Por Aníbal Delgado Fiallos
La emisión de la Ley de Modernización Agrícola en 1992 tuvo como motivación el estancamiento de la producción agrícola.
La Ley de Reforma Agraria, decían, genera inseguridad en la tenencia de la tierra y en estas condiciones no puede haber inversión, producción, generación de empleo.
Si modificamos la Ley de Reforma Agraria, y suprimimos las causales de afectación, los inversionistas comenzarán a hacer aportes sustanciales en tal forma que en poco tiempo el agro florecerá.
Se hicieron los ajustes demandados, ¿cuáles es el balance veinte años después?
El campo hondureño exhibe las mismas características de pobreza; miles de hectáreas de tierras privadas y nacionales en manos de particulares siguen ociosas como expresión de nuestra falta de iniciativa y de la ausencia de proyectos gubernamentales para estimular, tecnificar y financiar la actividad agrícola; continuamos importando alimentos y los canales de comercialización siguen en manos de los especuladores.
Los campesinos beneficiarios de la Reforma Agraria mantienen su situación de penuria; la producción asociativa sigue siendo desestimulada y la mayoría de las empresas campesinas que no se han desarticulado subsisten penosamente; las ventas de estas tierras siguen promoviéndose para reconstituir la gran propiedad; y la ociosidad en que se encuentran la mayor parte de las parcelas del “sector reformado” sirve para justificar la prédica embustera que nuestro campesino es haragán, que la Reforma Agraria no sirvió para nada y que la tierra sólo en manos de los grandes empresarios puede integrarse a la creación de riqueza nacional.
Ahora que se reforma la ley de Modernización creo que es necesario suprimirle su sentido contrarreformista para que sea instrumento de desarrollo; la tierra debe entregarse al campesino en los términos de la ley de Reforma Agraria de 1974 sin desestimar las garantías de seguridad para los inversionistas, mismas que deben radicar más que en medidas punitivas o en disposiciones que nieguen derechos naturales fundamentales, en la formación de un clima de justicia social que permita el ascenso de todos los agentes productivos.
Pero no debemos quedarnos allí porque con la sola entrega de la tierra no hacemos nada; hay que impulsar a la mayor brevedad posible en el marco de una benéfica concertación, un plan urgente de desarrollo rural integral y sistemático, que nos permita aprovechar racionalmente el recurso tierra y bosque, contener la agresión al entorno ecológico, proteger el agua, incrementar la producción de alimentos y dar vida a la justicia social.
1 comentario:
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