Por Dina Meza
25 estudiantes, tres muchachas y los demás varones, fueron apresados después de que la policía llegara en motocicletas y en patrullas lanzando gases lacrimógenos y bala viva, cuando los y las jóvenes estaban en las afueras de un instituto de segunda enseñanza, el pasado lunes 30 de julio.
Las demandas de los estudiantes son, mejoramiento de la infraestructura de sus colegios, el cese a la represión contra ellos y ellas, así como el inicio de un diálogo para la derogación de la Ley Fundamental de Educación.
Cuando menos acordamos llegaron e inició la represión, a mi me apuntaron con los rifles y me dijeron que si me movía me mataban, mientras a otro joven lo toletearon sin ninguna justificación cuando se aprestaba a abordar un autobús para su casa, a eso de las 10 de la mañana.
En la detención se dieron varias irregularidades entre ellas la lectura de sus derechos casi seis horas después a pesar que se estipula en la Ley que deben hacerlo inmediatamente de la captura.
Nunca me había pasado, pensé que me iban a meter un tiro en la espalda porque cuando corrí los policías me persiguieron y cargaron los fusiles, la suerte fue que se le trabó la bala, dijo otra de las víctimas cuando estaba en la Policía Metropolitana Número Uno de la capital.
Denuncian a funcionaria de Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
De acuerdo a denuncia de varios afectados una funcionaria de nombre Dilma Salgado, quien se identificó que trabajaba en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, fue quien prácticamente presionó para que los estudiantes fueran enviados a la Fiscalía.
Maestros del Técnico se preguntaron el por qué esta institución está generando más problemas para los derechos humanos a pesar que su papel debería ser garante de los mismos.
Entre los jóvenes que fueron trasladados a la Policía Metropolitana Número Uno, cuatro relataron que fueron golpeados, Allan Javier Salgado Medina (14), en su mano derecha y policías que llegaron en moto le amenazaron cuando escapaba de la captura, que si seguía corriendo le iban a disparar
Kevin Daniel Díaz Fiallos (12) relató que fue golpeado en su brazo izquierdo con un tolete, por uno de los policías.
Carlos Samuel Díaz (14), lo tomaron del cuello y le rompieron su camiseta y José Luís Pineda Arias (16), le arañaron cerca de su garganta y le dieron dos toletazos en su pierna izquierda.
Una defensora Pública de turno que no quiso dar su nombre, llegó a indagar de su detención hasta cerca de las seis de la tarde, en un momento estaba ejerciendo presión sobre los estudiantes para que hablaran detalladamente de qué estaban haciendo cuando fueron detenidos, con la intención parecía de que dijeran haber cometido acciones delictivas.
Esta defensora también obstruyó el ingreso de una delegación del COFADEH que pretendía ingresar alimentos a los jóvenes Juan José Ferrufino (18) y Christian Joel Maldonado (19), “han entrado ya muchas veces le dijo a un oficial de apellido Salgado y es peligroso que entren”, le dijo. Ese argumento fue utilizado por el policía para no permitir el paso y obstaculizó la labor de defensa de derechos humanos.
Los jóvenes fueron entregados a sus madres y padres y los dos estudiantes antes mencionados dejados en libertad hasta el martes 31 de julio a eso de las siete de la mañana.
La represión contra estudiantes ha sido una constante en el régimen de Lobo Sosa
Nueve jóvenes fueron reprimidos y capturados por la Policía Preventiva cuando se manifestaban pacíficamente en reclamo de sus derechos, el uso excesivo de la fuerza de los agentes dejó golpeados y heridos, posteriormente fueron llevados a la posta policial del bario Belén, de Comayagüela, el 08 de abril de 2011, por lo que el COFADEH presentó una Hábeas Corpus ante la Sala de los Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CSJ. Más datos
Unas 23 personas detenidas entre ellas 21 estudiantes menores de edad y dos madres de familia, así como decenas de golpeados y heridos, fue el resultado de un nuevo atropello a la libertad de expresión y la protesta social, el 24 de mayo pasado, cuando unos 200 jóvenes del Instituto Técnico Luís Bográn, demandaban asignación de profesores. Vea datos
El año pasado cuando se intensificaron las acciones en demanda de la no aprobación de la Ley Fundamental de Educación que promueve la privatización de la educación pública, en varios departamentos se lanzó una ofensiva represiva por parte del régimen de Porfirio Lobo Sosa para desarticular la protesta de las juventudes.
A la par las botas militares y policiales asaltaron la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Pedagógica Francisco Morazán, la Escuela Normal Mixta, el Instituto Central y el Jesús Aguilar Paz, entre otros, para socavar la resistencia a la privatización de la educación.
Contra las estudiantes se lanzó una campaña de desprestigio y las jovencitas fueron exhibidas en los medios de la oligarquía denigrando su imagen, de esta forma se violentó tratados y convenios internacionales como la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación hacia las Mujeres.
Todos estos hechos no son aislados sino que responden a un plan de terror, “estamos ante un proyecto de criminalización de la protesta social y de muerte. Quieren desarticularnos con ataques que conllevan un alto grado de cinismo e impunidad”, dijo en abril del año pasado la Coordinadora del COFADEH Bertha Oliva, quien declaró a Sirel las graves amenazas que se ciernen sobre el pueblo que no está dispuesto a bajar la cabeza.
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