta el lìmite, lleva implícita una fòrmula de terror que se vuelve contra la finitud de la carne en el acto mismo de tratar de servirla.” (P.135) ¿Hilamos muy delgado si vemos una relación contemporánea entre el libre mercado y el terror? ¿Existe algo metafísico allí, desembocando a la vez en lo social?

Tanto la conferencia como el ensayo de Eagleton reseñados, a pesar de su intención declarada de dedicarse a lo metafísico, conducen inevitablemente a lo sensible de la realidad y su directa relación con el poder, un efecto no deseado por aquel, pero del cual nos beneficiamos al ser explorado ingeniosamente.

martes, 30 de agosto de 2011

Promoción y Defensa del Derecho a la Comunicación


Amarc- ALC

Durante la primavera de 2011, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias - América latina y el Caribe (AMARC-ALC) y Reporteros sin Fronteras unen de nuevo sus voces para pedir que cesen las hostilidades contra los medios de comunicación comunitarios y de oposición, o conocidos como tales, en el contexto de los problemas sociales que agitan actualmente el país.

La brutalidad policíaca y militar ha proliferado durante las manifestaciones pacíficas, especialmente las del magisterio, durante la segunda quincena del mes de marzo. Estos actos represivos son aún más escandalosos puesto que existe la clara intención de impedir toda cobertura de los acontecimientos por parte de los medios de comunicación conocidos por su resistencia al golpe de Estado del 28 de junio de 2009.

“El trauma provocado por el golpe de Estado no deja de pesar en la sociedad hondureña y las manifestaciones actuales son una expresión de ello. La represión se incrementa de nuevo, por lo que representantes de movimientos sociales, de la sociedad civil y de ONG del país acaban de denunciar la situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su actual periodo de sesiones. Las promesas que las autoridades hicieron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU son desmentidas claramente por la realidad. En lo que concierne a nuestra misión, consideramos que Honduras no reencontrará la paz mientras:

- permanezca la impunidad, no sólo por los crímenes cometidos contra periodistas y defensores de los derechos humanos, sino también por las agresiones, los atentados y el sabotaje de los medios de comunicación, de los que se conoce a los autores, no obstante.

- se aplique una legislación en materia de radiodifusión y telecomunicaciones que se ha vuelto obsoleta y que no concede ningún lugar a los medios de comunicación comunitarios y sociales, como lo exigen los estándares jurídicos interamericanos.

- continúe bloqueándose el acceso a la información pública en lo relativo a las responsabilidades por las exacciones más graves registradas desde el golpe de Estado.
Si no existe un cambio en ese sentido, perdurará, como hasta hoy, la lógica del golpe”, declararon AMARC-ALC y Reporteros sin Fronteras.

Durante las manifestaciones antedichas, dos hechos graves llamaron nuestra atención, además de los que ya hemos denunciado. El primero data del 28 de marzo. Se trata de la golpiza propinada por efectivos de la policía y del ejército, seguida de la detención y el arresto durante doce horas, de Miriam Miranda, presidenta de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), estructura de la que depende la estación Radio Faluma Bimetu (Coco Dulce), también atacada y censurada. Aunque fue liberada, Miriam Miranda aún enfrenta una absurda acusación por “sedición”.

El otro episodio, con fecha del 30 de marzo, es la detención durante cuatro horas de Pedro López, de Radio Progreso. El periodista fue arrestado junto con otras dos personas cuando cubría una protesta contra la privatización del sector educativo, el alza de los precios de los carburantes y las condiciones de trabajo en las maquilas. Estación sexagenaria fundada por los jesuitas, Radio Progreso sufrió una ocupación militar tan sólo unas horas después del golpe del Estado.

Por la grave situación en la que se encuentran los medios comunitarios, las Relatorías de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Naciones Unidas han emitido su preocupación por la escalada de violencia en su contra y han exigido al Estado hondureño el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y libertad de expresión, para la debida protección del ejercicio periodístico por parte de los medios comunitarios, que en este momento cumplen un papel clave en el debate social y en la difusión de información que otros medios omiten deliberadamente.

Anotaciones sobre el artículo de Claudia Korol



Vos el Soberano

“La Resistencia Hondureña frente al triángulo del Aguán: militarización, terratenientes y narcos”

He encontrado este extenso trabajo, en el cual encuentro muchas visiones acertadas, pero también algunos asuntos con los que discrepo absolutamente. Es respecto a estos últimos que hago algunas anotaciones, remarcadas en color rojo, para expresar mis aprehensiones sobre los mismos. En mi opinión es imperativo abrir un debate general sobre la visión del pueblo en resistencia como un todo, y no fraccionado como secciones de intereses múltiples, a veces poco coherentes entre sí.

Agradezco a la compañera Claudia Korol su apoyo permanente y solidario con el pueblo de Honduras; son casos como el suyo los que han permitido que, al menos en dosis pequeñas, podamos contar al mundo, Nuestra Verdad.
La Resistencia Hondureña frente al triángulo del Aguan: militarización, terratenientes y narcos / Claudia Korol
“La situación en el Aguán está muy difícil en los últimos días, a raíz del proceso de recuperación de tierras de once organizaciones campesinas en esta región, y particularmente de lo que es el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), y del Movimiento Campesino de Rigores, que han incrementado sus acciones. Como respuesta se asesinaron a cuatro presidentes de organizaciones campesinas. El último fue Pedro Salgado, vicepresidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguan, decapitado por sicarios el 21/8 junto a su esposa, la señora Reina Mejía Licona. En este momento está su velatorio. Han asesinado en dos años a unos 51 campesinos. Es una permanente violación a los derechos humanos, y una sistemática represión contra el movimiento campesino organizado. Estos campesinos que han sido asesinados eran miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular. Veinticuatro horas antes habían asesinado al campesino Secundino Ruiz, presidente de una empresa campesina que se llama San Isidro, y presidente de otro movimiento campesino que se llama Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán, MARCA” [1].

El Aguán es un territorio sembrado de palma y regado de vidas de campesinos. Un lugar de resistencias, que viene transformándose en una “nueva Colombia”, como laboratorio de macabras represiones. Con asesoramiento de EE.UU. y Colombia, el Aguan se ha vuelto un “territorio liberado” por las mafias a sueldo de los terratenientes, para garantizar la realización de sus tremendas ganancias. Explotación, corrupción, militarización, sicariato, paramilitares, narcos… confluyen en la creación de un campo experimental de la “doctrina de seguridad democrática”, que hace de la vida humana una mercancía descartable, seguramente de las más baratas.

El líder campesino Secundino Ruiz, fue asesinado en el mismo fin de semana, por balas disparadas desde una motocicleta, cuando viajaba en un automóvil junto a otro integrante de la misma organización, Eliseo Pavón (quien fue herido en ese mismo acto). Secundino Ruiz tenía “medidas cautelares” otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. La misma OEA que dispuso el ingreso de Honduras a su organización, valorando “los pasos dados en el restablecimiento de la democracia” y “decretando” la “reconciliación de la familia hondureña”. ¿Reconciliación? ¿Medidas cautelares?... Cautela debería tener la OEA cuando habla de “reconciliación nacional” en el marco de un gobierno nacido de un golpe de estado.

Siento que los datos arrojados en este párrafo son muy precisos, sin embargo la presunción de que la OEA es un organismo que vela por los pueblos es bastante distante de la realidad. Lo único que hizo la OEA a lo largo de su existencia fue agredir a los pueblos, incluyendo el horrendo bloque contra Cuba que castiga al heroico pueblo hermano de Cuba, casi desde que existe la OEA misma. La CIDH ha cumplido una función importante, pero poco o nada puede hacer por controlar grupos armados, y su mision será buscar la justicia después de que se cometen los crímenes, en ningún caso evitarlos. En general, los pueblos de América Latina deberíamos cifrar más esperanzas, y poner más empeño en llevar adelante la CELAC, asegurándonos que la misma no repita las atrocidades del "Ministerio de Colonias del imperio".

Los hechos que están sucediendo en el Aguan, subraya el coordinador del FNRP de la región Wilfredo Paz Zúñiga, constituyen “una violación total a los acuerdos de Cartagena, y un incumplimiento total de los acuerdos de paz. Lamentablemente los acuerdos de Cartagena legitimaron al régimen de Porfirio Lobo Sosa a nivel internacional, blanqueando el golpe de estado. Hay un cerco mediático a nivel internacional, sobre todo preparado por los grandes empresarios, que argumentan que la militarización de estas zonas se debe a que hay grupos guerrilleros. Con esa excusa combaten y criminalizan al movimiento campesino”.

Sin lugar a dudas, como bien apunta el compañero Wilfredo Paz, todos los hechos violan el Acuerdo de Cartagena. Sin embargo, es un error tremendo presumir que los mismos legitimaron a Lobo. Al momento de la suscripción, solo 7 países del continente mantenían su posición de condena hacia el régimen de Lobo, originada por el Golpe de Estado Militar de 2009. El reintegro de honduras a la OEA, por ejemplo, no estaba sujeto a esta firma. Es harto conocido por el compañero Wilfredo Paz la vocación mentirosa del régimen, con el cual su organización MUCA ha firmado acuerdos de arreglo que nunca se cumplieron. El cerco mediático existe desde el Golpe de Estado, y, siendo autocríticos, parece que nos hace falta construir un sistema más consistente de denuncia sobre lo que sucede en esta región de Honduras. En al menos tres ocasiones este servidor denuncio los planes de militarización, y sus propósitos, el más antiguo hace más de un año. En una de las oportunidades, compañeros me acusaron de querer sembrar el pánico en la gente con intenciones aviesas.

Hoy sigo insistiendo que la militarización progresiva y sistemática de la región, tiene fines bélicos contra la ALBA, y para eso se intenta eliminar todo el movimiento campesino. Para nadie es ya un secreto que el Bajo Aguán es una región "colombianizada" con sicarios y paramilitares de Colombia coordinando la violencia brutal contra los campesinos, con apoyo tecnológico y humano del ejercito gringo, y la gendarmería hondureña. Ahora mismo, los medios golpistas insertan en la discusión pública la existencia de una columna guerrillera de 330 hombres, entrenados por cubanos y venezolanos. Señores la situación del Bajo Aguan es peligrosa para todo el continente, y es controlada en toda la línea por el comando sur y la CIA. El régimen de Lobo Sosa, marioneta como es de las clases dominantes y del imperio, no tiene voluntad de respetar el Acuerdo de Cartagena, de hecho ahora dice que lo firmo de buena gente, pero que eso no obliga al poder judicial, ni a nadie. Ojo todo está conectado, en Honduras vivimos un estado de Guerra de Baja Intensidad.

En una declaración firmada por diferentes organizaciones populares [2] del Aguán se denuncia la publicación realizada por el Diario La Prensa el día 25 de agosto del 2011. Dicen los movimientos en su comunicado: “La noticia publicada el día de hoy por el Diario la Prensa, propiedad de Jorge Canahuati Larach, bajo el título de "El Comandante. Dirige a 300 hombres en el Aguán", es parte de la campaña dirigida para crear un escenario de guerra en Honduras, destinado a fortalecer el modelo de "plantación", basado en la acumulación de tierras y explotación de mano de obra, el cual ha producido enormes réditos económicos para un grupúsculo de empresarios productores de palma africana”.

En ese artículo el diario golpista La Prensa sostiene que “El operativo Xatruch II ahora tiene el reto de identificar el sitio donde se encuentran estos grupos que operan al menos con 300 personas armadas, y que están bajo el mando del “Comandante”, según los investigadores”. Responsabilizan a este grupo de las ocupaciones de tierras. “Se conoce que al menos dos nicaragüenses son los que les han dado todo el entrenamiento” afirman, dando luz verde para la cacería de extranjeros solidarios [3].

Replican por su parte las organizaciones campesinas: “La "fértil imaginación" de los periodistas y organismos de inteligencia, de donde ha surgido el señalamiento de la presencia del "Comandante" y los 330 hombres armados, es un descrédito para las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Seguridad, que han venido ejerciendo un estricto control sobre la zona, especialmente después del inicio de la administración de Porfirio Lobo y sus asesores colombianos en materia de "Seguridad Democrática"”.

Totalmente de Acuerdo con este pronunciamiento, quizá solo debamos señalar que la agresión comenzó inmediatamente después del Golpe.
“La enorme cantidad de efectivos militares en esta zona –asegura en el mismo sentido Wilfredo Paz Zúñiga-, no ha llegado para proteger la vida de los campesinos sino para continuar protegiendo las tierras de los poderosos terratenientes. Esta región está casi en estado de sitio. Los militares se han tomado los principales puntos de las carreteras y ahí permanecen todo el día. Bajan a la gente de los carros, les piden sus documentos, les revisan sus cosas, los retienen por espacio de 30 minutos. En las ciudades –aquí en la región hay cinco ciudades importantes- al atardecer no hay tráfico por las carreteras ni hay personas que puedan movilizarse por las calles…

Los terratenientes tienen grupos armados de paramilitares, con el visto bueno del ejército de Honduras y de la policía nacional preventiva. Es más, muchas veces a los guardias se les presta uniformes del ejército nacional, e inclusive se les prestan las mismas armas, de tal manera que hay un contubernio de los operadores de la justicia y los terratenientes en contra de los campesinos… El ejército y los guardias de los terratenientes han sido asesorados, en primer lugar, por miembros del ejército norteamericano, y en segundo lugar, estos terratenientes visitaron Colombia exclusivamente para traer paramilitares colombianos. De hecho, el tipo de secuestro que se da en Colombia se está operativizando en esta zona. Es un secuestro donde a los que secuestran, les quieren sacar verdad, les van cortando el cuerpo por pedazos. Eso es lo que está aconteciendo con algunos secuestros de campesinos que han ocurrido en nuestra zona. Pero además hay un inminente peligro, pues en las últimas horas el Frente de Resistencia Nacional Popular tiene la información de que han ingreso al Valle del Aguán unos 40 miembros paramilitares de “Los Zetas” [4], que vienen desde México, traídos por los terratenientes para coadyuvar esfuerzos con la operación militar que hay, y exterminar prácticamente al movimiento campesino de la región”.

Toda esta información es precisa y correcta. Recordemos que existe un trinomio que asocia al régimen, el ejército paramilitar de los terratenientes y al Estado gringo con el Narcotráfico. La situación es muy seria, y puede ser el punto en el que se justifique una ocupación militar yankee del país.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) denunció en un comunicado que “el régimen instaló la militarización en El Aguán a través de la Operación Xatruch II, con el argumento de que llevaría “la paz” a la zona, pero se han incrementado los asesinatos contra los campesinos en las últimas horas”.

La Operación Xatruch II significa la presencia de más de 1000 efectivos militares y policiales en el Bajo Aguan. Agrega el COFADEH que “organizaciones internacionales de derechos humanos han señalado en un pronunciamiento público que sólo será posible lograr una salida pacífica y negociada del conflicto agrario en el Bajo Aguán mediante la puesta en marcha de políticas públicas que respeten y cumplan las obligaciones internacionales de derechos humanos adquiridas por Honduras, incluyendo las medidas necesarias para proteger el derecho a la vida, erradicar la impunidad, el efectivo control y supervisión de la seguridad pública y privada en la zona, la garantía del derecho a la alimentación de la población facilitando su acceso a la tierra, así como mediante el cumplimiento de los acuerdos suscritos entre las partes”.

Exacto, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el régimen de Lobo Sosa es esencial. Deben cumplir con Todos los acuerdos suscritos. La comunidad internacional debe entender que el Señor Lobo Sosa miente todos los días sin ningún empacho, e incluso ha abusado de la buena voluntad de algunos dignatarios, como en el caso del Presidente de Colombia, quien hace menos de 72 horas afirmo que "todos los acuerdos estaban siendo cumplidos sin mayores problemas".

Berta Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, analiza estos hechos en el marco de los cambios producidos en el contexto internacional, a partir de los acuerdos de Cartagena de Indias [5]: “Creo que se reafirmó lo que dijimos hace algunos meses, cuando fue incorporada Honduras a la OEA. Nosotros manifestamos que Pepe Lobo era un personaje puesto por los golpistas, por las elecciones fraudulentas militarizadas del 2009. Que era un personaje sin poder, porque los que realmente siguen mandando en este país son la oligarquía y las transnacionales. Esto viene a confirmar la situación, ya que los poderes reales represivos cuentan con la utilización del Ejército de Honduras, que no se puede llamar Ejército Nacional sino que es un ejército mercenario, que son los que verdaderamente mandan sobre las fuerzas armadas, sobre las fuerzas policiales, de investigación, ya que en el Aguan se ha continuado de manera impune asesinando, amenazando descaradamente a campesinos y campesinas, criminalizándolos, asesinándolos. Creo que éste es otro período en el que la oligarquía le demuestra a Pepe Lobo que aquí se hace lo que ellos dicen, y no lo que él aparenta realizar en este país como supuesto mandatario.

La declaración de la compañera Bertha Cáceres incurre de nuevo en la presunción de que el Acuerdo de Cartagena fue el factor determinante para el re ingreso de Honduras a la OEA. Debe aclararse que para finales de abril ya existía una mayoría que pretendía romper la idea del consenso en la OEA, para deslegitimar a los Estados de Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador y Bolivia, aduciendo que los mismos sostenían su posición contra un gobierno (el de Lobo Sosa) que ya daba muestras de “grandes avances”. No cabe duda alguna sobre la naturaleza del régimen, sucesor del golpismo, y protector del mismo. Todas las estructuras que derrocaron al presidente José Manuel Zelaya Rosales, siguen intactas. Es importante que la opinión pública sepa que la suscripción del Acuerdo por parte del Presidente Zelaya, con el apoyo de sus ex funcionarios, y la adhesión personal de muchos miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular no se produjo como un acto de ingenuidad, menos aun de traición al movimiento de Resistencia. En un ambiente como el hondureño, el liderazgo de la resistencia está obligado a asumir los riesgos de creer en Lobo Sosa. Por este proceso ya pasaron sindicalistas, magisterio, pueblos originarios, campesinos (del bajo Aguán), nadie se negó a hablar y firmar acuerdos con Lobo Sosa, y eso en razón de la necesidad de resolver esta crisis que tanto daño nos sigue trayendo como país. Muy importante, es denunciar el incumplimiento de Lobo Sosa y su régimen de Todo lo que firma.

Es una situación que pone en mayor exposición a los compañeros y compañeras dirigentes del Aguan, ya que ni acuerdos firmados como el de Cartagena, o como lo manifestado por el mismo régimen de tener un ministerio de derechos humanos, nada, absolutamente nada importa aquí.

Sigue sin existir una institucionalidad que garantice la vida. En este país la vida es algo que no vale, que puede costar 500 lempiras, unos 30 dólares... En el Aguán sigue creciendo el intervencionismo gringo. Los compañeros han denunciado la presencia de mercenarios colombianos, gringos, y se continúa fortaleciendo al Ejército que sigue entrenándose en la Escuela de las Américas y en otros lugares del mundo, incluso participando en ejercicios militares marítimos que suponemos que son parte del Plan Mérida, donde se están instalando las bases militares de EE.UU., sobre todo en las regiones marítimas costeras. El estilo del sicariato empleado en los asesinatos es muy similar al de los años '80 y a la forma de tortura que se emplea en Colombia. Yo creo que aquí tiene mucho que ver el entrenamiento contrainsurgente de la CIA, de los aparatos especializados en entrenar a fuerzas militares y paramilitares, de formarlas, organizarlas, estructurarlas. Muchas están muy vinculadas al narcotráfico. Es una combinación de fuerzas de la policía y el ejército con gringos y con colombianos que se mueven entre el anonimato y como ejército colombiano. Ya hicieron una operación en Honduras de un supuesto rescate de secuestro que realmente nunca se conoció la verdad sobre eso, y operaban hasta con un informe colombiano aquí en Honduras. Son capaces de ejercer métodos de tortura de una manera increíble, impensable. Violencia física, emocional, torturas, sometiendo a la gente a tratos sumamente crueles, criminales. Lo otro es pagar a matones para matar a compañeros y compañeras por encargo. Eso es aquí como una industria, como un mercado más. Y hay algo que es importante decir: la criminalización no llega sólo a los campesinos, sino también a personas de otros países que están en la solidaridad. Hay una disposición de Oscar Álvarez -un tipo del régimen muy peligroso, un fiel seguidor de los gringos-, que ha impulsado una política de perseguir a los extranjeros y extranjeras en nuestro país. Nosotros ya tuvimos un caso muy cercano en el COPINH. Estamos viendo que hay una criminalización hacia la solidaridad internacional. Están diciendo que son extranjeros los que están impulsando la violencia en el Aguán, y también que están impulsando las guerrillas. Yo creo que se quiere arrinconar al movimiento campesino más radical, más firme, que no entró en un proceso de negociación, no porque significara renunciar a sus luchas y su dignidad, sino más bien porque los acuerdos están establecidos en términos que no son aceptables para este sector campesino”.

Todo lo aseverado aquí es correcto, excepto en las últimas líneas. Todo el pueblo hondureño es firme, y nos arrinconan en todas partes. No olvidemos que los caídos por la mano asesina del régimen, los exiliados, los presos políticos son muchos, están en todo el país, y no todos son indígenas o campesinos. Además, no es exacto hablar de movimientos campesinos o indígenas que se hayan opuesto a negociar. En este momento tenemos varios presos políticos, entre ellos al ex ministro de la presidencia Enrique Flores Lanza; existe un Comité de Presos Políticos en plena actividad desde Agosto de 2009. En el exilio forzoso tenemos a los sacerdotes Andrés Tamayo y Fausto Milla, y la asistente de este último, Denia Mejía, todos miembros de dirección del Frente nacional de Resistencia Popular. Además, tenemos informes de que se alistan casos de “sicariato judicial” contra el ex presidente José Manuel Zelaya y su esposa Xiomara Castro de Zelaya. Esto nos muestra que su ataque no es contra un sector en particular, es contra todo el frente.

La resistencia del Aguán frente a los señores del poder
Se señala en el comunicado de las organizaciones campesinas: “Actualmente en Honduras existen más de 600 mil familias que carecen de tierra, sin que exista por parte del Estado de Honduras una estrategia agraria para solventar la grave problemática social que existe en el país”. En otro tramo se afirma que “el conflicto agrario en Honduras se polariza a raíz de la Ley de Modernización Agrícola del año 1992, que permitió rebalsar los topes existentes en relación a la tenencia de la tierra, dando lugar a enormes plantaciones concentradas en manos del palmero de la muerte Miguel Facussé, Reynaldo Canales y René Morales Carazo”.

Frente a esta situación, los campesinos y campesinas del Aguan han venido realizando un proceso sostenido de recuperación de tierras. Señala al respecto Wilfredo Paz Zúniga: “Aquí hay un poderoso movimiento campesino, organizado desde hace unos once años. Las motivaciones para impulsar este proceso, precisamente surgen de la existencia de miles de familias campesinas que no tienen ni un centímetro de tierra. En este sentido queremos señalar que a los empresarios terratenientes, una ley que se llamó Ley de Modernización Agrícola, les facultó tener más de 30 hectáreas de tierra, y para el sector empresario les facultó tener más de 300 hectáreas. Pero estos señores terratenientes no tienen 300 hectáreas. Aquí tienen 200 mil, 300 mil hectáreas. Estamos hablando del empresario Miguel Facussé, del empresario Reynaldo Canales y del empresario René Morales, como de igual forma de la Standard Fruit Company, una compañía que ha venido explotando el suelo de este valle desde 1870, y que aún permanece en la zona. El gran conflicto se deriva porque los campesinos ahora quieren recuperar tierras que fueron mal compradas, mal adquiridas, que fueron muchas veces usurpadas por estos señores, que se las quitaron a los campesinos y al estado, y empezaron a aprovecharse de ellas”.

Hay que agregar los intereses transnacionales, y los del narcotráfico en la región; así como los fuertes intereses geoestratégicos del imperio y sus multinacionales.
La crisis del Bajo Aguán, denuncian las organizaciones campesinas, surge como consecuencia “del modelo de plantación que se viene dando en Honduras desde inicios del siglo XX, cuando las compañías bananeras se apropiaron de los valles fértiles de Honduras. En el siglo XXI, el auge de los agro combustibles replica los despojos del pasado con el agravante que millones de personas se encuentran desposeídas”.

En el centro del actual despojo se encuentra Miguel Facussé. Su grupo posee el complejo agroindustrial Dinant, que fabrica y comercializa aceite de palma. Fue condecorado en el 2004 con la Orden Mérito a la Democracia… por el Senado de Colombia. La investigadora de la Universidad Nacional de Honduras Leticia Salomón, señaló en una conferencia el papel del grupo familiar Facussé en el golpe de estado en Honduras. “Fue planeado -aseguró- por un grupo empresarial liderado por Carlos Roberto Facussé, ex presidente de Honduras, dueño del periódico La Tribuna, que junto con La Prensa, El Heraldo, los canales de TV 2, 3, 5 y 9, fueron pilares fundamentales del golpe” [6]. Recordó también que Miguel Facussé en 1992 apoyó la compra de tierras a los campesinos del Aguán, a menos del 10% de su valor real.

Denuncia por su parte Berta Cáceres: “Miguel Facussé es todo un personaje en este país. Es una persona que no es originaria de Honduras. Después de muchos años consiguió enquistarse en el poder económico y político. Fue beneficiado, y ahí está basado su poder económico, en muchos actos de corrupción conocidos aquí en Honduras. Eso, junto a otros personajes de esta clase en nuestro país que así fueron acumulando sus riquezas, extorsionando al débil estado hondureño, “poniéndose” a la moda del grito del “desarrollo” impuesto. Entre ellos el tema de la palma africana, también con productos que están en todos los mercados -y no sólo en Honduras sino en toda Centroamérica- que son atractivos. Son los productos que se pueden comercializar mejor en los tratados de libre comercio. Por ejemplo cítricos o frutas que llaman exóticas, beneficiadas con los fondos de carbono. Porque con sus monocultivos han creado esto que promueven los organismos financieros, esta política de que los monocultivos son productores de oxígeno. Él ha sido beneficiario de los fondos de carbono por la palma africana, que son monocultivos y hacen todo lo contrario. Miguel Facussé es una de las figuras más despreciadas del país, porque representa el emporio económico enclavado en Honduras; un tipo que ha sido capaz de ordenarle al ejército masacrar, reprimir. Tiene poder en todos lados, ya sea el poder ejecutivo, legislativo, judicial. No sólo está en la costa norte, sino que ahora adquiere 70 mil hectáreas en La Mosquitia para sembrar monocultivos de palma africana, y ser beneficiado otra vez con los fondos de carbono. Está en el sur, en Zacate Grande, donde también ha ejercitado mucha represión contra los campesinos y campesinas, los pescadores y pescadoras. En nuestra zona ha querido imponer varios hidroeléctricos y represas, y recientemente hemos sabido que quiere impulsar un proyecto eólico junto a otras empresas transnacionales. Pero en el Aguan no sólo está él. Están también René Morales y Raymundo Canales, dos grandes terratenientes que tampoco son de origen hondureño, incluso uno estuvo involucrado con el somocismo y con la contrarrevolución sandinista. Estos personajes vienen apareciendo con enorme poder de represión contra las comunidades campesinas”.

Subraya Wilfredo Paz Zúniga que “en el caso de Miguel Facussé estamos hablando de una de las personas millonarias más ricas de Honduras, y una de las personas que estuvo detrás del golpe de estado, pues uno de sus aviones sirvió para que trasladaran, tras operativizar el golpe, a Patricia Rodas, que era canciller de Honduras, a la Ciudad de México”.
La movilización social y la solidaridad internacional
Analizando las fuerzas de la resistencia, nos dice Berta Cáceres: “Sabemos que al interior del Frente ha habido un debate de varios compañeros y compañeras que han exigido de manera seria que hay que encaminar esfuerzos, realizar acciones concretas para fortalecer los movimientos sociales, la lucha social, que es en lo que siempre hemos insistido como COPINH. Mantener la lucha social, reforzarla, profundizarla. En este debate surgió el acuerdo de plantearse un plan de lucha de los movimientos sociales. Eso ha sido muy bueno. Lo lamentable es que no ha tenido el nivel de importancia como cuando se habló de la batalla electoral. No se asume con suficiente fuerza el tema de la lucha social.

Todavía hay una enorme debilidad en la articulación y acompañamiento -por ejemplo- de esta lucha de los estudiantes y las estudiantes en el país. Creo que ha sido parte de la opción del movimiento estudiantil, debido al peligro de politización partidaria, mantener su autonomía, aunque ya hay en cada región movimientos que acompañamos o nos solidarizamos con la lucha estudiantil, con la causa de la educación pública y con la lucha salarial, acompañando a los colegios magistrales. Yo creo que todavía al Frente le hace falta darle más empuje a este planteamiento que surgió de la última asamblea intermedia”.

Lo apuntado por la compañera Bertha Cáceres es, en mi opinión, subjetivo y sesgado. El movimiento social viene desmovilizándose constantemente desde el año 2010, excepto en el caso del bajo Aguan, donde, como apunto acertadamente Wilfredo Paz existe un movimiento campesino poderoso desde hace más de 10 años. No se trata de que la lucha electoral haya desplazado los temas sociales; de hecho la mayoría de las agresiones del régimen contra los recursos naturales y los movimientos sociales se dieron en el 2010, mucho antes d que se discutiera cualquier opción electoral. En relación a la lucha de los estudiantes, parece evidente que han llevado un proceso exitoso, gracias a su organización, algo que hemos estado pidiendo insistentemente se haga con el pueblo en resistencia, sin resultados hasta ahora. Ningún movimiento social en este momento podría hacer algo más que comunicados de apoyo por los estudiantes. La adhesión del magisterio, si este es capaz de mantener el ritmo, y la firmeza de principios de los muchachos, podría aportar algo de fortaleza al ya importante movimiento estudiantil. De nuevo, por la organización de que disponen los maestros. Una vez más, la lucha del Frente Nacional de Resistencia Popular, es política, busca el poder; es exactamente como debe entenderse la lucha del pueblo, y para esta debe Organizarse al Pueblo, en cientos o miles de células que a su vez apoyen la organización total del pueblo en unidades distintas a las que ahora conoce.

El movimiento estudiantil ha renacido con fuerzas en el último período, retomando las luchas por la defensa de la educación pública. Y también ha tenido sus represalias. El 22 de agosto fue asesinado el estudiante Nahúm Guerra Guerrero, que participaba en la toma de las instalaciones de la Escuela de Agricultura Pompilio Ortega, en Santa Bárbara. En otro territorio, en otro escenario, la respuesta es la muerte para quienes luchan. Y la respuesta también es la impunidad.

Wilfredo Paz Zúniga concluye con un llamamiento a la solidaridad internacional: “Estamos viviendo una situación sumamente difícil en la región, por lo cual queremos aprovechar este medio para solicitar a las organizaciones internacionales de derechos humanos, a los periodistas internacionales amigos: necesitamos de urgencia la presencia de una comisión internacional que tenga la permanencia siquiera de semanas, de días en esta región. Tal vez de esta manera se pueda parar el terrible asesinato de dirigentes campesinos en la región”.

Las organizaciones populares del Aguán concluyen en el mismo sentido su llamamiento: “Los miembros del movimiento campesino de la margen izquierda del Bajo Aguan tememos por la integridad de nuestras vidas y asentamientos, ante la ola de represión destinada a complacer a la élite de poder… ¡¡¡Es Urgente Detener una Masacre en el Bajo Aguán!!! Apoya enviando cartas a las autoridades hondureñas, solicitando lo siguiente:

- Respeto a los Derechos Humanos de los campesinos y campesinas de los Asentamientos: Aurora, Concepción, Rigores, Marañones, La Confianza, Lempira, movimiento de Orica y MARCA.
- Finalizar con la política de hostigamiento del Bajo Aguán.
- Una estrategia de Estado para solucionar la grave problemática agraria nacional que afecta al campesinado hondureño.
- Urgente desmilitarización de la zona y control de los grupos paramilitares que se han apoderado de la zona.

Con indignación
Escribo con indignación, con rabia. No sé si la indignación y la rabia sirvan para escribir. Sirven, en todo caso, para comunicarnos. Es urgente detener esta masacre.

A los presidentes que se pusieron de acuerdo para promover el reingreso de Honduras a la OEA, les invito a que viajen al Bajo Aguan. Que miren los rostros de las familias de los asesinados y asesinadas. Que les expliquen cómo es que ese país, a cuyo gobierno golpista han recibido con honores, ha avanzado hacia la democratización. Que escuchen quiénes eran los compas y las compas torturados, rotos, masacrados. Que sientan por un momento la angustia. Que recuerden –si tienen memoria- como vivíamos bajo el dominio del terror. Que piensen una vez más en su voto en la OEA, en las razones de estado que sopesaron, en las estrategias comerciales dictadas desde el norte, en las presiones recibidas… y las comparen con los rostros del dolor, dibujados en las tierras hondureñas. No hay manera de reparar el daño cometido. Pero sí se puede exigir un alto a la masacre. Sí se puede suspender cualquier acuerdo comercial con la élite de un país que día a día niega la democracia.

Pero claro, esto tal vez resulte una utopía. Entonces, es hora de mirarnos, de repensar las agendas de los movimientos populares de Nuestra América, y decidirnos a volver a las calles por Honduras. Por nuestros caídos y caídas. Los del pueblo. Los más olvidados y olvidadas. Volver a las calles para que nadie calle. Para que la indignación diga una vez más, con todos los tonos y voces: No olvidamos. No perdonamos. No nos reconciliamos.
Buenos Aires, 27 de agosto del 2011

[1] Entrevista realizada por la autora de esta nota el martes 23 de agosto a Wilfredo Paz Zúniga, coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular del Aguan para el programa Noche Tras Noche de Radio Nacional de Argentina.
[2] Declaración firmada por Frente Departamental de Resistencia de Colón, Movimiento Campesino de Rigores, Movimiento Campesino de Orica; MARCA, MUCA MI, firmado en La Ceiba, Atlántida, el 25 de Agosto del 2011.
[3] Ver http://www.laprensa.hn/Apertura/Ediciones/2011/08/26/Noticias/El-comandante-dirige-a-300-hombres-en-el-Aguan
[4] Grupo reclutado originalmente entre miembros de las fuerzas especiales del Ejército mexicano, para conformar los anillos de seguridad del cártel del Golfo. Luego se separaron del cártel y ampliaron sus acciones desde México hacia otros países de Centro América y América Latina. Son responsables de masacres de campesinos, de inmigrantes, de femicidios, y de asesinatos crueles en todos estos lugares.
[5] Entrevista realizada para este informe.
[6] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=89427

El Bajo Aguán



Tiempo

Por Víctor Meza

No, no es posible que todas las semanas, casi todos los días, mueran personas, por conflictos agrarios, en el Bajo Aguán.

¿Qué está pasando ahí, qué sucede, qué acontece en esa zona geográfica en donde pareciera que no hay autoridad, ni control, ni vigilancia, ni, en pocas palabras, Estado? ¿Quién manda, quién gobierna, quién decide sobre la vida, los bienes y la existencia cotidiana de los ciudadanos en esa región? Por lo visto, nadie.

Don Porfirio Lobo, presidente de la República, me consta, no es un hombre indiferente a estos problemas. Conoce la naturaleza, el origen y las consecuencias de los conflictos agrarios. Los ha vivido en directo, en carne propia. Sé que es así. Por lo tanto, me pregunto, ¿cómo es posible que muestre tanta aparente indiferencia y lejanía ante los hechos que tienen lugar en esa zona, tan bella como peligrosa, del Bajo Aguán? ¿Por qué razones, me interrogo, un hombre como Porfirio Lobo, que tiene – o ha tenido, ya no lo sé – la sensibilidad suficiente para vibrar ante las injusticias sociales, se muestra hoy, desde el palacio presidencial, con la indiferencia grosera y la distancia cómplice de los oligarcas criollos, tan lejanos como estúpidos ante los desafíos sociales…? No tengo respuestas válidas ni creíbles ante estos interrogantes.

Pero reflexiono: si el gobierno no es capaz de tener la sensibilidad suficiente ante los problemas más notorios de la conflictividad local, ¿qué podemos hacer los ciudadanos ante ello? ¿Cómo podríamos los hombres y mujeres de a pié asumir la gestión y el manejo de los problemas cotidianos de nuestra comunidad? Me dirán que la respuesta está en la anarquía, la sociedad sin Estado, la locura. No. La solución está en algo tan simple y cercano como la Autogestión, es decir la organización autónoma de los ciudadanos, la búsqueda propia de soluciones, el afán de encontrar nuestras propias fórmulas de salida, de autocooperación. La solución está en Nosotros, no en los demás y, mucho menos, en el Estado. La fórmula se reduce a la autocooperación, a la autogestión, a la iniciativa propia, organizada y disciplinada, al autocontrol ciudadano.

Y, si esto es así, lo que debemos hacer es organizarnos, unirnos, juntar nuestros esfuerzos, nuestras ideas y energías para buscar y encontrar fórmulas que nos permitan salir adelante, triunfar, ganar.

Ya basta, señores, amigos, hombres y mujeres, de buscar la solución en los engranajes del Estado. Ya dejaron de funcionar. Se gastaron. Se agotaron. Los ciudadanos debemos, estamos en la obligación de encontrar nuevas vías de presión, otros caminos para imponer nuestras demandas y exigencias. Los ciudadanos somos, desde ahora y para siempre, los “nuevos demandantes”, los hombres y mujeres del siglo XXI. ¡No lo olvidemos!

¿Vivimos una revolución?


Por Paul Walder

Hace casi tres meses una grieta cruzó a toda la sociedad chilena, una fractura que comprometió sus varias capas. Desde entonces -una noche de la tercera semana de mayo- el país ha dado un giro radical. Aquel extraño modelo que combinaba presuntuosas estadísticas macroeconómicas con uno de los mayores índices de desigualdad en la distribución de la riqueza en el mundo, se desplomaba para dejar en una desnudez impúdica todo tipo de cicatrices, marcas y piezas ortopédicas. El modelo neoliberal instalado en Chile desde los confines de la dictadura, alimentado e hinchado por la Concertación durante más de veinte años y, finalmente en medio del ritual de sacralización de la derecha como destino final de la política, exhibía toda su enfermedad. La construcción retórica basada en la publicidad y el consumo de masas se invertía de la noche a la mañana. Un malestar ciudadano coreado en las calles y por todos los rincones y pliegues oscuros olvidados por el sistema, revelaba las verdaderas consecuencias del libre mercado desregulado. Cientos de miles de ciudadanos expresaban el sentir de millones.
La retórica contra las estadísticas. La publicidad contra la realidad. El país levantado como el “ejemplo” latinoamericano por los think tanks neoliberales, agencias de publicidad, firmas de inversiones y organismos financieros internacionales, escondía, tras la macroeconomía y los valores bursátiles, estadísticas de miedo. En un país donde el diez por ciento de la población absorbía casi la mitad de la riqueza, no era difícil prever que en algún momento el otro 90 por ciento exigiría su parte.

En tres meses el discurso dominante sólo circula entre los controladores: el gobierno, los partidos, las cúpulas empresariales, amplificado por los medios de comunicación afines. En la calle, en las redes sociales, se debate lo evidente, los problemas ciudadanos, canalizados hoy como demandas justas y naturales. Aquel 90 por ciento de la población (podemos conceder que es el 74 por ciento, según certifica la encuesta del Centro de Estudios Públicos, CEP) sabe con certeza que durante estos últimos veinte o treinta años ha sido pasto de engorda de aquel otro diez por ciento. Las estadísticas, por tantos años empleadas como cascabel político y económico a ciudadanos adoctrinados bajo la cultura del consumo y el crédito, finalmente se invierten. Las mismas estadísticas nos han develado la obscenidad y perversidad institucional sobre la que estaba apoyado el modelo.

No somos un caso aislado. El modelo globalizado estalla en distintos rincones y fronteras. Esa fractura abisal cruza desde Londres, Barcelona, El Cairo, Damasco, Atenas y Santiago… como respuesta de la Humanidad a un malogrado proyecto corporativo global. Pese a sus diferentes subjetividades, todos los movimientos de protesta tienen un factor común, que es la opresión, el abuso y las desigualdades.

El enemigo común
Las subjetividades apuntan a un enemigo común: el pacto político-empresarial como gestor de la opresión y las desigualdades. Y si hay un hilo conductor entre Madrid, Londres y Santiago, también lo hay en Chile entre Santiago y las provincias y entre las aparentemente diversas demandas. Si hubo una relación invisible -pero sólida- entre las protestas de mayo por la aprobación del proyecto HidroAysén y el movimiento de los estudiantes, es muy probable que se generen nuevas relaciones entre las demandas del pueblo mapuche, los deudores habitacionales y los estafados por los bancos y las casas comerciales. En todos estos casos aparece el poder corporativo como el gran causante de las aflicciones. La concentración del poder en Chile, que ha llegado a grados de impudicia, encuentra aquí sus respuestas. Las doce horas diarias de trabajo mal pagado, el abuso a comunidades tradicionales y la avaricia en todas sus expresiones tuvieron como objetivo el enriquecimiento del diez por ciento de la población. Lo que hoy vemos es la respuesta natural del otro 90 por ciento. Una demanda entendida como justa compensación.

El movimiento estudiantil comenzó durante junio a canalizar demandas sectoriales que no obtuvieron una respuesta satisfactoria. Ante un gobierno ideológicamente cristalizado y cruzado por conflictos de interés que sólo pudo entregar tibias respuestas, el movimiento estudiantil se convirtió en símbolo de la resistencia al modelo neoliberal. Contrariamente a lo que el gobierno ha buscado, las protestas acotadas a las demandas de educación se han extendido hacia otros múltiples malestares de la población. Si condenamos el lucro en la educación, ¿por qué no hacerlo en la salud, en las farmacias, en la banca, en los medios de comunicación, en el transporte público o en la misma política?

Durante estos tres meses Chile ha vivido un proceso de organización ciudadana. La sociedad civil, durante décadas atomizada, ha comenzado a recuperar los vínculos sociales y a crear orgánicas. La irrupción de las cacerolas, la expresión más doméstica e íntima del malestar, ha permitido que en los barrios los vecinos anónimos recuperen su identidad y se conviertan en sujetos colectivos. La organización avanza día a día, minuto a minuto en barrios, oficinas, fábricas y, por cierto, escuelas y universidades. Las múltiples demandas compartidas por la ciudadanía tienen como eje común el lucro en todos los aspectos de la vida social y económica.

Transversalidad del malestar
Se trata de un movimiento transversal. Aun cuando el gobierno no es capaz de oír las cacerolas ni las bocinas, el extenso apoyo de la ciudadanía cruza los barrios del 90 por ciento de la población no favorecida por el modelo de mercado. Los bocinazos surgen desde autobuses del Transantiago, taxis, camiones y hasta de caros vehículos 4x4, y las cacerolas se escuchan en Recoleta, Santiago Centro, La Florida, Ñuñoa o La Reina. Es el apoyo transversal a la causa de los estudiantes por una educación pública, gratuita y de calidad, pero también es el despertar de la ciudadanía contra los efectos de un sistema que percibe injusto. A poco andar este movimiento tenderá a ampliarse y organizarse, para articular nuevas demandas. Porque junto a las ya presentes, hay muchas otras latentes.

La crisis mundial de los mercados financieros de comienzos de agosto anticipa una nueva recesión. Si ya durante julio los fondos de pensiones de los trabajadores chilenos cayeron hasta un 2,2 por ciento, las informaciones de agosto prevén bajas más pronunciadas, lo que volverá a agitar la paciencia de los trabajadores. Ya en 2008, tras la crisis de las subprimes, los futuros pensionados perdieron una buena parte de sus ahorros, que sólo recientemente habían logrado recuperar. El descalabro bursátil de agosto y las tenebrosas proyecciones para los próximos meses, volverán a colocar a los trabajadores como actores de las movilizaciones.

Las crisis económicas, que en otros tiempos fueron minimizadas por los gobiernos de turno (“Chile está blindado”), hoy son usadas en sentido inverso. Ya puede escucharse un cambio en el discurso oficial en cuanto a que el país sí es vulnerable ante la actual crisis, lo que constituye un nuevo elemento para disuadir las demandas ciudadanas. En cualquier caso, una recesión que frene el crecimiento y genere desempleo sólo podría aumentar el actual malestar. El caso de los indignados españoles es un ejemplo inmediato. Las protestas expresan múltiples malestares: una economía con altas tasas de desempleo, pérdida del poder adquisitivo, recorte de las ayudas sociales, junto a la evidencia de un aumento en la desigualdad en la distribución de la riqueza.

Hacia el paro nacional
El paro nacional convocado por la CUT para este 24 y 25 de agosto, que contará con la participación de los estudiantes, será una expresión de cómo las diferentes demandas ciudadanas surgidas como efectos del modelo de libre mercado tienden a confluir. Un torrente social de esta naturaleza, que no apunta a la salida del actual gobierno de derecha sino a un cambio más profundo en la institucionalidad política y económica, llevará las exigencias a un nuevo nivel. Lo que ya han planteado los estudiantes, desde la renacionalización del cobre para orientar recursos a la educación a la convocatoria a un plebiscito nacional para eliminar el lucro en la educación y garantizar su gratuidad por parte del Estado, son exigencias más profundas que comparten otros actores sociales, desde organizaciones laborales a políticas, desde colectivos, coordinadoras a frentes sociales.

El gobierno de derecha está petrificado ante la creciente demanda ciudadana. Lo mismo que toda la clase política, creada y desarrollada para usufructuar del modelo neoliberal. Por ello durante tres meses no ha habido ninguna respuesta sólida y confiable para los estudiantes. Las propuestas pergeñadas por el Ejecutivo están acotadas a la actual institucionalidad, que tiene como piedra angular las relaciones mercantiles. Las demandas juveniles, despreciadas por el establishment por “utópicas”, “líricas” o “maximalistas”, no son atendibles por una clase política cuyos intereses descansan en el sector privado que se ha beneficiado con la actual institucionalidad. Es por ello que todas las respuestas del gobierno y del Congreso apuntan hacia la confusión y la ambigüedad, del mismo modo que la recibida por los “pingüinos” en 2006. Se hace un ruido político para mantener lo esencial. Otra vez la política del gatopardo.

Si el gobierno y la clase política dicen no poder acceder a las demandas ciudadanas por estar sujetos por un marco institucional, el coro que se escucha en las calles es un cambio a esa institucionalidad, lo que pone por delante la Constitución dictatorial-neoliberal de 1980 remendada por el gobierno de Ricardo Lagos, y la necesidad de una Asamblea Constituyente. Al demandar la ciudadanía un cambio a la institucionalidad podemos hablar de un cambio de régimen, de una revolución. Chile no vivía este tipo de movilizaciones desde hace más de veinte años. Las de entonces terminaron con la dictadura e inauguraron el proceso denominado de “transición a la democracia”, trance que pareció tener un final con el retorno de la derecha al poder por la vía electoral y la consolidación de la institucionalidad heredada de la dictadura.

La fuerza de los actuales acontecimientos ha invertido ese diagnóstico. El arribo de la derecha al gobierno fue el efecto colateral de la desesperación ciudadana ante una Concertación incapaz de acoger demandas acumuladas desde los albores de la dictadura. Con la llegada de la derecha al poder se exacerbaron todas las grandes contradicciones de la Constitución espuria expresadas en el sistema binominal y el modelo neoliberal. El malestar ciudadano no se detiene en el rechazo a una u otra coalición política: impugna la esencia.

Ante una presión social en plena ebullición y muy próxima a su estallido, las únicas salidas van por el cambio a la actual institucionalidad

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 740, 19 de agosto, 2011
Fuente: revistapuntofinal@movistar.cl

El fin del modelo plutocrático de A. Pinochet y de R. Lagos



El Clarín de Chile

Por Rafael Luis Gumucio Rivas

Siempre ha ocurrido en la historia que los últimos en darse cuenta de que su modelo de dominación se derrumbó, producto de la rebelión ciudadana contra la desigualdad y el abuso, son las castas plutocráticas político-empresariales. En el Chile de hoy este aserto se confirma plenamente.

El duopolio, consecuencia de un sistema electoral ilegítimo e injusto, regentando una Constitución autoritaria en sucesivos gobiernos, sólo ha producido un Chile segmentado donde reina el abuso de los poderosos contra los ciudadanos.

El diagnóstico forma parte ya del sentido común y es compartido por la gran mayoría de los chilenos. Según la encuesta Latinobarómetro, sólo el 16% tiene confianza en los partidos políticos; el 21% cree que las instituciones funcionan bien; el 48% piensa que los funcionarios públicos son corruptos; el 71% de los ciudadanos cree que el país está gobernado por unos cuantos grupos poderosos que actúan en su propio beneficio. (Cit. por Waissbluth, 2010:42).

La educación, además de ser un negociado, es hoy por hoy un desastre, y es solamente un espejo del Chile segmentado, en base a colegios particulares para ricos, que construyen sus propias redes de poder para perpetuarse, y escuelas municipales para pobres, cuyo destino es limpiar letrinas. Todos los indicadores sólo sirven para demostrar la cruda realidad del apartheid chileno: en el Simce, el estrato bajo, en matemáticas obtiene apenas 210 puntos, mientras que el alto 225; en la PSU, aquellos en que su familia gana menos de US 550, el 43% obtiene menos de 450 puntos, y el 0.2%, más de 700 puntos; aquellos que ganan más de US 2.500, el 4,1% obtiene menos de 450 puntos, mientras que más de 700 puntos, el 19,3%. (Op. Cit.: 94). En las pruebas internacionales, especialmente en la Pisa, Chile está en los últimos lugares.

La mayoría de los alumnos no entiende lo que lee y un alto porcentaje de profesores son incapaces de interpretar un texto, mucho menos de establecer relaciones y asociaciones o de interpretar un gráfico. Algunas universidades públicas y privadas se disputan el mercado de clientes-aspirantes a profesores de educación básica, en base a cursos de fines de semana y vacaciones y de formación a distancia, profundizando así la pésima educación de nuestros docentes.

Una de las claves de nuestro desastre educacional está en la despreocupación en el desarrollo de las competencias docentes a lo largo de la carrera de pedagogía, mucho menos la búsqueda de una carrera docente que valore al profesor como uno de los profesionales fundamentales para el desarrollo del país.

Tanto los gobiernos de la Concertación, como el actual, visualizan la educación como un negocio, “un bien de consumo”, como lo sostuvo un gran filósofo contemporáneo, algo que se compra y se vende, que se transa en la Bolsa, el más desregulado de los mercados, por el cual los estudiantes deudores son más abusados que en los bancos y el retail.

La casta política chilena ostenta el record mundial de la hipocresía: todos sus integrantes sostienen que la educación es fundamental para el desarrollo, sin embargo, no han hecho más que destruirla. No sólo los ministros Larroulet, Rivera y Lavín están vinculados a empresas que lucran con la educación, sino que también lo hacen los democratacristianos e, incluso, pseudoizquierdistas y, como están todos en el mismo charco y son dueños del poder, la ley es inaplicable – al menos hasta hora -. En el plano de la impunidad se hermanan los ex CNI, los dueños de La Polar y de las tres farmacias – Ahumada, Salco y Cruz Verde – y de los políticos que lucran con las universidades.

El conflicto entre la sociedad civil y la casta política es insoluble: son paradigmas que jamás podrán encontrarse. Los primeros conciben al país como un gran supermercado, cuyo centro es el lucro y a los ciudadanos como consumidores y deudores; los según dos, como una sociedad de personas, que tiene pleno derecho a recibir del Estado bienes básicos como la educación y la salud gratuitas – por lo demás, estos deberes del Estado están financiados por todos los chilenos.

Tanto la derecha como los encapuchados de ultraizquierda no pueden concebir que un movimiento de resistencia civil no violenta, no sólo haya desnudado las llagas leprosas de este país, sino que también sean capaces de delinear un nuevo camino que permita refundar la república. Es en este contexto que hay que entender las torpes declaraciones de protofascistas – como aquellas del alcalde Zalaquet, que llama a los militares, o la de Carlos Larraín, al referirse a sus colegas como “inútiles y subversivos”, y la joyita del intendente de Concepción, que sostiene que los anarquistas son “producto del abandono de sus padres”, ignorando que Bakunin y kropotkin nacieron en cuna de oro - que, en el fondo no pueden dejar de mostrar su alma pinochetista.

Para reconstruir la república, destruida por el duo Pinochet-Concertación, es necesario un plebiscito, posteriormente, una Constituyente, un cambio radical en las cargas públicas, que aumenta el impuesto a las empresas y a los más ricos, reduciéndolos a las personas, la eliminación del lucro en la educación y un Estado docente descentralizado.

lunes, 29 de agosto de 2011

La Resistencia Hondureña frente al triángulo del Aguán: militarización, terratenientes y narcos

Por Claudia Korol

“La situación en el Aguán está muy difícil en los últimos días, a raíz del proceso de recuperación de tierras de once organizaciones campesinas en esta región, y particularmente de lo que es el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), y del Movimiento Campesino de Rigores, que han incrementado sus acciones. Como respuesta se asesinaron a cuatro presidentes de organizaciones campesinas. El último fue Pedro Salgado, vicepresidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguan, decapitado por sicarios el 21/8 junto a su esposa, la señora Reina Mejía Licona. En este momento está su velatorio. Han asesinado en dos años a unos 51 campesinos. Es una permanente violación a los derechos humanos, y una sistemática represión contra el movimiento campesino organizado. Estos campesinos que han sido asesinados eran miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular. Veinticuatro horas antes habían asesinado al campesino Secundino Ruiz, presidente de una empresa campesina que se llama San Isidro, y presidente de otro movimiento campesino que se llama Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán, MARCA” [1].

El Aguán es un territorio sembrado de palma y regado de vidas de campesinos. Un lugar de resistencias, que viene transformándose en una “nueva Colombia”, como laboratorio de macabras represiones. Con asesoramiento de EE.UU. y Colombia, el Aguan se ha vuelto un “territorio liberado” por las mafias a sueldo de los terratenientes, para garantizar la realización de sus tremendas ganancias. Explotación, corrupción, militarización, sicariato, paramilitares, narcos… confluyen en la creación de un campo experimental de la “doctrina de seguridad democrática”, que hace de la vida humana una mercancía descartable, seguramente de las más baratas.

El líder campesino Secundino Ruiz, fue asesinado en el mismo fin de semana, por balas disparadas desde una motocicleta, cuando viajaba en un automóvil junto a otro integrante de la misma organización, Eliseo Pavón (quien fue herido en ese mismo acto). Secundino Ruiz tenía “medidas cautelares” otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. La misma OEA que dispuso el ingreso de Honduras a su organización, valorando “los pasos dados en el restablecimiento de la democracia” y “decretando” la “reconciliación de la familia hondureña”. ¿Reconciliación? ¿Medidas cautelares?... Cautela debería tener la OEA cuando habla de “reconciliación nacional” en el marco de un gobierno nacido de un golpe de estado.

Los hechos que están sucediendo en el Aguán, subraya el coordinador del FNRP de la región Wilfredo Paz Zúniga, constituyen “una violación total a los acuerdos de Cartagena, y un incumplimiento total de los acuerdos de paz. Lamentablemente los acuerdos de Cartagena legitimaron al régimen de Porfirio Lobo Sosa a nivel internacional, blanqueando el golpe de estado. Hay un cerco mediático a nivel internacional, sobre todo preparado por los grandes empresarios, que argumentan que la militarización de estas zonas se debe a que hay grupos guerrilleros. Con esa excusa combaten y criminalizan al movimiento campesino”.

En una declaración firmada por diferentes organizaciones populares [2] del Aguán se denuncia la publicación realizada por el Diario La Prensa el día 25 de agosto del 2011. Dicen los movimientos en su comunicado: “La noticia publicada el día de hoy por el Diario la Prensa, propiedad de Jorge Canahuati Larach, bajo el título de "El Comandante. Dirige a 300 hombres en el Aguan", es parte de la campaña dirigida para crear un escenario de guerra en Honduras, destinado a fortalecer el modelo de "plantación", basado en la acumulación de tierras y explotación de mano de obra, el cual ha producido enormes réditos económicos para un grupúsculo de empresarios productores de palma africana”.

En ese artículo el diario golpista La Prensa sostiene que “El operativo Xatruch II ahora tiene el reto de identificar el sitio donde se encuentran estos grupos que operan al menos con 300 personas armadas, y que están bajo el mando del “Comandante”, según los investigadores”. Responsabilizan a este grupo de las ocupaciones de tierras. “Se conoce que al menos dos nicaragüenses son los que les han dado todo el entrenamiento” afirman, dando luz verde para la cacería de extranjeros solidarios [3].

Replican por su parte las organizaciones campesinas: “La "fértil imaginación" de los periodistas y organismos de inteligencia, de donde ha surgido el señalamiento de la presencia del "Comandante" y los 330 hombres armados, es un descrédito para las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Seguridad, que han venido ejerciendo un estricto control sobre la zona, especialmente después del inicio de la administración de Porfirio Lobo y sus asesores colombianos en materia de "Seguridad Democrática"”.

“La enorme cantidad de efectivos militares en esta zona –asegura en el mismo sentido Wilfredo Paz Zúniga-, no ha llegado para proteger la vida de los campesinos sino para continuar protegiendo las tierras de los poderosos terratenientes. Esta región está casi en estado de sitio. Los militares se han tomado los principales puntos de las carreteras y ahí permanecen todo el día. Bajan a la gente de los carros, les piden sus documentos, les revisan sus cosas, los retienen por espacio de 30 minutos. En las ciudades –aquí en la región hay cinco ciudades importantes- al atardecer no hay tráfico por las carreteras ni hay personas que puedan movilizarse por las calles… Los terratenientes tienen grupos armados de paramilitares, con el visto bueno del ejército de Honduras y de la policía nacional preventiva. Es más, muchas veces a los guardias se les presta uniformes del ejército nacional, e inclusive se les prestan las mismas armas, de tal manera que hay un contubernio de los operadores de la justicia y los terratenientes en contra de los campesinos… El ejército y los guardias de los terratenientes han sido asesorados, en primer lugar, por miembros del ejército norteamericano, y en segundo lugar, estos terratenientes visitaron Colombia exclusivamente para traer paramilitares colombianos. De hecho, el tipo de secuestro que se da en Colombia se está operativizando en esta zona. Es un secuestro donde a los que secuestran, les quieren sacar verdad, les van cortando el cuerpo por pedazos. Eso es lo que está aconteciendo con algunos secuestros de campesinos que han ocurrido en nuestra zona. Pero además hay un inminente peligro, pues en las últimas horas el Frente de Resistencia Nacional Popular tiene la información de que han ingreso al Valle del Aguán unos 40 miembros paramilitares de “Los Zetas” [4], que vienen desde México, traídos por los terratenientes para coadyuvar esfuerzos con la operación militar que hay, y exterminar prácticamente al movimiento campesino de la región”.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) denunció en un comunicado que “el régimen instaló la militarización en El Aguán a través de la Operación Xatruch II, con el argumento de que llevaría “la paz” a la zona, pero se han incrementado los asesinatos contra los campesinos en las últimas horas”.

La Operación Xatruch II significa la presencia de más de 1000 efectivos militares y policiales en el Bajo Aguán. Agrega el COFADEH que “organizaciones internacionales de derechos humanos han señalado en un pronunciamiento público que sólo será posible lograr una salida pacífica y negociada del conflicto agrario en el Bajo Aguán mediante la puesta en marcha de políticas públicas que respeten y cumplan las obligaciones internacionales de derechos humanos adquiridas por Honduras, incluyendo las medidas necesarias para proteger el derecho a la vida, erradicar la impunidad, el efectivo control y supervisión de la seguridad pública y privada en la zona, la garantía del derecho a la alimentación de la población facilitando su acceso a la tierra, así como mediante el cumplimiento de los acuerdos suscritos entre las partes”.

Berta Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, analiza estos hechos en el marco de los cambios producidos en el contexto internacional, a partir de los acuerdos de Cartagena de Indias [5]: “Creo que se reafirmó lo que dijimos hace algunos meses, cuando fue incorporada Honduras a la OEA. Nosotros manifestamos que Pepe Lobo era un personaje puesto por los golpistas, por las elecciones fraudulentas militarizadas del 2009. Que era un personaje sin poder, porque los que realmente siguen mandando en este país son la oligarquía y las transnacionales. Esto viene a confirmar la situación, ya que los poderes reales represivos cuentan con la utilización del Ejército de Honduras, que no se puede llamar Ejército Nacional sino que es un ejército mercenario, que son los que verdaderamente mandan sobre las fuerzas armadas, sobre las fuerzas policiales, de investigación, ya que en el Aguan se ha continuado de manera impune asesinando, amenazando descaradamente a campesinos y campesinas, criminalizándolos, asesinándolos. Creo que éste es otro período en el que la oligarquía le demuestra a Pepe Lobo que aquí se hace lo que ellos dicen, y no lo que él aparenta realizar en este país como supuesto mandatario.

Es una situación que pone en mayor exposición a los compañeros y compañeras dirigentes del Aguán, ya que ni acuerdos firmados como el de Cartagena, o como lo manifestado por el mismo régimen de tener un ministerio de derechos humanos, nada, absolutamente nada importa aquí. Sigue sin existir una institucionalidad que garantice la vida. En este país la vida es algo que no vale, que puede costar 500 lempiras, unos 30 dólares... En el Aguan sigue creciendo el intervencionismo gringo. Los compañeros han denunciado la presencia de mercenarios colombianos, gringos, y se continúa fortaleciendo al Ejército que sigue entrenándose en la Escuela de las Américas y en otros lugares del mundo, incluso participando en ejercicios militares marítimos que suponemos que son parte del Plan Mérida, donde se están instalando las bases militares de EE.UU., sobre todo en las regiones marítimas costeras. El estilo del sicariato empleado en los asesinatos es muy similar al de los años '80 y a la forma de tortura que se emplea en Colombia. Yo creo que aquí tiene mucho que ver el entrenamiento contrainsurgente de la CIA, de los aparatos especializados en entrenar a fuerzas militares y paramilitares, de formarlas, organizarlas, estructurarlas. Muchas están muy vinculadas al narcotráfico. Es una combinación de fuerzas de la policía y el ejército con gringos y con colombianos que se mueven entre el anonimato y como ejército colombiano. Ya hicieron una operación en Honduras de un supuesto rescate de secuestro que realmente nunca se conoció la verdad sobre eso, y operaban hasta con un informe colombiano aquí en Honduras. Son capaces de ejercer métodos de tortura de una manera increíble, impensable. Violencia física, emocional, torturas, sometiendo a la gente a tratos sumamente crueles, criminales. Lo otro es pagar a matones para matar a compañeros y compañeras por encargo. Eso es aquí como una industria, como un mercado más. Y hay algo que es importante decir: la criminalización no llega sólo a los campesinos, sino también a personas de otros países que están en la solidaridad. Hay una disposición de Oscar Álvarez -un tipo del régimen muy peligroso, un fiel seguidor de los gringos-, que ha impulsado una política de perseguir a los extranjeros y extranjeras en nuestro país. Nosotros ya tuvimos un caso muy cercano en el COPINH. Estamos viendo que hay una criminalización hacia la solidaridad internacional. Están diciendo que son extranjeros los que están impulsando la violencia en el Aguan, y también que están impulsando las guerrillas. Yo creo que se quiere arrinconar al movimiento campesino más radical, más firme, que no entró en un proceso de negociación, no porque significara renunciar a sus luchas y su dignidad, sino más bien porque los acuerdos están establecidos en términos que no son aceptables para este sector campesino”.

La resistencia del Aguán frente a los señores del poder
Se señala en el comunicado de las organizaciones campesinas: “Actualmente en Honduras existen más de 600 mil familias que carecen de tierra, sin que exista por parte del Estado de Honduras una estrategia agraria para solventar la grave problemática social que existe en el país”. En otro tramo se afirma que “el conflicto agrario en Honduras se polariza a raíz de la Ley de Modernización Agrícola del año 1992, que permitió rebalsar los topes existentes en relación a la tenencia de la tierra, dando lugar a enormes plantaciones concentradas en manos del palmero de la muerte Miguel Facussé, Reynaldo Canales y René Morales Carazo”.

Frente a esta situación, los campesinos y campesinas del Aguán han venido realizando un proceso sostenido de recuperación de tierras. Señala al respecto Wilfredo Paz Zúniga: “Aquí hay un poderoso movimiento campesino, organizado desde hace unos once años. Las motivaciones para impulsar este proceso, precisamente surgen de la existencia de miles de familias campesinas que no tienen ni un centímetro de tierra. En este sentido queremos señalar que a los empresarios terratenientes, una ley que se llamó Ley de Modernización Agrícola, les facultó tener más de 30 hectáreas de tierra, y para el sector empresario les facultó tener más de 300 hectáreas. Pero estos señores terratenientes no tienen 300 hectáreas. Aquí tienen 200 mil, 300 mil hectáreas. Estamos hablando del empresario Miguel Facussé, del empresario Reynaldo Canales y del empresario René Morales, como de igual forma de la Standard Fruit Company, una compañía que ha venido explotando el suelo de este valle desde 1870, y que aún permanece en la zona. El gran conflicto se deriva porque los campesinos ahora quieren recuperar tierras que fueron mal compradas, mal adquiridas, que fueron muchas veces usurpadas por estos señores, que se las quitaron a los campesinos y al estado, y empezaron a aprovecharse de ellas”.

La crisis del Bajo Aguán, denuncian las organizaciones campesinas, surge como consecuencia “del modelo de plantación que se viene dando en Honduras desde inicios del siglo XX, cuando las compañías bananeras se apropiaron de los valles fértiles de Honduras. En el siglo XXI, el auge de los agrocombustibles replica los despojos del pasado con el agravante que millones de personas se encuentran desposeídas”.

En el centro del actual despojo se encuentra Miguel Facussé. Su grupo posee el complejo agroindustrial Dinant, que fabrica y comercializa aceite de palma. Fue condecorado en el 2004 con la Orden Mérito a la Democracia… por el Senado de Colombia. La investigadora de la Universidad Nacional de Honduras Leticia Salomón, señaló en una conferencia el papel del grupo familiar Facussé en el golpe de estado en Honduras. “Fue planeado –aseguró- por un grupo empresarial liderado por Carlos Roberto Facussé, ex presidente de Honduras, dueño del periódico La Tribuna, que junto con La Prensa, El Heraldo, los canales de TV 2, 3, 5 y 9, fueron pilares fundamentales del golpe” [6]. Recordó también que Miguel Facussé en 1992 apoyó la compra de tierras a los campesinos del Aguán, a menos del 10% de su valor real.

Denuncia por su parte Berta Cáceres: “Miguel Facussé es todo un personaje en este país. Es una persona que no es originaria de Honduras. Después de muchos años consiguió enquistarse en el poder económico y político. Fue beneficiado, y ahí está basado su poder económico, en muchos actos de corrupción conocidos aquí en Honduras. Eso, junto a otros personajes de esta clase en nuestro país que así fueron acumulando sus riquezas, extorsionando al débil estado hondureño, “poniéndose” a la moda del grito del “desarrollo” impuesto. Entre ellos el tema de la palma africana, también con productos que están en todos los mercados -y no sólo en Honduras sino en toda Centroamérica- que son atractivos. Son los productos que se pueden comercializar mejor en los tratados de libre comercio. Por ejemplo cítricos o frutas que llaman exóticas, beneficiadas con los fondos de carbono. Porque con sus monocultivos han creado esto que promueven los organismos financieros, esta política de que los monocultivos son productores de oxígeno. Él ha sido beneficiario de los fondos de carbono por la palma africana, que son monocultivos y hacen todo lo contrario. Miguel Facussé es una de las figuras más despreciadas del país, porque representa el emporio económico enclavado en Honduras; un tipo que ha sido capaz de ordenarle al ejército masacrar, reprimir. Tiene poder en todos lados, ya sea el poder ejecutivo, legislativo, judicial. No sólo está en la costa norte, sino que ahora adquiere 70 mil hectáreas en La Mosquitia para sembrar monocultivos de palma africana, y ser beneficiado otra vez con los fondos de carbono. Está en el sur, en Zacate Grande, donde también ha ejercitado mucha represión contra los campesinos y campesinas, los pescadores y pescadoras. En nuestra zona ha querido imponer varios hidroeléctricas y represas, y recientemente hemos sabido que quiere impulsar un proyecto eólico junto a otras empresas transnacionales. Pero en el Aguan no sólo está él. Están también René Morales y Raymundo Canales, dos grandes terratenientes que tampoco son de origen hondureño, incluso uno estuvo involucrado con el somocismo y con la contrarrevolución sandinista. Estos personajes vienen apareciendo con enorme poder de represión contra las comunidades campesinas”.

Subraya Wilfredo Paz Zúniga que “en el caso de Miguel Facussé estamos hablando de una de las personas millonarias más ricas de Honduras, y una de las personas que estuvo detrás del golpe de estado, pues uno de sus aviones sirvió para que trasladaran, tras operativizar el golpe, a Patricia Rodas, que era canciller de Honduras, a la Ciudad de México”.

La movilización social y la solidaridad internacional
Analizando las fuerzas de la resistencia, nos dice Berta Cáceres: “Sabemos que al interior del Frente ha habido un debate de varios compañeros y compañeras que han exigido de manera seria que hay que encaminar esfuerzos, realizar acciones concretas para fortalecer los movimientos sociales, la lucha social, que es en lo que siempre hemos insistido como COPINH. Mantener la lucha social, reforzarla, profundizarla. En este debate surgió el acuerdo de plantearse un plan de lucha de los movimientos sociales. Eso ha sido muy bueno. Lo lamentable es que no ha tenido el nivel de importancia como cuando se habló de la batalla electoral. No se asume con suficiente fuerza el tema de la lucha social. Todavía hay una enorme debilidad en la articulación y acompañamiento -por ejemplo- de esta lucha de los estudiantes y las estudiantes en el país. Creo que ha sido parte de la opción del movimiento estudiantil, debido al peligro de politización partidaria, mantener su autonomía, aunque ya hay en cada región movimientos que acompañamos o nos solidarizamos con la lucha estudiantil, con la causa de la educación pública y con la lucha salarial, acompañando a los colegios magistrales. Yo creo que todavía al Frente le hace falta darle más empuje a este planteamiento que surgió de la última asamblea intermedia”.

El movimiento estudiantil ha renacido con fuerzas en el último período, retomando las luchas por la defensa de la educación pública. Y también ha tenido sus represalias. El 22 de agosto fue asesinado el estudiante Nahun Guerra Guerrero, que participaba en la toma de las instalaciones de la Escuela de Agricultura Pompilio Ortega, en Santa Barbara. En otro territorio, en otro escenario, la respuesta es la muerte para quienes luchan. Y la respuesta también es la impunidad.

Wilfredo Paz Zúniga concluye con un llamamiento a la solidaridad internacional: “Estamos viviendo una situación sumamente difícil en la región, por lo cual queremos aprovechar este medio para solicitar a las organizaciones internacionales de derechos humanos, a los periodistas internacionales amigos: necesitamos de urgencia la presencia de una comisión internacional que tenga la permanencia siquiera de semanas, de días en esta región. Tal vez de esta manera se pueda parar el terrible asesinato de dirigentes campesinos en la región”.

Las organizaciones populares del Aguan concluyen en el mismo sentido su llamamiento: “Los miembros del movimiento campesino de la margen izquierda del Bajo Aguan tememos por la integridad de nuestras vidas y asentamientos, ante la ola de represión destinada a complacer a la élite de poder… ¡¡¡Es Urgente Detener una Masacre en el Bajo Aguan!!!

Apoya enviando cartas a las autoridades hondureñas, solicitando lo siguiente:
- Respeto a los Derechos Humanos de los campesinos y campesinas de los Asentamientos: Aurora, Concepción, Rigores, Marañones, La Confianza, Lempira, movimiento de Orica y MARCA.
- Finalizar con la política de hostigamiento del Bajo Aguan.
- Una estrategia de Estado para solucionar la grave problemática agraria nacional que afecta al campesinado hondureño.
- Urgente desmilitarización de la zona y control de los grupos paramilitares que se han apoderado de la zona.

Con indignación
Escribo con indignación, con rabia. No sé si la indignación y la rabia sirvan para escribir. Sirven, en todo caso, para comunicarnos. Es urgente detener esta masacre.

A los presidentes que se pusieron de acuerdo para promover el reingreso de Honduras a la OEA, les invito a que viajen al Bajo Aguan. Que miren los rostros de las familias de los asesinados y asesinadas. Que les expliquen cómo es que ese país, a cuyo gobierno golpista han recibido con honores, ha avanzado hacia la democratización. Que escuchen quiénes eran los compas y las compas torturados, rotos, masacrados. Que sientan por un momento la angustia. Que recuerden -si tienen memoria- como vivíamos bajo el dominio del terror.

Que piensen una vez más en su voto en la OEA, en las razones de estado que sopesaron, en las estrategias comerciales dictadas desde el norte, en las presiones recibidas… y las comparen con los rostros del dolor, dibujados en las tierras hondureñas. No hay manera de reparar el daño cometido. Pero sí se puede exigir un alto a la masacre. Sí se puede suspender cualquier acuerdo comercial con la élite de un país que día a día niega la democracia.

Pero claro, esto tal vez resulte una utopía. Entonces, es hora de mirarnos, de repensar las agendas de los movimientos populares de Nuestra América, y decidirnos a volver a las calles por Honduras. Por nuestros caídos y caídas. Los del pueblo. Los más olvidados y olvidadas. Volver a las calles para que nadie calle. Para que la indignación diga una vez más, con todos los tonos y voces: No olvidamos. No perdonamos. No nos reconciliamos.
Buenos Aires, 27 de agosto del 2011

[1] Entrevista realizada por la autora de esta nota el martes 23 de agosto a Wilfredo Paz Zúniga, coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular del Aguan para el programa Noche Tras Noche de Radio Nacional de Argentina.
[2] Declaración firmada por Frente Departamental de Resistencia de Colón, Movimiento Campesino de Rigores, Movimiento Campesino de Orica; MARCA, MUCA MI, firmado en La Ceiba, Atlántida, el 25 de Agosto del 2011.
[3] Ver http://www.laprensa.hn/Apertura/Ediciones/2011/08/26/Noticias/El-comandante-dirige-a-300-hombres-en-el-Aguan
[4] Grupo reclutado originalmente entre miembros de las fuerzas especiales del Ejército mexicano, para conformar los anillos de seguridad del cártel del Golfo. Luego se separaron del cártel y ampliaron sus acciones desde México hacia otros países de Centro América y América Latina. Son responsables de masacres de campesinos, de inmigrantes, de femicidios, y de asesinatos crueles en todos estos lugares.
[5] Entrevista realizada para este informe.
[6] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=89427